Después de 35 días en Ceuta, Aiman regresa a Marruecos. Cruzó la frontera poco antes de la entrada masiva de miles de personas a finales de julio con la esperanza de conseguir una vida mejor, pero no ha aguantado la situación de bloqueo que se vive en la ciudad. Dice que está agotado después de haber estado un mes durmiendo en la calle y este jueves, finalmente, ha decidido hacer el camino inverso. Como la mayoría de los inmigrantes que siguen atrapados en la ciudad, va sucio, lleva chanclas y una bolsa pequeña donde guarda todo lo que tiene. Aunque lo ha intentado, no ha conseguido entrar en ninguno de los recursos de alojamiento temporal habilitados por el Estado, saturados por la alta demanda de personas que todavía hay en la ciudad, y se ha alimentado sobre todo de la comida que reparten las entidades sociales. En alguna ocasión incluso ha cogido comida de la basura.

El gobierno español ha anunciado que asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La lucha contra el hambre forma parte del día a día de muchas personas en Ceuta. A pesar de que muchos de los inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente a finales de julio hayan decidido volver a Marruecos y muchos otros ya estén en recursos de alojamiento temporal habilitados por el Estado, hay cientos que todavía se buscan la vida como pueden en la ciudad. Hacen cola delante de supermercados, restaurantes y bares con la esperanza de que alguien les dé algo con lo que llenar el estómago, piden dinero, pescan o incluso cogen comida de la basura. En la playa de El Trampolín un par de chicos han improvisado una tienda de comestibles, compran comida y después la revenden en el asentamiento. "Ahora trabajamos para Mercadona", bromean Ayoub e Imad, que enseñan el ticket de la compra para demostrar que no han robado nada. Hay tantas bocas que alimentar, sin embargo, que no es suficiente con la ayuda de los vecinos ni con las soluciones que se ingenian, y son las entidades sociales las que están garantizando que estas personas puedan comer cada día cuando ya hace semanas de su llegada a la ciudad.

La playa de El Trampolín es uno de los puntos más calientes de la crisis migratoria de Ceuta, convertida desde hace un mes en un poblado de chabolas y supervivencia. Cientos de migrantes duermen en tiendas de campaña o estructuras que se han inventado con cañas, mantas, plásticos y desechos que han recogido de la calle, bajo la atenta mirada de policías y militares, que supervisan a todas horas los más de 800 metros que ocupa el asentamiento más grande que hay en la ciudad. Los equipos de limpieza tampoco paran: recogen la suciedad para asegurar la salubridad del campamento, incluso este miércoles, Día de Ceuta, en el que mucha gente hacía fiesta y la gran mayoría de negocios estaban cerrados.

"Si no lo vives, es muy difícil de entender. Desde la Península no os podéis imaginar lo que ha sido este mes", explica el vigilante de seguridad de un gran supermercado de Ceuta. Un mes después, todavía hay cientos de personas que no tienen dónde ir, pasean sin rumbo por la ciudad y comen, duermen y hacen sus necesidades en la calle, a pesar de que muchos migrantes han vuelto a Marruecos y muchos otros ya duermen en alojamientos de emergencia. Esto afecta de pleno la vida cotidiana de los vecinos de la ciudad, una población que cada vez está más crispada, ya que son los que están dando respuesta al día a día de la crisis. Ya sea involucrándose en la atención de estas personas o yendo a trabajar al supermercado, al restaurante o a la tienda de telefonía móvil. Por eso, preguntes a quien preguntes sobre la gestión de las administraciones, todo el mundo habla de abandono.

Seguramente Karima Mustafá no había recibido nunca tantas muestras de afecto seguidas como este martes. Ella es, junto con su hijo Abdellah, la coordinadora del campamento Sidi Embarek de Ceuta, junto a la mezquita que lleva el mismo nombre, donde este último mes han dormido muchas de las menores de edad y mujeres que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva de personas de finales de julio. No para de gritar y gesticular con los brazos a las puertas del recinto, donde hay un cartel que indica que no puede entrar nadie más, que están completos desde hace días. En la mano tiene el papel con los nombres de las casi 70 niñas que el Estado traslada esta mañana a un nuevo espacio habilitado solo para ellas. Las intenta ordenar, que hagan una fila, pero no le hacen mucho caso y en lugar de situarse donde les pide Karima, se le lanzan a los brazos y le dan las gracias.

Cuando Malika se presenta dice que es musulmana, española, hija de militar y ceutí de toda la vida. Pasea acompañada de su nieto por la avenida de la Compañía del Mar, frente al puerto donde este fin de semana han amarrado unas 60 embarcaciones provenientes de la Península para mostrar su solidaridad con Ceuta un mes después de la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos. Se han autoproclamado la "armada de la solidaridad" y, ataviados con multitud de banderas españolas, han cargado contra la inacción del gobierno español y han pedido "la expulsión de los invasores" con cientos de vecinos de la ciudad. Malika se desmarca rápidamente. "Han venido dos días a la playa, a tomar el sol y a beber y comer bien", se queja. Eso sí, coincide en decir que el Estado ha gestionado "fatal" esta crisis y asegura que solo saldrán si se mantienen unidos ante la crispación y la radicalización crecientes, insuflados también por la extrema derecha y sus discursos de odio.

