En Cataluña, "trabajar no es suficiente" para el 28,3% de las personas con empleo que viven de alquiler, y que ven cómo, tras pagar la mensualidad, quedan por debajo del umbral de la pobreza. Ante la grave crisis de la vivienda, Oxfam Intermón constata que los costes para tener un lugar donde vivir agravan la pobreza laboral, en un estudio publicado este martes.

"Una persona que vive en la calle en Barcelona está todo el día expuesta, rodeada de personas, pero nadie la ve. Es el pico de la soledad", explica Núria Martínez, directora del centro para personas sin hogar Hort de la Vila, en el barrio de Sarrià. En Cataluña nunca ha habido tantas personas durmiendo en la calle como ahora: según el Gobierno son unas 8.000, más de la mitad de las cuales en la capital del país. Trabajar pero no poder pagar un alquiler y tener que dormir al ras es una realidad creciente, ya que el aumento de la precariedad hace que cada vez haya más personas que no se pueden permitir ni pagar una habitación a pesar de cobrar un sueldo. Con este escenario cada vez es más complejo conseguir que se reintegren socialmente y recuperen la autonomía, y los expertos advierten que hacen falta redes de afecto y de apoyo que les permitan romper con la soledad no deseada que sufren, además de acabar con la falta de vivienda accesible y las trabas burocráticas.

De pequeño, Mohammed Fadily conoció a miles de niños como él, menores que vivían en centros de acogida después de haber cruzado la frontera ilegalmente para conseguir una vida mejor en Europa. Solo una veintena lo ha conseguido. "La mayoría ha muerto durmiendo en la calle, están en la cárcel o han vuelto a Marruecos". Cuando llegó en patera tenía quince años y, a pesar de que algunos primos suyos ya vivían en España, ninguno de ellos le echó una mano cuando les pidió ayuda. No hablaba catalán ni castellano y las pocas caras conocidas le dieron la espalda. Su familia estaba a kilómetros de distancia, no la podría visitar hasta llegar a la mayoría de edad. Lo derivaban de un centro a otro sin informarle de nada. La única certeza que tenía era que no conocía a nadie.

"Control ante la necesidad, sospecha ante la confianza y procedimiento administrativo ante la urgencia". Así ha resumido el presidente de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, Xavier Trabado, el actual sistema de atención social y de prestaciones económicas. Según un nuevo estudio de esta agrupación de 3.000 entidades, la mitad de las personas en situación de pobreza extrema no podrían acceder a las principales prestaciones aunque las solicitaran. Esto se debería a las "barreras invisibles" que afrontan personas en situación de vulnerabilidad: trabas burocráticas, falta de información y saturación de los servicios sociales.

Una mujer de 47 años ha muerto este jueves por la mañana mientras dormía a las puertas de un museo de Santa Coloma de Gramenet. La policía local del municipio ha recibido el aviso hacia las 8 horas después de que la conserjería del Museo Torre Balldovina advirtiera de la presencia de una mujer que había pasado la noche en el porche de la instalación y que no tenía constantes vitales. El museo está ubicado en una zona bastante céntrica, junto al puente de Can Peixauet, muy cerca del río Besòs.

Hace poco más de dos meses que Raúl Moreno (Barcelona, 1978) está al frente del departamento de Derechos Sociales. El ARA le entrevista por primera vez desde que ha asumido el cargo de consejero en la residencia de personas mayores Ramon Berenguer, en Santa Coloma de Gramenet.

La crisis de la vivienda continúa cebándose con los más vulnerables. Desde esta mañana Natalia y sus hijos, una familia que ha vivido los últimos años en el centro de Barcelona, no tienen casa. Ella es víctima de violencia machista, cobra el ingreso mínimo vital (IMV) y tiene a cargo a dos criaturas de 14 y 3 años. Además, tanto su hijo mayor como ella tienen problemas graves de salud mental. Tiene acreditada la vulnerabilidad, pero los nuevos mecanismos que deben evitar la expulsión de personas como ellos no les han protegido porque, al otro lado de la historia, también hay un caso de vulnerabilidad. La propietaria es una mujer mayor, ya jubilada, que paga la hipoteca del piso donde vive y también podría quedarse en la calle si continúa sin cobrar el alquiler. Aunque Natalia lo ha pedido en diversas ocasiones, no se le ha ofrecido ninguna alternativa, más allá de poder pasar la noche en un albergue: en Barcelona no hay suficientes recursos disponibles para la situación de emergencia actual.

