La regularización extraordinaria de migrantes que los últimos días ha dejado colas interminables para conseguir los papeles llegará a miles de personas, pero hay rincones desde donde será casi imposible acceder a ellas. Por ello, esta semana el ministerio del Interior ha pedido a las prisiones que den facilidades a los presos preventivos que quieran hacer los trámites porque estos internos no están condenados y, por tanto, no tienen antecedentes penales que les veten la regularización. Además de los presos, sin embargo, hay otra parte de la población migrante para quien será más difícil pedir los papeles, los que están cerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En estos centros –hay 7 en España– hay personas pendientes de ser expulsadas del Estado por diferentes motivos y aunque la mayoría de los cuales no son penales, los expertos coinciden en señalar que tendrán dificultades para solicitar la regularización.

Los pactos del PP y Vox en Extremadura y Aragón han tenido un "caja o faixa" que no iba solo de gestión, sino sobre todo de guerra ideológica. Sobre el papel, la ha ganado Vox con el logro por primera vez de la "prioridad nacional" en "las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" –en ambas regiones. Según ha podido saber el ARA, Vox enfocó las negociaciones como un escenario clave para la batalla cultural a un año vista de las elecciones españolas, con dos ejes esenciales: inmigración sobre la base del lema "primero los de casa"; y la desregulación, la motosierra del argentino Javier Milei. La prioridad nacional ha sido un elemento pactado como antesala de nuevas ofensivas: "Es la ventana de Overton", sostienen fuentes de Vox consultadas, que citan un concepto de la ciencia política que describe la aceptación progresiva de ideas que inicialmente eran rechazadas.

Después de dos ediciones centradas en el horror de Gaza, este año el World Press Photo ha girado la mirada hacia las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos y ha decidido premiar a la fotógrafa estadounidense Carol Guzy, de ZUMA Press y iWitness. Así, el galardón a la foto del año es para Separados por el ICE, una fotografía realizada para el diario Miami Herald en uno de los pocos edificios federales de EE. UU. a los que los fotoperiodistas tenían acceso. La imagen de Guzy capta el dramático momento en que una familia es separada por los agentes del gobierno estadounidense. La exposición del World Press Photo se podrá ver en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona del 6 de noviembre al 13 de diciembre.

Su cabello realmente llama la atención. Ella misma admite que se siente observada allá donde va y que está cansada de que la paren en la calle para pedirle si le pueden tocar el cabello o que directamente se lo toquen sin su permiso. Isabel Balde, de 32 años, tiene un precioso cabello afro. De aquellos que son una bola enorme de rizos. “La gente no es consciente de que tocar el cabello es invadir el espacio personal”, dice, mientras su peluquera la peina y ella se mira con orgullo en el espejo. No siempre fue así. Antes odiaba su pelo.

La visita del papa León XIV a Catalunya y España de junio tendrá la inmigración como uno de los temas fundamentales, especialmente en su recorrido por las Islas Canarias. Precisamente, este miércoles los obispos canarios y la representante de Cáritas en el territorio han hecho un llamamiento a favor de la regularización de inmigrantes y en contra de los discursos antiinmigración en un encuentro con la prensa en Madrid, preparatorio para la visita del pontífice. Pocos días después del pacto entre el PP y Vox en Extremadura, que apuesta por implantar una política antiinmigración con la acordada "prioridad nacional" en las políticas públicas, la Iglesia católica choca de lleno. El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha sido claro: "Hace un año y medio parecía que estaban de acuerdo PP y PSOE con la regularización, pero por desgracia se ha llegado de esta manera", ha espetado –ha recordado el trámite inicial en el Congreso con el voto favorable de los populares.

