Carlota Elías tenía claro que necesitaba un tema que la motivara para su trabajo de fin de grado de criminología. Y se encontró con la palabra hibridofilia: personas que sienten atracción por criminales. Lo ha acabado convirtiendo en el libro Hibridofilia, un cuento de (encerr)adas.

Dos presos del departamento especial de régimen cerrado (Dert) —la zona de aislamiento— de la prisión de Brians 2 han intentado escaparse este domingo a la madrugada del centro. Fuentes penitenciarias han explicado a el ARA que los dos internos se han pasado entre dos y tres horas en el desv\u00an del ático de este departamento después de salir de una celda desmontando el plafón de la luz, que da acceso a la planta técnica del departamento, donde está la instalación eléctrica y del sistema de aguas. Los internos han podido hacer este movimiento sin que haya saltado ninguna alarma, añaden las mismas fuentes. Por su parte el departamento de Justicia ha destacado que los funcionarios del centro han frustrado el intento de fuga.

Montse dice que sólo una vez ha dudado de si estaba segura en el trabajo. Fue hoy hace dos años, cuando un whatsapp de un compañero le avisaba de que un preso había apuñalado a Núria López en la cocina de Mas de Enric y luego se había suicidado. "En ese momento sí dices «Hostia, ¿dónde estoy trabajando?» Pensé que podía pasarme a mí".

Benjamín Vega tiene 60 años y hace 35 que entró en prisión por primera vez. Desde entonces ha ido entrando y saliendo. En 1991 un juez de Tarragona le "castigó una semana" después de que le pillaran robando en Salou tres veces seguidas en pocos días, y reconoce que se lo tomó "como un juego". "Lo peor de todo es que no cogí miedo en prisión, porque si le hubiera cogido miedo no habría vuelto a entrar", dice ahora, con doce condenas que –si no consigue una reducción de pena como está intentando– acabará de cumplir en el 2039, cuando tendrá 73 años.

De la misma manera que ha envejecido la sociedad, también hay cada vez más personas mayores entre rejas, por lo que la media de edad de los presos es cada vez mayor. Sólo un 1% de las personas que están encarceladas tienen más de 70 años, pero son el doble que hace quince años. En cambio, a lo largo de este tiempo, el número total de presos ha descendido. Entre quienes encaran esta etapa de la vida dentro de prisión hay tanto internos con condenas muy largas como otros que han encadenado penas más pequeñas o que han delinquido siendo ya mayores. En prisión confluyen diferentes factores de riesgo que avanzan el envejecimiento, por lo que los especialistas consideran que en prisión una persona es mayor mucho antes que en libertad.

El Parlament ha aprobado una reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones: que sean considerados como agentes de la autoridad. La demanda, que ganó fuerza tras el asesinato de Núria, cocinera en prisión de Mas de Enric en marzo del 2024 a manos de un interno, ha sido una propuesta del PSC que ha salido adelante con los votos del PP, Vox, Aliança Catalana y Junts. Además de los funcionarios de vigilancia, el estatus de agente de la autoridad —que ya tienen entre otros a policías, médicos y docentes— se extiende también a los directivos de las prisiones y trabajadores penitenciarios de rehabilitación: psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales.

Es habitual que, en los comentarios de las noticias sobre sucesos del ARA, varios lectores pidan conocer la nacionalidad o el origen de la persona que ha quedado detenida por la policía. Es sólo un ejemplo que evidencia cómo una cuestión ha irrumpido en el debate público, a menudo haciéndose fuerte en la esfera política de la mano de algunas formaciones: la vinculación de las personas recién llegadas con una mayor propensión de comisión de delitos. Los Mossos d'Esquadra no hacen pública la nacionalidad de los arrestados, ya que el origen no se considera un factor a la hora de delinquir, pero la policía catalana ha abierto la puerta a proporcionar más detalles en determinadas tipologías delictivas a partir del próximo año. En estos momentos, los extranjeros son el 18% de los residentes en Catalunya y representan el 52% de la población penitenciaria y más de la mitad de las detenciones policiales. Sin embargo, tanto los portavoces de la policía catalana como los expertos consultados por este diario piden ir más allá de los datos fríos y contextualizarlos teniendo en cuenta los factores que sí son decisivos, como son los socioeconómicos.

