"Quieren hacer negocio y quisieran que todo fuera discreto. Pero yo pienso que el resto de ciudadanos deben saber qué está pasando aquí". Josep Torrent, de 49 años, se ha convertido en el primer vecino del ya mítico edificio del Eixample, la Casa Orsola, que tiene fecha de desahucio. Este profesor de matemáticas lleva 22 años viviendo en el blog y nunca había participado en el activismo por una vivienda digna. Pero ahora le ha "tocado". "Prefiero no pensar en ello, no imaginármelo. Pero, si vienen, el 31 de enero me encontrarán en mi casa sin oponer resistencia, pero con el apoyo de entidades, las vecinas y el sindicato", asegura. La suya será, pues, la primera expulsión por la fuerza después de tres años de lucha vecinal en este bloque. Josep será el primer desahuciado pero no el primero que se marcha. Antes de que él, asegura, muchos vecinos se han marchado a regañadientes porque no les han renovado el alquiler y no se han visto con corazón de luchar: son las llamadas expulsiones invisibles.

La vivienda está a punto de superar la inseguridad en el ranking de las materias que más preocupan a los ciudadanos de Barcelona. Con el 28,8%, sólo una décima separa la desazón por el acceso a la vivienda del miedo por la inseguridad, que con el 28,9% es todavía el primer problema según los datos que se han hecho públicos de la segunda ola del barómetro municipal. Esta encuesta ha incluido, precisamente, preguntas específicas sobre el tema que dejan claro que la ciudad tiene un problema grave de vivienda, según opina una abrumadora mayoría del 94,3% de los encuestados, el 68,8% de los cuales creen que, a además, es un problema gravísimo. Lo es, de hecho, para casi la mitad de los encuestados, en un grado u otro, y afecta, como es bien sabido, especialmente a la gente que vive de alquiler.

Decae a última hora la posibilidad de que el Congreso de los Diputados tape el agujero legal de los alquileres de temporada que dejó la ley de vivienda estatal. Por último, el voto contrario de Junts ha impedido la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por los sindicatos de inquilinos de todo el Estado para regular este tipo de actividad.

Una nueva plataforma web ha salido al mercado para competir en los conocidos portales inmobiliarios. Se trata de Revive (reviucasa.com), un portal de viviendas donde compartir y buscar reseñas anónimas de pisos en Barcelona cuyo objetivo es evitar que el inquilino vaya "a ciegas" a la hora de buscar un piso, para así superar "la asimetría de información" que actualmente caracteriza al mercado de la vivienda.

El 16 de marzo entraron en vigor los topes de los precios de los contratos de alquiler de vivienda habitual en los 140 municipios declarados de mercado residencial tensionado en Cataluña. Pese a que los inquilinos han aplaudido que por fin se ponga freno a los precios de sus alquileres y así se evite, sobre todo, que puedan subirles los alquileres a la renovación de sus contratos, son muchos los detractores que siguen defendiendo que el mercado no es debe intervenir, y que auguran una caída de la oferta. Es evidente que con las políticas de vivienda llevadas a cabo hasta ahora no se ha logrado destensionar el mercado ni aumentar la oferta de vivienda. Además, hemos visto que es un mercado que, habiendo estado libre todos estos años, no ha logrado equilibrarse por sí mismo, como también se ha visto en todos los países europeos que están imponiendo este tipo de medidas. Ahora bien, está claro que los topes de precios no son un remedio milagroso que va a solucionar en tres años –es el límite inicial de tiempo de las medidas implantadas– lo que no se ha solucionado en décadas. Y lo que está aún más claro es que no se pueden buscar soluciones sencillas a problemas complejos.

El índice estatal de los precios de alquiler está vigente desde este sábado. En esto, Catalunya es ya gato viejo, y acumula experiencia previa, desde la aprobación de la ley de contención de rentas –en septiembre del 2020– hasta su parcial suspensión por el Tribunal Constitucional, dieciocho meses más tarde. Unas leyes, tanto la versión autonómica como la estatal, que impulsan un cambio radical: convertir el mercado libre de la vivienda de alquiler en un mercado regulado en las ciudades en las que hay más demanda, que son muchas.

