La amnistía ha aterrizado totalmente en el debate entre los independentistas sobre la investidura de Pedro Sánchez, pero existe división de opiniones. ¿Es suficiente esta exigencia? Mientras el exconseller de Interior Joaquim Forn (Juntos), actual vocal de la junta de Òmnium, asegura que es una medida insuficiente para hacer presidente al socialista, la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa (ERC) sostiene que es una cesión válida para dar los votos. En declaraciones a Vilaweb, los dos expresos políticos han valorado con puntos de vista diferentes esta iniciativa, que podría ser constitucional según han defendido varios juristas, como el ex vicepresidente del TC Juan Antonio Xiol.

Ni Junts ni ningún expresident de la Generalitat han criticado que Pere Aragonès no acuda a la cita anual de la ANC por la Diada. Ahora bien, los llamamientos a la participación de este sector del independentismo hacen evidente que no comparten la decisión del presidente. Este miércoles el expresident Carles Puigdemont ha lanzado un mensaje en Twitter precisamente para animar a la ciudadanía a acudir a la cita y lo ha acompañado de una advertencia: "Si el objetivo es vivir con el Estatut recortado por el TC, la movilización es un estorbo". Si, por el contrario, la meta es la independencia, "la movilización es una condición necesaria" para conseguirla. Según él, cuando "se ha hecho mejor política" en Catalunya es cuando "las instituciones y los partidos han ido codo a codo con la sociedad movilizada", en alusión al 1 de Octubre, y esto "no era antipolítica ni ir contra los partidos", ha expresado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ya tiene sobre la mesa todos los recursos de los líderes políticos que el Tribunal Supremo encarceló con la sentencia del 1-O. Este miércoles se han presentado los tres últimos: el del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los ex consellers republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa. Ahora toca esperar el veredicto. Desde el equipo legal de los tres republicanos se ha explicado que se prevé que todos los recursos se agrupen en una sola macrocausa y calculan que tendrán que pasar "mínimo" dos años para saber el desenlace.

Los indultos, a pesar de la alegría que supusieron para los presos y sus familiares, no fueron un plato fácil de digerir. La medida de gracia les permitió salir de la prisión, sí, pero no extinguió ni la sentencia del Supremo, ni las penas de inhabilitación, ni tuvo ningún impacto en las otras causas judiciales del Procés. La sensación que quedó en el independentismo –y también en los mismos indultados– es que la injusticia persistía. Un año después, Esquerra ha decidido hacer un acto para conmemorar la salida de la prisión de los presos políticos y lo ha hecho tanto para reivindicar a los indultados como para reclamar la amnistía y la mesa de diálogo como vías para resolver el conflicto político.

Con la única certeza de que se volverá a reunir en septiembre, la mesa de diálogo todavía está rodeada de muchas incógnitas, entre ellas: quién se sentará en ella, cuántas veces se repetirá y, sobre todo, qué saldrá de ahí. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, sin embargo, se ha avanzado este viernes a los acontecimientos y ha asegurado que del proceso de negociación pueden brotar dos resultados, y los dos son, según ella, buenos para el independentismo. El primero, hacer realidad el referéndum y la amnistía. Una solución que se prevé complicada vista la posición inicial del PSOE –que dice que ninguno de los dos elementos tiene cabida constitucional–, y, de hecho, la propia Rovira ha reconocido que son "escépticos" con el hecho de que esto pase.

 “Vive en Tortosa, hagámosle una visita y le devolvemos el favor”. Este es el mensaje que escribió una maestra jubilada de Palafrugell en Facebook contra un agente de la Guardia Civil que participó en el operativo policial contra el 1-O en Sant Carles de la Ràpita y Roquetes y que la ha hecho volver a pasar por los juzgados. Mariona Reig está imputada con seis personas más por un delito de incitación al odio contra el brigada y el instituto armado, pero la juez le ha notificado este martes que también está investigada por un delito de injurias y amenazas.

El departamento de Justicia ha hecho públicas imágenes inéditas del traslado a Madrid de los presos políticos para afrontar el juicio del Procés. Son fotografías del 1 de febrero del 2019, el día que Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull y Joaquim Forn fueron llevados a Madrid para sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Bassa abandonó entonces la celda de Puig de les Basses (Figueres), Forcadell salió de Mas d'Enric (El Catllar) y los presos hombres dejaron Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada). Los líderes independentistas durmieron durante el juicio en prisiones madrileñas y ocho meses después de estas imágenes fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión. Entonces estaban en prisión preventiva.

La opinión de los jueces de vigilancia penitenciaria respecto al tercer grado ha variado de manera radical desde el otoño. ¿El motivo? Más allá de que una de las magistradas haya cambiado (la de Lledoners), por el medio está el auto dictado por el Tribunal Supremo. El titular del juzgado número 1 decidió en octubre del año pasado que Dolors Bassa y Carme Forcadell cumplían todos los requisitos para disfrutar de la semilibertad. Este martes, en cambio, ha decidido todo lo contrario. En cuanto a la magistrada del juzgado número 5, confirmó a finales de agosto el tercer grado de los siete presos políticos de Lledoners, a pesar de que lo mantuvo suspendido hasta que decidiera el tribunal sentenciador, la última instancia judicial. Fue el 4 de diciembre cuando la sala segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena, revocó tanto los terceros grados como los 100.2, que habían permitido a los presos salir regularmente de los centros para trabajar o hacer voluntariado.

Ninguno de los presos políticos disfruta ya del régimen de semilibertad. El juez de vigilancia penitenciaria 1 de Barcelona ha tumbado el tercer grado de Carme Forcadell y Dolors Bassa, tal como había pedido la Fiscalía, y tendrán que volver a entrar en la prisión en las próximas horas. El juez ha estimado el recurso de la Fiscalía, que consideraba improcedente y prematuro el régimen de semilibertad del que disfrutaban las dos dirigentes independentistas desde febrero.

La fiscalía ha presentado un recurso al Supremo contra el mantenimiento cautelar del tercer grado de Dolors Bassa y Carme Forcadell. Recurre así al tribunal sentenciador la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1, que rechazó la medida cautelar que planteaba el ministerio público mientras estudia el fondo de su recurso. La fiscalía subraya que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el carácter suspensivo del recurso de apelación en materia de clasificación cuando se trata de condenados por delitos graves que puedan ser excarcelados.

Los presos políticos vuelven a salir hoy de la prisión después de que ayer recibieran el tercer grado penitenciario otra vez. Se lo concedió la conselleria de Justicia de la Generalitat, y les permitirá salir a la calle de día pero tendrán que volver por la noche a dormir ahí de lunes a jueves. La única que no saldrá es la presidenta Forcadell, porque hay un brote de coronavirus en la prisión de Wad-Ras.