Junts per Catalunya ha formalizado este lunes su integración en el Partido Demócrata Europeo (PDE). Con este paso, el partido liderado por Carles Puigdemont cierra una larga etapa de orfandad política en el Viejo Continente, que se remontaba al año 2018. Fue aquel año cuando el PDECat fue expulsado del Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) bajo presiones de Ciudadanos y en un contexto marcado por acusaciones de corrupción a la formación que entonces lideraba David Bonvehí por el caso 3%.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiado, en una carta dirigida al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la gestión "eficiente y eficaz" de la última crisis migratoria en Ceuta por parte de las autoridades españolas y marroquíes, y ha insistido en la necesidad de dar una "respuesta europea común", unida y solidaria.

Este lunes algunos medios de comunicación han asegurado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó varias veces al ministerio del Interior de que se aproximaba una entrada masiva de personas provenientes de Marruecos. Ahora bien, fuentes del ministerio del Interior consultadas por el ARA han descartado que tuvieran conocimiento del inicio de esta crisis. "Si hubiéramos tenido conocimiento de un informe que decía lo que iba a pasar el día 30, evidentemente habríamos actuado", han afirmado las mismas fuentes. Recordemos que las competencias de la gestión de la frontera corresponden al ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska, pero los servicios de inteligencia dependen del ministerio de Defensa.

Si una pareja quiere firmar los papeles para hacerse pareja de hecho, ahora solo hará falta que rellene un formulario y no dos como hasta ahora. Y para dar el consentimiento sanitario antes de una intervención quirúrgica, ya se puede hacer firmando el documento correspondiente a través de la aplicación de La Meva Salut. "El paciente la lee tranquilamente y la acepta o la rechaza. [...] Es una mejora para los pacientes y los profesionales", defiende la anestesióloga del Vall d'Hebron Sandra Galve. Estos son solo dos ejemplos de los trámites que el Govern ha simplificado o está en vías de simplificar. Hasta ahora, ha agilizado hasta 170 y tiene previsto sumar 40 más que deberían estar preparados en 2028. El objetivo es ahorrar tiempo a la ciudadanía en sus gestiones diarias con la Generalitat, que el Govern calcula que son unas 2.000.

La derecha y la extrema derecha españolas –y también la europea– han encontrado en la crisis migratoria en Ceuta un filón para endurecer el discurso antiinmigración y, en consecuencia, presionar para conseguir un control fronterizo más estricto. De hecho, les supone una oportunidad para aislar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y sus políticas migratorias respecto al resto de estados miembros de la UE, que el martes están convocados a una reunión para abordar, precisamente, esta materia. El líder de Vox, Santiago Abascal, no solo ha celebrado la posición de países como Italia, que tras la crisis migratoria ha puesto más controles en la frontera, sino que también ha afirmado que Donald Trump se ha "quedado corto" cuando habla de políticas españolas "de extrema izquierda [que favorecen la migración]". Abascal, que este domingo se ha trasladado por primera vez a Ceuta, ha exigido "militarizar permanentemente" la frontera, cerrarla y que el ejército pueda actuar con "la contundencia que sea necesaria".

La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía ha provocado un efecto cascada. En los últimos días, el Tribunal Supremo se ha apresurado a dar carpetazo a seis casos que tenía sobre la mesa y que estaban a la espera desde hacía meses. Ahora bien, a pesar de este despertar súbito, las catorce personas que se han beneficiado de la norma del olvido penal no tienen –estrictamente– nada que ver con el aval de Luxemburgo. Era un filtro que se fijó el alto tribunal de manera implícita y que ha acabado siendo el pretexto para mantener congeladas todas estas causas durante nueve meses, dado que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional había dado explícitamente luz verde a aplicar la ley.

Antes de que Lamine Yamal, Cubarsí y Olmo ganaran el Mundial, Piqué, Puyol, Xavi y Busquets ya levantaron la Copa del Mundo en 2010 en Sudáfrica. Ellos, sin embargo, no fueron los primeros catalanes en tocar el preciado trofeo. Fue Jaume Marquet (Sabadell, 1976), conocido popularmente como Jimmy Jump. Minutos antes de comenzar la final entre España y Países Bajos, saltó al campo para poner una barretina al trofeo, pero los agentes de seguridad lo placaron justo cuando lo tenía delante, y lo tocó. "Fui el primer catalán en tocar una Copa del Mundo", remarca con orgullo.

Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

Este ha sido –o quizás deberíamos decir que aún está siendo– un final de curso de drama y locura. Los incendios en diversas provincias y los hechos de Ceuta dan escalofríos. Nos estábamos acostumbrando a ver las imágenes cotidianas de cientos de personas acogidas en polideportivos mientras esperaban angustiadas noticias sobre el fuego y sobre su casa y sus pertenencias, cuando nos han asaltado imágenes aún más duras, como las de las decenas de miles de inmigrantes –sobre todo jóvenes, muy jóvenes– pasando de Marruecos a Ceuta, en lo que el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "violación de la integridad territorial de España". Una situación de emergencia, sin duda, que ha provocado reacciones de todo tipo. Y es aquí donde encaja la idea de la locura, por la capacidad que esta situación y estas imágenes tienen de disparar los comentarios y las iniciativas más bárbaras e inaceptables.

La entrada de miles de migrantes a Ceuta, que ya se ha saldado con 67 víctimas mortales, según la última actualización de la policía, ha desencadenado un choque diplomático en la Unión Europea en torno al blindaje de las fronteras y que se traducirá en una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de los diferentes estados miembros este martes por videoconferencia. El encuentro tendrá lugar después de que lo haya pedido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este sábado por la mañana en una carta enviada a las instituciones comunitarias. También lo han pedido 22 países más, que se han sumado a una misiva impulsada por Italia y Dinamarca en la que se pide analizar la crisis en Ceuta y "acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior".

La ministra de trabajo de Austria, Christine Aschbacher, no tenía previsto dimitir de su cargo hasta que, 48 horas antes, se vertieron acusaciones de plagio en un blog de un profesor que comentaba su trabajo de fin de carrera, en 2021. Tampoco lo tenía previsto el ministro del interior francés, Bruno Le Roux, que, en 2017, había contratado a sus hijas como asistentes parlamentarias durante el verano, a pesar de que la ley francesa aún permitía contratar familiares. Ni Peter Magnus Nilsson, que en 2023 dimitió como jefe de gabinete del primer ministro sueco por haber pescado anguilas sin licencia y negarlo a las autoridades cuando lo descubrieron. La cultura de la dimisión está muy extendida en los países nórdicos y centroeuropeos y contrasta con la actitud que adoptan los políticos del sur de Europa.Un claro ejemplo de esta resistencia son los presidentes del gobierno español en un contexto en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene en el cargo a pesar de los casos judiciales que rodean a su partido y las constantes exigencias de dimisión por parte de los partidos de la oposición, algunos hasta ahora socios parlamentarios. Sánchez, sin embargo, no es la excepción. Mientras que el Reino Unido, en diez años, ha visto pasar seis primeros ministros por el número diez de Downing Street, en 51 años de democracia española solo el primer presidente español, Adolfo Suárez, renunció a su cargo.Esta misma inercia se traslada a los políticos catalanes. Precisamente estos últimos meses se ha vuelto a oír con fuerza la palabra dimisiónen boca de los partidos de la oposición y también de los colectivos de maestros que se manifiestan contra el Gobierno: han señalado a la consejera de Interior, Núria Parlon, y al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como a la titular de Educación, Esther Niubó, de quien la oposición ha exigido que dimita ahora por el error en las pruebas PISA.

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, rectifica y acepta ahora estudiar el incidente de nulidad que planteó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado ha admitido parcialmente la petición sobre una posible vulneración de algunos de sus derechos. En su momento, Calama rechazó el incidente de nulidad de la causa porque había presentado el escrito "fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso a las actuaciones". Ahora, sin embargo, el juez ha comprobado que algunas de las resoluciones que pide que se anulen le fueron notificadas más tarde y, por lo tanto, el plazo no habría vencido para todas.

El juez mueve ficha para radiografiar los presuntos pagos que hizo el PSOE a Leire Díez en el marco de las supuestas maniobras instigadas para desestabilizar y obstaculizar causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. Santiago Pedraz quiere profundizar en la sospecha de que una serie de facturas abonadas por el partido sirvieron para sufragar la actividad de la conocida como fontanera del PSOE de forma encubierta. El magistrado de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Guardia Civil –avalada por la Fiscalía Anticorrupción– y ha requerido información a doce bancos sobre los movimientos y los saldos de 81 cuentas que tienen relación con la causa. Seis de ellas son del PSOE. Además, hay 62 de Ismael Oliver y de su bufete de abogados, once vinculados con Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, y una de Jacobo Teijelo, que es uno de los abogados de Santos Cerdán.