Desde hace tres años, Ingrid Ruiz se conecta cada día sin éxito a la página web de trámites de la Generalitat para ver si puede solicitar la ayuda que le permite financiar elementos indispensables para su día a día, la prestación de atención social a las personas con discapacidad (PUA). Tiene las dos piernas amputadas, necesita una silla de ruedas y durante este tiempo ha tenido que asumir el coste de todos los productos que le permiten tener calidad de vida. Se trata de un motor que la ayuda en las subidas, un manillar motorizado que utiliza para moverse por terrenos inestables y un coche adaptado sin el cual no podría conducir. Ruiz estima que en total son más de 15.000 euros que ha tenido que poner de su bolsillo porque estas prestaciones han estado congeladas desde 2023. Ahora, la conselleria de Derechos Sociales ha recuperado la convocatoria para que personas como Ingrid no tengan que asumir este gasto, a pesar de que no podrá revertir el "desgaste económico y emocional" que han sufrido este tiempo.

Empadronarse en el municipio donde se reside es un camino lleno de obstáculos para muchas personas que no tienen un contrato de alquiler. Cada vez hay más ayuntamientos que les ponen problemas para registrarse en el padrón, un trámite de doble obligación tanto para la administración local como para toda la ciudadanía, que en los últimos años se ha convertido en un arma política entre alcaldías de todos los colores políticos. En un sondeo que ha elaborado Ksnet por encargo de ECAS (la federación de entidades catalanas de acción social) entre medio centenar de entidades sociales presentes en 60 municipios (donde viven 5,1 millones de habitantes), se señala que 40 de estas poblaciones presentan dificultades o incidencias en este trámite. En la mitad, directamente se vulneran los derechos porque incumplen la ley cuando no reconocen la figura del empadronamiento ficticio o sin domicilio fijo, previsto, precisamente, para los vecinos que no pueden o no les dejan empadronarse en el piso o que viven en la calle. "No querer empadronar a todo el que vive aquí es hacerse trampas al solitario", ha resumido Pepa Fernández, defensora de la ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet.

Prácticamente, 2.000 personas duermen cada día en las calles de Barcelona. Es una cifra alta, sin precedentes, que la Fundación Arrels califica de "récord". Estamos hablando de un 43% más de personas en situación de sinhogarismo que en 2023. Todo esto evidencia, según la entidad, la necesidad de unas políticas públicas básicas y de la aprobación de la ley de sinhogarismo de forma "urgente".

Los trabajadores del tercer sector social están llamados este miércoles a una huelga de 24 horas –convocados por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT– para reivindicar que se aplique la equiparación salarial con la plantilla contratada por la administración pública. La protesta es el primer acto de movilizaciones, ya que se prevén paros parciales de 15 minutos en los centros de trabajo los miércoles 15 y 29 de julio.

Habitación a 350 euros más 300 euros de padrón. La fórmula se repite en webs de anuncios y ejemplifica hasta qué punto es complicado empadronarse sin un contrato de alquiler. Ángela (no quiere decir el apellido) estuvo dos años intentando que el propietario que le alquilaba una habitación compartida en un piso del barrio barcelonés de Horta la empadronara y, desesperada por las negativas, entró en Facebook y enseguida se le abrió un abanico de posibilidades para empadronarse en otra vivienda sin vivir allí. Dice que pagó 300 euros, y dos años después tuvo la "sorpresa" de que le pedían 150 más por la renovación. "La desesperación hace que acabes pagando lo que te piden", constata esta mujer colombiana con trabajo fijo y sin expediente en los servicios sociales.

La cocaína se está consolidando como la droga "más persistente", y es alarmante la "normalización" de su consumo y el nivel de integración que tiene en la sociedad. Esto es lo que constata el Proyecto Hombre, una organización que se dedica a la rehabilitación de las drogodependencias. Este 2025 el 53% de las personas que fueron atendidas por esta entidad fue por adicción a la cocaína, la cifra más elevada de los últimos años.

Se abre un nuevo frente de conflicto en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Los Mossos d'Esquadra han desalojado esta mañana a las primeras tres familias de las 58 que se prevé echar en total de unos bloques ocupados desde 2017 en la rambla de la Mina. Hay más desalojos previstos, los días 22, 25 y 29 de junio; y así en cadena, hasta vaciar el edificio. El motivo, según apunta la administración, es que estos pisos, de titularidad pública, se construyeron para alojar a los vecinos del bloque Venus, del mismo barrio, y ahora se necesitan porque el derribo del bloque —que se presenta como la pieza clave para transformar el barrio— está previsto finalmente para 2028.

