Los ministros del Interior europeos están reunidos desde las 10 horas de este martes con la crisis migratoria de Ceuta como telón de fondo. La cita, que se preveía tensa, tiene lugar después de que el gobierno español la solicitase por la reacción "insolidaria", a juicio del ejecutivo de Pedro Sánchez, de algunos estados miembros ante la entrada de personas migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tenía intención de apelar precisamente a esta solidaridad y exigir.

La regularización extraordinaria de extranjeros impulsada por el gobierno español ha añadido 46.839 afiliados a la Seguridad Social en Cataluña desde el inicio del proceso que comenzó el pasado mes de abril. Así se desprende del último informe mensual del ministerio de la Seguridad Social que dirige Elma Saiz. En todo el Estado, el aumento de los afiliados vinculados a la regularización superaba, a día 30 de julio —el último con datos disponibles— las 262.400 personas. De estas, un 81,5% estaban encuadradas en el Régimen General; mientras que solo un 4,8% están registradas como autónomas.

La entrada de más de 50.000 personas a Ceuta desde Marruecos, en la que se estima que han muerto al menos una cincuentena de personas, ha situado en el punto de mira –y ha llevado al límite– la frontera de España con el país magrebí. Consulta estos gráficos para entender mejor los flujos migratorios y los últimos datos de entradas de personas al Estado y a Europa.

La derecha y la extrema derecha españolas –y también la europea– han encontrado en la crisis migratoria en Ceuta un filón para endurecer el discurso antiinmigración y, en consecuencia, presionar para conseguir un control fronterizo más estricto. De hecho, les supone una oportunidad para aislar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y sus políticas migratorias respecto al resto de estados miembros de la UE, que el martes están convocados a una reunión para abordar, precisamente, esta materia. El líder de Vox, Santiago Abascal, no solo ha celebrado la posición de países como Italia, que tras la crisis migratoria ha puesto más controles en la frontera, sino que también ha afirmado que Donald Trump se ha "quedado corto" cuando habla de políticas españolas "de extrema izquierda [que favorecen la migración]". Abascal, que este domingo se ha trasladado por primera vez a Ceuta, ha exigido "militarizar permanentemente" la frontera, cerrarla y que el ejército pueda actuar con "la contundencia que sea necesaria".

El mar Mediterráneo se encamina, una vez más, a convertirse en un cementerio más grande. La crisis migratoria en Ceuta es ya la más trágica de los últimos años en la frontera sur: "Creemos que se superarán de largo las 100 víctimas [mortales]", anticipa Helena Maleno, fundadora de la organización Caminando Fronteras, instalada desde hace años en esta frontera, desde donde trabaja en la defensa de los derechos de las personas migrantes.

La relación diplomática entre el Estado español y Marruecos ha estado marcada por una serie de idas y venidas. Es decir, por momentos de tensión que han llevado a un choque entre los dos países, incluso durante meses. Se trata de una caja de truenos que la grave crisis migratoria en Ceuta ha vuelto a poner sobre la mesa y que si bien el gobierno español no quiere abrir –en la Moncloa mantienen que es un "socio fiable"–; otras voces entran de lleno. Sin ir más lejos, Sumar. El socio minoritario del gobierno de coalición ha pedido a las Naciones Unidas que "examine" la responsabilidad de Marruecos en la crisis migratoria y algunos de sus miembros han apuntado abiertamente a una dimensión geopolítica: "No se trata de una crisis migratoria, sino de decisiones políticas", ha afirmado la diputada en el Congreso, Tesh Sidi.

