Todo es cuestión de branding. Lo pensé el martes, al ver las imágenes de los reyes de España y sus hijas mirando el partido del Mundial contra Francia, vestidos con la segunda equipación de la selección, la camiseta blanca de Adidas. Se ve que este modelo se agotó antes del debut del equipo en el torneo y ha demostrado el éxito del diseño de los noventa, entre melancólico y de tienda de segunda mano, y el éxito, sobre todo, de haber renunciado a los colores de la bandera y haber sustituido el rojo sangre por un burdeos muy amable. También lo pensaba porque, al ver aficionados con la rojigualda enrollada al cuerpo como una segunda piel, se me despertaba un rechazo que la camiseta blanca conseguía amainar. He leído algún artículo que sostiene que España, a diferencia de Estados Unidos, mantiene una relación peculiar con sus propios símbolos, apreciación que encuentro falsa: solo hay que bajar del AVE en Atocha para darte cuenta de la presencia categórica y unívoca de la iconografía nacional.El triunfo de la camiseta, a mi parecer, radica en esto de hacer ver que España es una cosa diferente de España. Bastante icónico, de hecho, que la solución sea el blanco, porque así alguien podría hablar de "blanqueamiento" y colgarse una medalla, pero pienso con certeza que esta estrategia exitosa captura una tendencia global: hacer que las cosas no parezcan lo que son. Me explico. Hay, por una parte, la desenvoltura con que los discursos patrióticos, constitucionales o no, se imponen hoy en el espacio público (en mi gimnasio, un tío aparece cada día con una camiseta del aguilucho, y todo el mundo tan tranquilo), y hay, por otra, el desespero de aquellos que no quieren parecerse a esto, pero cuya propuesta alternativa es más cosmética, estética, que otra cosa: ponerse la camiseta blanca permite articular una especie de espacio liminar, abrir una desidentificación pasajera, hacer ver durante un rato que las cosas no son como son. Trata, paradójicamente, de mantener el fondo con una nueva forma que promete un nuevo fondo. Ahora bien, con el tiempo, esta nueva forma se fija, y una vez todo el mundo se ha tragado el símbolo renovado, ya no hay que rehacer nada: España viste de blanco, pero sigue siendo España.Encuentro que algo similar ha pasado con Aliança Catalana, que oculta un racismo de manual bajo un discurso proteccionista que sostiene que hay que reservar los servicios públicos exclusivamente a los nacionales: aunque Orriols a veces se muestre radical, ungida de impunidad para expresar cualquier opinión (hace pocos días se refería al velo como "parrac"), también oscila con discursos más diplomáticos que articula para alejarse de lo que la población asocia a Vox. Ahora bien, cuando uno descubre que el 22% de los votantes de Aliança Catalana escogerán Vox en las generales se da cuenta de que, aunque Orriols se vista de blanco, aunque apele a una catalanidad milenaria y a una historia de persecución y de supervivencia, comparte más sueños con Ignacio Garriga que con el abad Oliba.Todo esto supongo que es para decir que hay cosas que son irreformables, y el patriotismo exacerbado es una de ellas. Y que, ante la imposibilidad de hacer creer al personal que la bandera española representa una sola cosa buena, es mejor draguearla, es decir, hacerla pasar por alguna forma de transformismo, y simular que ya no está, que se ha fundido: que ahora es blanca. Es parecido al grito de los Javis después de haber ganado Cannes con una película sobre la Guerra Civil: "¡Viva España!" Sé a qué se referían (que viva otra España, republicana, antifascista, queer, plural...), pero hay un no sé qué de ingenuidad: su grito, por muy renovado que se quiera, no deja de ser excluyente. Y es que, para mucha gente, el problema no es que la idea de España sea caduca, sino que el problema es la misma idea de España, reformada o no, con camiseta blanca o de color rojo y amarillo. Quiero decir: si los reyes visten la segunda equipación, por algo será.

La encuesta del CEO publicada este jueves confirma lo que ya avanzó el sondeo de ARA publicado en mayo: la formación islamófoba Aliança Catalana supera a Junts y se consolida como el principal partido de la oposición. El salto que dan las de Sílvia Orriols es espectacular, y pasarían de los dos diputados y un 3,8% de los votos que tienen actualmente, a una horquilla de 23-25 y un 15,1% de intención de voto. Es decir, multiplicarían por cuatro los votos y por doce los escaños. Esta gran subida la hacen básicamente a costa de Junts, que perdería la mitad de su representación y pasaría de los 35 diputados actuales a solo 16-18.

