La concatenación de sabotajes, ciberataques e incursiones con drones atribuidos a Rusia está evidenciando las costuras de la arquitectura de seguridad europea. Ante una intensificación de estos episodios, los gobiernos del continente han empezado a plantearse cómo responder a ellos sin esperar a que Moscú cruce ninguna línea roja.

El gobierno español quiere gravar los beneficios de las compañías de petróleo y gas en la Unión Europea. Considera que en plena crisis energética, en la que se han disparado los precios, estas compañías están obteniendo beneficios extraordinarios derivados del contexto. Por ello, junto con otros cuatro países, han llevado este viernes a la reunión del Ecofin su ofensiva para imponerles un gravamen. Este impuesto se ha abordado en el encuentro informal de los ministros de Finanzas, que ha tenido lugar en Dublín, según fuentes del gobierno español.

La última vez que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronunció un discurso ante un gran foro internacional, su mensaje sonó como un toque de atención a los despachos de las capitales europeas. En plena escalada de tensiones con Donald Trump y una transformación del orden internacional, Carney proponía a las potencias medias unir fuerzas para ganar margen de maniobra ante las grandes potencias. "Cuando solo negociamos bilateralmente con una potencia hegemónica, negociamos desde la debilidad. (...) Esto no es soberanía. Es representar la soberanía mientras se acepta la subordinación", aseguraba en enero en Davos.

Las pequeñas y medianas empresas representan el 99% del tejido empresarial europeo. Y tres de cada cuatro aseguran que tienen dificultades para encontrar trabajadores con las competencias específicas que necesitan. Para Bruselas, una parte del problema es que, a pesar de décadas de integración, el mercado laboral europeo continúa fragmentado por fronteras administrativas.

Bruselas considera que la crisis de la vivienda se ha convertido en una "urgencia". En los últimos diez años, el precio de compra ha subido de media más de un 60% y el del alquiler un 20% en el conjunto de la Unión Europea. Mientras que un millón de europeos no tienen hogar, un 20% del parque de vivienda en territorio comunitario está vacío.

El ya célebre informe publicado por Mario Draghi sobre la competitividad de la Unión Europea giraba en torno a una idea: si la UE quería continuar siendo una potencia económica, debía modernizar su economía y reducir las dependencias estratégicas de China y los Estados Unidos. El día que se cumple un mes de la publicación del informe, la mayoría de los deberes aún están por hacer. De las medidas propuestas por el expresidente del Banco Central Europeo, Bruselas ha implementado un escaso 15%.

La Comisión Europea prepara un marco regulatorio para permitir a los ayuntamientos restringir el alquiler turístico y la compra de segundas residencias, con el objetivo de combatir la crisis de acceso a la vivienda que sufre el continente. Ante las mil y una recetas aplicadas por los estados miembros para frenar la que ya es la principal preocupación de la ciudadanía comunitaria, Bruselas presentará el miércoles la ley de vivienda asequible. La norma fijará las condiciones bajo las cuales los entes locales podrán aplicar estas restricciones y ofrecerá una metodología común para dotar a las medidas de seguridad jurídica.

Después de meses de tensiones y amenazas directas de Donald Trump para tomar el control de Groenlandia, la Unión Europea ha decidido pasar de la retórica a la acción. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes desde Nuuk un acuerdo de inversión de 200 millones de euros para blindar la alianza con el territorio ártico y enviar un mensaje claro a la Casa Blanca: el futuro de la isla "lo debe decidir la gente de Groenlandia y Dinamarca. Nadie más".

Los pronósticos más temidos por Bruselas se han consumado. Por primera vez desde la caída del nazismo, la extrema derecha alemana tiene opciones reales de gobernar un land. Los resultados en Sajonia-Anhalt han caído como un jarro de agua fría en la capital comunitaria, donde la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) se lee como un presagio de la penetración de esta ideología intolerante ya no en el hemiciclo –donde hace tiempo que tiene unos cuantos asientos reservados– sino en la primera línea del poder ejecutivo. Una lectura contraria a la que han hecho los dirigentes más populistas, que ven los resultados como un trampolín político.

Hablemos de Ceuta, una frontera europea, punto sensible para todo el conjunto de la Unión Europea. Y aquí viene la primera paradoja: desde el inicio, un acorralado Pedro Sánchez ha insistido en interpretar el salto masivo del 30 de julio como una crisis europea. Sus aliados europeos han hecho precisamente lo contrario: reiterar que, sobre todo, se trata de un asunto interno, una crisis española.

La crisis de la vivienda afecta a toda Europa, especialmente a las grandes ciudades y a las zonas más densamente pobladas. Según un estudio de la Universidad Técnica de Viena (TU Wien), el 44% de los europeos que tienen un nivel de ingresos medio solo pueden comprar un inmueble de menos de 50 metros cuadrados, es decir, el equivalente a un piso de una habitación o un estudio.

