La cocaína se está consolidando como la droga "más persistente", y es alarmante la "normalización" de su consumo y el nivel de integración que tiene en la sociedad. Esto es lo que constata el Proyecto Hombre, una organización que se dedica a la rehabilitación de las drogodependencias. Este 2025 el 53% de las personas que fueron atendidas por esta entidad fue por adicción a la cocaína, la cifra más elevada de los últimos años.

Se abre un nuevo frente de conflicto en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Los Mossos d'Esquadra han desalojado esta mañana a las primeras tres familias de las 58 que se prevé echar en total de unos bloques ocupados desde 2017 en la rambla de la Mina. Hay más desalojos previstos, los días 22, 25 y 29 de junio; y así en cadena, hasta vaciar el edificio. El motivo, según apunta la administración, es que estos pisos, de titularidad pública, se construyeron para alojar a los vecinos del bloque Venus, del mismo barrio, y ahora se necesitan porque el derribo del bloque —que se presenta como la pieza clave para transformar el barrio— está previsto finalmente para 2028.

Sale de la tienda de campaña que, alrededor del mediodía ya debe ser un horno en el interior. “No problems, no policia”, dice mientras mira a uno y otro lado. Desde la decena de tiendas que hay en este rincón de la ronda del Litoral, entre L'Hospitalet y Barcelona, nadie saca la cabeza al oír una voz extraña. En la puerta de cada una hay zapatillas y chanclas de piscina que delatan que los propietarios han preferido continuar ajenos a lo que pasa fuera y evitar problemas. Les da miedo que hacerse visibles les obligue a trasladarse otra vez. Este grupo se ha instalado en un descampado entre carreteras, provenientes de los desalojos del aeropuerto, la Ciutadella y la Zona Franca. “Buscan la periferia”, ilustran desde las entidades, que apuntan que optan por pasar más desapercibidos ante la policía y también de los vecinos.

Entre Girona y Salt, en una masía a medio construir, malviven una veintena de chicos africanos, originarios de países como Gambia, Senegal, Mauritania y Mali. La casa no tiene luz ni agua. Tampoco puertas ni ventanas en las aberturas y, en el interior, solo está la estructura de las paredes maestras. Los jóvenes han improvisado compartimentos con cartones y telas donde duermen con colchones, mantas y tiendas de campaña. En medio del edificio hay una escalera sin paredes ni barandilla, con una caída al vacío muy peligrosa, sobre todo por la noche. Cocinan en una sala con fuego de leña en el suelo o con hornillos de gas, se duchan con garrafas de la fuente y no tienen lavabos.

Manuel Heredia se levanta cada día a las 5 de la mañana para ir al trabajo. Se lava la cara y los dientes, se recoge el pelo, coge el tren y a las 6.20 horas ya entra por la puerta de la empresa. Ocho horas después, se ducha y hace el camino a la inversa. Hasta el día siguiente. Es la misma rutina de tantos y tantos trabajadores, pero la particularidad de Heredia es que vive en la calle, una excepcionalidad cada vez más normalizada, alertan las entidades sociales. El informe FOESSA de Càritas estima que en Cataluña 1,4 millones de trabajadores son pobres.

Ya han pasado más de cuatro años de la muerte de Munir y Jéssica en el barrio de barracas de Montcada i Reixac. En este tiempo, sin embargo, la situación del asentamiento no ha cambiado en absoluto y sus habitantes continúan malviviendo entre el río Besòs y la carretera BV-5001, invisibles a ojos de las administraciones a pesar de la tragedia. Aquel día de enero de 2022 hacía frío, la pareja encendió un fuego para calentarse y murieron asfixiados dentro de su infravivienda, dejando tres criaturas huérfanas. La llegada de un nuevo verano no mejora la perspectiva de los vecinos, ya que con el aumento de las temperaturas deben buscar refugio fuera de la barraca —construida con chapa o materiales poco resistentes— cuando el sol aprieta más y hace que el ambiente en el interior sea irrespirable. Es el caso de un hombre que descansa a la sombra sin camiseta. No quiere decir su nombre, ni que le hagan fotografías y le entrevisten, está cansado de denunciar la situación y enfadado por la falta de ayuda que han recibido: "Murieron allí al lado y todo sigue igual; no quiero hablar con vosotros porque no servirá de nada".

