Todos estamos de acuerdo en que es inaceptable que haya personas que son detenidas cientos de veces por cometer hurtos y pequeños robos y que después siguen actuando con impunidad en nuestras calles. Comprensiblemente, esta realidad genera frustración, desconfianza y una percepción de fracaso tanto del sistema policial como del judicial que siempre acaba siendo utilizada por quienes no dudan en instrumentalizarlo para sacar rédito político.

Los escándalos en torno al PSOE, de corrupción y relativos a conductas de acoso machista, aparte de ser muy preocupantes porque cuestionan la probidad del sistema político y minan la credibilidad de la ciudadanía, auguran una alternancia cada día más probable a favor de la derecha ultramontana. A este contexto hay que añadir las decisiones judiciales incompatibles con el estado de derecho, por así decirlo finamente. Algunos expertos, como el ex magistrado José Antonio Martín Pallín, han hablado abiertamente de golpes de estado judicial. El episodio más grotesco últimamente ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tras una instrucción de muy bajo nivel. Los cinco magistrados que votaron a favor de la condena pertenecen al sector más conservador de la judicatura.

La saturación en los juzgados de Barcelona alarga la espera para un juicio rápido, que por ley debería celebrarse en un margen de quince días, a más de dos años y medio. Ahora mismo los juicios rápidos por causas penales en la ciudad se están programando para 2026. Para la juez decana de Barcelona, ​​Cristina Ferrando, la situación es alarmante y preocupante en todos los juzgados de lo penal, pero especialmente en las vistas rápidas, dado el cuello de botella de causas que entran y las que los juzgados pueden asumir.

Tras muchos meses de discusión y una tramitación procelosa, la ley de amnistía ya tiene abiertas las puertas del BOE. Es, sin duda, el final de un proceso difícil, pero también el inicio de otro nuevo. Porque las leyes, por muy cerradas que aparezcan y por muy bien escritas que estén no se aplican solas. Es necesario el acto de voluntad de un juez que lo ordene.

Si no lleváramos ya tiempo asistiendo a una retahíla de decisiones demasiado cuestionables por parte de algunos –pocos– jueces, que un presidente del gobierno dijera lo que dijo el lunes podría sonar a intervencionismo del poder ejecutivo sobre el poder judicial; es decir, a romper la separación de poderes, que es la principal base de las democracias junto con la protección de los derechos fundamentales, que deriva en parte de esa misma separación.

Cuando salió la sentencia contra Dani Alves tuvimos que alegrarnos porque, según nos decían, aunque la pena fuera mínima, era ejemplar. Porque, según nos decían, habiendo demostrado que no había habido consentimiento se enviaba un mensaje global contra la impunidad del violador, fuera quien fuera y viniera de dónde viniera. Pero la alegría, que también era muy mínima, nos ha durado poco. Que ahora Dani Alves pueda pagar un millón de euros de fianza para salir de prisión, pese al riesgo de fuga que conlleva y sin haber cumplido la mitad de la pena, es otra decisión judicial que indigna a buena parte de la sociedad. Con razón. Por más acostumbradas que estemos a gestionar las migajas, no podemos evitar volver a sentir rabia e impotencia cada vez que nos adormecen otra fría. Y aunque es bueno que nos sintamos así, porque no debemos acostumbrarnos de ninguna manera, ¿qué podemos hacer cuando la frustración con el sistema aparece sistemáticamente? ¿Qué hacemos con el mensaje que nos están dando?

Democracia española: en algunos ámbitos, habría que volver a empezar. Realizar una segunda Transición. Sobre todo en aquellos ámbitos más necesitados de superar el estadio predemocrático y preliberal en el que todavía se encuentran. Lo flagrante es el ámbito del poder judicial.

El Harlem Shake fue una broma transcultural que inundó las redes sociales allá por el año 2013. El modus operandi era como sigue: vemos en vídeo a una persona enmascarada que baila el tema “Harlem Shake” de Baauer junto a la voz del rapero puertorriqueño Héctor el father al que se escucha decir: “con los terroristas”. Nuestro solitario enmascarado baila solo durante unos 15 segundos mientras le rodean personas que, aparentemente, le ignoran. De pronto hay un cambio de ritmo en la música y toda una multitud disfrazada baila durante otros 15 segundos. La gracia que convirtió la broma del Harlem Shake en un éxito viral (¡hasta en La Tuerka hicimos una!) se debe al contraste entre las dos escenas.