La situación de Ceuta no es el resultado de ninguna “crisis migratoria”, como sostiene la izquierda, ni tampoco de una “crisis de soberanía”, como afirma la derecha. Estas dos lecturas —la una, centrada en el drama humanitario; la otra, en la presión sobre la frontera— son interpretaciones ideológicas y acomodaticias. No tienen en cuenta la disfunción demográfica: la fractura estructural entre dos realidades que avanzan a ritmos completamente diferentes. En un lado de la frontera, las irrisorias tasas de natalidad de España y otros países europeos, como Italia; en el otro, la fecundidad de algunas comarcas del Magreb (4,63 hijos por mujer en Mauritania, por ejemplo). Ceuta es, en este sentido, un punto de contacto tenso entre dos sistemas demográficos que ya no pueden equilibrarse por sí solos. Todo el mundo sabe cómo funciona, eso de las placas tectónicas (este verano hemos tenido unos cuantos ejemplos): hay un momento en que, bajo tierra, la fricción y la presión acaban generando un terremoto.En España, la tasa de fecundidad se mantiene desde hace décadas por debajo del nivel de reemplazo. Hay un envejecimiento acelerado, con una estructura de edades que tiende a la contracción y que necesita flujos migratorios para sostener el mercado laboral, el sistema de pensiones e, incluso, la vitalidad social más elemental. En Marruecos, en cambio, a pesar del importante descenso de los últimos años (en Túnez aún es más acusado), la natalidad sigue siendo alta en comparación con los estándares europeos, y la pirámide demográfica es expansiva. La tasa de fecundidad media del Magreb es de 2,86 hijos por mujer; la de España, de 1,10, y con una edad media de maternidad de 32,6 años, una de las más altas del mundo. Esta asimetría genera una presión inevitable: una población joven, abundante y a menudo sin perspectivas económicas sólidas mira hacia un país vecino que sigue siendo percibido fantasiosamente como un espacio de oportunidades.Por su condición de frontera física y simbólica, Ceuta se ha convertido en el escaparate de esta tensión. Cuando miles de jóvenes cruzaron la frontera hace un mes no estaban protagonizando ninguna “crisis migratoria” en el sentido clásico ni tampoco ningún ataque a la soberanía española, ninguna invasión. Estaban corroborando de una manera abrupta, pero no violenta, la lógica implacable del desequilibrio que se ha ido gestando durante décadas en aquel preciso contexto (en otros no tiene por qué ser así). Las administraciones pueden intentar contenerlo con discursos melifluos o vallas amenazantes, pero el vector de fondo es subterráneo: la diferencia entre sociedades que crecen en población pero no en recursos, y sociedades donde esto funciona al revés.

Polonia, Estonia, Letonia, Suecia, Rumanía, Lituania, y ahora también Alemania. Las incursiones y las amenazas con drones en territorio de la OTAN se han vuelto más frecuentes durante los últimos meses y han cobrado más intensidad. A principios de agosto, un dron cargado de explosivos impactó contra un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig sin llegar a explotar, en uno de los intentos de sabotaje más directos registrados hasta ahora en un centro logístico clave de la OTAN y más adentro del territorio europeo. Después de casi un mes de investigaciones, este martes, por primera vez, el gobierno alemán ha responsabilizado directamente a los servicios de inteligencia rusos del episodio.

Solo una cincuentena de miembros y simpatizantes del grupo ultra Save Europe Act han asistido este sábado a su convocatoria en la plaza Sant Jaume de Barcelona, una cifra que ha contrastado con los aproximadamente 200 manifestantes de la contramanifestación antifascista. De esta manera, el escenario de esta doble movilización de signo opuesto ha evidenciado desde el primer momento el pinchazo de la extrema derecha, que había escogido la capital catalana para hacer su primera parada en el Estado español con una concentración a las 19 h. Como respuesta, colectivos como la Coordinadora Antifascista de Barcelona y Som Antifeixistes habían llamado a "plantarles cara" en el mismo lugar, comenzando una hora antes, a las 18 h.

La extrema derecha que reivindica la primacía de la población "autóctona" y "blanca" en Europa pone a Barcelona en el mapa de su ofensiva continental. El movimiento Save Europe Act –que reclama a la Unión Europea la "remigración" (expulsión) forzosa de los migrantes no europeos para proteger la "continuidad étnica" de los "pueblos nativos" del continente– hará este sábado 22 de agosto su primera parada en el Estado en la plaza Sant Jaume de Barcelona. El acto se enmarca en una gira que ya ha pasado por Bruselas, Utrecht, Lyon y Lille, y llega en un momento en que la gestión de la inmigración –con la crisis de Ceuta como telón de fondo– ocupa el centro del debate político europeo.

