Los migrantes que viven en el Estado van menos a menudo al médico, tienen menos enfermedades crónicas y hacen un consumo más bajo de medicamentos que los nacidos en el país. Con todo, la falta de un acceso temprano al sistema sanitario los aboca a ir más a menudo a los servicios de urgencias y a necesitar más hospitalizaciones. Esta es la radiografía que ofrece el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España del ministerio de Sanidad, que concluye que las personas de origen extranjero tienen, de media, un mejor estado de salud, utilizan menos recursos sanitarios que los autóctonos, si bien contribuyen de forma prácticamente equiparable al sostenimiento económico del sistema.

Ahora ya se sabe que el final de la legislatura española será un calvario judicial para el PSOE. Tal como explicamos hoy, hay hasta siete frentes judiciales abiertos contra miembros del partido o del gobierno, y eso si no hay causas secretas en marcha que puedan aparecer en cualquier momento. Se pueden decir muchas cosas, pero lo único cierto es que la legislatura comenzó con protestas de la derecha en la calle y manifestaciones de los jueces contra la ley de amnistía, y acaba con un asedio judicial a un partido como no se recordaba al menos desde el final del felipismo.

Hace tiempo que el debate gira en torno a la pregunta de qué explica el auge de la extrema derecha. L’ARA del domingo pasado dedicaba un dossier que tenía la virtud de combinar un análisis más cuantitativo con descripciones a fondo de municipios como Ripoll, Figueres, Vic, Manresa o Balaguer, todos ellos en el llamado eje transversal de la extrema derecha. A partir de los datos cuantitativos, Jordi Muñoz concluía que, mientras que los niveles de inmigración y los factores socioeconómicos no parecen ser decisivos, la dimensión política (en concreto, el colapso del apoyo a los partidos independentistas) sí que correlaciona directamente con un voto más elevado a Aliança Catalana. Estos resultados confirman lo que hemos visto en otros contextos europeos.En el resto de Europa tampoco se da esta correlación entre extrema derecha e inmigración. Así lo concluye el demógrafo francés Hervé Le Bras en su libro El gran engaño (Editorial Hacer, 2024), donde compara la relación entre populismo e inmigración en seis países europeos (Austria, España, Suiza, Italia, Alemania y el Reino Unido) y los Estados Unidos. Según Le Bras, esta correlación puede llegar incluso a ser inversa, es decir, cuanto menos inmigración, más voto a la extrema derecha. Los ejemplos no son pocos: en Alemania los inmigrantes están en el oeste, mientras que el voto a la extrema derecha se concentra sobre todo en el este. En los Estados Unidos, Trump gana en el Oeste Medio y el sur profundo, que es justo donde los inmigrantes están menos presentes. Si bien en Francia e Italia sí que parece haber cierta correlación en términos regionales, cuando bajamos al nivel local esta relación desaparece.Según Le Bras, esta distribución desigual del voto a la extrema derecha se explica sobre todo por la fractura entre el campo y la ciudad. Por ejemplo, en Francia, en las elecciones de 2017, el 32% de los votantes en municipios de menos de 1.000 habitantes se decantaron a favor de Marine Le Pen, mientras que este porcentaje bajaba al 12% en ciudades de más de 100.000 habitantes y al 5% en París. Es la misma fractura que vimos en el Reino Unido con el referéndum del Brexit, donde las zonas urbanas se posicionaron mayoritariamente en contra y las rurales a favor.