El Govern anunciaba a finales de junio su intención de limitar los precios de alquiler en 140 municipios considerados "zonas tensadas" por los grandes esfuerzos económicos que debe hacer la población para acceder a una vivienda. Ahora, y una vez resueltas la cuarentena de alegaciones recibidas por parte de los ayuntamientos, las asociaciones del sector inmobiliario y las entidades sociales, la consellera de Territorio, Ester Capella, ha anunciado que se mantienen los planes –no se añade ningún municipio ni desaparece ninguno del listado–, pero se introducen dos cambios en los criterios que deberían garantizar la contención de los precios de arrendamiento en estas zonas. A partir de ahora, en el mercado del alquiler catalán, se considerará gran tenedor a aquel propietario que tenga cinco o más pisos, y no 10, como hasta ahora. Por el contrario, los promotores de pisos destinados al alquiler social serán excluidos de esta categoría.

Este martes verán la luz una batería de medidas en materia habitacional. A pesar de que el proyecto estrella, la ley de vivienda estatal, todavía tendrá que esperar unos días para llegar a la segunda vuelta en el consejo de ministros, después de que el CGPJ no aprobara el primer informe sobre la normativa, el ejecutivo ha aprobado dos otros paquetes para facilitar el acceso a la vivienda, en especial a la población joven: el bono joven del alquiler y el plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, dotado con 1.700 millones de euros.

Un año y tres meses después de entrar en vigor la ley que regula los alquileres en Catalunya, ya se han hecho públicos los primeros datos oficiales sobre la evolución tanto del precio como de los contratos firmados. Y de momento avalan la ley. Los precios han empezado a mostrar las primeras señales de moderación, sobre todo en Barcelona. Ahora una familia que haya entrado de alquiler en la capital catalana este septiembre ya ha pagado –de media– 47 euros menos al mes que antes de la entrada en vigor de la regulación, hace un año. Esto implica un ahorro de 564 euros anuales.

Cuando decidieron compartir piso, Ramon, Esteve y Jordi tenían un máximo de gasto en concepto de alquiler. Calcularon que, con el sueldo que cobraba cada uno, no podía superar los 1.200 euros. "Encontramos un piso que nos encajaba y nos gustaba, y decidimos seguir adelante", explica Ramon. La sorpresa para estos tres jóvenes de entre 27 y 30 años llegó después, cuando, con el contrato en la mano, se dieron cuenta de que transgredia varios puntos de la ley actual de regulación de los alquileres. Lejos de aceptar las condiciones propuestas -fuera de la ley-, los jóvenes, que están afiliados al Sindicat de Llogaters, decidieron hacer frente a la propiedad y su caso se ha acabado convirtiendo en la primera sanción del Ayuntamiento de Barcelona a unos propietarios por no cumplir la norma.

Comprar una vivienda y ponerla en alquiler es más rentable que tener el dinero en el banco con tipo de interés negativo. Pero el número de inversores en vivienda en España ha caído durante el primer semestre de este año y, especialmente, en la ciudad de Barcelona, según constata el último estudio del mercado de la vivienda de la Universitat Pompeu Fabra y la compañía Tecnocasa, coordinado por el catedrático de Economía de la UPF José García Montalvo.

Medio año después de la aprobación de la ley que regula los precios del alquiler a través, entre otros, de la creación de un índice de referencia, el Govern ha anunciado que empezará a multar a aquellos contratos que no cumplan con el texto y avisa de que ya tiene 30 detectados. El Sindicat de Llogateres ve las sanciones como "un primer paso muy importante" pero defiende que la cifra de incumplimientos es muy superior. "Después de siete meses en vigor, como los expedientes sancionadores no han llegado hasta ahora, una parte del mercado inmobiliario se ha sentido legitimado para incumplirla", explica al ARA el portavoz del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera.

A Rafael Gómez hace cuatro meses que no le cobran el dinero del alquiler del piso. El propietario que se quedó la vivienda no le ha pasado los recibos desde septiembre, cuando se le acabó el contrato por el cual pagaba 400 euros mensuales de alquiler social. La anulación del decreto aprobado por la Generalitat en 2019 para proteger a los más vulnerables y a los que ocupan por necesidad deja ahora a este vecino del barrio de Bellvitge de L'Hospitalet casi a la intemperie, porque el Tribunal Constitucional elimina la prohibición de desahuciar a este colectivo.

Los adelantos del Parlament topan con obstáculos en el Tribunal Constitucional una vez más. Este jueves los magistrados del tribunal de garantías han tumbado el decreto que aprobó el Govern en diciembre de 2019 -y convalidó la cámara catalana- que obligaba a los bancos y a los fondos a ofrecer alquiler social a los okupas que tuvieran que ser desahuciados. El PP, que ya recurrió al Consejo de Garantías Estatutarias, presentó un recurso ante el TC y este, según publica la agencia Efe, ha anulado el decreto. Fuentes del tribunal apuntan al ARA que la sentencia está pendiente del redactado final y que los magistrados la firmen.