Este sábado, un puñado de hombres enmascarados de un conocido grupo supremacista han marchado por Washington bajo el grito de "¡Reclamemos América!". El encuentro —celebrado mientras la capital estadounidense se preparaba para los principales eventos de su 250º aniversario— fue breve y, según ha informado el Departamento de Policía Metropolitana en un comunicado, abandonaron la ciudad poco antes de las 11 de la mañana.

¿Qué ha sido de la socialdemocracia europea? Es chocante que España sea uno de sus últimos reductos. ¿A qué se debe esta bajada generalizada que está dando vida a la expansión de las extremas derechas y que no encuentra compensación dentro del espacio a la izquierda de los socialistas, que vive aún con más desconcierto esta coyuntura? ¿Tenemos que entender que el papel de la socialdemocracia era de contrapunto durante el capitalismo industrial, en el marco de las democracias europeas del siglo pasado, y que ahora no acaba de encontrar su lugar en el nuevo capitalismo financiero y digital? Es evidente que el sentido de las palabras y las cosas cambia, y que la mutación de los criterios de verdad y virtud que configuran cada momento tiene un impacto sobre las maneras de organizarse de una sociedad. Pero el papel de la socialdemocracia era fundamental, y su debilidad se nota. Y lo que es inquietante es que, mientras la socialdemocracia se desdibuja, ganan presencia por doquier formas descaradas de uso de las pulsiones autoritarias, con un desplazamiento manifiesto hacia la radicalización derechista que propaga exponencialmente las pulsiones neofascistas.

Hace unos días, el grupo Fades anunciaba a través de Instagram que habían tenido que cancelar el concierto de Vilassar de Mar el 23 de junio después de que diversas personas del público lanzaran cubitos de hielo al escenario durante la actuación. A veces cuesta certificar el motivo de una agresión, pero muy pocas veces falla la intuición que determina su origen: en este caso, podía tratarse de odio a la expresión queer que encarnan o a la defensa que abanderan de la lengua y la cultura catalanas. Lo pueden saber, además, porque reciben constantemente, a diario, amenazas de este tipo a través de las redes sociales. Al día siguiente muchos medios se hicieron eco de la noticia y, como el mismo comunicado del grupo, relacionaban la agresión con el auge de la extrema derecha.Escribo ahora estas líneas con muchas dudas. Primero porque extrema derecha se ha convertido en un término tan impreciso y desgastado como salud mental, crisis de vivienda o neoliberalismo. Hacemos uso constantemente pensando que sabemos a qué nos referimos, pero con penas y trabajos denotan alguna certeza. Podríamos imaginar el perfil de persona que amenaza a un grupo de música por redes o que, más tarde, los agrede en un concierto: podría ser alguien que ha meditado el ataque; alguien que, de manera improvisada, se ha sentido lo bastante seguro para empezar a disparar cubitos de hielo; alguien que ha hecho de la violencia una forma de seducción; alguien que se ha dejado llevar por su entorno, en una especie de ritual iniciático que pasa por el odio a la diferencia. Algunos deben ser militantes de la extrema derecha y deben comulgar, sin fisuras, con su imaginario político. Sería maravilloso que fuera así, de hecho: sabríamos quiénes son, qué piensan, qué quieren. Pasa, sin embargo, y estoy seguro, que muchos de ellos no son fieles de Vox o de Alianza Catalana: quizás siguen gurus incels de internet, quizás sienten una frustración infinita, quizás solo saben expresar algún sentimiento si es desde la fobia y la aversión, quizás son incultos rencorosos o quizás son fans del nuevo binarismo centennial retrógrado. Ni idea. No escribo ahora para entender quiénes son, qué piensan, qué quieren. Lo que creo que les une a todos, a los que ahora insultan y más tarde convocarán redadas, es una severa sensación de legitimidad en el ágora pública, y he aquí, a mi parecer, uno de nuestros grandes desafíos. Todos ellos sienten que pueden hacerlo como no podían hacerlo hace unos años, que han recuperado, por fin, una libertad perdida por la corrección política y el buenismo de izquierdas, por la agenda feminista progresista que, según ellos, ha ido en contra de su bienestar. Extrema derecha aparte, la guerra, aquí, va de discurso y de lenguaje: hay quien cree que sus verdades, ahora, se pueden expresar con soberanía, franco albedrío y manga ancha. Pueden tomar la palabra porque nadie se la discute, pueden ocupar el espacio como les apetezca porque ya no queda nadie defendiéndolo.Rumiaba en estas cosas cuando, hace unos días, mientras justo pasaba esto en Vilassar, cenaba con una editora en el Pirineo que me dijo, convencida, que uno de los males de nuestro tiempo es que la gente que nos dedicamos a la palabra (escritores, editores, poetas, periodistas...) no la tomamos. Censuramos conductas reprobables con algún tuit rápido, un artículo breve (como este) y poca cosa más. Y suerte, de hecho, si lo hacemos. Muchas veces nos para la autocensura, el miedo, la vergüenza impuesta, la parálisis. Así, se ensancha la sensación de que el ágora pública, allí donde se encuentran los discursos, allí donde se encuentran los cuerpos, está vacía, desangelada, listísima para ser pavimentada con el empedrado del odio. Lo que me pregunto, hoy también, es qué pasaría si, en casos como este, en vez de que los organizadores leyeran un manifiesto después de la agresión y algunos medios publicaran la noticia, fingiendo espanto, un grupo de gente rodeara a los agresores, los denunciara o, sencillamente, con el deseo de tomar la palabra, de recuperar el espacio común, y de manera mucho más efectiva, les rompiera las piernas. Pero no lo haremos, claro.