Japón avanza hacia un endurecimiento de los controles en sectores tecnológicos estratégicos, un rumbo que comienza a generar inquietud en el tejido empresarial. En el marco de la nueva ley de seguridad económica y en un contexto de rivalidad geopolítica con Pekín, Tokio ha reforzado los mecanismos para proteger infraestructuras y datos críticos, especialmente en ámbitos como los semiconductores, la inteligencia artificial o las baterías. A pesar de que el marco legal no establece restricciones explícitas a la contratación internacional, diversos sectores alertan que el aumento de la complejidad regulatoria y la introducción de criterios de seguridad más estrictos podrían disuadir la llegada de talento extranjero en ámbitos clave para el crecimiento del país.

El PP llevará a votación este miércoles en el Congreso un texto en el que se pide "priorizar el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, así como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, a las personas que acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, inspirándose en el principio de prioridad nacional". De esta manera, afirman los populares, trasladan a la cámara baja "el alma" del acuerdo con Vox en Extremadura. Sin duda se trata de un movimiento relevante, ya que Alberto Núñez Feijóo decide asumir un principio que históricamente ha estado vinculado a la extrema derecha, y especialmente al lepenismo francés, a pesar de las reticencias expresadas por figuras relevantes de su partido como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla.

Girona es una ciudad mediana de poco más de 100.000 habitantes. En pocos kilómetros a la redonda, se concentra un paisaje urbano diverso y lleno de contrastes, con muy poca distancia física entre los barrios bienestantes y los más humildes. Tal como constatan los datos del Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), analizadas por el ARA,el distrito 2, que incluye Montilivi y parte de Palau, tiene alrededor de un 9% de población nacida en el extranjero, mientras que, a esta misma altura, pero en la banda suroeste de la ciudad, en Santa Eugenia, esta proporción supera el 50%.

