La Generalitat ha destinado más de 60 millones de euros a ayudas a la industria en 2025, una inversión que ha beneficiado a 491 proyectos industriales y que ha movilizado capital privado por valor de 325,6 millones de euros, según ha informado este lunes el departamento de Empresa y Trabajo.

La prórroga del escudo social en vigor y que decae este 31 de diciembre comienza a tomar forma. Después de que el gobierno español anunciara que se mantendrán las ayudas actuales al transporte público, aunque no se sabe en qué medida ni por cuánto tiempo, EH Bildu ha cerrado un acuerdo con el ejecutivo de Pedro Sánchez para que también se mantenga todo el 2026 la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Hacía semanas que los movimientos sociales por el derecho a la vivienda presionaban para que esta medida aprobada durante la pandemia de la Covid-19 se mantuviera.

Uno de cada tres alumnos necesita apoyo educativo. Éste fue el principal titular de este inicio de curso. Una afirmación impactante que muestra uno de los mayores retos de la escuela catalana, pero que también hay que desgranar para poder abordar. ¿Qué significa exactamente que un alumno necesita soporte educativo?

Elsa Cabanas (Barcelona, 1961) hace 25 años, desde que murió su marido de cáncer, que cuida sola a sus dos hijos con discapacidad intelectual, Dani (Barcelona, 1980) y Ángel Naranjo (Barcelona, 1988). Los tres llegaron al barrio de Sant Andreu hace cuatro años procedentes de Les Roquetes. Pese a los obstáculos que la vida les ha puesto delante, las sonrisas y la positividad les acompañan durante la conversación con el ARA, que tiene lugar en su casa. También está presente Luna, una perrita que cumplirá cuatro años en julio. El día de la entrevista ha sido especialmente alegre para Ángel, que por primera vez ha conducido una carretilla.

El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde a la reforma de la ley de dependencia y de la ley general de derechos de las personas con discapacidad. Los cambios normativos que ha pilotado el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la batuta de Pablo Bustinduy, se aprueban en segunda vuelta, por lo que ya da el salto al Congreso de los Diputados. Entre las medidas destacadas se encuentra la eliminación de la incompatibilidad entre prestaciones y servicios para la dependencia.

Tras una negociación a contrarreloj entre PSOE y Junts, el gobierno español ha logrado encauzar un nuevo decreto con un total de "29 medidas" sociales y económicas. Con su aprobación en el consejo de ministros de este martes, dará el salto al Congreso de los Diputados, donde verá la luz verde definitiva. El nuevo paquete recoge un puñado de las medidas del anterior decreto, aprobado en diciembre y que descarriló la semana pasada en el Congreso de los Diputados, mientras que otros han quedado fuera. Aunque para conocer con precisión el impacto de la negociación habrá que esperar a la publicación del texto en Boletín Oficial del Estado, según lo que ha avanzado el gobierno español el nuevo documento queda así:

La ausencia de algunos conceptos en la actual ley de industria pone en evidencia los años que han pasado desde su aprobación. En concreto, treinta y dos. Las palabras descarbonización, digitalización, autonomía estratégica y transición verde no aparecen en el texto en vigor, lo que pone en evidencia lo desfasado que ha quedado, o al menos así lo ha argumentado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que este martes ha presentado el anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica. La futura ley ha sido aprobada en el consejo de ministros y ahora da el salto al Congreso de los Diputados, donde puede recibir modificaciones.

La Generalitat destinará 45,5 millones de euros a la formación de trabajadores y autónomos en temas de economía verde y digitalización, según ha anunciado este lunes el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent. Las ayudas consistirán en pagos de 5.000 euros a empresas y cooperativas con una plantilla de entre uno y cinco empleados.

Que la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus ha llevado a muchos ciudadanos al límite hace meses que se percibe. Ahora, sin embargo, los datos empiezan a cuantificar estas desigualdades de manera objetiva. Y uno de los efectos más evidentes es en el ámbito de la vivienda. El número de ayudas públicas de urgencia a familias para evitar que pierdan su piso se han duplicado este 2021 respecto al año anterior, según ha podido saber el ARA. Cuando todavía falta un mes para acabar el año, el Govern ya ha destinado más de 9,3 millones de euros a estas prestaciones, una cifra tres veces más alta que en 2020.

Casi un centenar de actividades económicas se podrán beneficiar de las ayudas directas aprobadas viernes por el consejo de ministros para ayudar a la solvencia de autónomos y empresas afectados por la pandemia del covid-19. Las ayudas, que van de los 3.000 a los 200.000 euros, se tendrán que destinar al pago de gastos fijos, deudas a proveedores y pago a acreedores financieros y no financieros, siempre que se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Para recibir estas ayudas la facturación de 2020 tendrá que ser como mínimo un 30% inferior a la de 2019. Los beneficiarios tendrán que mantener su actividad hasta al menos el 30 de junio de 2022, no podrán repartir dividendos ni subir el sueldo a sus directivos en dos años.

El gobierno español ya tiene terminado el paquete de 11.000 millones de euros destinados a evitar la quiebra de empresas por la pandemia que aprobará este viernes en un consejo de ministros extraordinario. Cuando se cumple un año del inicio de la pandemia, el ejecutivo –hasta ahora muy reticente a hacerlo– ha cedido a la presión para impulsar ayudas directas a las compañías y los autónomos más afectados, especialmente del sector turístico, de la hostelería y de la restauración.

A poco más de una semana de sellar un año de pandemia, la lectura de la situación económica de España tiene una de cal y otra de arena. La buena noticia es que la recuperación está cerca; la mala, que si no hay ningún cambio muchas empresas se quedarán por el camino. Así lo ha manifestado este miércoles el equipo económico de la patronal Foment del Treball, que se acoge al ritmo de vacunación para defender la visión optimista, pero lamenta que España vaya muy por detrás de sus socios europeos en las ayudas al tejido empresarial. A esta complicación suman, además, los daños que puedan suponer los disturbios a la imagen de Barcelona.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles desde el Congreso, donde ha hecho balance del actual estado de alarma, que el consejo de ministros aprobará las "próximas semanas" un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y autónomas. A su entender, es una "cantidad importante" de recursos para apoyar a sectores que crecían antes de la pandemia y ahora se encuentran en una "situación extremadamente difícil", como el turismo, la restauración, la hostelería y el pequeño comercio.

El Govern presentó este lunes un ambicioso plan de ayudas directas para afectados por ERTE, pymes y autónomos que tiene que servir para amortecer el terrible impacto que la pandemia está teniendo en la economía. Se destinarán 618 millones de euros en tres líneas principales: 600 euros para los afectados por un ERTE que cobren menos de 1.240 euros mensuales, 2.000 euros para los autónomos que hayan tenido un rendimiento neto en 2020 inferior a 17.500 euros, y 2.000 euros para las pymes por cada trabajador (con un máximo de 30.000 euros por empresa) a cambio de que mantengan el puesto de trabajo un año como mínimo. Se trata, en definitiva, de meter dinero en los bolsillos de los ciudadanos y del tejido económico con el objetivo doble de evitar la caída en la pobreza de personas que sin el virus tendrían trabajo y el cierre de empresas que serían también rentables sin las restricciones impuestas por la pandemia.