Los marcos ideológicos de la derecha xenófoba se abren camino en el mainstream político. No tanto por el crecimiento de Aliança Catalana como por la manera en que su discurso está contaminando el resto del mapa de partidos. Esto no deja de ser una victoria moral para la extrema derecha, pero también quiere decir que los partidos han decidido no darle la espalda a una cuestión que la gente considera importante, como es la gestión de la inmigración. Y lo hacen edulcorando los postulados más agresivos del partido de Sílvia Orriols.Es un proceso similar (con perdón por la comparación) a lo que las izquierdas han hecho con el ecologismo, que antes era una causa ridiculizada y tildada de hippie, hasta que la ciencia hizo darse cuenta a todo el mundo de que se trataba de una cuestión de primordial importancia. La victoria póstuma de los partidos verdes no fue su hegemonía, sino la asunción de su ideario por la izquierda –y parte de la derecha– en todo Occidente.No creo que Alianza Catalana conquiste el carril central del catalanismo, pero sí que una parte de su ideario, que en gran parte es racista y feixistoide, se integrará en el corpus ideológico de la derecha democrática (con un formato aceptable para sus votantes) y, finalmente, quizás, por la izquierda. El primer paso ha sido aceptar que la inmigración es un problema, un reto que conviene presentar como una cuestión socioeconómica y no en términos culturales o morales. Así se digiere mejor.El debate ahora no es sobre razas o culturas, sino sobre el modelo económico: el crecimiento desmesurado y el estrés de los servicios públicos. En estas cuestiones, la conclusión a la que llegan los economistas (como los firmantes delInforme Fénix) es que Cataluña depende excesivamente del turismo, que gentrifica y satura el territorio, y además fomenta la importación masiva de mano de obra barata, que no ayuda a sostener el estado del bienestar. La inmigración, pues, solo es un bien para una parte del tejido productivo catalán (no solo el turismo, también la industria agroalimentaria), que la explota y la malpaga a cambio de colapsar los servicios públicos. Este planteamiento, que obvia colores de piel, religiones y burkas, hace que el debate demográfico sea más asumible por las fuerzas mayoritarias.Pero el debate migratorio no solo se abre camino a través de la tecnificación. La cuestión identitaria revive. Como cualquier nación pequeña, los catalanes temen su disolución, el sacrificio de su cultura en el altar de la globalización. Al mismo tiempo, cierto progresismo, mientras condena el racismo y la aporofobia, arremete contra los turistas, los expats, las mafias que se esconden tras el enjambre de supermercados y tiendas de souvenirs, y los fondos buitre, que “merecen” nuestro rechazo porque están en una posición de fuerza respecto de los vecinos indefensos que han de abandonar su barrio, el comercio tradicional que baja la persiana, el catalán que desaparece de las calles. Es un tipo de xenofobia progresista, tolerable, donde el débil ya no es el que llega sino el que acoge.El problema es que, aunque señalemos un enemigo diferente, la batalla se parece mucho a la que defiende la extrema derecha (primero los de casa, rechazo a la diversidad, defensa de los valores occidentales y la cultura autóctona). Estamos abriendo una brecha por la cual se pueden infiltrar ideas tóxicas. Sin olvidar que los males del modelo productivo catalán no solo son culpa de los forasteros; lo son, sobre todo, de los autóctonos que los explotan.En este panorama, debemos asegurarnos de que esta reconversión ideológica sirva a un buen fin (desarmar a la extrema derecha y afrontar con valentía un debate real) y no dé cobertura moral al racismo. Por ello, es muy importante acotar el debate y ponerlo en manos de gente sabia y vacunada contra los prejuicios étnicos.