Después de que medio millar de personas hayan pasado doce horas intentando detenerlo, finalmente el macrodesahucio del número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito de Sant Andreu, no se llevará a cabo. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que ha llegado a un principio de acuerdo con el propietario del bloque para comprarlo. La expulsión afectaba a una cincuentena de personas y debía ejecutarse a las 8 horas, pero no ha sido hasta las dos y cuarto de la tarde que los Mossos d'Esquadra se han presentado en el bloque para llevarlo a cabo. Cuando parecía que se haría, a las cuatro y media de la tarde, la situación ha vuelto al punto inicial. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya habían asegurado que trabajaban para detener la operación, mientras el grupo de personas concentradas no paraba de aumentar para hacer presión.

A pesar de la repercusión política y social que han tenido los dos decretos de vivienda tumbados el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, con la convocatoria de elecciones en el horizonte y decenas de personas acampadas en los centros de ciudades de todo el Estado como Madrid y Barcelona, la emergencia de la vivienda no se detiene. Este lunes comenzará una nueva semana de desahucios sin la protección a los inquilinos que conferían los decretos, que se promovieron a toda prisa por la presión de la ciudadanía y de los sindicatos a raíz de la expulsión de Maricarmen Abascal, una vecina de Madrid de casi 90 años. Ella, finalmente, podrá volver a casa después de llegar a un acuerdo con el fondo de inversión propietario del piso del cual la echaron, pero todavía hay cientos de personas que continúan sin tener ninguna alternativa y que se enfrentan a un posible desahucio en los próximos días. Según ha podido saber el ARA, solo en Barcelona, la ciudad donde se practican más desahucios de Cataluña, hay más de 90 previstos para esta semana.

El Ayuntamiento de L'Hospitalet estaba ultimando los trámites para comprar el bloque donde estaba la zapatería que regentaba Javi, el hombre de 60 años que este miércoles se suicidó antes de que lo fueran a desahuciar de su negocio. Fuentes municipales confirman, tal como explicó el entorno del hombre, que lo iban a desahuciar de su zapatería este 5 de octubre y precisan que tenía impagos desde el año 2024, motivo por el cual tenía este procedimiento legal abierto. Fuentes del consistorio también confirman que el hombre vivía en otro piso, que era su principal vivienda, si bien últimamente había pasado alguna noche en la tienda.

"No nos mires, únete". Es el mensaje de la pancarta de lo que se puede considerar la entrada de la acampada que desde este martes se ha instalado en la plaza Cataluña de Barcelona para reclamar viviendas dignas. A media tarde la pancarta tenía más sentido que nunca: casi había más curiosos alrededor de las tiendas mirando y haciendo fotos que gente participando en la movilización. Pero a medida que ha ido cayendo el sol, la escena ha cambiado y alrededor de las nueve de la noche ya han sido unas 300 personas –el martes eran un centenar– las que aseguran que pasarán allí la noche. La gran mayoría no llegan a la treintena y, más que el movimiento del 15-M de hace quince años, toman como referencia a los cientos de personas que desde este fin de semana acampan en la plaza del Sol de Madrid.

La protesta que estalló con el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid, y que se transformó en una gran acampada en la Puerta del Sol el sábado, ha llegado a Barcelona. Este martes, pocas horas después de que el gobierno español aprobara en el consejo de ministros los nuevos decretos ley de vivienda, pero sin tener aún el apoyo de los socios, un centenar de personas han acampado en la plaza Catalunya con la intención de pasar allí la noche. "La acampada seguirá adelante, se apruebe el decreto o no", han asegurado en un comunicado en las redes sociales, mediante el cual han hecho la convocatoria para este martes por la noche, que ya acumula una veintena de tiendas. Pasadas las diez de la noche, las personas que se han concentrado allí se animaban para pasar la noche entre gritos de "¡Nos quedamos, nos quedamos!"