La etapa de diálogo que se han propuesto abrir los gobiernos de Pere Aragonès y Pedro Sánchez es vista con buenos ojos desde Bruselas. Durante la elaboración del informe sobre la salud de los sistemas judiciales de cada estado de la UE, los técnicos de la Comisión Europea se han topado con menos quejas y observaciones relacionadas con el conflicto entre Catalunya y el Estado que el año pasado, y fuentes comunitarias interpretan el descenso como "normal" después de observar "con satisfacción" cómo el conflicto "al menos se está encarrilando". Bruselas continúa repitiendo por activa y por pasiva que este es un "asunto interno español" pero constata la distensión, sobre todo a raíz del indulto a los presos políticos y que también quiere venir desde Catalunya. El Govern de Aragonès tiene como una de sus prioridades rehacer puentes en Bruselas, restablecer el diálogo perdido desde el inicio del Procés y recuperar el contacto con las instituciones.

Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria e Italia. Son, por este orden, los únicos cinco países de la Unión Europea que este 2021 registran una peor percepción entre sus ciudadanos que España en cuanto a su independencia judicial. El Estado ha retrocedido tres posiciones respecto al año pasado en el último informe sobre la situación de los sistemas judiciales en toda la Unión. Un 50% de los ciudadanos españoles tienen una percepción "bastante mala o muy mala" de la independencia de los tribunales y jueces del país, principalmente por las interferencias o presiones por parte del gobierno o de los políticos. El año del juicio del 1-O, España todavía retrocedió más, hasta la quinta peor posición del ranking.

Usted, ¿me puede explicar por qué la arrastró hasta una habitación y la violó? ¿Me puede decir, para que yo lo pueda entender, qué le pasaba por la cabeza para penetrarla vaginalmente y obligarla a hacerle una felación? ¿Usted cree que puede hacer con una mujer lo que le plazca? ¿Quién se piensa que es? ¿Qué derecho se cree que tiene sobre una persona para obligarla a hacer algo? ¿Qué le habría hecho si ella hubiera intentado huir? ¿La habría matado? ¿Le habría lanzado ácido al rostro? ¿La habría quemado viva? ¿Sabe que ella no podía huir porque estaba muerta de miedo y temía que si se defendía la matarían? ¿Cree que era exagerado que pensara que un hombre como usted la podría matar? ¿Cree que tenía alguna posibilidad de huir sin recibir por parte suya una respuesta violenta? ¿No había ningún límite en el mal que le infligía? ¿Es capaz de pensar en algo más que en usted y su órgano sexual? ¿Nos puede decir si piensa que en su cerebro hay algún límite que nos tranquilice a toda la sociedad para no dejarlo nunca más salir a la calle? ¿Le gusta ir de fiesta? ¿Cómo se viste cuando sale? ¿Por qué no paró de violar, de vejar, de abusar? ¿Me puede dar alguna razón que me genere alguna empatía por alguien como usted? ¿Por qué no paró? ¿Por qué empezó? ¿Qué haría usted si lo rodearan, lo amenazaran, lo violaran, lo agredieran? ¿Cree que sobreviviría? ¿Cree que si sobreviviera, después de dos años, querría volver a explicar cómo lo violaron, cómo lo agredieron? ¿Cree que después de haber explicado los hechos a unos y otros lo querría volver a repetir y querría encontrarse de nuevo con sus verdugos? ¿Querría que una persona que no conoce de nada cuestionara si podía haber evitado una violación múltiple y que insinuara, porque siempre se insinúa, que hay una provocación previa? ¿Por qué la violó? ¿Por qué miraba mientras violaban a una persona? ¿Por qué participó de aquel hecho? ¿Considera que una mujer no es nada más que un trozo de carne? ¿Se considera culpable de algo?

Lo ha hecho, ha confesado unos hechos que no ha cometido. Peor todavía, ha asumido pagar una cuantiosa indemnización por la reparación de los daños de una furgoneta policial que no ha dañado y una indemnización por las lesiones de un agente que se cayó mientras lo golpeaba para detenerlo. Esta decisión duele en el alma de cualquiera: defender la propia dignidad y la verdad, o claudicar y comprar seguridad. Esta confesión engrosará las envenenadas estadísticas que el día de mañana serán usadas para demostrar que el sistema funciona: los cuerpos policiales redactan atestados, la Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen acusaciones en base a estos atestados y, finalmente, se dicta una sentencia que cierra el círculo y valida todo el engranaje. Una vez cerrado el acuerdo, se hará un juicio, denominado de conformidad, que se reduce a que las acusaciones rebajan la pena para asegurar un no ingreso en prisión, a cambio de la admisión de los hechos y de la pena por parte de la persona encausada. Nuestra confesión servirá para demostrar que los agentes policiales detuvieron a quien correspondía, que la Fiscalía y las otras acusaciones también acusaban a quienes correspondía y que la sentencia ha condenado a quien era culpable. ¿Qué muestra más indudable hay que una confesión para demostrar la culpabilidad de alguien?