"No nos mires, únete". Es el mensaje de la pancarta de lo que se puede considerar la entrada de la acampada que desde este martes se ha instalado en la plaza Cataluña de Barcelona para reclamar viviendas dignas. A media tarde la pancarta tenía más sentido que nunca: casi había más curiosos alrededor de las tiendas mirando y haciendo fotos que gente participando en la movilización. Pero a medida que ha ido cayendo el sol, la escena ha cambiado y alrededor de las nueve de la noche ya han sido unas 300 personas –el martes eran un centenar– las que aseguran que pasarán allí la noche. La gran mayoría no llegan a la treintena y, más que el movimiento del 15-M de hace quince años, toman como referencia a los cientos de personas que desde este fin de semana acampan en la plaza del Sol de Madrid.

La protesta que estalló con el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid, y que se transformó en una gran acampada en la Puerta del Sol el sábado, ha llegado a Barcelona. Este martes, pocas horas después de que el gobierno español aprobara en el consejo de ministros los nuevos decretos ley de vivienda, pero sin tener aún el apoyo de los socios, un centenar de personas han acampado en la plaza Catalunya con la intención de pasar allí la noche. "La acampada seguirá adelante, se apruebe el decreto o no", han asegurado en un comunicado en las redes sociales, mediante el cual han hecho la convocatoria para este martes por la noche, que ya acumula una veintena de tiendas. Pasadas las diez de la noche, las personas que se han concentrado allí se animaban para pasar la noche entre gritos de "¡Nos quedamos, nos quedamos!"

El miércoles Maricarmen Abascal fue obligada a salir de la que había sido su casa durante más de setenta años. Salió en una camilla de emergencias, sin poder recoger sus pertenencias y agotada y con altos niveles de ansiedad después de haber vivido cuatro intentos de desahucio a los 87 años. Los movimientos sociales han convertido el caso de esta mujer madrileña en un símbolo del grave problema de la vivienda que afecta a España. También el Defensor del Pueblo ha asegurado que su historia ilustra las carencias en la protección de personas vulnerables ante la expulsión residencial, especialmente en las grandes ciudades. Este viernes, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, el fondo propietario del inmueble, ha presentado una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para que pueda volver a su piso. La propuesta, sin embargo, la ha rechazado el consistorio madrileño porque "no cumple los requisitos legales" y se ha ofrecido a mediar.

El desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años de Madrid que va en silla de ruedas, ha sido el catalizador de una riada de protestas en el conjunto del Estado. Cientos de personas han salido a las calles de once ciudades para mostrar su malestar y su hartazgo ante la falta de políticas de vivienda que protejan casos como el de esta mujer. En Barcelona unas 1.200 personas, según datos de la Guardia Urbana, se han concentrado ante la delegación del gobierno español para reclamar soluciones urgentes y enviar un mensaje de solidaridad a Maricarmen: "¡No estás sola!".

Uno de los deberes pendientes del Gobierno en materia de servicios sociales era actualizar la partida que destina a los ayuntamientos y los consejos comarcales para la atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, dependencia y pobreza, que no se renovaba desde 2025. Con este dinero el mundo local financia la atención a niños y adolescentes y a personas en situación de sinhogarismo, y también los sueldos de los trabajadores que realizan atención domiciliaria, por poner algunos ejemplos. Este miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmado un nuevo acuerdo para el periodo 2027-2030 que prevé destinar más de 2.000 millones de euros e incorporar a más de 1.000 nuevos profesionales a los servicios sociales del mundo local a lo largo de los próximos cuatro años.

Este lunes han desahuciado a Sílvia Sanz, una vecina del barrio de Gràcia de Barcelona que vivía justo delante de la Escuela Fructuós Gelabert desde hacía 13 años. El año 2013 entró a vivir con su pareja, que sí que constaba en el alquiler, y cuando lo dejaron él se marchó de Barcelona y ella se quedó en el piso. Desde entonces ha estado en total indefensión administrativa y sin acceso a determinadas ayudas públicas vinculadas a la vivienda porque no ha conseguido entrar en el contrato a pesar de haberlo solicitado en numerosas ocasiones. "Es como si no existiera", explica cansada a l'ARA. Este lunes un fuerte dispositivo policial ha ejecutado la orden de desahucio a pesar de la voluntad de Sílvia de llegar a un acuerdo para una salida pactada.

La periodista ceutí Carmela Ríos es experta en redes sociales y desinformación. Desde el último fin de semana de julio sigue con preocupación la crisis sin precedentes que vive la ciudad autónoma, y también el tratamiento que se está haciendo desde las redes sociales, que han tenido un papel determinante en la entrada masiva de personas provenientes de Marruecos.

