Enric Daza, portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Cambrils, será el candidato de Aliança Catalana a las próximas elecciones municipales. Así lo ha anunciado este lunes en un acto celebrado en Cambrils acompañado por el secretario de Organización de Aliança Catalana, Oriol Gès, y la cabeza de lista por Tarragona de la formación en las últimas elecciones al Parlament de Catalunya, Aurora Fornos.

La dirección nacional de Junts ha convocado este lunes a las seis de la tarde una cumbre municipal con una veintena de cuadros, entre cabezas de lista y alcaldes de capitales de comarca del país, para cerrar el curso abordando los principales retos de la formación. Y entre estos destacan el descenso en encuestas como la del CEO, de hace escasos cuatro días, y el auge de Aliança Catalana a costa de los juntaires que se refleja en ella. Cuando falta menos de un año para las elecciones municipales y solo tres días para la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía, el secretario general, Jordi Turull, ha encabezado la dirección en el encuentro telemático, en el cual militantes de múltiples comarcas han trasladado su parecer sobre el rumbo del partido en un contexto complejo.

Juan Carlos Peinado duda de Begoña Gómez y vuelve a mover ficha. Después de que la mujer de Pedro Sánchez volara a Londres para asistir a la graduación de su hija, que fue el pasado viernes, el juez que la ha estado investigando durante dos años y le ha prohibido salir de España por riesgo de fuga, le da cinco días para que demuestre que utilizó el pasaporte solo para este viaje: “Requerirle que acredite que el pasaporte ha sido utilizado para el fin concreto para el cual se dejó sin efecto la medida cautelar”, apunta en una providencia a la que ha tenido acceso el ARA. Y añade que quiere comprobarlo para asegurarse de que no ha hecho “ningún acto” que pudiera ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Es extraño verlo, pero esta vez ha ocurrido. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, han exhibido sintonía y colaboración entre administraciones tras el incendio de Los Gallardos (Almería). Incluso han advertido conjuntamente de los peligros del cambio climático, a pesar de que Moreno Bonilla acaba de rubricar un pacto de investidura con Vox, que cuestiona las políticas que se han aplicado hasta ahora para luchar contra este fenómeno.

La policía local de Santa Susanna (Maresme) detuvo este domingo al exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) y exdiputado de Junts en el Parlament, Pere Albó, por presuntamente masturbarse en la piscina de un hotel de la localidad maresmenca, según ha avanzado la Cadena SER y ha confirmado el ARA de fuentes policiales. Según explican las fuentes, los agentes habrían recibido el aviso de que Albó, tumbado en una tumbona, empezó a masturbarse en una zona donde había decenas de personas, entre las cuales menores de edad. La SER explica que los testigos presentes se marcharon de la zona de la piscina para alertar al personal del hotel y que una joven habría presentado denuncia a la policía porque Albó la habría cogido del brazo.

Hace una década, cuando un presidente de la Generalitat aterrizaba en Madrid, era para defender la posibilidad de que Cataluña votara en una consulta sobre la independencia. Lo hizo Artur Mas primero; después Carles Puigdemont, Quim Torra y, finalmente, Pere Aragonès. Diez años después, en cambio, con ya unas nuevas mayorías en el Parlament, el gobierno catalán se presenta como la mejor garantía de "cooperación institucional" y "lealtad" al proyecto del gobierno de España. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha protagonizado este lunes un desayuno informativo en la capital española, organizado por Efe y RTVE, en el que ha remarcado el momento que vive la Cataluña sin Procés: la Generalitat tiene presupuestos; "lidera" la nueva propuesta de financiación donde todas las autonomías ganan recursos, y es sinónimo de "estabilidad". Además, ha pedido "celeridad" a la hora de aplicar la ley de amnistía, hurgando en la llaga a aquellos como el PP y Vox que acusan al PSOE de reavivar el independentismo: "Es la primera vez en cuarenta años que no hay mayoría nacionalista e independentista. No ha revitalizado, al contrario [...]. Sé de qué hablo".

El comentario racista de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol todavía trae cola, pero el PP ha optado por ignorar las críticas y quitarle hierro. Después de que Francia protestara por las palabras del expresidente español, que dijo que el conjunto galo es un equipo con mucho "nivel" pero "sin franceses", el gobierno de Pedro Sánchez ha salido este lunes en tromba para utilizar la polémica contra los populares. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido directamente a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy y ha pedido al medio que publicó su crónica futbolística, El Debate, que retire el artículo, el sexto del popular en este Mundial.

