Las perfumerías catalanas San Remo bajan definitivamente la persiana. El pasado miércoles la empresa dio la orden de no abrir ninguna de las 25 tiendas que tiene en Catalunya –23 en Barcelona, ​​una en Sabadell y una en Girona–, y según explican en el ARA desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y ha confirmado el departamento de Trabajo de la Generalitat, ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTO) por fuerza de aprobación.

Hasta 412 empresas afectadas por la DANA ya han solicitado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTO) por fuerza mayor, lo que se traduce en 9.087 trabajadores beneficiados, según datos actualizados por el ministerio de Trabajo este lunes por la mañana. Esta es sólo una de las medidas que compañías y empleados tienen a su alcance mientras intentan reponerse de la catástrofe natural que, por ahora, ya ha provocado 223 muertes.

El gobierno español despliega un primer plan de choque económico para que familias, empresas y autónomos puedan afrontar las pérdidas materiales causadas por la DANA, sobre todo en la Comunidad Valenciana –se ha aprobado la declaración de zona catastrófica–, pero también en Castilla-La Mancha y Andalucía. Se trata de un plan destinado a los 78 municipios más afectados por la catástrofe y que supondrá hasta 10.600 millones de euros, según detalló el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, este martes al mediodía en una comparecencia ante los medios de comunicación .

"Lo hicimos durante la pandemia [de la cóvid-19], y lo volveremos a hacer [ante la DANA]". Con estas palabras, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a aquellos trabajadores, autónomos y empresas afectados por la catástrofe naturalezal. Díaz ha anticipado que el gobierno español está ultimando un "escudo laboral" con distintas medidas para que sea aprobado mañana martes en consejo de ministros, aunque ha recordado que muchas de las medidas tendrán carácter retroactivo desde el inicio de la DANA: " Las medidas tendrán eficacia jurídica desde el martes 29 de octubre", ha dicho Díaz en una declaración a los medios de comunicación este lunes por la tarde desde Valencia. De hecho, más allá de lo laboral, el ejecutivo de Pedro Sánchez también prepara medidas fiscales.

El período en el que un contrato de trabajo estuvo suspendido por un ERTO de fuerza mayor vinculado al cóvid-19 no se tendrá en cuenta a la hora de calcular una futura prestación por desempleo. Así lo resuelve el Tribunal Supremo a través de una sentencia publicada este lunes que pone punto y final a una batalla judicial entre algunos empleados y el Servicio Público de Empleo (SEPE), órgano que depende del ministerio de Trabajo.

Aire para los más de 100.000 trabajadores que continúan afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). El gobierno español ha consensuado con los agentes sociales –sindicatos y patronales– que los ERTE actuales vinculados al covid-19 se prorroguen durante un mes, es decir, hasta el 31 de marzo, para acabar de adaptarse al mecanismo que tiene que permitir transitar hacia los ERTE de la reforma laboral. Así lo han confirmado fuentes del diálogo social, después de la reunión de este lunes con el ejecutivo, y de hecho la misma ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya anticipó el viernes que daría un mes de margen a las empresas para adaptarse a los nuevos modelos. Además, el gobierno español ha decidido prorrogar hasta el 30 de junio los ERTE desplegados en las Islas Canarias después de la explosión del volcán de La Palma, así como el plan Me Cuida.

Los gestores administrativos de Catalunya han denunciado este miércoles que tres de cada cuatro afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) todavía esperan respuesta casi seis meses después de finalizar la campaña de la renta del 2021 de la Agencia Tributaria sobre la rectificación de su declaración, que en la mayoría de casos es “a devolver”. O dicho de otro modo, la mayoría pagaron de más o recibieron menos dinero del que les tocaba. Según los gestores administrativos, cerca del 70% de las declaraciones de la renta de trabajadores en ERTE se habían presentado de forma incorrecta, y apuntan la falta de datos actualizados por parte del Servicio de Empleo Estatal (SEPE), que depende del ministerio de Trabajo, como la principal causa de estos errores.

La reunión de este miércoles entre agentes sociales y gobierno español sobre la reforma laboral no ha acabado bien. El ejecutivo central ha trasladado a la mesa de negociación una propuesta sobre el diseño de los futuros ERTE permanentes, bautizados con el nombre de mecanismo RED en el nuevo texto que se está negociando. Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y las patronales lo han rechazado por "complejo" y han pedido al gobierno español que "reconsidere" su opción, apuntan fuentes de la negociación al ARA.

La pandemia ha tenido un impacto indudable sobre la desigualdad tanto en Catalunya como en el conjunto de España. No obstante, a diferencia de la anterior crisis -entre 2007 y 2013-, el impacto de la crisis en las rentas más bajas ha sido mucho más bajo, lo que se explica por las diferentes causas de las dos crisis, por una recuperación más rápida y por la respuesta agresiva de las administraciones públicas para paliar los efectos económicos de los confinamientos.

La inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat ha quedado oficialmente fuera del DORA II. Este martes, el consejo de ministros ha dado luz verde al plan quinquenal de Aena (lo tenía que hacer antes del 30 de septiembre), denominado Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 (DORA II), que recoge para el aeropuerto catalán unos 325 millones durante el quinquenio que dura el plan, según estima Aena. Gran parte de este dinero se destinará a la mejora de las instalaciones (250 millones) y una pequeña parte (75 millones) son inversiones no especificadas dentro del DORA II. Este es, por ahora, el desenlace de una inversión que desde el primer minuto ha estado marcada por los 'tira y afloja' políticos y que finalmente el gobierno español decidió suspender por la falta de consenso con la Generalitat.

