La Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio a los cuatro agentes de la Policía Nacional procesados ​​por un delito de lesiones en el operativo del 1-O en el que Roger Español perdió un ojo por el impacto de un balón de goma. El tribunal ha concluido que las lesiones durante las cargas en la Escola Ramon Llull de Barcelona no están amparadas por la ley de amnistía y, en cambio, sí la aplica a Español, que estaba acusado de un delito de atentado contra los agentes.

Desde su publicación en el BOE, cientos de encausados ​​han pedido poder acogerse a la ley de amnistía, y algunos ya han sido los primeros al beneficiarse de su aplicación esta misma semana. Es el caso del exconseller de Interior Miquel Buch, el de Lluís Escolà, el sargento de los Mossos que hizo de escolta de Carles Puigdemont en el exilio, y el de una decena de manifestantes. Pero entre los cientos de represaliados, algunos no han solicitado que se les aplique esta medida de gracia.

Después de más de cuatro años y medio de investigación, el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha dejado a un paso de ir a juicio a Roger Español y cuatro policías nacionales por el 1-O. El juez Francesc Miralles procesa a Español porque ve “atentado contra agentes de la autoridad” del hombre a quien los agentes reventaron el ojo con una bala de goma. En cuanto a los cuatro policías, uno es el escopetero de la pelota: según el magistrado, “incumplió las medidas de seguridad” sobre cómo usar el material de antidisturbios. Otro de los procesados es el máximo responsable de la actuación policial, “que fue el primero” que utilizó la porra contra personas sentadas en el suelo. Los dos policías más que quedan a un paso de juicio también usaron la porra “incumpliendo la normativa” sobre su uso.

La Audiencia de Barcelona ha abierto la puerta a la posibilidad de que el escopetero que le hizo perder un ojo al activista Roger Español el 1-O con una pelota de goma y el resto de agentes que formaban parte del dispositivo sean condenados por un delito más grave de lesiones intencionadas, con una pena que podría llegar hasta los doce años de prisión. El juez que investiga las cargas de la Policía Nacional en Barcelona durante el referéndum –una causa en la que hay unos setenta agentes y mandos a pie de calle investigados– había fijado que el caso se tenía que juzgar solo por un delito de lesiones por imprudencia. Los abogados de la entidad Irídia que llevan el caso de Español y la acusación popular de Òmnium Cultural habían recurrido la decisión en el tribunal para que también se pudiera acusar a estos agentes de lesiones dolosas o intencionadas y la Audiencia lo ha aceptado.