La Fiscalía ha retirado en el último momento las acusaciones contra los exresponsables de Salud a quienes señalaba por “discriminar” a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el plan de vacunación contra la covid. La acusación afectaba a los exconsejeros Alba Vergés y Josep Maria Argimon, al exsecretario general de Salud Marc Ramentol, al exdirector del CatSalut Adrià Comella y al exdirector de servicios Xavier Rodríguez Guasch.

El CNI espió a Carles Riera y David Fernàndez por supuestas "actividades contrarias a la seguridad nacional". El organismo tuvo infectados con Pegasus los teléfonos de los dos exdiputados de la CUP durante casi dos años y seis meses, respectivamente, y contaba con la autorización del Tribunal Supremo.

Seguramente no sorprenderá a nadie si afirmamos que Salvador Illa es el principal pilar que le queda a Pedro Sánchez en el Estado. El actual jefe del ejecutivo catalán fue la apuesta del líder del PSOE para volver a conquistar el Palau de la Generalitat en 2021 después de años de gobiernos independentistas. No lo consiguió a la primera, pero tras tres años de espera los socialistas volvieron a presidir el Gobierno. Su idilio había nacido de la etapa de Illa como ministro de Sanidad: fue en plena pandemia cuando los dos dirigentes socialistas forjaron un vínculo, político y personal, que no se ha resquebrajado con el paso de los años. Tampoco ahora, cuando el presidente español atraviesa su peor momento de la legislatura, asediado por diversas causas judiciales que implican a su entorno político y personal más cercano. De hecho, ha sido ahora cuando Salvador Illa le ha mostrado su apoyo más incondicional. También con el riesgo de ligar su futuro político a la suerte del presidente español.

El próximo jueves 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará sobre la amnistía. Será a raíz de una cuestión del Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del 1-O, en la que este organismo estatal pregunta a las autoridades judiciales europeas si poner fin al caso va en contra de los intereses financieros de la UE. Pero la resolución tendrá efectos más allá: saber qué piensa Europa es la condición que había puesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que afectan a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. ¿Se acaba ya, pues, su periplo judicial? No todavía: véase el análisis.

Las causas del entorno del PSOE tienen algunos vasos comunicantes. Uno de estos denominadores comunes son los principales investigados –José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García–, que se repiten en diferentes juzgados. Pero otro son personas que nunca habían estado en política, que no estaban inicialmente en el radar y que se han acabado convirtiendo en piezas clave de las investigaciones que están en marcha.

El presidente de los EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, son dos aliados de Vox que han sido un dolor de cabeza constante para el partido de extrema derecha. Hasta ahora, la formación de Santiago Abascal había respondido tímidamente a los despropósitos del presidente estadounidense, lo que había permitido a los exdirigentes rebeldes o las formaciones de izquierdas acusar a Vox de ser "esclavos" de Trump. Ahora bien, esta semana el partido ha alzado ligeramente la voz para desmarcarse de la amenaza del presidente de los EE. UU. de cortar el comercio con España o de las vejaciones de Trump a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien, con un tono irónico, dijo que quería "una orden de alejamiento". El objetivo es consolidar un giro que hace tiempo que se debate en la cúpula de Vox para poner fin a la imagen rastrera que trasladaba hasta ahora el partido. El punto culminante fue entre marzo y abril, cuando Israel perpetraba ataques contra cristianos. Fue entonces cuando la dirección estatal tomó una decisión, según fuentes conocedoras consultadas por el ARA: "Tenemos que marcar distancias, como Meloni".

Desde la cárcel, Oriol Junqueras fue el cabeza de lista de ERC a las elecciones catalanas de 2017, a las generales de 2019 y también a las europeas de ese mismo año. Desde Esquerra, de hecho, sentenciaron que, mientras durara la represión, Junqueras sería su número 1 en todos los comicios. Pero ya hace seis años que esto no es posible: a pesar de que está indultado y fuera de la cárcel, el presidente de los republicanos está inhabilitado hasta 2031 a la espera de saber si se le aplica la amnistía. De esto depende, de hecho, la estrategia del partido pensando en 2028.

