La polémica está asociada al nombre de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, hace años que de esto ha hecho su particular estrategia política, pero su último viaje a México seguramente ha superado todas las expectativas. Un viaje oficial que, por un lado, ha puesto en entredicho el proceso de reconciliación entre España y el país presidido por Claudia Sheinbaum después de años de congelación de las relaciones; y, por otro, ha incendiado la política y la sociedad mexicana hasta el punto de que el equipo de Díaz Ayuso decidió marcharse antes de tiempo del viaje oficial. Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por culpar de ello al gobierno español y al mexicano: "Hemos tenido que desaparecer. Estábamos en peligro".

La relación de la Iglesia católica con la extrema derecha no pasa por un buen momento a pesar de que compartan valores ultraconservadores en asuntos como el aborto o el concepto de familia. Se ha evidenciado recientemente con el choque de León XIV con Donald Trump por la guerra de Irán o con la discrepancia entre los de Santiago Abascal y la Conferencia Episcopal Española (CEE) en inmigración. Mientras que Vox rechaza la regularización impulsada por el gobierno español y reivindica la "prioridad nacional", los obispos españoles la defienden y, de hecho, el Papa centrará parte de su visita al Estado en poner el foco en la acogida de inmigrantes con una parada en las Islas Canarias. Ahora bien, en un desayuno informativo este martes protagonizado por el presidente de la CEE, Luis Argüello, se ha vislumbrado un deshielo de las relaciones con Vox. Con los dirigentes Ignacio Garriga y Pepa Millán sentados en la mesa principal, Argüello ha mostrado predisposición desde la tribuna a reunirse con Abascal.

Los filósofos Jordi Corominas y Joan Albert Vicens hacen un llamamiento a combatir el ascenso de las derechas radicales con su ensayo Extrema dreta. Què ens hi juguem? (Eumo), donde aportan argumentos para debatir los planteamientos ultras.

La Comunidad de Madrid "va muy bien" y se reivindica como "el motor económico de España". Sin embargo, según el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, este escenario positivo se produce "a pesar de" el ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de la consejería de Economía y Hacienda madrileña denuncian ""la asfixia" a la que, a su parecer, los tiene sometidos el Estado. Desde 2019, cuando Ayuso tomó las riendas del gobierno regional, la "deuda consolidada" del gobierno español con Madrid ya asciende a 12.367 millones de euros, según el cálculo del equipo de Ayuso. "El gobierno del señor Sánchez tiene secuestrados los dineros de los madrileños que van a cuestiones tan importantes como la sanidad, la dependencia o la educación", sostiene en declaraciones a la prensa la consejera Rocío Albert, encargada de los asuntos económicos de Madrid.

"Confiamos en la remontada". De esta manera la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha salido al paso este lunes de todas las encuestas publicadas que apuntan a una derrota histórica de los socialistas en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo. "No nos desmovilicemos, al revés", ha añadido, y ha asegurado que hay "mucha gente preocupada por los servicios públicos" que confiará en María Jesús Montero para cambiar el modelo que ha instaurado el PP en las últimas dos legislaturas. "Jugaremos hasta el final, se vota el 17 de mayo y es la encuesta que vale", ha sentenciado.

Desde que dos agentes de los Mossos d'Esquadra se camuflaron en una asamblea de profesores donde se trataban las futuras huelgas en el sector educativo —una acción que ha generado duras críticas de los partidos de la oposición—, la consejera de Interior, Núria Parlon, se había limitado a dar apoyo a la policía catalana y a secundar las explicaciones que ha ido dando el cuerpo policial. Este lunes, sin embargo, ha ido un poco más allá: ha anunciado que en las próximas horas se valorará "la oportunidad y la proporcionalidad" de esta actuación policial, que ha coincidido con un período de movilizaciones de los docentes para forzar una nueva negociación con el departamento de Educación para la mejora de las condiciones laborales del colectivo.

Después de casi seis meses, el juicio del caso Pujol llega –ahora sí– a la recta final, y si los pronósticos optimistas del tribunal se cumplen el jueves quedará visto para sentencia. Este lunes han terminado las declaraciones de los acusados, con los cuatro empresarios que quedaron pendientes hace diez días. A las ocho y media de la mañana los abogados mantenían una distendida tertulia futbolística mientras esperaban que les dejaran entrar. Y, entre bambalinas, periodistas y letrados aprovechaban los recesos para hacer quinielas sobre cuál sería el veredicto del fiscal. Finalmente, Fernando Bermejo ha optado por mantener las peticiones de pena de prisión que solicitó la Fiscalía Anticorrupción inicialmente: 29 años para Jordi Pujol Ferrusola, 17 años para Mercè Gironès –su exmujer–, 14 años para Josep Pujol, 8 años para sus hermanos y 5 años para los nueve empresarios. "Si no ha habido sentido común hasta ahora, ¿por qué lo habrá ahora?", se preguntaba un rato antes uno de los abogados. Y otro aconsejaba excluir a los empresarios que no tienen nada que ver con obras públicas: "Entre privados, es mucho más difícil mantener la acusación, y el filtro del Supremo no es fácil de superar", avisaba, pensando ya en un posible recurso. Pero el fiscal ha seguido adelante.