Cartografiar la inmigración en Cataluña dice mucho de quién somos. En el interactivo publicado por el ARA esta semana, el azul que tiñe el conjunto del territorio, en diferentes intensidades, no deja lugar a dudas: somos un país de inmigración. Actualmente, el 24% de los catalanes ha nacido en el extranjero. Este porcentaje es comparable con el de países como Canadá y Nueva Zelanda.Pero no solo somos un país de inmigración sino que lo hemos pasado a ser muy deprisa. En dos momentos: entre el 2000 y el 2007 y, una vez pasados los efectos de la crisis económica, a partir del 2014. En los últimos años, a remolque del crecimiento económico, las cifras han ido aumentando significativamente. Si antes de la pandemia la inmigración aportaba anualmente unos 70.000 nuevos residentes, en los últimos años esta cifra ha llegado a los 110.000-120.000.El interactivo también muestra que somos un país de inmigración diversa. Diversa en origen: casi la mitad procede de América Latina (44,8%) y, en un grado más bajo, de Europa (22,1%), África (20,8%) y Asia (11,3%). La lista de nacionalidades se extiende hasta 170, lo que dibuja un panorama excepcionalmente plural. Pero la inmigración también es diversa en términos socioeconómicos: además de las personas que vienen buscando una vida mejor, Cataluña atrae a muchos ciudadanos de la Unión Europea y otros países de rentas altas, desde nómadas digitales hasta trabajadores de multinacionales y jubilados.Aunque en el interactivo no se ve, somos un país de inmigración joven. Uno de los rasgos diferenciales de las personas inmigrantes en Cataluña es su juventud: mientras que el 88% de los extranjeros tiene entre 15 y 64 años, el porcentaje de nacionales del mismo grupo de edad es del 66%. Tiene una doble explicación: llegan jóvenes, pero, además, tal como recuerda Andreu Domingo, los más jóvenes se incluyen en las llamadas “generaciones vacías” (como la de los millennials), es decir, generaciones marcadas por un descenso considerable de la natalidad. Ser un país de inmigración joven en un contexto de población envejecida implica que nuestro futuro está ligado al suyo.También somos un país de inmigración en toda su extensión: tanto en grandes ciudades como en zonas rurales. A diferencia de muchos países europeos, la población sigue siendo diversa cuando nos alejamos de los grandes núcleos urbanos. El interactivo también es muy claro al respecto: Barcelona y la mayoría de los municipios del entorno tienen menos inmigración que los del Alt Empordà, la Segarra y otros puntos de las comarcas de Girona y de Lleida. La razón es básicamente económica: la población inmigrante se concentra en los lugares donde dominan los sectores económicos en los que están sobrerrepresentados, como la agricultura y la industria cárnica, la construcción y el turismo. Si bien la inmigración se reparte a lo largo del territorio, somos un país de inmigración que segrega. Tal como muestra el interactivo, la población extranjera se concentra en determinados municipios o barrios. Por ejemplo, pasamos del 39% de Barcelona al 7% de Matadepera, y del 87,5% del Gótico al 24% de Sarrià-Sant Gervasi. A más segregación residencial, más segregación escolar. Por lo tanto, si bien somos un país de inmigración, la realidad es que las poblaciones con orígenes y posiciones socioeconómicas diversas no siempre se cruzan, ni en las calles ni en las escuelas.Como país de inmigración que segrega, la población inmigrante no solo se concentra en determinados territorios sino que, además, se distribuye de manera desigual en función del origen. Si bien los nacidos en América están representados en el conjunto del territorio, los nacidos en África son mayoría en Lleida y en el Eje Transversal, y los provenientes del resto de Europa están sobrerrepresentados en municipios como Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat. Tenemos, pues, un país en el que la diversidad se manifiesta de diferentes maneras. Si bien esto no tendría por qué ser un problema en sí, lo es cuando esta distribución refleja desigualdades en función de la renta.Somos, pues, sin duda, un país de inmigración. Pero corremos el peligro de ser también un país fracturado si los pobres son mayoritariamente los que percibimos como los “otros”, si la desigualdad (preocupantemente creciente) coincide con el origen y el territorio, si el lugar de nacimiento determina el lugar que ocupamos en el mercado laboral, si el origen de los padres condiciona de manera determinante los resultados escolares de sus hijos o si la concentración en determinados municipios y barrios, sin un acompañamiento y redimensionamiento de los servicios públicos, hace que los vecinos que no se han marchado se sientan abandonados.Ser un país de inmigración, como los Estados Unidos, el Canadá, Australia o Nueva Zelanda, siempre se ha mencionado como positivo. Pero, cuando los beneficios están concentrados (especialmente en los sectores económicos que dependen de estos trabajadores) y los costos se socializan (especialmente en determinados territorios y sectores sociales), ser un país de inmigración en estas circunstancias puede ser una auténtica bomba de relojería.

A la familia Martínez Mejía les han denegado cuatro veces una hipoteca, a pesar de que les avala el sueldo de los cuatro miembros, y tienen que continuar viviendo de alquiler en un piso de La Torrassa —un barrio de L'Hospitalet en el que el 54% de los vecinos han nacido en el extranjero— que casi se cae a pedazos. El piso es tan pequeño que uno de los hijos, en la veintena, tiene que dormir en la habitación con los padres. A los Khan, la buena nómina que aporta el padre no les abre puertas de las viviendas que les gustan y que podrían pagar. “Ni con dinero puedo vivir donde quiero”, se queja Atusa Khan. El matrimonio y las dos hijas pequeñas están realquilados en el barrio de El Raval de Barcelona –con un 64% de los vecinos nacidos en el extranjero.

Nos hemos fijado en cómo se distribuyen los inmigrantes en Cataluña, con datos por comarcas, municipios y distritos censales, para ver si hay zonas en peligro de segregación.

El PP y Vox han tardado cuatro meses en llegar a Extremadura a un acuerdo que parece un pacto de circunstancias, suscrito porque se acababa el tiempo, pero que contiene suficientes puntos conflictivos para pensar que tendrán muchos problemas para poder ponerlo en práctica. Inmigración y sanidad serán los aspectos más controvertidos, porque la mentalidad con que están tratados estos dos capítulos es claramente restrictiva de derechos. Las campañas que se han lanzado previamente para tener el terreno preparado no satisfarán las expectativas de los partidos firmantes. La sociedad española, muy mayoritariamente, no comparte la idea de que los inmigrantes son un colectivo de delincuentes culpables de la saturación de la sanidad pública, mientras reciben subvenciones injustificadas.