“Luces oscuras” es el nombre que Arnaud Miranda, profesor en Sciences Po en París, da en un libro reciente al nuevo pensamiento neorreaccionario que amenaza Europa y las democracias en general en este cambio de época que es el paso del capitalismo industrial al financiero y digital.

Cuando este atardecer, por todos los rincones de los Països Catalans, llegue el fuego de la Flama del Canigó, el País Valencià y las Illes Balears estarán todavía bajo los binomios gubernamentales de PP y Vox, los pirómanos xenófobos irán acumulando leña en el Principat con la intención de encenderla pronto y en la Catalunya Nord ya hará meses que las extremas derechas –de Perpiñán a Elna– se impusieron en la primera ronda. Sus fuegos descontrolados –donde arde todo, de la lengua al país, de la biodiversidad al futuro– no son los nuestros. Pero rodeados por la ola global ultraderechista, quizás desde allá arriba –las paredes del monasterio de Cuixà, pongamos por caso– podrán decirnos en perspectiva que si acertamos en lo que hay que hacer, de peores situaciones hemos salido, cuando las han visto de todos los colores. Por ejemplo, que hace solo 50 años todavía vivíamos bajo una dictadura, no había ni rastro de elecciones democráticas y se firmaban penas de muerte. Quizás nos recuerdan que todo va muy deprisa cuando se trata de desmantelar lo que se ha construido y todo va exasperadamente lento cuando se trata de avanzar. En forma y fondo, ninguna novedad. Ninguna. Que hay cosas que mutan aceleradamente y otras que nunca cambian. Que gana la banca y gana el Estado. Casi siempre.El sábado pasado Marc Castellnou, de los GRAF de los Bomberos de la Generalitat, decía que los incendios son muy buenos maestros pero muy malos alumnos. Hace décadas que también nos dice que los incendios se apagan en invierno y que nuestro ecosistema concentra las catorce tipologías de incendios posibles –es decir, todas las opciones existentes–. Y que después de años de hacerse el sordo ahora empezamos a prestar atención a lo que no se ha hecho y a lo que queda por hacer todavía. Resulta muy elocuente aplicar las tres máximas ignífugas de los bomberos a la devaluación acelerada de la democracia en la era de los incendios globales. Que van del estrecho de Ormuz a un multimillonario nihilista en Colombia, de un tiroteo en la calle Balmes al macrodesahucio de un bloque de La Mina esta semana, de la Gaza devastada a los rearmes alemán y japonés, del mundial ladrón de Infantino al tuit de Musk sobre Belfast –o el de Albiol en Badalona–. Incendios provocados en todas partes por los proxenetas de la tierra quemada. Ahora bien, quien dejó la tierra yerma y el sotobosque descuidado no fueron ellos. Tres máximas: que no aprendemos, que no se ha hecho lo necesario y que puede pasar de todo en la verbena ultra que incendia el mundo.