“¡Me han cogido! ¡Empiezo el 5 de octubre!” Tanto en la página web como en los perfiles en redes de Tripulantes Aéreos (un portal para profesionales del sector) hace unos meses que han reaparecido de manera continua las convocatorias de compañías aéreas en busca de personal y los mensajes de los afortunados que se han reincorporado después de un año y medio de pandemia desastroso para la industria. A pesar de que las aerolíneas siguen lejos de sus niveles de actividad precovid y que este verano todavía no ha habido normalidad en los viajes internacionales, hay flotas que empiezan a revertir los recortes de ocupación que han sufrido desde el estallido de la emergencia sanitaria.

Una vez más, el diálogo social ha fructificado a última hora. El gobierno español y los agentes sociales han llegado a un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022. El texto final, que ha recibido bastantes modificaciones respecto al texto presentado este domingo, ya tiene el visto bueno de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, que valoran muy "positivamente" el texto planteado por el gobierno español, asó como de las patronales CEOE y Cepyme que a última hora de la noche lo han consultado y ratificado con sus órganos de dirección. Está previsto que el gobierno español los apruebe en el consejo de ministros de hoy martes.

La carencia de semiconductores y microchips que sufren las grandes automovilísticas y que en algún momento durante el último año las ha obligado a parar la producción, este miércoles ha llevado a Seat a plantear a los sindicatos un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que podría afectar a hasta 11.000 empleados, que son los que trabajan en el área de producción. Según ha confirmado la misma automovilística, el ERTE empezaría este mismo 27 de septiembre y se alargaría hasta el 30 de junio, es decir, 9 meses.

Núria Sánchez (nombre ficticio) empezó a trabajar en un bar cafetería del Eixample de Barcelona cuatro meses antes de que estallara la pandemia. Hacía 40 horas semanales pero su contrato solo era (y sigue siendo) de media jornada; por lo tanto, de los 1.000 euros que cobraba, la mitad eran, como se llama popularmente, “en negro” o en B. “Necesitaba trabajar después de estar siete meses en el paro, en casa se tenían que pagar facturas y cogí el trabajo a pesar de saber que la empresa no cumplía la ley”, explica.

Semana del 16 de marzo de 2020. Habían pasado solo tres días desde que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciaba que declaraba el estado de alarma por la irrupción del covid. Aquella semana el ejecutivo central presentaba un plan de choque para hacer frente al desastre económico que se veía a venir que provocaría la pandemia y que preveía, entre otros, la medida estrella de esta crisis: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Unos expedientes con los que las empresas se ahorran la mayoría de las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla y los trabajadores mantienen el trabajo cobrando un 70% del sueldo.

Desde este lunes y hasta el 15 de julio las personas que hayan estado en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a la crisis del covid y con suspensión total o parcial de su contrato al menos un día en mayo pueden pedir las ayudas de hasta 700 euros que ha activado la Generalitat. También pueden solicitarlas las que tengan un contrato fijo discontinuo que cobren una prestación extraordinaria.

La vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha incrementado su presión al presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, para aprobar este año mismo una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Díaz, en una entrevista a RNE, no se ha mordido la lengua y ha reclamado a Sánchez que tenga "la misma valentía" con la subida del SMI que la que ha tenido con los indultos a los presos del Procés.

El gobierno español propone crear un nuevo sistema de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) permanentes post-covid llamado Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo con trámites más simplificados, según han informado varios medios y han confirmado a la ACN fuentes conocedoras de la negociación. Este mecanismo se podrá activar en caso de imprevistos que impidan la actividad de la empresa y busca facilitar las reducciones de jornada y evitar los despidos.

El Govern ha querido escenificar este lunes una nueva etapa de relaciones con los agentes sociales con la firma de un acuerdo que prevé más de 1.000 millones de euros de ayudas directas a empresas, autónomos y trabajadores en ERTE o fijos discontinuos que se han visto afectados económicamente por la pandemia de covid-19. En un acto en el Palau de la Generalitat se ha firmado el acuerdo, presidido por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y con la presencia de los consellers de Economía y de Empresa, Jaume Giró y Roger Torrent; los presidentes de las dos principales patronales, Foment y Pimec, Josep Sánchez Llibre y Antoni Cañete; y los secretarios generales en Catalunya de CCOO y UGT, Javier Pacheco y Camil Ros.

Al día siguiente del acuerdo in extremis para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre, el gobierno español, los sindicatos y los empresarios han rubricado este jueves el pacto, horas antes de que el consejo de ministros haya aprobado formalmente la medida. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lo ha calificado de "equilibrado", porque mantiene un "elevado" nivel de las exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas más afectadas por la pandemia y a la vez aumenta los incentivos para que las compañías saquen trabajadores de los ERTE. "Nuestro objetivo es que todos los trabajadores se reincorporen en los próximos meses y volvamos a la normalidad cuanto antes mejor", ha dicho Escrivá.