Este jueves el departamento de Justicia ha hecho públicos por primera vez los datos que permiten realizar una radiografía de las contenciones mecánicas por motivos disciplinarios en las prisiones. Han sido 313 en los diez primeros meses del año. Estas inmovilizaciones se realizan ocho veces más a los internos en régimen cerrado o de aislamiento que a los que pueden salir puntualmente de la cárcel con permisos o están en semilibertad, con un ratio de 9,16 por cada 100 internos en el primer caso y de 1,21 en el segundo. En proporción, también afectan más a los presos menores de 25 años: entre los jóvenes, el ratio de inmovilizaciones por cada 100 internos es de 3,74, mientras que entre los adultos es de 1,28.

El incremento continuado de personas que están encarceladas en Catalunya ha llevado al Govern a decidir ampliar las plazas en las cárceles para evitar que acaben masificadas. En concreto, construirá dos módulos nuevos dentro del perímetro actual de la cárcel de Mas de Enric, en El Catllar (Tarragonès), que en total podrán acoger a otros 256 presos. Los nuevos edificios serán para hombres y se construirán donde ahora existe un campo de fútbol en desuso, porque los internos ya utilizan las instalaciones polideportivas de cada módulo.

Los trabajadores de las cárceles están acostumbrados a dos formas clásicas con las que los presos intentan tener allí dentro de objetos prohibidos como móviles y drogas: que alguien se lo lleve en un vis-a-vis o que lo entren ellos mismos al volver de un permiso. Pero hay una tercera modalidad más reciente, que consiste en que alguien, desde fuera, les haga llegar con un dron. Y, precisamente esta semana, los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que había hecho llegar móviles y drogas a la cárcel de Brians 1 con este método. Todo después de que la semana pasada trabajadores de Brians 2, el centro adyacente, alertaran de que habían detectado un dron que llevaba drogas, móviles y otros objetos prohibidos en prisión.

Christian LF, el líder del movimiento supremacista xenófoboDeporte Them NowUE encarcelado desde julio por instigar altercados racistas en la localidad murciana de Torre Pacheco, había trabajado antes en el centro de justicia juvenil Can Llupià de Barcelona. Trabajó allí desde el 2 de noviembre del 2022 hasta el 30 de marzo del 2023, según fuentes del departamento de Justicia, que aseguran que "nunca tuvo acceso a la base de datos de los menores". Sin embargo, el sindicato Sicap Fepol ha exigido al departamento una investigación interna para confirmar si el hombre accedió a estos datos.

Casos de malos tratos en detenciones policiales, en las prisiones catalanas y en los centros de menores. El Comité Europeo para la Prevención de Torturas (CPT), órgano del Consejo de Europa, ha denunciado varios casos de "uso excesivo de la fuerza" de los Mossos d'Esquadra y los funcionarios de prisiones con los detenidos. También del personal de centros de menores. Concretamente, la comitiva del ente europeo, que visitó Catalunya entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre del 2024, asegura haber "corroborado" mediante certificados médicos malos tratos como "bofetadas", "puñetazos" y "puñetazos" de las autoridades. El CPT lo ha hecho en un informe hecho público este jueves donde, sin embargo, explican que la mayoría de los presos entrevistados declaran haber recibido un trato "correcto".

En una semana dos trabajadoras de la cárcel de Brians 2 han denunciado haber sufrido acoso sexual por parte de dos internos. Tal y como ha denunciado el sindicato CSIF, los hechos ocurrieron el 14 y el 19 de julio en el mismo centro penitenciario de Sant Esteve Sesrovires.

El edificio de la Lubianka de Moscú ha pasado a la historia como el emblema del terror estalinista: el cuartel general de los espías del KGB en Moscú y la cárcel donde se interrogaba y torturaba a los disidentes antes de enviarlos a los campos de trabajos forzados de Siberia. La sede se cerró en la década de los 60, pero no fue hasta el 2006, 15 años después de la caída de la Unión Soviética, que los servicios secretos renunciaron al control de los últimos centros de detención preventiva. Ahora, sin embargo, una nueva ley permitirá a la FSB, el sucesor del KGB, recuperar su red penitenciaria, y las entidades de derechos humanos han alzado ya la voz de alarma.

