El nuevo juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona ha recibido unos 300 casos en su primer trimestre de vida. Este juzgado funciona desde el 1 de enero en la capital catalana y entre los delitos que más ha asumido se encuentran los relacionados con el maltrato infantil y las agresiones sexuales a menores, según han explicado fuentes judiciales a el ARA. De hecho, es el responsable de la investigación del caso del bebé que continúa hospitalizado por maltratos y agresión sexual presuntamente por parte de sus padres.

Dos presos del departamento especial de régimen cerrado (Dert) —la zona de aislamiento— de la prisión de Brians 2 han intentado escaparse este domingo a la madrugada del centro. Fuentes penitenciarias han explicado a el ARA que los dos internos se han pasado entre dos y tres horas en el desv\u00an del ático de este departamento después de salir de una celda desmontando el plafón de la luz, que da acceso a la planta técnica del departamento, donde está la instalación eléctrica y del sistema de aguas. Los internos han podido hacer este movimiento sin que haya saltado ninguna alarma, añaden las mismas fuentes. Por su parte el departamento de Justicia ha destacado que los funcionarios del centro han frustrado el intento de fuga.

Después de 20 meses de espera, Noelia Castillo ha recibido este jueves por la tarde la eutanasia. Su padre y el grupo ultracatolico Abogados Cristianos han intentado hasta el último momento impedirla con un recurso que ha llevado a los juzgados la batalla ideológica contra el derecho a una muerte digna. Hoy mismo un auto les repetía que la justicia no detendría la eutanasia de la chica. Pero incluso cuando ya no tenían ninguna opción en la vía judicial, su presión ha continuado con una convocatoria a las puertas del centro sanitario donde estaba ingresada, donde una veintena de personas gritaban su nombre en el mismo momento que estaba previsto que se prestara la muerte digna. La protesta ha obligado a desplegar un dispositivo policial en el Hospital Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes, un centro ahora público que inauguró en 1975 la orden religiosa de los Camilos y que hoy ha sido el escenario de esta disputa contra la eutanasia en nombre de la religión.

La Fiscalía alertó de que el Ayuntamiento de Badalona no cumplió con su obligación de dar una atención de emergencia a las personas sin hogar que desalojó del antiguo instituto B9. En concreto, no tenía un protocolo de atención a las personas sin hogar por los servicios municipales y tampoco aplicó la "metodología" para estas situaciones de las que dispone, que habría implicado ofrecer apoyo a los afectados, derivarlos a los recursos residenciales disponibles y realizar un seguimiento posterior.

Noelia, la joven de 25 años que desde agosto de 2024 ha estado sometida a un largo periplo judicial a la espera de poder acogerse a la muerte digna, recibirá finalmente la eutanasia este jueves. La petición de la joven, afectada por una paraplejia, quedó en suspenso hace más de un año y medio a raíz de un recurso judicial de su padre, representado por el grupo ultracatólico Abogados Cristianos. Durante todo este tiempo ha mantenido su voluntad de morir: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija", afirmó hace dos días en una entrevista a Antena 3. A modo de protesta, Abogados Cristianos ha convocado una rueda de prensa a las seis de la tarde ante el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en el lugar y la hora exacta en que está prevista la muerte asistida.

Durante el último año ha llegado a los juzgados una nueva especialización, centrada en investigar los delitos en los que las víctimas son niños o adolescentes. Esto ha planteado varias dudas sobre los límites de sus competencias, y todavía es motivo de discrepancia entre la judicatura y la Fiscalía. La ley que diseñó esta especialidad no concretaba, por ejemplo, si las agresiones sexuales a niñas deben recaer en estos nuevos tribunales o bien en los de violencia sobre la mujer, a los que la misma reforma judicial adjudicaba la competencia sobre todos los delitos sexuales. La reforma tampoco estipulaba quién debe hacerse cargo de las agresiones sexuales a niñas que se denuncian años después, cuando las víctimas son ya adultas, como plantea ahora una magistrada de Barcelona en un auto al que ha tenido acceso el ARA.

La Fiscalía de Barcelona ha cerrado la investigación por torturas a la activista y filóloga Blanca Serra, la primera víctima que se dirigió directamente a la Fiscalía de Memoria Histórica y no a los juzgados. De este modo, le reconoce la condición de víctima del franquismo y lo hace por primera vez en base a la ley de memoria democrática del año 2022.

Kris Charlier, de 76 años, nacido en Bélgica y que vive en Catalunya desde el año 2015, ha llevado a juicio a dos guardias civiles a los que acusa de vejarle en el aeropuerto de El Prat supuestamente por haberse dirigido en catalán: "Si yo hubiera hablado en castellano, supongo que todo lo habría dicho la Audiencia de Barcelona.

Montse dice que sólo una vez ha dudado de si estaba segura en el trabajo. Fue hoy hace dos años, cuando un whatsapp de un compañero le avisaba de que un preso había apuñalado a Núria López en la cocina de Mas de Enric y luego se había suicidado. "En ese momento sí dices «Hostia, ¿dónde estoy trabajando?» Pensé que podía pasarme a mí".

Lo que parecía una agencia de viajes familiar acabó acumulando más de 160.000 euros en estafas. Decenas de personas que les contrataron para conseguir vuelos, alojamiento, transportes y excursiones a su destino de vacaciones les dejaron en la estacada. Los viajes no se habían llegado a contratar nunca, o se habían anulado en cuanto las víctimas habían pagado a los intermediarios. A veces las vacaciones sí existían, pero en condiciones muy distintas a las que habían pactado, como ocurrió en un grupo de jubilados que esperaban un crucero por las islas griegas y se vieron malviviendo en un albergue.