Trabajar pero no poder pagar un alquiler y tener que dormir en la calle es una realidad creciente en Cataluña. El auge de la precariedad hace que cada vez haya más personas que se ven abocadas a vivir sin un techo hasta el punto de que el perfil de los afectados ha cambiado y ahora hay trabajadores que no se pueden permitir ni pagar una habitación. Además, hay que sumar otras problemáticas sociales, como las adicciones y las patologías de salud mental, que tienen un impacto directo en el incremento del sinhogarismo en el conjunto del país. Este viernes, el consejero de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, ha anunciado que el ejecutivo catalán destinará 30 millones de euros –el doble de lo que se invierte ahora– para que los ayuntamientos le hagan frente.

“Viven de ese imaginario, de la prima que ha estudiado en una escuela pública y ahora trabaja de lo que quiere”, dice Àsia. Tiene 24 años, ha nacido en Cataluña y es hija de marroquíes. A menudo visitan a la familia, sobre todo en verano. “¿Qué te dicen?”, le pregunto. “Pues que yo puedo escoger y hacer lo que quiero”, me responde. Hace poco que se ha graduado en derecho, y está haciendo prácticas en un despacho de abogados al mismo tiempo que estudia el máster de abogacía.

Después de 35 días en Ceuta, Aiman regresa a Marruecos. Cruzó la frontera poco antes de la entrada masiva de miles de personas a finales de julio con la esperanza de conseguir una vida mejor, pero no ha aguantado la situación de bloqueo que se vive en la ciudad. Dice que está agotado después de haber estado un mes durmiendo en la calle y este jueves, finalmente, ha decidido hacer el camino inverso. Como la mayoría de los inmigrantes que siguen atrapados en la ciudad, va sucio, lleva chanclas y una bolsa pequeña donde guarda todo lo que tiene. Aunque lo ha intentado, no ha conseguido entrar en ninguno de los recursos de alojamiento temporal habilitados por el Estado, saturados por la alta demanda de personas que todavía hay en la ciudad, y se ha alimentado sobre todo de la comida que reparten las entidades sociales. En alguna ocasión incluso ha cogido comida de la basura.

El gobierno español ha anunciado que asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La lucha contra el hambre forma parte del día a día de muchas personas en Ceuta. A pesar de que muchos de los inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente a finales de julio hayan decidido volver a Marruecos y muchos otros ya estén en recursos de alojamiento temporal habilitados por el Estado, hay cientos que todavía se buscan la vida como pueden en la ciudad. Hacen cola delante de supermercados, restaurantes y bares con la esperanza de que alguien les dé algo con lo que llenar el estómago, piden dinero, pescan o incluso cogen comida de la basura. En la playa de El Trampolín un par de chicos han improvisado una tienda de comestibles, compran comida y después la revenden en el asentamiento. "Ahora trabajamos para Mercadona", bromean Ayoub e Imad, que enseñan el ticket de la compra para demostrar que no han robado nada. Hay tantas bocas que alimentar, sin embargo, que no es suficiente con la ayuda de los vecinos ni con las soluciones que se ingenian, y son las entidades sociales las que están garantizando que estas personas puedan comer cada día cuando ya hace semanas de su llegada a la ciudad.

La playa de El Trampolín es uno de los puntos más calientes de la crisis migratoria de Ceuta, convertida desde hace un mes en un poblado de chabolas y supervivencia. Cientos de migrantes duermen en tiendas de campaña o estructuras que se han inventado con cañas, mantas, plásticos y desechos que han recogido de la calle, bajo la atenta mirada de policías y militares, que supervisan a todas horas los más de 800 metros que ocupa el asentamiento más grande que hay en la ciudad. Los equipos de limpieza tampoco paran: recogen la suciedad para asegurar la salubridad del campamento, incluso este miércoles, Día de Ceuta, en el que mucha gente hacía fiesta y la gran mayoría de negocios estaban cerrados.

"Si no lo vives, es muy difícil de entender. Desde la Península no os podéis imaginar lo que ha sido este mes", explica el vigilante de seguridad de un gran supermercado de Ceuta. Un mes después, todavía hay cientos de personas que no tienen dónde ir, pasean sin rumbo por la ciudad y comen, duermen y hacen sus necesidades en la calle, a pesar de que muchos migrantes han vuelto a Marruecos y muchos otros ya duermen en alojamientos de emergencia. Esto afecta de pleno la vida cotidiana de los vecinos de la ciudad, una población que cada vez está más crispada, ya que son los que están dando respuesta al día a día de la crisis. Ya sea involucrándose en la atención de estas personas o yendo a trabajar al supermercado, al restaurante o a la tienda de telefonía móvil. Por eso, preguntes a quien preguntes sobre la gestión de las administraciones, todo el mundo habla de abandono.