Desde hace unas semanas el Govern y Esquerra negocian con discreción los presupuestos que descarrilaron en marzo. Las dos partes decidieron darse una segunda oportunidad para intentar llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de verano y, tras múltiples encuentros y grupos de trabajo, según ha podido saber el ARA socialistas y republicanos en Barcelona y en Madridhan desencallado dos cuestiones que allanan el terreno para las cuentas. Si una parte del Cuarto Cinturón (por carretera) fue lo que desencalló los presupuestos del 2022 del Govern de Pere Aragonès, el eje orbital ferroviario, una especie de Cuarto Cinturón ferroviario, es lo que parece encarrilar las primeras cuentas de Salvador Illa. Se trata de la red ferroviaria para conectar la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona.

Investigar judicialmente la operación Cataluña se ha convertido en una utopía. En los últimos años, víctimas de la policía patriótica han hecho de tripas corazón para llevar a los tribunales a la cúpula de las cloacas del Estado, pero han chocado permanentemente contra una pared. La respuesta siempre ha sido la misma: los hechos no son delito y se basan en noticias de prensa, a pesar de los elocuentes audios que dan fe. En las últimas semanas, sin embargo, se han abierto dos ventanas de oportunidad, a pesar de que las posibilidades de que prospere una investigación continúan siendo escasas. De hecho, hasta ahora, el único condenado por la operación Cataluña ha sido Eugenio Pino, que fue director adjunto operativo (DAO) de la policía española, por el famoso USB del hijo mayor de Jordi Pujol.

La presencia de dos agentes de la policía camufladas en una asamblea de maestros ha terminado de enrarecer las relaciones ya de por sí tensas entre el Gobierno y los docentes. La consellera de Educación, Esther Niubó, ha negado, sin embargo, que ella haya encargado "ningún informe" a los Mossos sobre la estrategia negociadora de los maestros y ha garantizado que durante la semana que viene será la consellera de Interior la que dará "todas las explicaciones" pertinentes. En una entrevista a Rac1, Niubó ha preferido no opinar sobre la infiltración policial y se ha limitado a mostrar su confianza tanto en los Mossos, como en su director general, Josep Lluís Trapero, el principal señalado por los partidos de la oposición.

El gen convergente rebrota dentro de Junts en pleno proceso para enderezar el partido y sus bases ideológicas, pero hay un sector juntero que todavía se autoidentifica como izquierdas. Esta situación está provocando tensiones internas, tanto en el ámbito nacional como en el local, y fuentes consultadas por el ARA explican que hay una parte de los dirigentes de la formación que consideran que ha llegado el momento de prescindir de esta corriente e incluso hay quienes abogan por acabar con todas las corrientes que conviven en el partido y canalizar los matices desde la unidad. Ahora mismo, pero, no es un escenario viable, porque no se esperan giros del expresidente Carles Puigdemont. Pero, ¿cuál es la influencia de la izquierda en Junts?

La elección de magistrados para ocupar puestos relevantes de la judicatura siempre está asociada a la batalla política o, como mínimo, al tira y afloja entre conservadores y progresistas. La composición del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acostumbra a ocupar primeras planas de la prensa, mientras que la elección para estar en instancias internacionales suele pasar a un segundo plano. Ahora no es el caso: hay abierta una batalla por el proceso de selección del juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la actual, la conservadora María Elósegui, se le acaba el mandato en marzo de 2027 y el proceso que ha puesto en marcha el gobierno español ha generado controversia entre los candidatos: lo ha impugnado un vocal del CGPJ propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, y, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, no ha sido el único, ya que otros aspirantes también lo han hecho o han verbalizado su intención de hacerlo.

La respuesta corta al titular de esta noticia es no. La larga, admite matices, como por ejemplo, ¿con cuánto dinero e infraestructura cuenta el político o el partido que quiere manipular las elecciones? Para alterar los resultados, solo hay una opción remotamente viable y no es precisamente la que insinúan desde hace días tanto Vox como Isabel Díaz Ayuso. La vía sería la de comprar suficientes diputados electos para cambiar los resultados electorales. Pero, claro, el pucherazo sería extremadamente difícil de ocultar. ¿Se imaginan diez diputados del PSOE o del PP votando en contra de su candidato?

Hace justo un año el portavoz del PSC en Tiana, Miquel Santiago, comunicaba que presentaba su dimisión. La decisión tomó por sorpresa a la agrupación local, que tenía previsto que él fuera el candidato en 2027 después de haber sido el número 2 en los anteriores comicios y que el cabeza de lista dejara el cargo por los malos resultados en las urnas, que ratificaron la victoria de una formación independiente, ahora por mayoría absoluta. Poco se imaginaban los socialistas de esta localidad del Maresme que un año después Santiago se propondría para ser el cabeza de lista de Aliança Catalana, un partido en las antípodas de sus postulados.