Ante el auge de la extrema derecha que indican todos los sondeos, no solo los partidos de izquierdas están intentando buscar la fórmula para contenerla, sino que también se está movilizando el tejido social y económico del país. Es el caso de la UGT, que esta semana ha lanzado una campaña antifascista bajo el lema "¿Quién gana cuando el odio avanza?" El sindicato pone en alerta a la clase trabajadora ante los discursos racistas y de odio que hacen partidos como Vox y Aliança Catalana, porque avisan de que no "ofrecen soluciones a los problemas reales de la ciudadanía". "El voto a la extrema derecha no es inocuo, tiene consecuencias en derechos", apunta el secretario general de la UGT, Camil Ros, en declaraciones a el ARA.

La premiada serie documental de Raül Gallego, Punt de no retorn, estrena la tercera temporada el 22 de junio. Estará disponible en la plataforma 3Cat a partir del lunes. Cada capítulo durará cuarenta minutos y continuará dando visibilidad a conflictos actuales. L'ARA habló con Gallego a principios del año pasado y, en la entrevista, el director explicaba el origen de la serie, la elección de los temas de los capítulos o la capacidad del autor para acercarse a situaciones límite y a personas que sufren las consecuencias de los conflictos. Pero uno de los hitos que el director catalán probablemente no imaginaba conseguir en los inicios de la producción era ganar el Emmy Internacional a la mejor serie de formato corto en 2024 y los Online Journalism Awards, en la categoría de narrativa de vídeo digital de formato corto.

Después de décadas de lo que se conocía como "excepcionalismo ibérico" –la ausencia de formaciones de derecha radical en los parlamentos de la península–, este espectro político no solo ha irrumpido en el Parlament de Catalunya, sino que lo ha hecho por partida doble. Un estudio del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), publicado este miércoles, analiza a fondo el ascenso de Vox y Aliança Catalana (AC), dos formaciones que, a pesar de defender proyectos nacionales diametralmente opuestos, se alimentan principalmente de un mismo combustible electoral: el rechazo a la inmigración.El estudio del ICPS desafía la idea de que el crecimiento de estos partidos responde únicamente a la polarización y la gestión del proceso independentista. Si bien el conflicto territorial creó el clima propicio para que Vox, de la mano de Ignasi Garriga, entrara en el Parlament en 2021 y Alianza Catalana, de la mano de Sílvia Orriols, lo hiciera en 2024, el verdadero motor de ambos electorados es estructural. Las dos formaciones explotan de pleno el "chauvinismo del bienestar", una estrategia que propugna que los servicios públicos deben reservarse exclusivamente a los "nacionales". Tanto el partido liderado por Santiago Abascal como el de Sílvia Orriols coinciden en sus programas en asociar inmigración y delincuencia, reclaman la deportación de inmigrantes en situación irregular y la expulsión de los menores extranjeros no acompañados (MENA), y exigen medidas drásticas para agilizar el desalojo de okupas. Económicamente, también van de la mano: proponen recortes fiscales, supresión de impuestos como el de sucesiones y donaciones y el de patrimonio, critican el exceso de gasto público y claman, en general, un fuerte impulso de políticas de libre mercado.

Hay momentos históricos en que determinadas tendencias políticas parecen imponerse sin tregua posible, como si las llevara una ventolera. Hace pocos años, la subida de la extrema derecha era impensable; es cierto que los desastres del siglo XX ya quedan lejos para las nuevas generaciones, pero hemos visto suficientes películas y se ha hablado tanto de la locura hitleriana y de la dictadura que largamente nos oprimió que parecía imposible que aún alguien pudiera creer que aquellas consignas eran deseables y podrían mejorar la vida colectiva. Y, con todo, hemos visto cómo la ola se iba extendiendo por Europa, cómo ha devorado los Estados Unidos, cómo sube entre nosotros, quizás hasta sumergirnos también. Tenemos muchas explicaciones de por qué ha sucedido esto. La más fácil y banal es la que lo atribuye a los errores de los partidos de izquierdas, a los escándalos de corrupción, a las peleas internas. Todo esto está, ciertamente, pero son cuestiones menores si las comparamos con todo aquello que las izquierdas han conseguido desde la Transición: la gratuidad de los sistemas sanitarios y de la educación, las pensiones, la redistribución de la renta mediante la acción política. Todo lo que está en riesgo cuando llega la extrema derecha; esta, apoyada inicialmente en propuestas populistas, cambia siempre cuando ya ha conseguido el poder, con un golpe de estado si hace falta, si ve amenazado su dominio. Y entonces se ha acabado la fiesta, es la represión la que se instala, y, desgraciadamente, a veces por muchos años. ¿Es inevitable que en España el próximo gobierno sea PP+Vox, una combinación que puede ser terrible, y que de nuevo convertirá a Cataluña en el enemigo predilecto, junto con la inmigración? ¿Pueden hacer algo los partidos de izquierdas para evitarlo? Creo que, en este momento, esta es una pregunta clave: no sé si estamos a tiempo de evitar el desastre, pero, como mínimo, habría que intentarlo.

