"Nada de crisis de gobierno y nada de Santos [Cerdán] fuera del PSOE", "De Santos nada de nada. Nos encontraremos un audio hablando sobre obras, pero nada de contraprestaciones". Solo 24 horas antes de conocerse el informe de la Guardia Civil y la casi imputación del ex número 3 del PSOE en el Tribunal Supremo, varias fuentes de la Moncloa cerraban filas y se mostraban convencidísimas de que la mano derecha de Pedro Sánchez en Ferraz estaba limpio. "Estamos muy tranquilos", insistían. ¿Cerdán engañó hasta el último instante a todo su partido? ¿Aseguraba que no debía defenderse de nada porque no imaginaba que Koldo García había estado más de cuatro años grabando conversaciones en secreto? Ésta es la versión que Pedro Sánchez plantea para sobrevivir al caso Cerdán, el duro golpe de una legislatura contaminada por la acción en los tribunales hasta puntos insospechados, ya sea por la legítima fiscalización de una corrupción endémica o por las tentaciones de hacer política desde la judicatura.

El psicólogo Florian Kaiser habla del "decir que no como último bastión de la libertad de decisión". En el Kurier austríaco, Guido Tartarotti describe el fenómeno de la época anterior a los navegadores en coches y móviles: cuanto más tiempo se lleva yendo en la dirección equivocada, menos predisposición se tiene a dar media vuelta –incluso si cada vez hay más y más dudas sobre el camino elegido—. El motivo: se ha invertido tanto tiempo, nervios y combustible, 'y todo esto no se puede perder a lo loco! El efecto es conocido en psicología y por el mismo motivo hay personas que se aferran a relaciones personales tóxicas y que les hacen infelices, ven una película mala hasta el final o siguen fieles a su grupo de música, incluso cuando ya hace tiempo que el cantante ha perdido la voz. Lo mismo es aplicable a los antivacunas: cuantas más pruebas hay de que se equivocan, más tercos son. En Catalunya, muy bien podríamos hablar de los partidarios de la República de Ítaca. Es más fácil repartir premios al botifler del año que reconocer que el largo camino no lleva a ninguna parte. A finales del 2017 Laura Fàbregas reflexionaba en The Objective sobre "la traición". "Mi pueblo tiene un alcalde de la CUP [...] y mi patria sentimental es Catalunya, [...] pero no soy independentista". Desde otros lugares de España se nos pregunta "¿Por qué habéis tardado tanto tiempo a hablar?" Pero es que con las políticas identitarias y con el nacionalismo una persona se siente "parte de un colectivo, se siente catalana", y entonces "es muy difícil debatir desde los sentimientos; no hay un punto de encuentro, porque cada cual tiene los suyos y todos son legítimos".

Ya hace 28 meses que hay políticos independentistas en diferentes países de Europa sin que la justicia española haya conseguido extraditarlos y juzgarlos ni por rebeldes, ni por sediciosos ni por malversadores. Después de todo este tiempo, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y también Marta Rovira y Anna Gabriel continúan en libertad fuera de España. Y no es que las autoridades españolas no hayan intentado evitarlo. Ya se pueden contar dos órdenes europeas de detención frustradas y una tercera que, a la espera de una nueva decisión esta semana, cuelga de un hilo. ¿Cómo se explica?

No es el poder judicial, pero se comporta de una manera similar. Del mismo modo que, durante tiempo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lanzó todo tipo de comunicados contra el exvicepresidente segundo y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, por haber cuestionado las decisiones judiciales, el Tribunal de Cuentas ha querido decir la suya este jueves en contra de las críticas constantes en los medios por la politización de sus consejeros, a las que se ha sumado los últimos dos días el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionando directamente el rol de Margarita Mariscal de Gante, que juzgará la acción exterior del Govern de 2011 a 2017 y que fue exministra de Justícia de José María Aznar y es hija de un ex juez del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista.