La entrada masiva de migrantes a Ceuta y que ya se ha saldado con la vida de decenas de personas, supera con creces la que se vivió en el año 2021. "Es una violación de la integridad territorial de España", ha sentenciado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, este viernes en una comparecencia desde la ciudad autónoma, a donde se ha trasladado de urgencia con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Ceuta es una ciudad española y los hechos de ayer merecen todo el rechazo y condena", ha añadido el presidente español. Una de las preguntas que sobrevuela desde este jueves es qué hay detrás de esta crisis sin precedentes. Y aquí el gobierno español ha evitado que se derive una crisis diplomática con Marruecos, país desde donde han salido nadando los miles de migrantes que han entrado en Ceuta. Sánchez lo ha atribuido únicamente a "mafias que trafican con jóvenes" y no ha dado pie a nada que se pudiera interpretar como un reproche hacia el régimen marroquí. Al contrario, ha elogiado la "cooperación" con las autoridades del país alauí en el retorno de las personas.

Salvador Illa llega al ecuador de mandato con la estabilidad que buscaba, con sus primeros presupuestos, pero cierra el curso político sin ser capaz de apaciguar una de las crisis que arrastra desde hace meses: la educativa. De hecho, el conflicto con los docentes se ha agraviado en los últimos días a raíz del fiasco de las pruebas PISA, pero el president de la Generalitat ha vuelto a reafirmar su confianza en la consellera de Educación, Esther Niubó, y ha asegurado que el Govern llegará hasta el final para saber qué ha pasado. Pese a la crisis, Illa ha presumido de la marcha del país y ha puesto el nuevo modelo de financiación como una "prioridad" para su mandato. De hecho, ha confiado en mantener la confianza de los socios hasta el final de la legislatura y ha asegurado que no prevé hacer ningún otro cambio de conseller después del relevo de la titular de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.

No muy ruidosos, pero los tambores electorales empiezan a oírse. Las elecciones al Parlament de Catalunya todavía están lejos en el calendario, pero en 2027 viviremos un primer test en las municipales y, quién sabe, quizás podría haber elecciones legislativas en el Estado más pronto de lo esperado. Mientras tanto, las encuestas que se van publicando empiezan a mostrar algunos movimientos de fondo importantes. Uno de estos es la progresiva bajada de Junts, señalada por múltiples sondeos. En los comicios de mayo de 2024 Junts obtuvo la segunda posición, con el 21,59% de los votos, mientras que en la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió las estimaciones le adjudicaban entre el 11 y el 13% de los sufragios (y una pérdida de unos 18 escaños).

Alianza Catalana inició la semana con la moral por las nubes después de que una encuesta deEl Periódico la situara como segunda fuerza en las próximas elecciones al Parlament. La formación islamófoba acaba la semana, sin embargo, con una nueva polémica relacionada con la gestión en la alcaldía de Ripoll que la ha puesto en el ojo del huracán: la contratación de la hija de Sílvia Orriols como interina de la policía local. Ahora la polémica no gira en torno a si su hija, Guinadell, reunía los méritos para la plaza, sino sobre si el procedimiento ofreció suficientes garantías de imparcialidad ante un posible conflicto de intereses.

Hay que remontarse a mayo de 2021 para ver imágenes de una entrada tan grande de personas migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta en pocas horas. Entonces el choque diplomático entre Rabat y el Estado dio lugar a la llegada en solo dos días de 8.000 migrantes –entre ellos muchas familias con niños pequeños– nadando hasta la costa de la ciudad autónoma.

Desde Navaluenga, en Ávila, una de las provincias donde el fuego ha quemado sin control los últimos días, el presidente español, Pedro Sánchez, insistía este jueves en la unidad política "en la respuesta, en la prevención y la reconstrucción" de las zonas afectadas por los incendios, y volvía a ofrecer "la mano tendida del gobierno de España" para llegar a "un acuerdo de país" en materia de emergencia climática, una cuestión que considera primordial ahora mismo. Es decir, como ha hecho en las últimas intervenciones públicas, Sánchez volvía a poner sobre la mesa el Pacto de Estado ante la Emergencia Climática: un plan presentado en septiembre de 2025 y ampliado en diciembre con 15 ejes y 80 medidas que hasta ahora no ha conseguido ver la luz por falta de consenso político.

La Comunidad de Madrid ha decidido deshacerse ahora del ático de 485 metros cuadrados que compró como "oficina temporal" para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según ha informado el gobierno madrileño este miércoles al mediodía tras celebrar su consejo de gobierno. Tras 24 horas de polémica desde que se hizo pública la compra del inmueble a raíz de una información deEl País, el gobierno de Ayuso ha decidido incluir este ático en la venta de cuatro inmuebles de su propiedad situados en la Gran Vía de Madrid.