El gobierno español prohíbe a los inversores comprar pisos por debajo del 70% del precio de mercado

MadridTras horas de negociación muy intensa, el PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo in extremis en el seno del consejo de ministros para aprobar un paquete de medidas para la vivienda. "El esfuerzo ha valido la pena", ha proclamado la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior, a pesar de que no hay acuerdo entre los grupos de la mayoría plurinacional. Tienen hasta el viernes para conseguir su apoyo, porque es cuando se debe votar la normativa en un pleno extraordinario en el Congreso solicitado por el ejecutivo español. De hecho, la Moncloa confía en que la presión social en la calle haga decantar a los grupos hacia el sí. "El contexto es una ventana de oportunidad", aseguran fuentes del ejecutivo. Una de las principales novedades es la limitación de la compra de viviendas a los fondos de inversión: según el texto del decreto ley, al cual ha tenido acceso el ARA, se impide a una entidad privada comprar pisos por debajo del 70% del valor del precio de mercado, pero con limitaciones.

"Toda entidad con personalidad jurídica o sin ella que tenga como objeto social la adquisición de inmuebles", dice el texto. Ahora bien, hace excepciones: si el destino de la compra de vivienda es ofrecerla a un precio asequible o social por un plazo mínimo de cinco años; si el objeto es que vivan en ella personas que necesiten atención sociosanitaria; o si los deben gestionar entidades del tercer sector o para víctimas de violencia de género. A la vez, se excluye a las entidades públicas de estas limitaciones, así como a los privados que se adhieran al código de buenas prácticas de la administración en materia de vivienda, y también si el inmueble se obtiene como resultado de una ejecución judicial o hipotecaria.

Otra novedad es la regulación del alquiler de habitaciones. Se requerirá que se demuestre que existe una necesidad real de tener este tipo de contrato y, en caso de que no sea así, el contrato se convierte automáticamente en uno de residencia habitual. Además, se limita su precio: el alquiler de la totalidad de las habitaciones no puede superar el precio que tendría el inmueble en conjunto según el índice de precios de referencia del ministerio de Vivienda. Introduce, en todo caso, una salvaguarda para Cataluña, que ya tiene esta cuestión regulada: se seguirá aplicando la normativa autonómica.

Todas las medidas se toman en un contexto de máxima movilización social a raíz del desahucio la semana pasada de la mujer de 87 años Maricarmen Abascal en Madrid. Por este motivo, hace referencia a ello incluso la exposición de motivos del decreto ley de vivienda. "Este decreto ley es un amplio paquete de medidas de carácter estructural que introducen cambios en el ordenamiento jurídico para dar garantías al derecho constitucional al acceso a la vivienda [...]. Se trata de medidas que cuentan con un amplio apoyo social [...]. Si las administraciones públicas cierran cualquier perspectiva de acción sobre la redistribución, la justicia social y de modificación del ordenamiento jurídico [...] supone un fracaso social e institucional, como el que ha ocurrido en el caso de Maricarmen Abascal".

Los dos decretos

El PSOE y Sumar han decidido dividir las medidas en dos decretos ley diferentes.

Un primer decreto ley que incluye medidas que pedían tanto la izquierda como Junts y el PNV, con la duda de si es viable que salgan adelante todas a la vez porque puede haber vetos cruzados. Aparte de la limitación de la compra de viviendas por parte de fondos buitre y de la regulación del alquiler de habitaciones, el primer decreto ley —que ya se ha publicado en el BOE— incluye la prórroga de alquileres extraordinaria de dos años; un máximo del 2% de subida anual del precio del alquiler cuando toque actualizarlo; y la parada de los desahucios de familias vulnerables, con excepciones. Esto puede ser un punto de discordia con Junts, ya que ya ha tumbado esta medida anteriormente en el Congreso y pide diferenciar al pequeño y al gran propietario. Según el redactado al cual ha tenido acceso el ARA, se podrán ejecutar desahucios si el propietario también está en una situación de vulnerabilidad si deja de recibir la renta del alquiler o es una persona física con menos de dos inmuebles. También se introducen los incentivos fiscales reclamados por los juntaires: fuertes deducciones a la hora de tributar en el IRPF las rentas de los alquileres, que podrán ser de hasta el 100% si no se es un gran propietario y se renueva el contrato al cabo de cinco años al mismo inquilino y con una rebaja de como mínimo el 5% del precio. También, si se es un propietario pequeño (hasta 10 viviendas) y se alquila por primera vez el inmueble y la renta inicial está por debajo del índice de precios de referencia del ministerio de Vivienda.Un segundo decreto ley que va más allá y establece los contratos de alquiler indefinidos, una petición del Sindicato de Inquilinas que también habían hecho suya tanto Sumar como Podemos, ERC, Bildu, Compromís y el BNG, y que ha sido el punto de la discordia con el PSOE hasta el final. Este segundo decreto no se publicará en el Boletín Oficial del Estado hasta este jueves.

Votación viernes

La votación se hará el viernes en el Congreso de los Diputados, porque el ejecutivo español ha pedido un pleno extraordinario aprovechando también la presión en la calle, sobre todo en la Puerta del Sol de Madrid, donde se mantiene la acampada. El presidente español, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a aprobar este paquete "ambicioso". En un vídeo publicado en X, ha defendido que los decretos ley de vivienda permiten "construir una mayoría parlamentaria suficiente para combatir la emergencia habitacional". Así, ha interpelado a los partidos de izquierda y plurinacionales, ya que ha admitido que del PP y Vox no puede "esperar nada": "Hemos escuchado y hemos actuado. Ahora toca a los grupos hacer su trabajo. Pido que seáis empáticos con la ciudadanía y prioricéis los intereses de la gente a los de los especuladores".

Para comprender la dificultad de cuadrar el círculo, solo hace falta explicar el comportamiento de los ministros de Sumar. Han decidido hacer una rueda de prensa paralela a la oficial de la Moncloa para matizar su posicionamiento. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha dicho que rechaza las bonificaciones fiscales, que eran una exigencia de Junts y se han incluido con la voluntad “de conseguir el acuerdo”. También ha explicado que los cinco ministros de Sumar querían un solo decreto ley y que la renovación automática de los contratos estuviera incluida en un mismo paquete –informa Martí Odriozola.

Precisamente, que las medidas estén separadas en dos paquetes diferentes aleja a Podemos. "Es una tomadura de pelo", ha asegurado la secretaria general, Ione Belarra, que no ha aclarado el sentido de su voto. A su vez, Junts no aclara tampoco qué votará y pide tiempo. Para Gabriel Rufián (ERC), en cambio, el sentido del voto es claro: sí. Aun considerándolas insuficientes, cree que las medidas son "útiles" e interpela ya directamente a Junts: "¿Por qué Junts vota de manera autolesiva si baja semana tras semana en las encuestas?", se ha preguntado.