La de Badia del Vallès es la más particular de las historias de los polígonos de viviendas que el Patronato franquista levantó para dar techo a los inmigrantes españoles. A vista de pájaro, la distribución de los edificios tiene la forma de la Península Ibérica, y sobre el terreno los nombres de las calles se disponen fieles a la geografía. Es particular por muchas cosas. Primero, porque llega a los 50 años no como barrio sino como ciudad –lo es desde 1994–, con la singularidad de que es la única con todas las viviendas (5.400) de protección oficial, aunque a partir del próximo año sólo quedarán un centenar largo. El origen de Badia es un "pelotazo urbanístico", explica el socialista Josep Martínez, alcalde de la localidad desde agosto del año pasado, aludiendo a que la familia Badia compró los terrenos justo antes de su expropiación para hacer el barrio, que nació como una mancomunidad de Barberà o Cerdanyola.

En Catalunya quedan por retirar alrededor de un millón de toneladas de fibrocemento —amianto—, según los cálculos que ha hecho públicos el Govern este lunes mediante la Comisión para la Erradicación del Amianto. El dato supone, al menos, la mitad de la cifra que hasta ahora se daba por buena a partir de censos que han elaborado la Generalitat y los ayuntamientos. Este material, altamente contaminante y perjudicial para la salud cuando se rompe, había sido habitual en la construcción para realizar cubiertas de edificios o recubrir tuberías y depósitos de aguas.

"Si los ataúdes de los muertos [por el amianto] estuvieran a la vista de todos en las obras, las autoridades harían algo". Así de contundente es Miguel Moreno, de la Asociación Jubilados de Macosa-Alstom Afectados por el Amianto, cuando denuncia que todavía hoy se detectan muchas operaciones de retirada de ese material peligroso sin las obligatorias medidas de seguridad. No aprendemos, asegura, y reclama mayor vigilancia cuando se ha demostrado que la exposición a este material tiene una relación directa con enfermedades mortales como el cáncer de pulmón.

Trozos de escombros cayendo desde las alturas sobre una inmensa cubierta de uralita. Este es el paisaje con el que, desde principios de año, deben convivir los vecinos de la manzana del Eixample comprendida entre las calles Consells de Cent, Aragó, paseo de Sant Joan y Bailèn. Algunos, como Paolo, lo ven de cerca. Su ventana queda justo encima del tejado, que tiene amianto. Hace casi dos meses que no le abre por nada.

En Cataluña sólo se puede tirar el amianto de las construcciones en el depósito de Can Palà, el único vertedero controlado, ubicado en Castellolí (Anoia) y que tiene capacidad para almacenar un millón de toneladas. Ante la previsión de que en los próximos años haya que retirar otras muchas construcciones hechas antes del 2002 con este material –sobre todo cubiertas de fibrocemento (cemento mezclado con fibras de amianto)– para cumplir la nueva ley de erradicación del amianto, el Gobierno se plantea abrir otros nuevos o habilitar espacios controlados en puntos limpios.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recuperado la ley para erradicar al amianto de los edificios catalanes que aprobó su predecesor, Pere Aragonès, y que decayó por la convocatoria de elecciones. La portavoz del Govern, Silvia Paneque, ha anunciado que la norma se presentará de nuevo al Parlamento en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo. Entre las medidas prioritarias se encuentra la elaboración de un censo, municipio por municipio, de todos los edificios construidos con este material, y el despliegue de un régimen sancionador que permita multar con hasta 100.000 euros a los propietarios que no quitan los elementos de uralita degradados a petición de las autoridades.

El gobierno de Salvador Illa aún mantenía hace una semana más de 200 cargos que habían sido nombrados por el ejecutivo anterior, de ERC, según avanzó el ARA. Sin embargo, la lista va acortándose con salidas como la del hasta ahora director de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), Isaac Peraire, que será cesado este lunes por el consejo de administración de la ARC, después que él mismo reclamara su cese en una carta publicada en la red social X (antiguo Twitter), en la que instaba a nombrar una nueva dirección. El encargado de suceder a Peraire será Albert Planell, que hasta ahora había ocupado el cargo de gerente del Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental.