Seguramente Karima Mustafá no había recibido nunca tantas muestras de afecto seguidas como este martes. Ella es, junto con su hijo Abdellah, la coordinadora del campamento Sidi Embarek de Ceuta, junto a la mezquita que lleva el mismo nombre, donde este último mes han dormido muchas de las menores de edad y mujeres que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva de personas de finales de julio. No para de gritar y gesticular con los brazos a las puertas del recinto, donde hay un cartel que indica que no puede entrar nadie más, que están completos desde hace días. En la mano tiene el papel con los nombres de las casi 70 niñas que el Estado traslada esta mañana a un nuevo espacio habilitado solo para ellas. Las intenta ordenar, que hagan una fila, pero no le hacen mucho caso y en lugar de situarse donde les pide Karima, se le lanzan a los brazos y le dan las gracias.

Cuando Malika se presenta dice que es musulmana, española, hija de militar y ceutí de toda la vida. Pasea acompañada de su nieto por la avenida de la Compañía del Mar, frente al puerto donde este fin de semana han amarrado unas 60 embarcaciones provenientes de la Península para mostrar su solidaridad con Ceuta un mes después de la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos. Se han autoproclamado la "armada de la solidaridad" y, ataviados con multitud de banderas españolas, han cargado contra la inacción del gobierno español y han pedido "la expulsión de los invasores" con cientos de vecinos de la ciudad. Malika se desmarca rápidamente. "Han venido dos días a la playa, a tomar el sol y a beber y comer bien", se queja. Eso sí, coincide en decir que el Estado ha gestionado "fatal" esta crisis y asegura que solo saldrán si se mantienen unidos ante la crispación y la radicalización crecientes, insuflados también por la extrema derecha y sus discursos de odio.

Desde hace tres años, Ingrid Ruiz se conecta cada día sin éxito a la página web de trámites de la Generalitat para ver si puede solicitar la ayuda que le permite financiar elementos indispensables para su día a día, la prestación de atención social a las personas con discapacidad (PUA). Tiene las dos piernas amputadas, necesita una silla de ruedas y durante este tiempo ha tenido que asumir el coste de todos los productos que le permiten tener calidad de vida. Se trata de un motor que la ayuda en las subidas, un manillar motorizado que utiliza para moverse por terrenos inestables y un coche adaptado sin el cual no podría conducir. Ruiz estima que en total son más de 15.000 euros que ha tenido que poner de su bolsillo porque estas prestaciones han estado congeladas desde 2023. Ahora, la conselleria de Derechos Sociales ha recuperado la convocatoria para que personas como Ingrid no tengan que asumir este gasto, a pesar de que no podrá revertir el "desgaste económico y emocional" que han sufrido este tiempo.

Empadronarse en el municipio donde se reside es un camino lleno de obstáculos para muchas personas que no tienen un contrato de alquiler. Cada vez hay más ayuntamientos que les ponen problemas para registrarse en el padrón, un trámite de doble obligación tanto para la administración local como para toda la ciudadanía, que en los últimos años se ha convertido en un arma política entre alcaldías de todos los colores políticos. En un sondeo que ha elaborado Ksnet por encargo de ECAS (la federación de entidades catalanas de acción social) entre medio centenar de entidades sociales presentes en 60 municipios (donde viven 5,1 millones de habitantes), se señala que 40 de estas poblaciones presentan dificultades o incidencias en este trámite. En la mitad, directamente se vulneran los derechos porque incumplen la ley cuando no reconocen la figura del empadronamiento ficticio o sin domicilio fijo, previsto, precisamente, para los vecinos que no pueden o no les dejan empadronarse en el piso o que viven en la calle. "No querer empadronar a todo el que vive aquí es hacerse trampas al solitario", ha resumido Pepa Fernández, defensora de la ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet.

Prácticamente, 2.000 personas duermen cada día en las calles de Barcelona. Es una cifra alta, sin precedentes, que la Fundación Arrels califica de "récord". Estamos hablando de un 43% más de personas en situación de sinhogarismo que en 2023. Todo esto evidencia, según la entidad, la necesidad de unas políticas públicas básicas y de la aprobación de la ley de sinhogarismo de forma "urgente".