La huelga general del próximo 11 de noviembre ha servido para marcar los perfiles de los agentes sociales del país. Mientras los sindicatos laborales y de vivienda han aprovechado la convocatoria para presionar al ejecutivo y afilar sus argumentos en el ámbito del trabajo –desde el SMI hasta la reducción de jornada o la distribución de los beneficios empresariales–, las patronales han reconocido la crisis residencial, pero no la herramienta que se ha elegido para darle respuesta. El presidente de la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas Pimec, Antoni Cañete (Barcelona, 1963), habla con el ARA sobre una protesta que considera "un error" y sobre una tensión en el mercado de compra y alquiler que apela a "la sociedad en general".

Salvador Illa debía pasar página del Procés, devolver la estabilidad a Cataluña e impulsar grandes infraestructuras, como la ampliación del aeropuerto del Prat, el Cuarto Cinturón y el complejo Hard Rock. O esa era la esperanza de Foment del Treball y, por eso, mantenían una relación francamente buena con el presidente de la Generalitat, sobre todo cuando estaba en la oposición. La luna de miel, sin embargo, duró poco. El líder del PSC, que depende de los apoyos de Esquerra y Comuns, ha sacado adelante medidas en materia fiscal, de financiación y de vivienda que han desagradado, y mucho, a la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre. La relación entre los dos dirigentes se ha truncado y, tal como constatan fuentes conocedoras en el ARA, los intentos de reconciliación han fracasado. Tres cambios de agenda del Govern –del mismo presidente Illa, del consejero Òscar Ordeig y del consejero Ramon Espadaler– en las dos últimas semanas lo constatan, aunque desde el Palau niegan que se trate de un patrón y que haya una orden a los miembros del ejecutivo de menospreciar los actos de Foment.

Las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec han escrito sus cartas a los Reyes de cara a las elecciones generales del próximo 29-N. En concreto, ambas organizaciones empresariales han presentado este viernes un conjunto de demandas para que los partidos políticos las tengan en cuenta de cara a los comicios, pero sobre todo las tenga en cuenta el futuro gobierno español. Foment del Treball lo ha hecho en Barcelona y Pimec en Madrid y ambas coinciden en algunos elementos: repensar la fiscalidad, el problema, a su parecer, de lo que denominan "absentismo laboral" y la necesidad de deflactar el IRPF para mejorar el salario real.

Inquietud entre las patronales, colegios profesionales, cámaras de comercio y otras entidades ante la posibilidad de que el proceso de modernización de la administración catalana quede paralizado. El Foro de Entidades para la Reforma de la Administración (FERA), constituido hace casi dos años, reclama a los partidos de la oposición en el Parlamento de Cataluña que permitan tramitar el proyecto de ley de dirección pública profesional, aprobado por el gobierno de Salvador Illa. La alarma ha sonado porque este viernes termina el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad del texto, el PP ya ha promovido una y se teme que otras fuerzas como ERC o Junts den el mismo paso, lo que haría decaer la tramitación.

Foment del Treball ha reiterado en la gala de la decimonovena edición de sus premios anuales el rechazo a la huelga general por el derecho a la vivienda del próximo 11 de noviembre. El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha cuestionado su utilidad para abordar lo que considera que son las principales problemáticas del mercado residencial. "No nos engañemos: paralizar empresas no construye viviendas", ha espetado. El paro, ha observado, "traslada al conjunto de las empresas el coste de un conflicto que exige la implicación de muchas instituciones"; un agravio que "no es razonable". En la misma línea, ha tildado la convocatoria de "profundamente equivocada, inoportuna, irresponsable y perjudicial".

Cataluña debe invertir 52.838 millones de euros en infraestructuras durante los próximos diez años para cubrir las necesidades prioritarias del país. La estimación, elaborada por las constructoras y concesionarias españolas (agrupadas bajo el paraguas de la patronal Seopan) y los contratistas catalanes (la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña, CCOC), incluye tanto nuevas construcciones como actuaciones para resolver los déficits de conservación actuales. Creen que hay que destinar 34.443 millones a crear instalaciones –el 65% del total exigido–, y los casi 18.400 millones restantes a mantenimiento.

Ruptura consumada. Pimec y 18 organizaciones más han decidido darse de baja de la patronal estatal Conpymes. Con esta decisión, la organización empresarial catalana presidida por Antoni Cañete culmina un largo periodo de discrepancias con la entidad que contribuyó a fundar en 2021 para hacer de contrapeso a la CEOE. La patronal catalana de las pymes y las otras que han optado por marcharse y que aseguran ser el 80% de la representación de Conpymes denuncian “un proceso prolongado de gestión irregular que las entidades consideran unilateral, antidemocrático y alejado del proyecto colectivo que motivó su participación”.

La patronal Cecot ha celebrado este jueves la 31.ª Noche de la Empresa en San Cugat del Vallés. Durante el encuentro, el presidente de la patronal, Xavier Panés, ha cuestionado la convocatoria de huelga general por la crisis de la vivienda: "¿Ahora, huelga? ¿Huelga contra quién? ¿Contra el Gobierno? ¿Contra las empresas? Inmersas en una espiral de incremento de costes y disrupciones internacionales que dificultan cada día más la viabilidad y la continuidad". Además, ante la convocatoria de elecciones, el presidente de la patronal vallesana ha hecho un llamamiento a mantener el "respeto hacia las instituciones" y a no "denigrar a adversarios". El encuentro ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el presidente del Parlamento, Josep Rull, y el ministro de Industria y Turismo del gobierno español, Jordi Hereu, entre otros.

La patronal de pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec estima que las lluvias torrenciales de los últimos días han generado un impacto económico de entre 65 y 208 millones de euros en las empresas del Vallès Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Maresme, según los cálculos del Observatorio de la Pyme de Cataluña. A pesar de la horquilla, Pimec se inclina a valorar las pérdidas materiales en 117,5 millones de euros.