Hace tiempo que el debate gira en torno a la pregunta de qué explica el auge de la extrema derecha. L’ARA del domingo pasado dedicaba un dossier que tenía la virtud de combinar un análisis más cuantitativo con descripciones a fondo de municipios como Ripoll, Figueres, Vic, Manresa o Balaguer, todos ellos en el llamado eje transversal de la extrema derecha. A partir de los datos cuantitativos, Jordi Muñoz concluía que, mientras que los niveles de inmigración y los factores socioeconómicos no parecen ser decisivos, la dimensión política (en concreto, el colapso del apoyo a los partidos independentistas) sí que correlaciona directamente con un voto más elevado a Aliança Catalana. Estos resultados confirman lo que hemos visto en otros contextos europeos.En el resto de Europa tampoco se da esta correlación entre extrema derecha e inmigración. Así lo concluye el demógrafo francés Hervé Le Bras en su libro El gran engaño (Editorial Hacer, 2024), donde compara la relación entre populismo e inmigración en seis países europeos (Austria, España, Suiza, Italia, Alemania y el Reino Unido) y los Estados Unidos. Según Le Bras, esta correlación puede llegar incluso a ser inversa, es decir, cuanto menos inmigración, más voto a la extrema derecha. Los ejemplos no son pocos: en Alemania los inmigrantes están en el oeste, mientras que el voto a la extrema derecha se concentra sobre todo en el este. En los Estados Unidos, Trump gana en el Oeste Medio y el sur profundo, que es justo donde los inmigrantes están menos presentes. Si bien en Francia e Italia sí que parece haber cierta correlación en términos regionales, cuando bajamos al nivel local esta relación desaparece.Según Le Bras, esta distribución desigual del voto a la extrema derecha se explica sobre todo por la fractura entre el campo y la ciudad. Por ejemplo, en Francia, en las elecciones de 2017, el 32% de los votantes en municipios de menos de 1.000 habitantes se decantaron a favor de Marine Le Pen, mientras que este porcentaje bajaba al 12% en ciudades de más de 100.000 habitantes y al 5% en París. Es la misma fractura que vimos en el Reino Unido con el referéndum del Brexit, donde las zonas urbanas se posicionaron mayoritariamente en contra y las rurales a favor.