Sale de la tienda de campaña que, alrededor del mediodía ya debe ser un horno en el interior. “No problems, no policia”, dice mientras mira a uno y otro lado. Desde la decena de tiendas que hay en este rincón de la ronda del Litoral, entre L'Hospitalet y Barcelona, nadie saca la cabeza al oír una voz extraña. En la puerta de cada una hay zapatillas y chanclas de piscina que delatan que los propietarios han preferido continuar ajenos a lo que pasa fuera y evitar problemas. Les da miedo que hacerse visibles les obligue a trasladarse otra vez. Este grupo se ha instalado en un descampado entre carreteras, provenientes de los desalojos del aeropuerto, la Ciutadella y la Zona Franca. “Buscan la periferia”, ilustran desde las entidades, que apuntan que optan por pasar más desapercibidos ante la policía y también de los vecinos.

Entre Girona y Salt, en una masía a medio construir, malviven una veintena de chicos africanos, originarios de países como Gambia, Senegal, Mauritania y Mali. La casa no tiene luz ni agua. Tampoco puertas ni ventanas en las aberturas y, en el interior, solo está la estructura de las paredes maestras. Los jóvenes han improvisado compartimentos con cartones y telas donde duermen con colchones, mantas y tiendas de campaña. En medio del edificio hay una escalera sin paredes ni barandilla, con una caída al vacío muy peligrosa, sobre todo por la noche. Cocinan en una sala con fuego de leña en el suelo o con hornillos de gas, se duchan con garrafas de la fuente y no tienen lavabos.

Manuel Heredia se levanta cada día a las 5 de la mañana para ir al trabajo. Se lava la cara y los dientes, se recoge el pelo, coge el tren y a las 6.20 horas ya entra por la puerta de la empresa. Ocho horas después, se ducha y hace el camino a la inversa. Hasta el día siguiente. Es la misma rutina de tantos y tantos trabajadores, pero la particularidad de Heredia es que vive en la calle, una excepcionalidad cada vez más normalizada, alertan las entidades sociales. El informe FOESSA de Cáritas estima que en Cataluña 1,4 millones de trabajadores son pobres.

Ya han pasado más de cuatro años de la muerte de Munir y Jéssica en el barrio de barracas de Montcada i Reixac. En este tiempo, sin embargo, la situación del asentamiento no ha cambiado en absoluto y sus habitantes continúan malviviendo entre el río Besòs y la carretera BV-5001, invisibles a ojos de las administraciones a pesar de la tragedia. Aquel día de enero de 2022 hacía frío, la pareja encendió un fuego para calentarse y murieron asfixiados dentro de su infravivienda, dejando tres criaturas huérfanas. La llegada de un nuevo verano no mejora la perspectiva de los vecinos, ya que con el aumento de las temperaturas deben buscar refugio fuera de la barraca —construida con chapa o materiales poco resistentes— cuando el sol aprieta más y hace que el ambiente en el interior sea irrespirable. Es el caso de un hombre que descansa a la sombra sin camiseta. No quiere decir su nombre, ni que le hagan fotografías y le entrevisten, está cansado de denunciar la situación y enfadado por la falta de ayuda que han recibido: "Murieron allí al lado y todo sigue igual; no quiero hablar con vosotros porque no servirá de nada".

Olha Kosova es una periodista que también es usuaria del centro de acogida de Cáritas Madrid visitado por León XIV.La imagen del Papa aparece de repente en la pantalla del televisor. Aplausos y exclamaciones de alegría recorren la sala. El comedor, escenario habitual de nuestras conversaciones y encuentros cotidianos, se convierte durante unos minutos en uno de los espacios incluidos en el recorrido de la visita papal a Madrid. Cuando el pontífice entra en la sala y comienza a saludar a los presentes, muchos se acercan para intentar verlo de cerca. Algunos no pueden contener las lágrimas.

Falta un año para las elecciones municipales y solo diez días para la visita del Papa a Barcelona y el conflicto laboral con parte de la plantilla del Ayuntamiento se hace bola. De hecho, los trabajadores sociales mantendrán la huelga para los días 9 y 10 de junio, coincidiendo con la presencia del pontífice. Este viernes, en un pleno extraordinario pedido por los grupos de Junts, Comuns y ERC, el gobierno de Jaume Collboni se ha quedado solo con Vox en contra de abrir un espacio de diálogo con los tres sindicatos minoritarios –CGT, Intersindical y ABACOS, con solo 3 de los 15 miembros de la mesa de negociación–, que han convocado 30 días de paros parciales en los servicios sociales básicos, de violencia machista, infancia, bibliotecas, escuelas infantiles emergencia social o atención ciudadana.