Olha Kosova es una periodista que también es usuaria del centro de acogida de Cáritas Madrid visitado por León XIV.La imagen del Papa aparece de repente en la pantalla del televisor. Aplausos y exclamaciones de alegría recorren la sala. El comedor, escenario habitual de nuestras conversaciones y encuentros cotidianos, se convierte durante unos minutos en uno de los espacios incluidos en el recorrido de la visita papal a Madrid. Cuando el pontífice entra en la sala y comienza a saludar a los presentes, muchos se acercan para intentar verlo de cerca. Algunos no pueden contener las lágrimas.

Falta un año para las elecciones municipales y solo diez días para la visita del Papa a Barcelona y el conflicto laboral con parte de la plantilla del Ayuntamiento se hace bola. De hecho, los trabajadores sociales mantendrán la huelga para los días 9 y 10 de junio, coincidiendo con la presencia del pontífice. Este viernes, en un pleno extraordinario pedido por los grupos de Junts, Comuns y ERC, el gobierno de Jaume Collboni se ha quedado solo con Vox en contra de abrir un espacio de diálogo con los tres sindicatos minoritarios –CGT, Intersindical y ABACOS, con solo 3 de los 15 miembros de la mesa de negociación–, que han convocado 30 días de paros parciales en los servicios sociales básicos, de violencia machista, infancia, bibliotecas, escuelas infantiles emergencia social o atención ciudadana.

Una década después de su entrada en vigor, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado dos artículos de la ley catalana de 2015 que impide a las compañías cortar suministros básicos como la luz y el gas a consumidores vulnerables. En la justificación, los magistrados señalan que la norma es incompatible con el sistema estatal de protección en caso de impago por necesidad y, por tanto, declara que el Parlament se ha extralimitado y ha invadido competencias. La resolución no supone, hoy por hoy, cortes inmediatos, ya que hay en vigor una moratoria a escala española que impide dejar sin estos servicios básicos hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno y la Mesa del Tercer Sector han aprobado este miércoles el perdón de la deuda de las facturas de electricidad que las familias vulnerables han acumulado entre el año 2022 y el 2025. La medida se enmarca en el caducado convenio firmado con Endesa, en marzo de 2021, y supondrá para miles de familias no tener que abonar las facturas impagadas, sin riesgo de ser denunciados. En vísperas de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, Salvador Illa y el presidente de la Mesa, Xavier Trabado, han formalizado el acuerdo entre ambas partes para destinar 250 millones de euros para reforzar políticas sociales, desde la lucha contra la pobreza energética hasta el fomento de la ocupación, la lucha contra el sinhogarismo o la pobreza infantil.

Cuatro años ha tardado la ley del tercer sector social en ver la luz. El proyecto decayó por la convocatoria de elecciones anticipadas, y después de meses de nuevos debates y trámites parlamentarios en esta nueva legislatura, el pleno de la cámara catalana ha aprobado este miércoles por una gran mayoría un texto que, por primera vez, reconoce oficialmente el trabajo de las 3.000 entidades sin ánimo de lucro que atienden a más de dos millones de catalanes –una cuarta parte de la población–, la mayoría de colectivos vulnerables. La norma ha salido adelante con los votos del PSC, ERC, Comuns y Junts, la abstención del PP, Vox y la CUP y la oposición de los diputados de Aliança Catalana.

No podía faltar la música, y menos aún el piano que le acompañó tantos días, en la despedida a Dragomir Atanazov, un hombre que conseguía evadirse de las fealdades y tristezas de vivir en la calle y se transformaba cuando tocaba las teclas blancas y negras. Atanazov, elDrago, nació en 1972 en Bulgaria y murió prematuramente este mes de abril en Barcelona, ya no como una persona sin hogar sino en casa de una familia de acogida. En un emotivo acto en el taller-tienda La Troballa, que Arrels Fundació tiene en la calle Ample de la capital catalana, donde él había pasado tantas horas trabajando, seis pianistas han querido rendir un homenaje al pianista de la calle que tocaba en el Hospital Clínic y en el Sant Pau y dejaba a más de uno boquiabierto.