En un artículo anterior argumenté que es imperioso reducir el ritmo de nuestra inmigración si queremos salvar la cohesión social, dado que su impacto sobre la vivienda y sobre la escuela está siendo devastador. No son los únicos servicios públicos e infraestructuras que están bajo presión, pero sí los más críticos.

Después de reclamar el endurecimiento de los criterios para la regularización extraordinaria de migrantes en España, Junts da un paso más contra la medida que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez y de la cual se beneficiarán medio millón de personas. El partido de Carles Puigdemont ha anunciado que llevará la regularización a Europa porque "ignora el requisito de conocer el catalán". La formación ha encargado a su departamento jurídico que prepare "la presentación de una denuncia ante las instituciones europeas por la vulneración de diversas directivas y la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración", según ha detallado este viernes en un comunicado.

Vox salió de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en verano de 2024 como protesta por el hecho de que los populares aceptaran la acogida de 400 menores procedentes de Ceuta y Canarias. No es extraño que, dos años después, la carpeta de la inmigración haya sido clave para retomar la alianza con el PP, de momento, en el ejecutivo de Extremadura. Cuatro meses después de las elecciones, el PP ha pactado con la extrema derecha limitar los derechos de los inmigrantes, empezando por comprometerse a rechazar la llegada de los irregulares por todas las vías, "legales, jurídicas y políticas", sean menores o mayores de edad. El gobierno de María Guardiola no ofrecerá nuevas plazas de acogida e intentará vaciar las actuales "trabajando activamente para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen". Toda una declaración de intenciones, a pesar de que Extremadura no tiene competencias para expulsar personas de su territorio.

Menos de 24 horas después de que el consejo de ministros aprobara el real decreto que servirá para regularizar la situación de más de medio millón de inmigrantes en todo el Estado, en el centro de Barcelona han vuelto las largas colas para conseguir toda la documentación para hacer los trámites. Uno de los puntos donde se ha acumulado un grueso importante de personas es la Oficina de Atención Ciudadana de Barcelona de la plaza Sant Miquel, al lado del Ayuntamiento. Este miércoles por la mañana la cola para acceder a este servicio da la vuelta al edificio y la queja de que "la cosa no avanza" se va repitiendo. La mayoría lleva tres horas esperando. Aunque hay ciudadanos esperando para hacer trámites de todo tipo, también hay mucha gente que viene a hacer papeleo para poder acceder al proceso de regularización, que se inicia este jueves, 16 de abril, de forma telemática.

Ya está vigente desde esta mañana una medida que nos afecta de cerca: la regularización extraordinaria de inmigrantes que el consejo de ministros español aprobó ayer.Aunque el gobierno español no ha dado cifras por comunidades, los cálculos que se han hecho coinciden en decir que Cataluña será la comunidad autónoma donde se regularizarán más, entre 135.000 y 150.000 personas. 90.000 lo harán en el País Valenciano, 60.000 en Madrid y en Andalucía y 18.000 en las Islas Baleares, estimativamente. En total, en España medio millón de personas que ya viven aquí pueden acabar teniendo papeles.El gobierno español ha endurecido las condiciones para la regularización, tal como planteaban Junts y el PP, de manera que habrá que presentar un certificado que demuestre que el solicitante no ha tenido antecedentes penales en los cinco años anteriores a la solicitud. Los términos del debate son conocidos.Si hablamos de política, con esta medida Sánchez hace de anti-Trump y su policía que va por los sitios a la caza y captura de inmigrantes sin papeles. Es la manera de Sánchez de jugar siempre al ataque y de ponerse al frente del progresismo mundial. Por su parte, Feijóo se mueve en los términos previsibles y dice que esta regularización es “inhumana, injusta e insegura”, y lo remata con un “aquí podrá entrar cualquiera”. La realidad es que tanto el PP como el PSOE (Aznar, González, Zapatero) aprobaron regularizaciones.Si hablamos en términos humanitarios, todas las entidades que trabajan con inmigrantes lo encuentran justo, si no queremos que miles de personas que viven entre nosotros malviván sin derecho a nada. Del mismo parecer han sido los obispos.Si hablamos en términos económicos, la población autóctona envejece rápidamente, la natalidad es muy baja y la inmigración es la mano de obra necesaria para un modelo de negocio de servicios, que es por eso que España crece, con sueldos bajos en el sector turístico y en el de los cuidados. En este sentido, se da la paradoja de que los empresarios, el gobierno español de izquierdas y los obispos están a favor de la regularización. Otra cosa es el debate entre economistas sobre si estos nuevos ciudadanos de pleno derecho piden más servicios de los que pagan. Miquel Puig ha escrito sobre esto en ARA. Es aquello de “¿Todo esto, quién lo paga?”.