El movimiento de placas tectónicas ha ido allanando la orografía para que el presidente español, Pedro Sánchez, pueda dedicar esta semana a defender los indultos de los presos políticos sin grandes resistencias. Primero fue el aval de ERC a la medida de gracia, pero se sumó el de la patronal española, el Cercle d'Economia y la Iglesia catalana, que fueron reaccionando en cadena al mensaje, lanzado en el mes de mayo desde La Moncloa, de que la voluntad era liberar a los dirigentes independentistas. La semana que arranca este lunes es importante para que el jefe del ejecutivo pueda controlar el relato de esta decisión, con el recuerdo del choque con el Estado y el encarcelamiento de los líderes soberanistas todavía fresco en la memoria de la ciudadanía de una y otra sensibilidad. La inicia con un acto en el Liceu en el que, bajo el título "Reencuentro. Un proyecto de futuro para toda España", Sánchez ha anunciado que mañana propondrá al consejo de ministros la concesión de los indultos. "El gobierno de España ha decidido afrontar el problema, buscar la concordia, por eso propondré los indultos en el consejo de ministros", ha dicho: "Queremos retomar el diálogo político".

El juzgado penal número 11 de Barcelona ha dictado la absolución de los cinco síndicos del 1 de Octubre por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. Jordi Matas, Marc Marsal, Tània Verge, Marta Alsina y Josep Pagès se enfrentaban a dos años y nueve meses de prisión a petición de la fiscalía, que mantuvo las acusaciones en el juicio que se celebró el 3 y 4 de marzo en la Ciutat de la Justícia.

La Fiscalía interpuso una querella contra los miembros independentistas de la anterior mesa del Parlament por admitir a trámite una resolución de respuesta a la sentencia del 1 de octubre -que también hablaba de la monarquía- y una moción sobre la autodeterminación impulsada por la CUP. Acusa de desobediencia a Roger Torrent (ERC), Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC) por no hacer caso de las advertencias del Tribunal Constitucional (TC), que les atribuye el deber de no tramitar resoluciones relacionadas con el Procés. Ahora bien, en los dos casos que han motivado la querella, la mesa evitó contradecir de forma explícita los requerimientos del Constitucional: suspendió el trámite de la resolución del 1-O cuando se lo indicó el tribunal y se acabó aprobando un texto diferente del original; y en el caso de la moción de la CUP se aceleró el pleno del Parlament para aprobar el texto antes de que llegara el aviso del TC.

Uno de los focos de tensión entre los socios del Govern en los últimos años se ha situado en el Parlament por la respuesta a la represión del 1-O. Ahora, ERC y JxCat quieren intentar evitar que se reproduzca pactando ya, con la CUP, la manera de responder a las causas judiciales pendientes. Y es que, si la legislatura anterior estuvo marcada por los tribunales, esta se vuelve a encontrar de inicio con riesgo de múltiples inhabilitaciones. Contando a la nueva presidenta, Laura Borràs, hay hasta seis investigaciones abiertas en los tribunales que afectan a nueve diputados independentistas y que en un momento u otro la mesa puede tener que abordar, ya sea por la apertura de juicio oral o por una primera sentencia de inhabilitación.

Dolors Bassa ha sido la primera de los presos políticos en salir de la cárcel este viernes, después de haber obtenido el tercer grado por segunda vez. "Salgo contenta y con empuje", ha dicho Bassa a las puertas de la prisión. La ex consellera de Trabajo y Asuntos Sociales ha hecho un llamamiento a la movilización: "Tengo ganas de decir a todo el mundo que se movilice, porque cada persona que se quede en casa es un voto que va al 155. Debemos votar, volver a ganar, demostrarles que las urnas nos vuelven a dar la razón". Bassa no forma parte de la lista electoral de ERC, aunque ha avanzado que participará en la campaña. Este primer fin de semana, sin embargo, lo dedicará a la familia.