Las imágenes de Ceuta repiten una escena conocida: cuerpos exhaustos que salen del agua, dispositivos policiales desbordados, titulares que hablan de “oleada” y de “emergencia”. Para quien solo mira la frontera cuando llega a las pantallas, puede parecer un episodio excepcional. Para quien conoce las trayectorias de las personas que llegan, es la expresión concentrada de un sistema estable: un régimen de movilidad que convierte el Mediterráneo y el Tarajal en un filtro de clase, origen y raza.La metáfora de la “ola” no es inocente. Presenta personas como un fenómeno natural amenazador –una masa que hay que contener– y borra rostros, biografías individuales y colectivas, y motivos. Una ola no tiene nombre ni proyecto; solo tiene volumen y dirección. Este lenguaje prepara una respuesta política determinada: si lo que llega es una fuerza despersonalizada y despolitizada, la respuesta imaginable ya no es la acogida ni la garantía de derechos, sino la excepción, la contención y el cierre. La violencia aparece, así, como una reacción casi natural.Pero en la frontera no hay fenómenos naturales: hay decisiones políticas. Hace décadas que se combina el cierre de vías legales y seguras, la externalización del control migratorio a países vecinos y unas desigualdades globales que facilitan la movilidad de unos e inmovilizan la de otros. Cuando se abre una rendija —un cambio en la vigilancia marroquí o una crisis diplomática—, un movimiento que ya existía se concentra y se hace visible. Entonces lo llamamos “crisis”.La frontera funciona como una válvula política. Se abre y se cierra según correlaciones de fuerza que raramente tienen que ver con las vidas concretas de las personas que llegan. En 2021, la presencia o ausencia de la policía marroquí en Ceuta no fue solo una cuestión técnica de vigilancia, sino también un instrumento de presión diplomática. Reducirlo todo a las “mafias” o al “efecto llamada” evita la pregunta esencial: ¿quién puede regular la porosidad de esta frontera, y con qué intereses?

Ayer una foto, y hoy, otra. Jóvenes, de entre catorce y veinte años –yo diría, adolescentes–, todos en el agua, de pie, llegando a la playa, ya tocando la arena. Todos van con peinados a la moda, de esos de dos capas, como los de los futbolistas. La mayoría van sin camiseta y muestran cuerpos delgados y fibrados. Los que sí que llevan una la han “decidida”. Son camisetas (mojadas, claro) con un dibujo, un lema, una foto. “Si muero, que me encuentren bien vestido”, deben haber pensado. Hay uno que lleva una con el logotipo de los Lakers. Otro, la equipación del Real Madrid. Algunos todavía llevan el neumático puesto, que les decíamos ayer. Un neumático que quiere ser de broma: la imitación de la rueda de un camión. Dos de ellos, y es curioso, llevan las chanclas en las manos, puestas como si las manos fueran pies. Quizás les ayudaban a nadar. Quizás las querían conservar, fuera como fuera, para no ir descalzos por la ciudad cuando llegaran. “¡Esto es muy importante; los zapatos os salvarán de la policía!”, les debieron decir los de las mafias. Hay uno que lleva el móvil en la mano y parece que esté haciendo una foto. Quizás lo mantuvo bien alto todo el rato o lo protegió con papel de plata. El móvil nos muestra Europa hecha reel, pero también es la conexión con los que se han quedado.

La investigadora Irene Fernández Molina es especialista en el Magreb, la política exterior de la Unión Europea y las relaciones euromediterráneas. Horas después de la crisis migratoria en Ceuta, analizamos con ella qué motivos puede haber detrás y las consecuencias que puede tener a escala europea.

Ceuta y la crisis fronteriza desatada el jueves en la ciudad autónoma se ha utilizado en las redes sociales como gasolina para esparcir la xenofobia de la ultraderecha global. X, Telegram, Facebook y otras plataformas han convertido en pocas horas el enclave español del norte de África en un símbolo de la internacional reaccionaria; en una forma de barrer políticamente a casa y de favorecer las propuestas más deshumanizadoras ante las desigualdades norte-sur.

Decenas de miles de personas, dice el ministerio del Interior, han nadado la distancia que separa una orilla y la otra de la frontera y han conseguido llegar a Ceuta, la teórica Europa. De entre todos, decenas se han ahogado. Que hacer kilómetros nadando es peligroso te lo dice hasta la inteligencia artificial, que te da siempre la razón.