La Generalitat ha reconocido por primera vez responsabilidades en torno a el asesinato de la cocinera Núria López en la cárcel de Mas de Enric hace 15 meses y ha aceptado indemnizar a los familiares de la víctima con 40.446 euros. En concreto, el departamento de Justicia admite que "el servicio público penitenciario no funcionó con los estándares de calidad que serían exigibles", hasta el punto de que hubo "disfunciones". Si bien este funcionamiento "defectuoso" no fue "la causa directa de los hechos", asume la "relación de causalidad" que tuvieron con la agresión, porque "si no se hubieran producido habrían podido determinar la adopción de medidas distintas" con el interno, que conservaba su puesto de trabajo en la cocina pese a que había cometido una falta muy grave agredida.

Algunos objetos y sustancias están prohibidos en prisión, pero esto no quiere decir que no entren. Los funcionarios de prisiones realizan cientos de incautaciones cada año cuando descubren, por ejemplo, un interno con un móvil, con drogas o con algún tipo de arma. Durante los últimos siete años, las incautaciones de drogas han crecido un 76%, según los datos a los que ha tenido acceso el ARA a través de una petición de transparencia y que el departamento de Justicia ha declinado comentar. También han incrementado hasta casi duplicarse las intervenciones de objetos peligrosos.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha sancionado a la empresa Clece Seguridad con 96.004 euros por no haber tomado medidas suficientes para preservar la información crítica sobre el sistema penitenciario que trata por encargo del departamento de Justicia. En concreto, esta empresa se ocupa del servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia remota de los presos que están en libertad vigilada y que llevan una pulsera telemática que los geolocaliza. A la empresa le sustrajeron documentos sobre la instalación de estas pulseras en agosto del 2022, cuando los papeles pasaron toda una noche en una furgoneta en un parking de arena. La empresa denunció el robo al día siguiente, pero no alertó al departamento del robo de información.

Los pocos centímetros que mide un tubo de pomada antiinflamatoria son suficientes para esconder, protegido con una envoltura de plástico, uno de los objetos más preciados dentro de una cárcel: un móvil. Es pequeño, no tiene acceso a internet y en una tienda de la calle costaría pocos euros, pero aquí permite realizar llamadas y enviar mensajes desde un lugar donde las comunicaciones están en cuentagotas. Los trabajadores de las prisiones se encuentran con ingenios de todo tipo para conseguir hacer entrar y esconder todo lo prohibido. También las drogas, muchas veces dentro del cuerpo, pero también es frecuente que se escondan en la suela de los zapatos o entre las costuras de la ropa. "Hay auténticas obras de arte cosidas a mano ya máquina", dice uno de los funcionarios consultados.

Un año después de el asesinato en Mas d'Enric, el refuerzo de seguridad no ha llegado a muchos rincones de las prisiones de Catalunya, según alertan varios trabajadores consultados por el ARA. El primer movimiento del nuevo gobierno para las prisiones fue apartar a los internos condenados por delitos de sangre puestos de trabajo donde pudieran tener contacto con herramientas peligrosas. Más allá de las cocinas, el veto se extendió, entre otros, a los talleres de producción y trabajos fuera de los módulos como los servicios de mantenimiento y jardinería. En cambio, las restricciones en los trabajos que puede realizar un preso según sus antecedentes no incluyeron los cursos de formación que los internos pueden seguir en la misma cárcel. Esto ha permitido situaciones como que un preso pueda estudiar un curso de soldadura o de cocina, pero después no pueda ejercer este oficio en prisión.

La conselleria de Justicia ha rebajado uno de los requisitos para que los presos puedan acceder a un trabajo en la cárcel, una medida que endureció hace sólo unos meses para reforzar la seguridad después de el asesinato de una cocinera en Mas d'Enric. Lo ha hecho al constatar que uno de los criterios que se aplicaron es "excesivamente restrictivo", hasta el punto de que ha dificultado cubrir los puestos vacantes, según reconoce la dirección general de Asuntos Penitenciarios en una modificación de la normativa a la que ha tenido acceso el ARA.