La población catalana ha pasado de 6,2 millones en 2000 a 8,2 en 2026. Se trata de un crecimiento extraordinario en el contexto europeo que ha puesto contra las cuerdas el acceso a la vivienda y la escuela; en el primer caso por el aumento de la demanda, y en el segundo por la súbita alteración de la composición cultural del alumnado. No se trata de un cambio completamente imprevisto, ya que en el año 2002 el Idescat hizo públicas unas proyecciones cuyo escenario “medio-alto” ha resultado sorprendentemente acertado, pero también es cierto que aquel dato se situaba entre un “escenario bajo” de 6,7 millones y un “escenario alto” de 8,9.La última proyección del Idescat –publicada en 2024– dice que la población catalana se situará en 2050 entre los 8,1 y 9,9 millones. Se trata de un rango muy amplio, ya que equivale a decir que la población tanto puede iniciar el declive como continuar creciendo muy rápidamente. En este contexto, el documento Proencat, que es el que guía la política de descarbonización, prevé que se situará en los 8,6 millones, por debajo del “escenario medio” del Idescat.No obstante esto, y por las razones que sean, lo que ha hecho fortuna es predecir que Cataluña alcanzará los 10 millones de habitantes de aquí a 25 años. La consejera Sílvia Paneque (“Cataluña pronto tendrá 10 millones”) y la diputada Elena Díaz (“La Cataluña de los 10 millones no es inviable”) han hecho referencia a ello reiteradamente; el presidente Illa también lo ha hecho, aunque de manera más cauta. El diputado David Cid, de Catalunya en Comú, se ha referido a ello como un escenario no solo probable sino deseable (“Somos 8 millones, y si somos 10, mejor”). En cambio, Oriol Junqueras lo ha considerado un escenario menos atractivo (“La prioridad no es ser 10 millones”).Resulta claro que lo más importante que ha pasado en Cataluña en los últimos 25 años es el crecimiento demográfico; mucho más que el Procés independentista, por poner un ejemplo. Obviamente, si en 2050 Cataluña tiene alrededor de 10 millones de habitantes, el crecimiento demográfico volverá a ser lo más importante que habrá pasado. En consecuencia, prepararse para ello (como proponen Illa, Paneque o Díaz) está más que justificado.

¿Integrarse? ¿Incorporarse a dónde? ¿Disolverse con quién? Estas son las grandes preguntas previas que habría que responder sobre los actuales desafíos migratorios. Unas cuestiones que nos hacen poner la mirada en un punto anterior al del mismo crecimiento demográfico. Me refiero al hecho de poder saber qué perfil, qué núcleo, qué espacio de identificación ofrece actualmente Cataluña, y los Países Catalanes, a una persona que emigra allí. ¿Puede saber dónde ha llegado este migrante si una buena parte de los mismos autóctonos no conocen las coordenadas básicas del país donde hace años que vive o incluso ha nacido?

El Informe Fénix, en el que participé, ha merecido la atención de los medios y de muchos analistas, pero nulo interés, de momento, por parte de los responsables de la política económica del país. Huelga decir que, entre los que han mostrado interés, el acuerdo sobre el diagnóstico es muy grande. El pronóstico, sin embargo, nadie se lo hace completamente suyo. Pienso que esto se debe, en parte, a algunas malas interpretaciones, más o menos voluntarias.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, atiende a el ARA desde el Palau de l'Arquebisbat, siete años después de que accediera al cargo. También es presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que reúne a los obispos catalanes.

El Tribunal Supremo ha parado los pies al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a Vox y ha rechazado paralizar temporalmente la regularización extraordinaria deinmigrantes que arrancó hace un mes y medio. Lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de cinco vistas que se han celebrado esta mañana y que han servido para que el ejecutivo madrileño, el partido de extrema derecha y tres asociaciones ultra cargaran contra el proceso de regularización que impulsó el gobierno español después de un pacto con Podemos. En una de ellas, el abogado del Estado ha anunciado que hasta el 21 de mayo se han presentado 549.596 solicitudes y se han empezado a tramitar 91.905. Los que han superado el primer filtro han recibido una autorización provisional para poder trabajar. En muchos casos, era gente que tenía trabajo: estaba trabajando en negro y ahora lo hace de manera regular o ha encontrado trabajo en otro lugar. "No estamos hablando de entrada, sino de una cuestión radicalmente diferente. Estamos hablando de un conjunto de personas que estaban en España, que pueden acreditar cinco meses de haber vivido allí y que tenían déficit de acceso a los derechos", ha argumentado el abogado del Estado. También ha puesto de relieve que la regularización sirve para "dar respuesta a los retos del mercado laboral" y busca ofrecer una "integración efectiva y rápida" a personas que tienen "arraigo" y un "vínculo indisoluble de convivencia" en España.

A plena luz del día y en el paseo de la ciudad, en septiembre de 2023 diversos jóvenes se tiraron mesas y sillas por la cabeza en una batalla campal que acabó siendo una especie de punto de inflexión en Manresa. Aquel episodio provocó que diversos vecinos salieran a la calle para exigir al gobierno municipal, que encabeza el republicano Marc Aloy, medidas contra la "inseguridad" en la calle. Aquella manifestación, sin embargo, ya nació dividida y algunos colectivos directamente se desmarcaron para no vincular inseguridad con inmigración. Es este, de hecho, el frágil equilibrio en el que desde hace unos años se mueve Manresa, una ciudad de 80.000 habitantes y con casi un 22% de personas venidas de fuera.

