Escudos antidrones, vuelos de vigilancia con aviones de guerra, nuevos batallones en el flanco este de la OTAN, incremento de la producción de armamento... Europa está inmersa en una carrera de remilitarización innegable, pero la protección no se acaba en el ámbito militar. Ante el incremento de la amenaza de ataques híbridos por parte de Rusia, los países más expuestos han redoblado los esfuerzos también en defensa civil.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comenzó su reciente discurso sobre el estado de la Unión con una cita de Charles Dickens de Historia de dos ciudades de 1859: "Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos". Dickens quería describir la situación de Europa, Londres y París en particular, en tiempos de la Revolución Francesa. Es una cita apropiada porque la velocidad del cambio entonces y ahora era y es formidable. El mejor de los tiempos por las oportunidades que representa, el peor por las turbulencias y los peligros.

Han comenzado las negociaciones para definir cómo debe ser la nueva política agraria común (PAC) de la Unión Europea, una política vital para el sector agrario y ganadero en el país. Los ministros de Agricultura de los Veintisiete han debatido este lunes las primeras líneas de trabajo que perfila la Comisión Europea para la nueva PAC. La reforma, sin embargo, plantea menos recursos y más margen para que los estados decidan cómo los reparten. En Cataluña el sector mira con preocupación la propuesta porque teme que esta flexibilidad acabe recortando ayudas y generando desigualdades entre territorios.

La crisis transatlántica más profunda de los últimos tiempos se cerró en la última cumbre de la ONU en Nueva York. El apretón de manos entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha sellado –al menos aparentemente– el incendio diplomático provocado en enero, cuando Washington puso en marcha una campaña de presión y amenazas contra la isla ártica. "En el Reino de Dinamarca, los Estados Unidos tienen un amigo y un aliado en quien siempre podrán confiar", ha afirmado la dirigente danesa.

El sector del automóvil europeo se encuentra en un momento difícil. La electrificación, la competencia china y el estancamiento de la demanda de los consumidores han empujado a la Unión Europea a tomar medidas para proteger el sector. Pero están encaminando la industria hacia el camino "equivocado". Bruselas está intentando proteger la industria europea de la competencia exterior en lugar de hacerla más competitiva. Esta es la conclusión de un informe del prestigioso think tank Bruegel, sobre políticas europeas, publicado esta semana, en el cual advierte que la prosperidad del continente "está en juego".

Después de una dura negociación, los representantes de los estados miembros de la Unión Europea han conseguido aprobar las nuevas sanciones contra Rusia este martes por la noche. El acuerdo, que hasta ahora se renovaba cada seis meses, incluye sanciones contra 3.000 ciudadanos rusos y se prorrogará durante los próximos tres años. Eso sí, deja fuera de la lista a dos multimillonarios rusos afines al Kremlin, Alisher Usmanov y Mijaíl Fridman.

Bruselas vuelve a dar un toque de atención a España en materia fiscal. El Consejo Fiscal Europeo, el órgano que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, reprocha al ejecutivo español que solicitase activar la cláusula de exención de las reglas fiscales para gastar más en defensa, pero que esta partida solo aumentase un 0,1% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el tamaño de una economía). En cambio, España se desvió un 0,4% del PIB respecto a la trayectoria de gasto neto recomendada.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, tiene la respuesta clara. Uno de los "obstáculos más grandes" para hacer que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales en la Unión Europea es su homólogo italiano, Antonio Tajani. O, dicho de otra manera, la presión que el PP español ejerce sobre sus socios. Así lo aseguraba en una intervención este miércoles en el pleno del Congreso, en la que acusó a la formación de Alberto Núñez Feijóo de influenciar al Partido Popular Europeo para "frenar" esta iniciativa. "El señor de Italia al que invitáis a vuestros congresos y con quien siempre se abraza Feijóo es uno de los máximos obstáculos para que estas lenguas no sean todavía oficiales –aseguró–. ¿Le habéis reprochado que haga esto? Yo sí".

Michael Ignatieff (Toronto, 1947), intelectual especializado en derechos humanos y democracia, también fue líder del Partido Liberal de Canadá, país de moda en Europa y amenazado por Donald Trump. Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2024, es también autor de un libro honesto sobre su fracasado paso por la política, Fuego y cenizas. Ahora ha estado en Barcelona en el marco de la presentación del Anuario Internacional del Cidob. Ignatieff habla claro, subrayando el momento grave que vive el paisaje internacional. E insiste en una idea: nos tenemos que despertar.

La concatenación de sabotajes, ciberataques e incursiones con drones atribuidos a Rusia está evidenciando las costuras de la arquitectura de seguridad europea. Ante una intensificación de estos episodios, los gobiernos del continente han empezado a plantearse cómo responder a ellos sin esperar a que Moscú cruce ninguna línea roja.