Al anochecer, policías y militares ordenan a diversos grupúsculos de jóvenes que deshagan el camino y vuelvan a casa. A Marruecos. Tienen poco más de dieciocho años. Los mayores, treinta como mucho. Son algunos de los últimos migrantes que quedan en las calles o se esconden en las zonas montañosas de una Ceuta que ha vivido la peor crisis migratoria de la historia reciente. En solo 48 horas, más de 50.000 personas (mayoritariamente ciudadanos marroquíes) han entrado irregularmente en territorio español. Unos, nadando alrededor del espigón; otros, cruzando el paso fronterizo a pie. Olas de personas han llenado las estrechas vías de una ciudad de menos de 20 km². Este viernes, sin embargo, el flujo se ha invertido.

La entrada masiva de migrantes a Ceuta y que ya se ha saldado con la vida de decenas de personas, supera con creces la que se vivió en el año 2021. "Es una violación de la integridad territorial de España", ha sentenciado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, este viernes en una comparecencia desde la ciudad autónoma, a donde se ha trasladado de urgencia con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Ceuta es una ciudad española y los hechos de ayer merecen todo el rechazo y condena", ha añadido el presidente español. Una de las preguntas que sobrevuela desde este jueves es qué hay detrás de esta crisis sin precedentes. Y aquí el gobierno español ha evitado que se derive una crisis diplomática con Marruecos, país desde donde han salido nadando los miles de migrantes que han entrado en Ceuta. Sánchez lo ha atribuido únicamente a "mafias que trafican con jóvenes" y no ha dado pie a nada que se pudiera interpretar como un reproche hacia el régimen marroquí. Al contrario, ha elogiado la "cooperación" con las autoridades del país alauí en el retorno de las personas.

Con mi pasaporte español puedo ir a Marruecos siempre que quiera. Cojo un avión, aterrizo en Marrakech, en Tánger, en Casablanca, en Essaouira o en el desierto, entro, salgo y vuelvo a casa sin pensarlo mucho. Como tantos otros europeos, disfruto del charme de Marruecos, de su luz, de la gastronomía, de la sensualidad de sus calles, de la amabilidad de su gente. Hago fotografías, compro especias, libros o alfombras y, cuando se acaban los días de vacaciones, vuelvo a Barcelona.

Al menos dieciocho migrantes han perdido la vida intentando llegar nadando desde Marruecos hasta Ceuta. La Guardia Civil ha recuperado entre este jueves y viernes los cadáveres de dieciocho personas, seis de ellas en las últimas horas, y Salvamento Marítimo ha recuperado uno más, según informa EFE. No se descarta que continúe aumentando la cifra de víctimas mortales.

Una grave crisis migratoria. Así describen los medios de comunicación y numerosas figuras políticas el último paso masivo de migrantes la ciudad ceutí, la cual no solo ha dejado decenas de muertos y un desbordamiento de los servicios de asistencia del territorio, sino que ha tenido un eco internacional. Pero, más allá de una situación espontánea, la verdad es que estos hechos son un episodio más de una cronología que se remonta años atrás. Para entender en todo su alcance la importancia de estos hechos, el ARA recorre la larga trayectoria del paso fronterizo entre España y Marruecos:

Su propia experiencia ha llevado a Hatim Azahri Akhnous, de 28 años, a dedicar su vida a transformar la realidad de las personas más vulnerables.Técnico superior en integración social y estudiante de trabajo social en la UB, en 2019 fundó la asociación Jóvenes Unidos del Poble-Sec con el objetivo de generar oportunidades reales para jóvenes del barrio en riesgo de exclusión. Desde el año pasado es patrón de Equitat.org (la antigua Fundació Bofill) y este año ha sido galardonado con el premio Princesa de Girona en la categoría Social y ha participado en el VI encuentro de Lafede Cambiar la educación para cambiar el mundo.