La calle de Sant Blai ha sido históricamente una de las más comerciales de Tortosa e ilustra bien los cambios que ha experimentado la ciudad en los últimos años. En la capital del Baix Ebre viven unas 36.000 personas, un 23,5% de las cuales son de origen extranjero. Muchos de los inmigrantes se dedican a las labores del campo o regentan pequeños establecimientos en la ciudad. Este es el caso de Oman, que hace un año y medio que ha abierto un restaurante en la calle de Sant Blai, el Luxury Rif. Está flanqueado por una locutorio, a un lado, y un local de kebabs, unos metros más allá. Un vecino entra y le pregunta si le importa que le pida algo de comer. Oman, que cuando hacemos este reportaje está en pleno Ramadán, le dice que no. "Estamos aquí picando piedra", explica sobre el negocio, donde se sirve comida tradicional marroquí. Los marroquíes son el grupo de población extranjera con más peso en la comarca: representan el 30% de los extranjeros, según datos del Idescat.

Pensemos un momento en el trabajo que hay detrás del Informe Fénix, publicado este mes de mayo. Seis economistas de prestigio indiscutible —Xavier Cuadras Morató, Jordi Galí, Modest Guinjoan, Guillem López Casasnovas, Miquel Puig y Jaume Ventura, coordinados por Xavier Roig— han tenido que consensuar más de ciento veinte páginas de análisis, aceptar argumentos ajenos, renunciar a posiciones personales propias y poner en juego su capital académico y social para conseguir un bien mayor: despertar a un país. Ponerlo delante del espejo. Proclamar, con datos y rigor, que el rey está desnudo. Y el rey va desnudo porque mientras el PIB de Cataluña ha crecido por encima de la media europea en los últimos 25 años, el PIB per cápita ha caído 12 puntos porcentuales respecto a nuestros socios europeos. Hace un cuarto de siglo estábamos seis puntos por encima de la media europea. Hoy estamos seis puntos por debajo. Hemos creado riqueza, sí. Pero la hemos repartido entre cada vez más gente y de una manera cada vez peor. Aquí es donde hay que detenerse y pensar. Porque existe una confusión profunda, interesada o ingenua, sobre lo que significa distribuir riqueza. El Estado tiende a entender la distribución como la prestación de más servicios a quien no se los puede pagar. Y es cierto que en una sociedad avanzada la solidaridad colectiva llega donde el individuo no puede llegar solo. Pero no hay mejor distribución de la riqueza que aumentar los sueldos de la gente. Que cada vez menos personas tengan que depender de los recursos públicos para tener una vida plena. Que cada trabajador pueda sentirse responsable de su propio futuro y tener control sobre su vida. Jarvis Cocker, de Pulp, lo cantaba con ironía amarga en "Common People": "how does it feel to live your life without no meaning or control?" Es una canción sobre la romantización de la pobreza. Hoy podría ser la banda sonora de una parte creciente de la sociedad catalana. 

La exclusión social de las personas que viven en la calle también se nota en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que hasta el 30 de junio está abierto para medio millón de personas en todo el Estado. Se nota porque las personas que viven en la calle, en tiendas de campaña o en asentamientos tienen muchos problemas para cumplir los requisitos –por muy laxos que sean– a la hora de reunir la documentación necesaria o, incluso, para enterarse de que hay un proceso en marcha y que se pueden acoger a él.

En los últimos años el papel de la inmigración se ha situado justo en medio del debate social del país. Y, en términos económicos, los argumentos a favor y en contra han apuntado que tanto nos enriquece como que nos empobrece. Pero, realmente, ¿cuáles son los puestos de trabajo que ocupan los inmigrantes en Cataluña? ¿Qué tipo de extranjero tiene más peso en cada sector? La regulación extraordinaria de este año ha amplificado el debate sobre si el crecimiento demográfico será o no sostenible a largo plazo. De momento, gran parte del tejido empresarial no ha dudado en posicionarse a favor, y ven en el talento extranjero la mejor manera de cubrir los agujeros del mercado laboral catalán.