Hace unas semanas, el ministerio de Justicia anunció una ampliación "histórica" ​​de la plantilla de jueces para crear este año 500 plazas nuevas en todo el Estado, de las cuales 91 en Cataluña. Sin embargo, quedaba pendiente concretar cómo se distribuirían estos nuevos sitios. La propuesta inicial del gobierno español no acabó de hacer el peso ni en el departamento de Justicia ni en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ahora han presentado idénticas enmiendas. "Auguramos que estas propuestas serán atendidas por el ministerio", ha valorado el consejero de Justicia, Ramon Espadaler.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha defendido este jueves que la propuesta del Govern para las cuentas de 2026 serán "los presupuestos de la descongestión" de los juzgados. El conseller presentó en comisión parlamentaria las cuentas para su departamento y aseguró que ayudarán a reducir el tiempo de espera a la justicia "para que la ciudadanía note que el sistema funciona mejor". La propuesta del Govern, que se enfrentará a la enmienda a la totalidad de ERC, presupuesta 1.392 millones de euros para Justicia de los 49.162 millones de euros para toda la Generalitat, 254,2 millones de euros más (22,3%) de lo que disponía en las últimas cuentas aprobadas en el año 2023. justicia", ha defendido el conseller.

El exresponsable de cumplimiento normativo de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) Carme Macías, que ha denunciado a tres altos cargos por acoso laboral, ha hablado públicamente por primera vez desde que el caso se ha judicializado. Macías denuncia que la echaron como represalia por una investigación interna de mobbing que implicaba a tres directivos. El entonces compliance officer de TMB lamenta que su despido ha causado "miedo" entre los trabajadores de la empresa y ha mermado la "credibilidad" y la "confianza" en el sistema de denuncias internas, que es obligatorio en empresas grandes. "¿Qué puede pensar un empleado de la compañía que quiere denunciar una irregularidad si al órgano de cumplimiento le hacen lo que me han hecho a mí? Tengo muchas dudas de que después de mi despido TMB haya tenido demasiadas denuncias", valoró.

Las últimas pruebas de caligrafía que quedaban pendientes en la investigación del asesinato de Helena Jubany en 2001 en Sabadell han descartado que el principal sospechoso del crimen, Santi Laiglesia, escribiera ninguna parte de los mensajes anónimos que la víctima recibió antes de que la mataran. Otras pruebas periciales ya habían relacionado antes los mensajes con el otro investigado en la causa, Xavier Jiménez. Uno de esos mensajes iba acompañado de un zumo en el que había benzodiacepinas, la misma sustancia que se detectó en la sangre de la víctima.

Benjamín Vega tiene 60 años y hace 35 que entró en prisión por primera vez. Desde entonces ha ido entrando y saliendo. En 1991 un juez de Tarragona le "castigó una semana" después de que le pillaran robando en Salou tres veces seguidas en pocos días, y reconoce que se lo tomó "como un juego". "Lo peor de todo es que no cogí miedo en prisión, porque si le hubiera cogido miedo no habría vuelto a entrar", dice ahora, con doce condenas que –si no consigue una reducción de pena como está intentando– acabará de cumplir en el 2039, cuando tendrá 73 años.

De la misma manera que ha envejecido la sociedad, también hay cada vez más personas mayores entre rejas, por lo que la media de edad de los presos es cada vez mayor. Sólo un 1% de las personas que están encarceladas tienen más de 70 años, pero son el doble que hace quince años. En cambio, a lo largo de este tiempo, el número total de presos ha descendido. Entre quienes encaran esta etapa de la vida dentro de prisión hay tanto internos con condenas muy largas como otros que han encadenado penas más pequeñas o que han delinquido siendo ya mayores. En prisión confluyen diferentes factores de riesgo que avanzan el envejecimiento, por lo que los especialistas consideran que en prisión una persona es mayor mucho antes que en libertad.

La Fiscalía de Barcelona ha puesto en marcha una unidad especializada en vulnerabilidad, la primera del Estado. Cinco fiscales se harán cargo de aquellos casos en los que las víctimas sean menores de edad o vulnerables por algún otro motivo, haciendo una lectura amplia de este concepto: atenderán casos que afecten a niños, personas mayores o con discapacidad, pero también a la "vulnerabilidad situacional", por ejemplo en casos de desigualdad de poder, o víctimas de casos graves como agresiones sexuales. Todo ello centrándose en no revictimizar a los afectados.

El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad no admitir el último intento del grupo ultracatólico Abogados Cristianos de detener la eutanasia de Noelia, que desde el verano del 2024 está en suspenso por el procedimiento judicial que impulsa su padre. El Constitucional descarta que durante este proceso se hayan vulnerado los derechos del hombre, y con el suyo no se cierra la última oportunidad que tenían el padre de Noelia y Abogados Cristianos en la jurisdicción española para impedir la decisión de la joven.

La Fiscalía espera que la mayoría de las víctimas de la macroestafa inmobilaria con más de un centenar de afectados puedan recuperar su casa. El lunes, los 17 implicados en el engaño aceptaron condenas que van hasta los cuatro años y siete meses de cárcel –las más altas, para un abogado y un notario– y durante la próxima semana se dirimirá cómo se resuelven las responsabilidades civiles del caso. En los casos en que las víctimas no puedan recuperar sus inmuebles, la Fiscalía ha pedido que se les indemnice con el valor actual de los pisos.

Decir a alguien "mono" o "negro de mierda", y especialmente hacerlo frente a más personas, es delito de odio. Así lo confirmó el Tribunal Supremo, que ratificó una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia con el mismo veredicto. La decisión supone un paso clave, dado que crea jurisprudencia, una circunstancia que debería acabar con la existencia de resoluciones absolutorias y otras condenatorias por comportamientos similares.