La pregunta no es “quién es catalán” administrativamente, lo cual está bien reflejado en el Estatut (que no votamos, pero que está vigente): oficialmente, lo son “los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña”. Después vienen las definiciones menos administrativistas. La más famosa, la formulada por el presidente Pujol: “Es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña... y quiere serlo”. Esta definición (válida para mí) se salta el requisito de ir a comisaría y de saber qué pone en tu DNI, que, en cambio, es el criterio funcionarial. Este último criterio es suficiente, pero, para sacar el agua cristalina: si esto fuera así, Mariano Rajoy no habría salido a poner en discusión la francesidad de los jugadores franceses o José María Aznar no haría referencia a “una mayoría nacional” para referirse a los partidos como PP, PSOE o Vox (excluyendo al resto, que no serían “nacionales”).  La definición administrativista, por tanto, no acaba el debate sino que lo empieza. Quizás sea suficiente para las mentalidades partidarias de la apertura máxima, de la multiculturalidad y de la mínima diferenciación identitaria, para las cuales el papel debería ser suficiente y hasta obtenerlo debería ser muy fácil. Y he de admitir que la ley, en efecto, es el espacio de más objetividad: si el Estatuto dice esto, esto va a misa. El problema es que ya hace muchos años que no vamos a misa, que la ley de Dios tiene muchos peros y que hasta de la ley de la gravedad deberíamos hablar. Las leyes cambian, en teoría, en función de los parlamentos. Y, en segundo lugar, las leyes no dicen siempre la verdad y menos aún toda la verdad. Si fuera así, Cataluña no es una nación. Un concepto que la inmensa mayoría de catalanes identificamos como cierto, pero que, legalmente, no aparece reconocido en ningún sitio. Como las teorías de Galileo en su época, vamos.  

Que la xenofobia está aumentando en Cataluña es un hecho, y es un hecho repugnante para quienes veneramos el concepto de los derechos humanos universales.El desencadenante de este fenómeno es el flujo migratorio que hemos estado recibiendo desde principios de siglo, y si queremos combatirlo, lo primero que debemos hacer es afrontar de cara una verdad incómoda: que la inmigración perjudica inevitablemente a algunos, y muy concretamente a los miembros de las clases populares. ¿Por qué? Porque la inmigración presiona a la baja los salarios (cuando los empresarios tienen dificultades para cubrir vacantes, la alternativa a subir el salario es contratar a un inmigrante), porque presiona al alza el precio de la vivienda (¿es que no tiene nada que ver el hecho de que hayamos pasado de 6 a 8 millones de habitantes de manera rapidísima y sin preverlo?) y porque dificulta el acceso a los servicios públicos (“si yo soy pobre pero el inmigrante lo es más, me quita la beca-comedor”). Ante estos hechos, la gente de bien —a la izquierda y a la derecha– tiende a responder con dos argumentos. El primero, que el fenómeno es inevitable (por nuestro envejecimiento, por su falta de alternativas...); el segundo, que la inmigración es buena para la economía porque hace aumentar el PIB, y, por tanto, nos permite dedicar más recursos a la financiación de los servicios públicos y compensar, por tanto, a los que en puedan resultar perjudicados. Desafortunadamente, ambos argumentos son falsos.

Actualmente atiendo en la consulta a más de una decena de jóvenes, algunos nacidos en Marruecos y otros aquí, hijos de padres marroquíes. Cuando los escucho, pienso a menudo en lo poco que se parecen al retrato que solemos hacer de los hijos de la inmigración. Todos tienen estudios superiores: licenciaturas, másteres o doctorados. Ejercen profesiones diversas y ocupan puestos de responsabilidad en hospitales, universidades, colegios profesionales y otras instituciones del país. Pero hay una característica que los une todavía más que sus currículums.