Después de décadas dedicado a la política, el ex primer ministro de Luxemburgo y entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronunció la mejor frase de su vida: "Todos sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo conseguir ser reelegidos una vez lo hemos hecho" (2007). La diferencia entre saber y hacer, o entre el diagnóstico y la solución. Y aquí estamos, en la lucha permanente entre lo que el conocimiento nos dice, lo que la calidad del debate público es capaz de consensuar y lo que se ejecuta políticamente. Hablamos de la política democrática, claro, que tiene muchas más limitaciones que los régimenes autocráticos, que de la misma manera que aprueban un plan quinquenal hacen desaparecer a un ministro o hacen volar a un disidente por una ventana.

En los últimos meses he formado parte de un equipo de economistas que hemos estado reflexionando sobre la evolución de la economía catalana y sus perspectivas. Nos hemos centrado en el concepto de salarios “altamente subvencionados”. Consideramos que lo son aquellos que no permiten que el trabajador contribuya –vía impuestos y contribuciones sociales– a pagar ni siquiera aquellos servicios públicos que consumirá directamente a lo largo de su vida (sin incluir los muchos de que disfrutará indirectamente). Hemos calculado que este límite se situaba, el año 2023, en 27.500 € brutos, que el año 2026 equivaldrían a 30.000 €.Dado que la sociedad debe complementar el coste de los servicios de los que se benefician estos trabajadores, por un lado se deduce que el empresario los remunera por debajo de su coste, y, por otro, que el cliente final se beneficia de una subvención encubierta, ya que no paga el coste completo del servicio que recibe.Todas las sociedades que gozan de un sistema fiscal progresivo y de un estado del bienestar potente tienen muchos trabajadores que cobran por debajo del nivel que hemos definido. Esta no es, pues, la cuestión. Lo que nos ha interesado es la existencia de sectores que cumplen tres condiciones.La primera, que no solo ocupen trabajadores “altamente subvencionados”, sino que la media salarial se sitúe por debajo de aquel nivel, porque es como si todos sus trabajadores lo fueran. En este caso hablamos de actividades “altamente subvencionadas” y consideramos que la sociedad se ha de plantear si han de existir o si han de remunerar tan poco a sus trabajadores.La segunda, que sean muy creadores de empleo. El sector primario, por ejemplo, es un sector “altamente subvencionado”, pero no está creando puestos de trabajo, y, además, tiene el valor social adicional de combatir la desertización del territorio.La tercera, que el beneficiario último sea un no residente, porque esto significa que la subvención va de los contribuyentes a personas que no lo son, de manera que el país se empobrece a través de unas exportaciones que, en el fondo, se venden por debajo de su coste.Desafortunadamente, una buena parte del crecimiento catalán de los últimos 25 años ha sido protagonizado por actividades económicas que cumplen estas tres características. Este protagonismo es el que explica por qué el enorme crecimiento de la economía catalana de los últimos 25 años –no excepcional en el marco español, pero sí en el europeo– no se ha traducido en un bienestar más elevado para el catalán medio, sino, por un lado, en un flujo inmigratorio que presiona el mercado de la vivienda y satura los servicios públicos, y, por otro lado, en el estancamiento de los salarios.

Un duro informe sobre el estado de la economía catalana, elaborado por diversos economistas, carga contra la estructura productiva del país por el hecho de que hay diversos sectores empresariales que acaban estando, de facto, "altamente subvencionados" por el resto del tejido económico. Este modelo actual ha representado un "empobrecimiento" de la sociedad catalana y una pérdida continuada de productividad del tejido empresarial en comparación con Europa en los últimos 25 años. "El país se desangra", ha resumido el coordinador del informe, el directivo y ingeniero Xavier Roig.