Quizás penséis que alguien se ha equivocado al mezclar en el título de este artículo la próxima visita del Papa a España con el episodio del barco en el que se han detectado casos de hantavirus, que han provocado la muerte hasta ahora de tres personas. Pero la decisión de relacionar estos dos hechos es totalmente voluntaria, aunque se trate de cuestiones de muy diferente significación. Estamos esperando los mensajes de León XIV con mucho interés, diría que más que nunca en los últimos años de viajes papales, seguramente por la singularidad del momento que vivimos en Occidente y, más ampliamente, en todo lugar por la etapa de cambios e incertidumbres que atraviesa la humanidad. El pontífice se ha situado –o lo hemos situado– en el centro de la atención mundial, como una voz que la inmensa mayoría quiere escuchar para sentirse reafirmada en sus deseos de progreso, paz y bienestar social. Está claro que siempre ha habido conflictos y peligros –incluso guerras abiertas, como la de Ucrania–, pero la toma de conciencia sobre hasta qué punto estamos dando pasos atrás es más intensa y reciente. Está ligada a la errática forma de conducirse la administración norteamericana bajo la dirección de su presidente, Donald Trump, y a las consecuencias de su manera de actuar.

Quien tomara la decisión de camuflar a dos agentes de paisano entre los maestros que se reunían en el Institut Pau Claris no calculó los efectos que su descubrimiento tuviera, en plena crisis del Govern con los sindicatos mayoritarios de los docentes. Los socios de Salvador Illa apuntan indefectiblemente hacia el director de la Policía, Josep Lluís Trapero, como responsable y exigen su cabeza. Este sábado tanto ERC como Comuns, imprescindibles para la gobernabilidad, han elevado la presión hacia el ejecutivo socialista, que a partir del martes debe afrontar una nueva serie de huelgas en las escuelas e institutos públicos. "Si el director general no quiere dimitir, le tocará al president de la Generalitat cesarlo", ha subrayado el líder de ERC, Oriol Junqueras, desde Tàrrega. La líder de Comuns, Jéssica Albiach, también ha pedido su destitución porque "la infiltración traspasa todas las líneas rojas".

El piragüista Saúl Craviotto (Alpicat, 1984) dio el viernes el pregón de las Fiestas de Mayo de Lleida a puerta cerrada por el rechazo de una parte de la sociedad civil a su elección. Básicamente porque Craviotto, el deportista del Estado con más medallas olímpicas –con seis–, ya era agente de la Policía Nacional antes de convertirse en un icono deportivo y se posicionó en contra del referéndum y a favor de la aplicación del artículo 155 avalando la represión policial del 1-O. Con este currículum, una veintena de partidos y entidades reclamaron sin éxito que se buscara un sustituto, pero el alcalde Fèlix Larrosa replicó que era "un ejemplo de valores".

Xavier Antich (la Seu d'Urgell, 1962) llega a la redacción de el ARA justo estrenada la votación de los socios para elegir la nueva junta de Òmnium Cultural y en qué él se presenta a la reelección con una candidatura transversal del catalanismo y sin rivales.¿Qué le ha llevado a presentarse a la reelección en un momento en que hay debate sobre si hay que renovar liderazgos?

Al día siguiente de las elecciones andaluzas del 17 de mayo se "reiniciará el proceso de cesión fiscal y de privilegios al independentismo catalán". Esta es la tesis de Juanma Moreno, candidato del PP, desplegada durante la primera semana de campaña electoral en Andalucía. Y eso que, tal como publicó este diario hace menos de un mes, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, hasta ha cerrado la puerta a la recaudación total del IRPF. Sin embargo, este argumento sirve a Moreno para defender que hace falta un gobierno "fuerte" y "estable" para "enfrentarse a esta injusticia". Vox también recurre a Cataluña, utilizando el viejo argumento del agravio comparativo entre catalanes y andaluces contra la candidata del PSOE, María Jesús Montero, predecesora de España al frente de la Hacienda española. De hecho, la hipótesis que alimentan las derechas es que el PSOE engaña temporalmente a los andaluces para no perjudicar a Montero en la carrera electoral. También le reprochan el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con ERC, que aseguran que perjudica a Andalucía, a pesar de que sumaría casi 5.000 millones de euros anuales más, cuando Moreno pedía 4.000, al menos hasta finales del año pasado.

Isabel Díaz Ayuso, acorralada por las críticas, ha decidido regresar antes de lo previsto de su viaje oficial a México. En un comunicado, el gobierno madrileño atribuye la decisión de anular el último tramo –aún quedaban cuatro días de ruta– al "boicot" del gobierno de la progresista Claudia Sheinbaum, a quien la presidenta madrileña se ha enfrentado durante su estancia. "La presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del estado español, la cultura y la libertad de empresa y expresión", asegura la Comunidad de Madrid.