En el estado español el proceso para conseguir la residencia y el permiso de trabajo es tan farragoso y complicado que llevar a cabo procesos de regularización extraordinarios ya se ha convertido en una costumbre. El objetivo es acabar con los cuellos de botella administrativos y los focos de inmigración irregular que, a su vez, alimentan la economía en negro y la perpetuación de situaciones de vulnerabilidad social. Estas regularizaciones las han llevado a cabo gobiernos socialistas y populares. Las hubo en 1986, 1991 y 1996 con Felipe González, en 2000 y 2001 con José María Aznar, y en 2005 y 2006 con José Luis Rodríguez Zapatero. La última, por tanto, fue hace veinte años, antes del boom migratorio posterior a la recesión global de los años 2008-2012.

Con motivo de la regularización extraordinaria anunciada por el gobierno, comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco han planteado que se incluya la realización de un número determinado de horas para el aprendizaje de la lengua catalana o de la lengua vasca como requisito para las futuras renovaciones.Los territorios con una lengua propia, como Cataluña, afrontan el reto de mantener viva una lengua cuyo uso disminuye, especialmente en el área metropolitana y entre la población joven. Ante esta realidad, se sitúa la inmigración como la principal responsable y, en consecuencia, sobre ella recaen muchas de las políticas destinadas a fomentar su aprendizaje. No obstante, aquí conviene aclarar diversas cuestiones. En primer lugar, el uso de la lengua disminuye porque también disminuye su transmisión como lengua materna: demográficamente hay menos catalanohablantes de lengua inicial en números absolutos. Otro de los elementos a tener en cuenta es la diferencia entre el conocimiento de la lengua y su uso social y cotidiano. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos, el 93% de la población mayor de 15 años entiende el catalán y el 80% lo sabe hablar. Estos datos muestran que el catalán es una lengua viva desde el punto de vista de su conocimiento y que la política de lengua vehicular en las escuelas garantiza con bastante éxito que las nuevas generaciones alcancen la competencia lingüística, y pueden potencialmente comunicarse en catalán. No obstante, los problemas se encuentran en el uso social y cotidiano de la lengua, porque solo un 36% de las personas la tienen como lengua habitual.

Isabela no quiere pensar qué será de su vida si no puede acogerse a la regularización extraordinaria que el gobierno español va a poner en marcha las próximas semanas para conceder permisos de residencia a medio millón de extranjeros que cumplan unos criterios que, a día de hoy, son provisionales. El decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado para regresar otra vez al consejo de ministros. Si bien hay incógnitas de cómo quedará la letra pequeña, Isabela tiene muy claro que la suya es una misión imposible porque no han pasado los 10 años pertinentes desde que completó la condena para poder anular sus antecedentes penales y, en el borrador del texto, es invalidante cualquier mancha en el historial delictivo.