Este verano ya ha dejado una serie de tragedias humanas y sobre el paisaje que nos invitan a pensar en las condiciones materiales de nuestra época. Fenómenos termodinámicos y geológicos –como las altas temperaturas que nos obligan a readaptarnos al medio, o la espiral de fuegos por todo el territorio subeuropeo– y dramas sociales como los flujos masivos de migrantes llegados de África –y las reacciones de carácter xenófobo, este verano en Ceuta, el verano pasado en Torre Pacheco– se solapan en espacio y tiempo. Es el tiempo del calor y de la escasez de la Tierra.

Este verano no huele a mar. Huele a ceniza, a pérdida, a destrucción. Pregúntenselo a los miles de personas desalojadas de sus casas o a aquellas que lo han perdido todo, incluso un familiar. Y es que tienen razón: no es el cambio climático. Las temperaturas insoportables, las muertes por la ola de calor y las miles de hectáreas calcinadas no son fruto del cambio climático. Somos nosotros. El clima ya lo hemos cambiado y ahora ya vivimos en plena emergencia.

La semana pasada 186 pasajeros de un crucero fluvial de la compañía Viking Cruises tuvieron que ser evacuados por la policía de fronteras búlgara después de que el barco Viking Ullur encallara en un banco de arena en el Danubio. El incidente tuvo lugar cerca de la localidad búlgara de Gomotartsi, en un contexto de niveles de agua excepcionalmente bajos que continúan alterando la navegación fluvial y el transporte de mercancías en buena parte de la Europa central.

Dentro de la Odisea de Homero, uno de los personajes más bellos –déjenme decirlo así— es Eumeo, o Eumeos, según las diferentes versiones (es un trabajo apasionante, que evidentemente no corresponde hacer aquí, la lectura comparada entre las magníficas traducciones al catalán del poema homérico: la de Carles Riba, la de Joan Francesc Mira y la reciente de Pau Sabaté, que no se enfrentan, sino que se suman y se complementan). Eumeo es el porquero de Ulises u Odiseo, a quien se ha mantenido leal durante su ausencia de veinte años. Junto con Penélope y Telémaco, Eumeo es el único que todavía cree que Ulises volverá un día a Ítaca. Es el primero en reconocerlo, pero antes lo acoge en su casa, convencido de que es un pobre viejo que vaga sin casa, sin rumbo y sin identidad. Eumeo apenas le hace preguntas, ve a alguien necesitado y comparte con él lo que tiene: techo, alimento y un lugar donde pasar la noche a cubierto. Parece poco, pero es mucho: es la dignidad humana. En uno de los pasajes más memorables de la Odisea, Eumeo conversa con su huésped y le pone al corriente de la desdicha de Ítaca y de la difícil situación en que se encuentra Penélope, acorralada por una multitud de pretendientes avariciosos, bellacos y parasitarios. También le explica su propia historia: Eumeo era, él mismo, de sangre real, hijo de Ctesio, rey de la isla de Siro. Una esclava, sin embargo, entregó a Eumeo cuando aún era infante a unos piratas, que lo vendieron como esclavo a Laertes, padre de Ulises. Desde entonces es el porquero del palacio (el “divinal porquerol”, en uno de los epítetos homéricos que se le asocian), y su elevada procedencia sirve de reflejo al destino de Ulises mismo, que partió a la guerra de Troya como rey y como guerrero y que regresa a Ítaca, veinte años después, como un viejo mendigo, desposeído y desarraigado, a quien todos dan por muerto. Todos menos aquellos que todavía lo aman. La intervención de Eumeo es una de las partes más delicadas de la Odisea. Si quieren ver una buena adaptación cinematográfica (sin juzgar la de Christopher Nolan, que aún no he visto) vale mucho la pena el film de 2024 The return, dirigido por Uberto Pasolini y con Ralph Fiennes, Juliette Binoche y Claudio Santamaria en los papeles de Ulises, Penélope y Eumeo, respectivamente.

Junts per Catalunya ha formalizado este lunes su integración al Partido Demócrata Europeo (PDE), una adhesión que hacía meses que se estaba ultimando, tal como avanzó el ARA. Con este paso, el partido liderado por Carles Puigdemont cierra una larga etapa de orfandad política en el Viejo Continente, que se remontaba al año 2018. Fue aquel año cuando el PDECat fue expulsado del Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) bajo presiones de Ciudadanos y en un contexto marcado por acusaciones de corrupción a la formación que entonces lideraba David Bonvehí por el caso 3%.