Los marcos ideológicos de la derecha xenófoba se abren camino en el mainstream político. No tanto por el crecimiento de Aliança Catalana como por la manera en que su discurso está contaminando el resto del mapa de partidos. Esto no deja de ser una victoria moral para la extrema derecha, pero también quiere decir que los partidos han decidido no darle la espalda a una cuestión que la gente considera importante, como es la gestión de la inmigración. Y lo hacen edulcorando los postulados más agresivos del partido de Sílvia Orriols.Es un proceso similar (con perdón por la comparación) a lo que las izquierdas han hecho con el ecologismo, que antes era una causa ridiculizada y tildada de hippie, hasta que la ciencia hizo darse cuenta a todo el mundo de que se trataba de una cuestión de primordial importancia. La victoria póstuma de los partidos verdes no fue su hegemonía, sino la asunción de su ideario por la izquierda –y parte de la derecha– en todo Occidente.No creo que Alianza Catalana conquiste el carril central del catalanismo, pero sí que una parte de su ideario, que en gran parte es racista y feixistoide, se integrará en el corpus ideológico de la derecha democrática (con un formato aceptable para sus votantes) y, finalmente, quizás, por la izquierda. El primer paso ha sido aceptar que la inmigración es un problema, un reto que conviene presentar como una cuestión socioeconómica y no en términos culturales o morales. Así se digiere mejor.El debate ahora no es sobre razas o culturas, sino sobre el modelo económico: el crecimiento desmesurado y el estrés de los servicios públicos. En estas cuestiones, la conclusión a la que llegan los economistas (como los firmantes delInforme Fénix) es que Cataluña depende excesivamente del turismo, que gentrifica y satura el territorio, y además fomenta la importación masiva de mano de obra barata, que no ayuda a sostener el estado del bienestar. La inmigración, pues, solo es un bien para una parte del tejido productivo catalán (no solo el turismo, también la industria agroalimentaria), que la explota y la malpaga a cambio de colapsar los servicios públicos. Este planteamiento, que obvia colores de piel, religiones y burkas, hace que el debate demográfico sea más asumible por las fuerzas mayoritarias.Pero el debate migratorio no solo se abre camino a través de la tecnificación. La cuestión identitaria revive. Como cualquier nación pequeña, los catalanes temen su disolución, el sacrificio de su cultura en el altar de la globalización. Al mismo tiempo, cierto progresismo, mientras condena el racismo y la aporofobia, arremete contra los turistas, los expats, las mafias que se esconden tras el enjambre de supermercados y tiendas de souvenirs, y los fondos buitre, que “merecen” nuestro rechazo porque están en una posición de fuerza respecto de los vecinos indefensos que han de abandonar su barrio, el comercio tradicional que baja la persiana, el catalán que desaparece de las calles. Es un tipo de xenofobia progresista, tolerable, donde el débil ya no es el que llega sino el que acoge.El problema es que, aunque señalemos un enemigo diferente, la batalla se parece mucho a la que defiende la extrema derecha (primero los de casa, rechazo a la diversidad, defensa de los valores occidentales y la cultura autóctona). Estamos abriendo una brecha por la cual se pueden infiltrar ideas tóxicas. Sin olvidar que los males del modelo productivo catalán no solo son culpa de los forasteros; lo son, sobre todo, de los autóctonos que los explotan.En este panorama, debemos asegurarnos de que esta reconversión ideológica sirva a un buen fin (desarmar a la extrema derecha y afrontar con valentía un debate real) y no dé cobertura moral al racismo. Por ello, es muy importante acotar el debate y ponerlo en manos de gente sabia y vacunada contra los prejuicios étnicos.

El Reino Unido lleva seis primeros ministros en los últimos diez años. Es decir, desde el fracaso de David Cameron con su derrota en el referéndum del Brexit, el país se ha instalado en una inestabilidad política que ha ido liquidando liderazgos y mayorías. Hoy, el laborista Keir Starmer es un primer ministro profundamente impopular, cuestionado por su propio partido y por el electorado, por no haber estado a la altura ni del liderazgo que reclamaban sus correligionarios ni de las expectativas de mejora del nivel de vida que necesitaban los británicos. Starmer heredó un país fracturado por el Brexit, que nunca se recuperó plenamente de la crisis financiera de 2008, y que hoy se enfrenta nuevamente al riesgo de una recesión por las consecuencias de la guerra de Irán. El 79% de los británicos adultos se declaran preocupados por el aumento del coste de la vida en comparación con el mes anterior, y especialmente por el encarecimiento del precio de los alimentos. En este contexto, la victoria electoral del Reform UK de Nigel Farage en las elecciones locales del 7 de mayo se ha explicado como la victoria del resentimiento, y la prensa británica se ha puesto a analizar la supuesta “ingobernabilidad” del país. Pero la crisis que vive el Reino Unido no es excepcional. Es el retrato de una fragilidad que recorre Europa. El final agónico del macronismo es el ejemplo más claro.

En las próximas elecciones municipales, como siempre, habrá movimientos en el mapa electoral. Uno de los que ya se pueden anticipar claramente es la irrupción de Alianza Catalana (AC) en muchos consistorios, que alterará significativamente el mapa de mayorías. La formación de extrema derecha ya asomó la cabeza en 2023 con la alcaldía de Ripoll, y algunas listas en otros lugares. Pero si hacemos caso a la trayectoria que apuntaron las elecciones al Parlament de 2024, a lo que dicen las encuestas y a lo que sugiere la progresiva expansión territorial del partido, eso fue solo el comienzo. Con los datos que tenemos hoy, podemos dar prácticamente por hecho que el año que viene el partido xenófobo tendrá representación y un papel importante en muchos municipios.