Hasta 1.300 euros reclama el departamento de Derechos Sociales a un joven con un alto grado de dependencia que ha entrado en un centro especial de trabajo y, por tanto, no debería haber continuado cobrando la prestación económica fijada. Pero como la burocracia no está preparada para automatizar los cambios, la orden de la transferencia de la ayuda continúa llegando, hasta sumar una cantidad que para la familia "es como si no existiera", no se toca. Este es uno de los ejemplos que explican lo que la Generalitat llama "pagos indebidos" y que, sobre todo, se deben a errores o la lentitud de la administración; sea, como en el caso del joven, por incompatibilidades, por la revisión a la baja de un grado de dependencia o por la muerte del beneficiario. Solo el año pasado, la consejería pidió la devolución de 10.665 de estas deudas.

"Ni sed, ni frío, ni oscuridad". Estas eran las causas que defendía Maria Campuzano, que ha fallecido este domingo a los 44 años (cumpliría 45 en julio) dejando atrás una vida dedicada a la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. La activista, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y miembro de Ingeniería sin Fronteras, ha sido un referente en todas las batallas por los derechos a los suministros básicos, a la vivienda y al agua. "Ha sido nuestra guía, el legado que nos deja es continuar trabajando y pensaremos como lo habría hecho Maria, en su fuerza y ejemplo", explica Andrea Vides, militante en estas dos entidades.

Los trabajadores de atención directa a la ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona han salido a la calle en otra jornada de huelga que ha provocado que los servicios sociales básicos, de atención a la violencia directa y las bibliotecas funcionaran este martes a medio gas. En el punto de mira de los manifestantes está la negativa a aceptar el nuevo convenio laboral que el consistorio ha firmado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF porque consideran que supone una "pérdida de derechos de los profesionales" de este sector y, a su vez, impacta "en la calidad de los servicios y los derechos de la ciudadanía". El consistorio ha minimizado la repercusión del paro y ha indicado que a las 10 de la mañana solo un 3,8% de los 13.000 trabajadores habían secundado la convocatoria.

Los datos sobre el empobrecimiento de los catalanes empeoran estadística tras estadística, siendo las mujeres, los niños y las personas inmigradas las que caen más en el pozo de la vulnerabilidad social. La última demostración de que la recuperación macroeconómica no ha llegado a los bolsillos la ofrece la reciente radiografía publicada por ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social), que subraya que la tasa de exclusión social empeora y roza ya a una de cada cuatro personas, muy por encima de la media europea.

Ir a la piscina, hacer una excursión a la montaña, pasar un día en la playa o jugar al fútbol son actividades sencillas que no todos los niños pueden dar por sentadas a lo largo del verano, ya sea por dificultades económicas familiares o de interacción personal. La Bhermar llegó a Barcelona desde Colombia hace un par de años con la Khamila, su nieta de 7 años, y recurrió al centro socioeducativo del Raval para ayudar a la criatura a vincularse y reforzar su bienestar emocional. "Cuando sale del casal de verano, mi nieta vuelve a casa y me explica todo lo que ha hecho a lo largo del día. Tengo claro que esto la ha ayudado a crecer mucho emocionalmente", explica.

El Ayuntamiento de Badalona ha instalado una veintena de bloques de hormigón bajo el puente de la autopista C-31, justo donde hasta hace pocos días malvivían en tiendas de campaña decenas de personas sin hogar, la mayoría provenientes de el antiguo Instituto B9. El 24 de marzo el consistorio que dirige el popular Xavier García Albiol ordenó el desalojo del asentamiento con la justificación de que era una medida temporal por la necesidad de limpiar y sanear el espacio, ocupado desde finales del mes de diciembre del año pasado. Dijo, sin embargo, que una vez pasado el efecto tóxico de los productos utilizados permitiría que se volviera a ocupar. Ahora, sin embargo, una brigada municipal ha bloqueado totalmente el acceso al lugar, que vigila una patrulla de la Guardia Urbana, según informa la ACN.

Unas 3.000 familias catalanas están pendientes de que les asignen una vivienda social, pero la gran demanda y la poca oferta disponible de pisos a disposición de entidades y administración hace que las listas de espera no paren de crecer pese a que los usuarios cumplen los requisitos y han recibido una resolución favorable. Mientras no llega esta solución, la mayoría de familias sobreviven en un realquiler o incluso en hostales sociales.

Cinco personas que vivían en la calle murieron en Badalona este año. Según ha confirmado al ARA la plataforma Badalona Acull, la última víctima ha sido un hombre sin hogar que, tal y como ha avanzado el Diario de Badalona, apareció sin vida el 15 de febrero en el interior del coche donde sobrevivía en el barrio de Puigfred. Se trata de un hombre vecino de Santa Coloma de Gramenet de 60 años.