El amianto debe eliminarse de los edificios públicos antes del año 2028 y de las propiedades privadas antes del 2032 –así lo exige la Unión Europea– pero, por ahora, siete de cada diez municipios catalanes (72,2 %) todavía desconocen cuál es la presencia de este elemento contaminante en su territorio. Es más, sólo el 2,9% de los municipios (27) han elaborado un calendario para fijar su retirada, según recoge el informe La retirada del amianto en Cataluña, presentado este lunes por la Síndica de Greuges. Los datos son especialmente significativos si se tiene en cuenta que, según marca la ley estatal, todos los ayuntamientos deberían haber elaborado el censo y el calendario de la retirada de este material antes de abril de 2023.

Fue el producto estrella de la construcción de viviendas durante más de 40 años, y todavía ahora 945 municipios de Catalunya –ambos menos dos– tienen cubiertas con fibrocemento, es decir cemento al que se añadían fibras de amianto. Así lo determina el primer censo de cubiertas con fibrocemento en Cataluña, presentado este lunes en el Palau de la Generalitat [consultarlo aquí]. La directora del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, Myriam Moysset Gil, ha explicado que los tejados sospechosos de tener amianto se encuentran, principalmente, en zonas industriales, pero que se trata de un problema que se extiende en todo el país . En total, sigue habiendo 122.460 cubiertas de fibrocemento. Puesto uno junto al otro, todos estos tejados equivalen a 40 kilómetros cuadrados de superficie y suponen 700.000 toneladas de este material.

Rafael Rubio tiene 68 años y está jubilado. Durante cuatro décadas ha trabajado en los talleres de mantenimiento y reparación del metro de Barcelona situados en Vilapicina y ahora una sentencia le da la razón: este trabajo le ha perjudicado la salud de por vida. El causante, la exposición al amianto. Hasta ahora, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) lo negaba, pero el juzgado de lo social número 4 de Barcelona ha dado la razón a Rubio y le ha reconocido la situación de incapacidad permanente. Es el primer trabajador vivo que logra una sentencia favorable de estas características, después de que la justicia reconociera en 2022 que la exposición a este material que hace unas décadas se utilizaba a raudales en la construcción había causado la muerte de un compañero sede. Ahora el juez también acredita que Rubio sufre fibrosis pulmonar y vincula a la patología a un origen profesional.

La plaza de las Glòries de Barcelona ya tiene en marcha la cuenta atrás para vivir uno de los cambios más importantes de los previstos en la zona: el estreno, el sábado, del túnel que tiene que permitir soterrar el tránsito de la Gran Via y construir el gran parque-plaza en superficie. Pero lo que de momento no cambia es la degradación de muchas de las antiguas naves industriales del entorno, algunas con cubierta de uralita y junto a tres escuelas (Escola dels Encants, Escola Gaia y Escola Bressol Leonor Serrano). Los centros vuelven a estar ahora en alerta por la presencia de amianto y reclaman soluciones definitivas: que se retiren los tejados degradados.

El Ayuntamiento de Badia del Vallès ha presentado este jueves el Mapa del Amianto, un manual pionero en todo el Estado que identifica la presencia y degradación de este material nocivo en los 200 edificios residenciales del municipio construidos en los 70. Además, explica los métodos para eliminarlo, así como prioridades de retirada. La presentación se ha llevado a cabo en el Auditorio Municipal y ha contado con la presencia del president de la Generalitat, Pere Aragonès, la alcaldesa de Badia, Eva Menor, representantes de la Comisión del Amianto y el especialista que ha hecho el estudio, Lluís Mallart.

"La OMS dice que el amianto es un material altamente cancerígeno y nosotros, que lo hemos trabajado, lo podemos atestiguar. Cada año tenemos más compañeros, con nombres y apellidos, a quienes se diagnostica cáncer. Esto no se para. El amianto es un problema real que desgraciadamente pasa demasiado desapercibido". Habla Miguel Moreno, de Jubilats Macosa-Alstom, convencido que todo esfuerzo será poco a la hora de retirar con la máxima urgencia todos los elementos con amianto de Catalunya. Tanto aquellos que son absolutamente visibles –como las cubiertas de naves industriales o de casetas agrícolas–, como los que quedan escondidos en recubrimientos, cañerías o incluso pintura. Todos.