El Parlamento ha aprobado este miércoles la ley de cámaras de comercio. De esta manera, Cataluña adapta doce años después la ley básica estatal de cámaras de comercio, aprobada en 2014. Desde entonces, el Principado había sido uno de los pocos territorios del estado español sin una ley cameral actualizada. La norma ha pasado el examen del hemiciclo con 114 votos favorables, 11 abstenciones y 9 votos en contra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que inicialmente no tenía previsto participar en el congreso de la empresa familiar, que se ha celebrado este lunes y martes en la capital de España, ha intervenido finalmente y ha advertido ante los empresarios que el gobierno español ha "convocado elecciones para apuntalar ideas comunistas".

El anuncio del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha puesto en alerta al tejido productivo del país. La patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, ha reclamado a los principales partidos que la campaña electoral que se acerca sirva para "situar la economía productiva y a las pymes en el centro del debate político". En un comunicado, la entidad que preside Antoni Cañete ha exigido que "la coyuntura política no deje en segundo término las reformas que necesita el tejido productivo".

"Tenemos que conseguir entre todos que la moderación sea más sexy que la polarización". Esta ha sido una de las afirmaciones de Eloi Planes, presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), en la 29.ª edición del congreso que aglutina a este tipo de compañías. El consenso no es la solución a todo, pero es esencial, ha añadido, para construir con solidez.

Después de ocho años, Pedro Sánchez, en plena crisis de la vivienda y de la legislatura –en parte por el rechazo del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda aprobados por el gobierno español– y con los rumores sobre un adelanto electoral, vuelve a la cita anual que congrega a las grandes empresas familiares. Después de evitarla desde la última vez en la que participó, en octubre de 2018, en Valencia, pocos meses después de ganar la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy (PP), el jefe del ejecutivo se comprometió a abrir este lunes la 29.ª edición del congreso nacional que organiza en Madrid el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Esta organización agrupa a un centenar de las principales empresas familiares, desde Mercadona hasta Fluidra, Puig, Hotusa, Mango, Occident, Pikolín, Banca March o Banco Santander, entre otras.

La patronal catalana Pimec se mostraba este miércoles favorable a los decretos de vivienda del gobierno español, si bien apelaba a un "acuerdo amplio y duradero". En cambio, en la patronal española CEOE –Foment del Treball forma parte de ella– el tono ha sido bien distinto. Su presidente, Antonio Garamendi, ha reconocido públicamente que él votaría en contra y hasta ha puesto las propuestas y a sus impulsores en el lado malo de la película: "Algunos piensan que van de Robin Hood y no son conscientes de que representan al sheriff de Nottingham", ha dicho Garamendi durante su intervención en la Asamblea General de la CEOE de este jueves, en la que ha sido reelegido presidente por cuatro años más.

Pimec ha celebrado su cita anual en plena crisis de la vivienda. Y el presidente de la organización patronal, Antoni Cañete, ha aprovechado la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de la Seguridad Social y portavoz del gobierno español, Elma Saiz, para avisar del riesgo de la crisis de la vivienda para la competitividad.

El absentismo laboral se ha convertido en el principal caballo de batalla del empresariado catalán y Foment del Treball, la patronal que agrupa a las grandes compañías catalanas, propone medidas contundentes para combatirlo. Entre estas destaca, por un lado, la implantación de reconocimientos médicos obligatorios y que las empresas puedan acceder a cierta información médica de sus empleados en caso de baja, y, por otro, la posibilidad de despedir a trabajadores que acumulen bajas reiteradas o de larga duración, una medida que se eliminó con la reforma laboral de 2020.

Un informe de Foment Pime –la sectorial de pymes de la patronal catalana Foment– sostiene que la falta de vivienda a precios asequibles ya no es un problema "exclusivamente social", sino que se ha vuelto también una dificultad "laboral y económica" especialmente para las pymes, que tienen más dificultades para contratar personal que las grandes empresas. En rueda de prensa, el presidente del Consejo Territorial de la Pyme –que agrupa a una veintena de organizaciones territoriales de Foment–, Pep Garcia, ha explicado que la emergencia residencial "es una barrera directa que afecta a la competitividad de las pymes" y ha apelado a sellar un gran acuerdo público-privado para facilitar el acceso a la vivienda en Cataluña.

Antonio Garamendi será proclamado presidente de la patronal española CEOE por cuatro años más y encadenará así su tercer mandato. Y no necesitará elecciones. El próximo 1 de octubre, cuando está convocada la asamblea de la organización empresarial para decidir quién debe seguir al frente, Garamendi será nombrado presidente automáticamente. El motivo es que no le ha salido ningún rival –había tiempo de presentar una candidatura hasta este lunes a las 23:59 horas– y, tal como se recoge en el artículo 41 de los estatutos de la patronal, esto permite que sea presidente sin necesidad de votación. "Solo hay un candidato [Antonio Garamendi]", confirman desde la CEOE.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y del Consejo de Cámaras, Josep Santacreu, celebra el aval definitivo del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) a la ley de cámaras. La norma catalana, que llegará previsiblemente al pleno del Parlament a comienzos del curso después de una cocción que ha durado más de una década, superó el examen en el CGE que reclamaron a mediados de julio los grupos parlamentarios de Comuns y la CUP. Las formaciones de izquierdas pidieron un pronunciamiento del CGE pocas horas después de la tensa votación en el plenario de la Cámara de Barcelona que sirvió para ampliar las vocalías de aportación voluntaria, conocidas como sillas de plata, de las dos actuales hasta 10. Ahora el aval del consejo confirma "la solidez jurídica de la ley", en palabras del presidente.