Este lunes hará ocho años que el Parlament proclamaba la República Catalana después de la victoria del sí en el 1-O. Aquella fue la jornada de mayor trascendencia política de la historia de la cámara. Pero una hora más tarde el Senado aplicaba el artículo 155 de la Constitución y suspendía el autogobierno disolviendo el Parlamento. La declaración unilateral de independencia (DUI) quedaba en papel mojado, sin ningún tipo de efecto, y de hecho el Gobierno tampoco la publicó en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC). A las puertas de un nuevo 27 de octubre, la DUI es una fecha borrada por el independentismo.

La DUI regresó hace unas semanas al Parlament a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) que fue admitida a trámite por la mesa de la cámara con los votos favorables de Junts y la CUP. Una propuesta que algunos partidos han considerado extemporánea y que no está nada claro que logre una mayoría en el hemiciclo –tiene cuatro meses para recoger las 50.000 firmas necesarias–, pero los obstáculos han empezado antes incluso de lo previsto. Los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que iban a formar parte de la comisión de seguimiento encargada de validar el proceso de recogida de las firmas han renunciado a participar. Como ha avanzado Vilaweb y ha confirmado el ARA, el TSJC ha comunicado la renuncia a los miembros de la mesa sin aportar argumentos. No son necesarios para saber los motivos de una decisión muy poco habitual: los propios letrados del Parlamento hicieron un informe en el que recomendaban no admitir a trámite la ILP por riesgo de inconstitucionalidad.

Mientras el debate en el Congreso de los Diputados se centra en la amnistía por el Proceso, en el Parlament de Catalunya vuelve a planear la DUI. Pero no la del 2017, que quedó en el limbo sin siquiera publicarse en el Boletín Oficial del Parlament. Ahora, tras varios intentos fallidos de los promotores, la mesa ha admitido a trámite este martes una iniciativa legislativa popular (ILP) que pide declarar la independencia de Catalunya. La ILP, promovida por Solidaritat, ha prosperado con los tres votos favorables de Junts y la CUP, que contrastan con la negativa del PSC y la abstención de ERC. Además, tampoco se hizo caso al informe consultivo emitido por el letrado de la cámara Xavier Muro, secretario de la comisión de control de las ILP, que concluyó que la petición "no cumple las condiciones" para ser aceptada porque trata sobre unas competencias no previstas por el Estatut.

Cinco años después de que el Parlament aprobara una supuesta declaración unilateral de independencia, y una vez ha quedado suficientemente documentado lo que pasó esos días y los posteriores, es necesario hacer algunas consideraciones al respecto.

Una de las cuestiones que el ex jefe de las fuerzas armadas Fernando Alejandre Martínez (Madrid, 1956) volvería a hacer igual es emperrarse en "recuperar el patriotismo". "Un patriotismo basado en la Constitución y en su legitimidad, que no nace ni de la tolerancia, ni de la convivencia, ni siquiera de la paz mundial; que nace de la propia idea de España como nación", subraya en su libro Rey servido y patria honrada, en el que hace balance de sus tres años como Jemad (2017-2020). Uno de los principales episodios que tuvo lugar durante esta etapa son los atentados en Barcelona y Cambrils del 17-A, de los que tuvo conocimiento por la radio mientras pasaba unos días en una casa rural de Cáceres con su familia. Estas "terribles" noticias no eran, sin embargo, lo que más le preocupaba, sino "lo que tenía que pasar": el referéndum y la posterior declaración de independencia, hoy hace cinco años. Y Alejandre preparó un plan por si había que llevar militares a Catalunya.

Admitida a trámite con urgencia, superadas doce horas de tenso debate -con continuas interrupciones para que se reuniera la mesa del Parlament-, y aprobada de madrugada para evitar la suspensión del Tribunal Constitucional (lo haría cinco días después). El nacimiento de la ley de transitoriedad jurídica hacía presagiar que su entrada en vigor, prevista para dos días después de la victoria del sí en el referéndum, sería conflictiva. Pero no hubo ocasión de comprobarlo: la mayoría independentista decidió que no la aplicaría nunca. Habría sido la "norma suprema" de la república catalana durante el proceso de transición hacia la redacción de la Constitución y preveía los pasos, más o menos detallados, de cómo se estructuraba desde el primer momento la nueva Catalunya independiente. ¿Cómo tenía que ser, pues, el día siguiente de su entrada en vigor con la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre?

La campaña electoral nos está trayendo los primeros debates electorales. Y digamos ya de entrada que ver a la extrema derecha en los debates o en las informaciones de los medios públicos, TV3 y TVE, es impresentable. Que la Junta Electoral lo permita porque ha declarado a Vox “grupo político significativo” cuando Vox no tiene representación en el Parlament es dar a la extrema derecha un altavoz que no le corresponde (todavía; ya vendrá, por desgracia) y que lo use para ensuciarnos a todos con frases como las que pronunció ayer su representante refiriéndose a según qué barrios de Catalunya: “estercoleros multiculturales”. Es el caso de libro de un partido que se cargaría la democracia aprovechándose de una interpretación generosa de los derechos democráticos.