Cuatro semanas después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, fichó a Antonio Viejo (Madrid, 1959) como secretario general de la administración de justicia. Durante dos años se encargó del “impulso, la dirección y el seguimiento” de “la modernización, la ordenación y la distribución de los recursos humanos y materiales” de la administración de justicia y las relaciones, por ejemplo, con el Poder Judicial o con la Fiscalía. Estuvo al cargo hasta febrero de 2020, después de la conformación del gobierno de coalición entre el PSOE y Unides Podem.

Desde que ha comenzado el Mundial de fútbol, el expresidente español Mariano Rajoy ha vuelto a su versión de comentarista y publica regularmente sus artículos de opinión en El Debate sobre la selección española. Bueno, envía notas de audio y desde El Debate las transcriben y les dan forma. En el artículo publicado este viernes por la noche, Mariano Rajoy valoraba el rendimiento de la selección francesa, el próximo rival de España en el mundial. Destacaba el alto nivel, pero introducía un comentario racista: "Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses". El gobierno francés ya ha censurado las palabras del expresidente español y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, las ha calificado "de absolutamente inaceptables".

Movimiento Sumar –el partido que fundó Yolanda Díaz en 2023– intenta ponerse la tirita después de una crisis interna que ha hecho implosionar la dirección. La manera de pasar página ha sido ratificar la única candidatura que se ha presentado en la tercera asamblea en tres años, encabezada por Verónica Martínez Barbero, actual portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales y número 2 del ministro Pablo Bustinduy. En un cónclave plácido y sin sorpresas, la lista ha recibido el 95,9% de los apoyos. Durante el acto político que ha servido de colofón, Rosa Martínez ha abanderado la apuesta por las “alianzas amplias y diversas” y ha reclamado “explorar todas las posibilidades” que permitan “construir un frente amplio”.

El 16 de julio hace semanas que está tachado en rojo en el calendario como una fecha clave para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará sobre si la ley afecta o no a los intereses financieros de la UE, a petición de una cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas. Ahora bien, los efectos de esta sentencia irán más allá. El pronunciamiento es un requisito previo que se ha autoimpuesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que presentaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, a la espera de que Europa dé un cojín argumental para justificar que se les deje libres de responsabilidades penales y se les aplique también la ley. Pero el camino hasta llegar aquí no será fácil: aunque se espera un pronunciamiento favorable del Constitucional en otoño –en junio del año pasado avaló el encaje de la norma en la carta magna–, la pelota volverá a caer en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. Ahora bien, hay ejemplos muy recientes que evidencian una lentitud que podría repetirse con la aplicación de la amnistía.En el Supremo son crípticos sobre la estrategia que seguirán, aunque fuentes consultadas por el ARA remarcan que si hay unas resoluciones muy claras de Europa y del Constitucional, las seguirán y habrá extinción de la responsabilidad penal. Ahora bien, hay un precedente inmediato en el cual el Supremo no ha actuado con celeridad. Hace dos años, el alto tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre el caso de un manifestante de Girona investigado por desórdenes públicos a raíz de las protestas de octubre de 2019. El 8 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses, el Constitucional desestimó el recurso y dio vía libre al Supremo para que pusiera fin a la causa penal. A pesar de ello, a estas alturas, todavía no ha habido ningún movimiento. Tampoco el TC ha movido ficha para hacer cumplir su resolución, ya que, según las fuentes consultadas, la defensa del chico no ha presentado ningún incidente de ejecución. Fuentes oficiales del Supremo aseguran no tener información del caso.El precedente de las Canarias 

Más allá del caso de Cataluña, existe un ejemplo que pone de manifiesto la odisea en que puede convertirse hacer cumplir una sentencia del Constitucional. Tenemos que viajar hasta La Laguna, un municipio en la isla de Tenerife. En abril de 2020, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anuló el artículo de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que impedía que las mujeres pudieran hacerse socias alegando que vulnera el derecho a la igualdad. La mujer que lo propició fue Teresa Laborda.En enero de 2022, sin embargo, el Supremo tumbó la sentencia y avaló la exclusión de las mujeres de la asociación, que se define como una “asociación religiosa de caballeros”. Laborda llevó el caso al Constitucional, que en noviembre de 2024 le dio la razón. Ahora bien, ha pasado un año y medio y no ha habido ningún cambio, a pesar de que el juzgado haya barrado el paso a los múltiples intentos de la asociación y del obispado de Tenerife de impedir que se aplique. Vista la inoperancia, Laborda ha presentado dos incidentes de ejecución al TC, pero ambos se han desestimado por prematuros.La reforma de Rajoy