Cuando era una niña, sin saber por qué, ya pedía vivir en Cataluña. Y ahora, que tiene 57, sabe que no volverá nunca más a su país de origen. Sandra Monge Palladino nació en el año 1969 en la ciudad argentina de Rosario, en el seno de una familia originaria del Piamonte italiano. Educada en un ambiente ideológicamente muy diverso, ella siempre ha estado vinculada a los movimientos de la izquierda anticapitalista. Durante la infancia recibió los golpes de la dictadura militar del general Videla (1976-1983), de la que siempre ha quedado marcada.

Hay muchas maneras de dividir Cataluña, pero la más ingenua es la que marca una frontera entre la “Cataluña real” y todas las Cataluñas inventadas o sinecdóticas. Hay gente que cree haber descubierto el ADN de la catalanidad auténtica en la Feria de Abril, organizada por el poderoso y dopado lobby de las entidades andaluzas, donde el rebujito y el flamenco empiezan a tropezar con el mojito y el reggaeton (porque, para los defensores de la Cataluña real, la pluralidad es sinónimo de hispanidad y basta). De lo cual se deduce que, si por un improbable fenómeno migratorio, medio millón de catalanes se desplazaran a vivir a Andalucía y se formase una colla castellera llamada Los Chiquitos de Fuengirola, un 4 de 9 con folre y manilles sería tan andaluz como la romería del Rocío.Es tan absurdo meter en el saco de la cultura catalana la Feria de Abril como lo sería meter allí el Oktoberfestde Calella o el Ashura que celebran los pakistaníes chiíes en el Raval de Barcelona. Igualmente absurdo es negar el derecho de cualquier ciudadano de Cataluña a celebrar las festividades de sus tierras de origen, pero la protección y el fomento de la cultura propia es un mandato de cualquier gobierno catalán digno de este nombre. Sobre todo porque somos el territorio europeo que ha sufrido la mutación demográfica más fuerte en el último siglo. Las grandes migraciones de las regiones pobres de España (el siglo pasado) y las del resto del mundo (en los últimos veinte años), si bien han demostrado la gran capacidad de integración de la sociedad catalana, también han dejado a la población indígena y su lengua en minoría, y esto no es solo un dato demográfico: es la demostración de que una nación sin estado no tiene las herramientas para garantizar su cohesión social y la supervivencia de su cultura. Lo cual, para la mayoría de catalanes –de origen que sea– es una mala noticia. Excepto para los votantes del PP y Vox, que aspiran declaradamente a la españolización del país, y para un segmento de votantes de izquierdas que les hacen el juego con los tópicos manidos sobre el catalanismo burgués.Por esta razón, el fracaso del proceso soberanista, con el maravilloso canto del cisne que fue el 1 de Octubre, constituye un drama nacional: era la ocasión para que Cataluña diera un paso adelante en un clima de celebración democrática y de respeto a la pluralidad que no tenía nada que ver con el sistema de castigo y de represión que los sucesivos gobiernos españoles han impuesto antes y después. ¿Una Cataluña independiente, o al menos más soberana, habría podido gestionar su pluralidad mejor de cómo la gestiona actualmente? Rotundamente, sí. Pero la debilidad de los líderes soberanistas y la inflexibilidad de los poderes españoles hicieron imposible un acuerdo de país, democrático pero plural, en cuanto a las identidades individuales y colectivas.Aquel fracaso no fue solo de los soberanistas, sino del país entero, y también de una españolidad(la delEspañareal?Y nos dirán supremacistas... ¡Qué descaro!–es el mercado, amigo–. Y nos dirán supremacistas... ¡Qué barra!

Yeni Sánchez, de 33 años, es hondureña y hace tres años que vive en Girona con su marido. Tiene dos criaturas, un niño y una niña. Los últimos meses ha vivido en situación irregular después de perder la protección internacional. Esta semana, sin embargo, ha podido acogerse a la regulación extraordinaria de personas migrantes. Ya ha presentado la solicitud y, en cuestión de semanas, confía tener la respuesta provisional para obtener los permisos de residencia y de trabajo. "Han sido unos meses horribles, pero ahora empiezo a estar tranquila y muy esperanzada", explica.