El gobierno español quiere gravar los beneficios de las compañías de petróleo y gas en la Unión Europea. Considera que en plena crisis energética, en la que se han disparado los precios, estas compañías están obteniendo beneficios extraordinarios derivados del contexto. Por ello, junto con otros cuatro países, han llevado este viernes a la reunión del Ecofin su ofensiva para imponerles un gravamen. Este impuesto se ha abordado en el encuentro informal de los ministros de Finanzas, que ha tenido lugar en Dublín, según fuentes del gobierno español.

La última vez que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronunció un discurso ante un gran foro internacional, su mensaje sonó como un toque de atención a los despachos de las capitales europeas. En plena escalada de tensiones con Donald Trump y una transformación del orden internacional, Carney proponía a las potencias medias unir fuerzas para ganar margen de maniobra ante las grandes potencias. "Cuando solo negociamos bilateralmente con una potencia hegemónica, negociamos desde la debilidad. (...) Esto no es soberanía. Es representar la soberanía mientras se acepta la subordinación", aseguraba en enero en Davos.

Las pequeñas y medianas empresas representan el 99% del tejido empresarial europeo. Y tres de cada cuatro aseguran que tienen dificultades para encontrar trabajadores con las competencias específicas que necesitan. Para Bruselas, una parte del problema es que, a pesar de décadas de integración, el mercado laboral europeo continúa fragmentado por fronteras administrativas.

Bruselas considera que la crisis de la vivienda se ha convertido en una "urgencia". En los últimos diez años, el precio de compra ha subido de media más de un 60% y el del alquiler un 20% en el conjunto de la Unión Europea. Mientras que un millón de europeos no tienen hogar, un 20% del parque de vivienda en territorio comunitario está vacío.

El ya célebre informe publicado por Mario Draghi sobre la competitividad de la Unión Europea giraba en torno a una idea: si la UE quería continuar siendo una potencia económica, debía modernizar su economía y reducir las dependencias estratégicas de China y los Estados Unidos. El día que se cumple un mes de la publicación del informe, la mayoría de los deberes aún están por hacer. De las medidas propuestas por el expresidente del Banco Central Europeo, Bruselas ha implementado un escaso 15%.

La Comisión Europea prepara un marco regulatorio para permitir a los ayuntamientos restringir el alquiler turístico y la compra de segundas residencias, con el objetivo de combatir la crisis de acceso a la vivienda que sufre el continente. Ante las mil y una recetas aplicadas por los estados miembros para frenar la que ya es la principal preocupación de la ciudadanía comunitaria, Bruselas presentará el miércoles la ley de vivienda asequible. La norma fijará las condiciones bajo las cuales los entes locales podrán aplicar estas restricciones y ofrecerá una metodología común para dotar a las medidas de seguridad jurídica.

Después de meses de tensiones y amenazas directas de Donald Trump para tomar el control de Groenlandia, la Unión Europea ha decidido pasar de la retórica a la acción. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes desde Nuuk un acuerdo de inversión de 200 millones de euros para blindar la alianza con el territorio ártico y enviar un mensaje claro a la Casa Blanca: el futuro de la isla "lo debe decidir la gente de Groenlandia y Dinamarca. Nadie más".

Los pronósticos más temidos por Bruselas se han consumado. Por primera vez desde la caída del nazismo, la extrema derecha alemana tiene opciones reales de gobernar un land. Los resultados en Sajonia-Anhalt han caído como un jarro de agua fría en la capital comunitaria, donde la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) se lee como un presagio de la penetración de esta ideología intolerante ya no en el hemiciclo –donde hace tiempo que tiene unos cuantos asientos reservados– sino en la primera línea del poder ejecutivo. Una lectura contraria a la que han hecho los dirigentes más populistas, que ven los resultados como un trampolín político.

Hablemos de Ceuta, una frontera europea, punto sensible para todo el conjunto de la Unión Europea. Y aquí viene la primera paradoja: desde el inicio, un acorralado Pedro Sánchez ha insistido en interpretar el salto masivo del 30 de julio como una crisis europea. Sus aliados europeos han hecho precisamente lo contrario: reiterar que, sobre todo, se trata de un asunto interno, una crisis española.

La crisis de la vivienda afecta a toda Europa, especialmente a las grandes ciudades y a las zonas más densamente pobladas. Según un estudio de la Universidad Técnica de Viena (TU Wien), el 44% de los europeos que tienen un nivel de ingresos medio solo pueden comprar un inmueble de menos de 50 metros cuadrados, es decir, el equivalente a un piso de una habitación o un estudio.