El miércoles Maricarmen Abascal fue obligada a salir de la que había sido su casa durante más de setenta años. Salió en una camilla de emergencias, sin poder recoger sus pertenencias y agotada y con altos niveles de ansiedad después de haber vivido cuatro intentos de desahucio a los 87 años. Los movimientos sociales han convertido el caso de esta mujer madrileña en un símbolo del grave problema de la vivienda que afecta a España. También el Defensor del Pueblo ha asegurado que su historia ilustra las carencias en la protección de personas vulnerables ante la expulsión residencial, especialmente en las grandes ciudades. Este viernes, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, el fondo propietario del inmueble, ha presentado una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para que pueda volver a su piso. La propuesta, sin embargo, la ha rechazado el consistorio madrileño porque "no cumple los requisitos legales" y se ha ofrecido a mediar.

El desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años de Madrid que va en silla de ruedas, ha sido el catalizador de una riada de protestas en el conjunto del Estado. Cientos de personas han salido a las calles de once ciudades para mostrar su malestar y su hartazgo ante la falta de políticas de vivienda que protejan casos como el de esta mujer. En Barcelona unas 1.200 personas, según datos de la Guardia Urbana, se han concentrado ante la delegación del gobierno español para reclamar soluciones urgentes y enviar un mensaje de solidaridad a Maricarmen: "¡No estás sola!".

Uno de los deberes pendientes del Gobierno en materia de servicios sociales era actualizar la partida que destina a los ayuntamientos y los consejos comarcales para la atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, dependencia y pobreza, que no se renovaba desde 2025. Con este dinero el mundo local financia la atención a niños y adolescentes y a personas en situación de sinhogarismo, y también los sueldos de los trabajadores que realizan atención domiciliaria, por poner algunos ejemplos. Este miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmado un nuevo acuerdo para el periodo 2027-2030 que prevé destinar más de 2.000 millones de euros e incorporar a más de 1.000 nuevos profesionales a los servicios sociales del mundo local a lo largo de los próximos cuatro años.

Este lunes han desahuciado a Sílvia Sanz, una vecina del barrio de Gràcia de Barcelona que vivía justo delante de la Escuela Fructuós Gelabert desde hacía 13 años. El año 2013 entró a vivir con su pareja, que sí que constaba en el alquiler, y cuando lo dejaron él se marchó de Barcelona y ella se quedó en el piso. Desde entonces ha estado en total indefensión administrativa y sin acceso a determinadas ayudas públicas vinculadas a la vivienda porque no ha conseguido entrar en el contrato a pesar de haberlo solicitado en numerosas ocasiones. "Es como si no existiera", explica cansada a l'ARA. Este lunes un fuerte dispositivo policial ha ejecutado la orden de desahucio a pesar de la voluntad de Sílvia de llegar a un acuerdo para una salida pactada.

La periodista ceutí Carmela Ríos es experta en redes sociales y desinformación. Desde el último fin de semana de julio sigue con preocupación la crisis sin precedentes que vive la ciudad autónoma, y también el tratamiento que se está haciendo desde las redes sociales, que han tenido un papel determinante en la entrada masiva de personas provenientes de Marruecos.

Trabajar pero no poder pagar un alquiler y tener que dormir en la calle es una realidad creciente en Cataluña. El auge de la precariedad hace que cada vez haya más personas que se ven abocadas a vivir sin un techo hasta el punto de que el perfil de los afectados ha cambiado y ahora hay trabajadores que no se pueden permitir ni pagar una habitación. Además, hay que sumar otras problemáticas sociales, como las adicciones y las patologías de salud mental, que tienen un impacto directo en el incremento del sinhogarismo en el conjunto del país. Este viernes, el consejero de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, ha anunciado que el ejecutivo catalán destinará 30 millones de euros –el doble de lo que se invierte ahora– para que los ayuntamientos le hagan frente.

“Viven de ese imaginario, de la prima que ha estudiado en una escuela pública y ahora trabaja de lo que quiere”, dice Àsia. Tiene 24 años, ha nacido en Cataluña y es hija de marroquíes. A menudo visitan a la familia, sobre todo en verano. “¿Qué te dicen?”, le pregunto. “Pues que yo puedo escoger y hacer lo que quiero”, me responde. Hace poco que se ha graduado en derecho, y está haciendo prácticas en un despacho de abogados al mismo tiempo que estudia el máster de abogacía.