A plena luz del día y en el paseo de la ciudad, en septiembre de 2023 diversos jóvenes se tiraron mesas y sillas por la cabeza en una batalla campal que acabó siendo una especie de punto de inflexión en Manresa. Aquel episodio provocó que diversos vecinos salieran a la calle para exigir al gobierno municipal, que encabeza el republicano Marc Aloy, medidas contra la "inseguridad" en la calle. Aquella manifestación, sin embargo, ya nació dividida y algunos colectivos directamente se desmarcaron para no vincular inseguridad con inmigración. Es este, de hecho, el frágil equilibrio en el que desde hace unos años se mueve Manresa, una ciudad de 80.000 habitantes y con casi un 22% de personas venidas de fuera.

Balaguer fue capital del poderoso condado de Urgel y proveyó gobernantes como el rey Pedro III el Ceremonioso, pero eso queda lejos. La degradación del centro histórico y la segregación social marcan una ciudad con una vitalidad menguante. En el centro y alrededor de la iglesia Santa Maria de Balaguer, las casas en ruinas, medio derruidas u ocupadas ilegalmente muestran la complejidad de la capital de la Noguera, de 17.700 habitantes, que ni siquiera está conectada con la autovía –la C-13 para enlazarla con Lleida solo es una promesa, y eso les hace perder empuje industrial.

Vic ha superado por primera vez el umbral de los 50.000 habitantes. Ha ganado 20.000 en los últimos treinta años, lo que representa un incremento aproximado del 66%, el doble de la media catalana en el mismo período. La omnipresente industria agroalimentaria de la comarca, especialmente del sector cárnico, es un polo de atracción de mano de obra extranjera, que ya supone el 30% de la población, más de la mitad de la cual de origen africano.

A raíz de las elecciones autonómicas en Andalucía se ha vuelto a hablar mucho de los intentos de la extrema derecha por tomar el poder. Una de las tácticas para llegar a él –no solo en el estado español sino también en otros países como los Estados Unidos o nuestra vecina Francia– consiste en intentar dominar los medios de comunicación, cuanto más masivos mejor, con el fin de influir sobre las creencias de la sociedad o el imaginario colectivo. Esta táctica forma parte de la “guerra cultural”, que intenta imponer un pensamiento hegemónico. Las sociedades son plurales, y la libre expresión de las diferencias en los posicionamientos políticos, ideológicos, religiosos, etc. es un síntoma de salud democrática. Es revelador, sin embargo, que últimamente sea la derecha antidemocrática la que invoque la libertad de expresión como arma en esta “guerra”, mientras que cuando está en el poder lo que hace es eliminar todo discurso disidente.En Francia, se produjo hace unas semanas un escándalo en el ámbito cultural que aún está provocando mucho revuelo. La circunstancia que lo causó parece banal: el escritor argelino de expresión francesa Boualem Sansal (candidato al premio Nobel desde hace años), que había estado encarcelado durante meses por motivos políticos en su país y que fue liberado gracias a las presiones internacionales, decidió cambiar de editor. Hasta aquí, todo hace pensar que se trata de una decisión personal y nada criticable, pero el problema es que la editorial Grasset, que publicará su próximo libro —una crónica de su estancia en la cárcel, con vocación de bestseller— está en manos del grupo Bolloré. El fundador y propietario de este holding, que incluye diversas publicaciones periódicas y canales de televisión tan conocidos como Canal+, es el millonario Vincent Bolloré, que se ha declarado abiertamente partidario de encabezar un “proyecto civilizatorio” basado en los ideales de la extrema derecha y del catolicismo más rancios.

La calle de Sant Blai ha sido históricamente una de las más comerciales de Tortosa e ilustra bien los cambios que ha experimentado la ciudad en los últimos años. En la capital del Baix Ebre viven unas 36.000 personas, un 23,5% de las cuales son de origen extranjero. Muchos de los inmigrantes se dedican a las labores del campo o regentan pequeños establecimientos en la ciudad. Este es el caso de Oman, que hace un año y medio que ha abierto un restaurante en la calle de Sant Blai, el Luxury Rif. Está flanqueado por una locutorio, a un lado, y un local de kebabs, unos metros más allá. Un vecino entra y le pregunta si le importa que le pida algo de comer. Oman, que cuando hacemos este reportaje está en pleno Ramadán, le dice que no. "Estamos aquí picando piedra", explica sobre el negocio, donde se sirve comida tradicional marroquí. Los marroquíes son el grupo de población extranjera con más peso en la comarca: representan el 30% de los extranjeros, según datos del Idescat.