La cuestión radica en qué poderes tiene el Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. ¿Qué dice la ley? El gobierno de Mariano Rajoy, en vista del Procés, hizo una reforma en 2015 para dar capacidad de ejecución al TC. Durante 2016 y 2017, la Moncloa presentaba incidentes de ejecución ante el TC porque la mesa del Parlament admitía iniciativas que desplegaban el proceso de independencia –que se interpretaba como un incumplimiento de una sentencia previa–, y el Constitucional pasaba los hechos a la Fiscalía, que interpuso numerosas querellas por desobediencia hasta la macrocausa del Procés por sedición.La ley va más allá y también da poderes al TC para que actúe de oficio: puede imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros –se aplicó contra la sindicatura electoral del 1-O– o suspender a las autoridades que incumplan las resoluciones. Por lo tanto, el Constitucional tiene herramientas legales, pero fuentes jurídicas conocedoras aseguran que los magistrados del TC acostumbran a ser poco beligerantes con otros jueces. ¿Se enfrentará abiertamente Cándido Conde-Pumpido al Supremo para hacer cumplir la amnistía?Evitar el choque

Hasta ahora, el TC ha querido evitar un choque directo con el Supremo. La prueba es que ha rechazado aplicar medidas cautelares como retirar la orden de prisión a Puigdemont, lo que habría permitido al expresidente volver a Cataluña mientras continúa abierto el procedimiento sobre el recurso de amparo y la causa en el Supremo. Hacerlo habría implicado una batalla inédita entre el Supremo y el TC que Conde-Pumpido ha esquivado. Eso sí, el presidente del Constitucional ha avisado públicamente que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento" de lo que resuelva el TC.Políticamente, este escenario, según diversas fuentes consultadas, se abordó en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts antes del punto de quiebre, pero no llegó a ninguna parte. Y aquí radica también el distanciamiento entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fuentes conocedoras apuntan que el expresidente español siempre transmitía un optimismo elevado sobre el cumplimiento de los acuerdos PSOE-Junts que después no se correspondía a la realidad.La otra posibilidad: acudir a Europa

La otra carta que puede jugar el Supremo es acudir al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Un movimiento inédito que hasta ahora solo ha hecho un tribunal: la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Después de ser revisado por el TC, elevó una prejudicial a Luxemburgo porque consideró que la anulación de las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicaba “riesgo sistémico de impunidad”.El Supremo podría repetir un movimiento similar en el caso de los líderes independentistas. ¿Con qué argumento? Lo que hará el tribunal de Luxemburgo la semana que viene es sentenciar si el 1-O afectó los intereses financieros de la UE, pero el Supremo tiene otro argumento sobre el cual Europa todavía no se habrá pronunciado: sostiene que hay malversación porque los líderes del Procés se ahorraron pagar el referéndum de su bolsillo. "Una interpretación que estimase que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial", avisó el Supremo hace casi dos años en una de sus resoluciones.

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La semana que viene será una de las más importantes de esta legislatura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene anunciada para el jueves, día 16, la publicación de su sentencia sobre la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en mayo de 2024. Se trata de la resolución de la justicia europea sobre las impugnaciones que presentaron la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas contra el perdón a los líderes del procés independentista, encabezados por el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont. Tanto en el Constitucional como en el Supremo hay mucho interés en conocer la decisión del TJUE, porque ambos tribunales tienen sentencias pendientes sobre la aplicación de esta ley, que ha provocado en el ámbito judicial tanta o más controversia que en el terreno político.

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Con Juanma Moreno Bonilla entregado a Vox, al barón popular le ha caído, al menos de puertas afuera, la etiqueta de moderado que se había ganado al contraponer su perfil ideológico con el de Isabel Díaz Ayuso. El PP tiene asumido que si quiere que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa tendrá que ser de la mano de Vox. Por eso los populares han ido allanando el terreno a los pactos con la extrema derecha en la esfera autonómica y, en los últimos días, se ha intentado añadir el líder popular. Eso sí, con su estilo torpe y siguiendo una línea más bien errática.

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