1.776 días. Éste es el tiempo exacto que ha tardado el exdirigente de ERC Marta Molina en recuperar la urna del 1-O que presidía su comedor. Lo hizo hace tres semanas, cuando acudió a la Audiencia Nacional a tomar las pertenencias que la Guardia Civil le requisó en el registro de su piso en el marco de la operación Volhov, la supuesta trama rusa del Proceso ya archivada. Tras pasar dos noches en el calabozo y una investigación de 4 años, 10 meses y 11 días de "pesadillas y sufrimiento gratuito", la exsecretaria de Movimientos Sociales de los republicanos se fotografiaba con la urna, contenta, a la salida del tribunal el pasado 8 de septiembre. No ha sido un camino llano. Recuperarla ha sido toda una odisea.

El Ayuntamiento de Arenys de Mar prepara una denuncia por estafa contra el organizador del acto Somos 1 de octubre, que el 28 de septiembre conmemoró el séptimo aniversario del referéndum. Desde entonces el impulsor del evento, Jordi Mateu, ha sido ilocalizable y hasta ahora no ha pagado miles de euros en facturas de los servicios de técnicos, artistas, empresas de montaje de escenarios y otros implicados en el acto, según ha avanzado La Vanguardia. En declaraciones al ACN, el alcalde de Arenys de Mar, Estanis Forns, ha explicado que prevé presentar la denuncia a la Fiscalía esta misma semana. Una vez hecho público el caso, el organizador ha asegurado que ha tenido un problema de salud y se ha comprometido a dar explicaciones.

El domingo posterior al referéndum del 1-O, los vecinos de Sant Julià de Ramis volvían a votar si querían que Catalunya fuera independiente. Una semana antes no habían podido hacerlo, al menos en el pabellón, donde justamente debía votar el presidente Carles Puigdemont. La Guardia Civil irrumpió violentamente y se llevó las tres urnas que había. Esta vez lo hicieron en una urna del 1-O que les regaló el vecino municipio de Quart y que ahora conservan a la entrada del pabellón en una vitrina. "Decidimos dejarla aquí porque es el lugar donde debíamos votar", explica el alcalde Marc Puigtió. "No teníamos urna y hicimos un llamamiento a los pueblos vecinos por si nos podían dar una y Quart enseguida se ofreció", explica Jaume Casamitjana, del ANC de Sant Julià de Ramis. "Nosotros teníamos tres y ellos ninguno y como querían hacer un referéndum simbólico no lo dudamos ni un momento", corrobora el entonces coordinador del ANC en Quart, Quim Vilar, que tuvo una en casa, que ahora tiene el nuevo responsable de la entidad en Quart. "Quien es el coordinador se la queda y cuando deje el cargo haré lo mismo", explica Xavier Castelltort.

No es raro ver al coronel de la Guardia Civil Daniel Baena en actos institucionales junto a las principales autoridades de Catalunya. El último, en el pregón de las Fiestas de la Mercè en Barcelona. Quizá su rostro no sea tan conocido –Manuel Marchena permitió que declarara al juicio del Proceso sin que se le viera la cara– y al público le suena más el seudónimo de Tácito, el nombre de la cuenta de Twitter desde la que descalificaba a políticos independentistas mientras los investigaba como jefe de la unidad de policía judicial del instituto armado. Baena, uno de los principales impulsores de la judicialización del 1-O, ocupa desde finales de junio de forma interina el cargo de jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona.

El futuro judicial de Carles Puigdemont es todavía una incógnita, y más teniendo en cuenta su fugaz regreso y la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía. El líder de Junts ha sido la toma de caza mayor de la acción de la justicia española, pero gracias al rechazo a las euroórdenes no ha tenido que sentarse en el banquillo. Y es que el futuro judicial de los líderes que impulsaron el 1-O ha sido distinto en función del camino que emprendieron para batallar contra la represión del Estado y los efectos, variados, que han tenido los indultos, la reforma del Código Penal o ley de amnistía.

Este jueves hará un mes que el Boletín Oficial del Estado publicó la aprobación de la ley de amnistía. Desde entonces, se han beneficiado 74 personas, 46 de las cuales son policías nacionales y cuatro mossos d'esquadra, según recoge el ACN. Más allá de los agentes policiales, se ha amnistiado el exconseller de Interior Miquel Buch y el mozo que contrató como asesor mientras hacía de escolta de Carles Puigdemont en el exilio, y otros veinte amnistiados son manifestantes investigados o condenados por altercados en Barcelona.

Los cuarenta y seis agentes de la Policía Nacional que estaban siendo procesados ​​por las agresiones durante el referendo del 1-O fueron amnistiados. El juez que instruía la causa considera que las agresiones cometidas quedan amparadas por la ley de amnistía y extingue su responsabilidad penal. La norma aprobada definitivamente a finales de mayo incluía el perdón judicial a las acciones policiales que se estuvieran investigando, a excepción de actos de tortura o tratos inhumanos o degradantes graves. El magistrado Francisco Miralles, titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, ​​descarta que se produjeran durante la jornada del referendo y acuerda el sobreseimiento de la causa contra los agentes.

El próximo doce de marzo, dentro de un mes, el Tribunal Supremo deliberará sobre el recurso presentado por la defensa de Adrián Sas, encausado por las movilizaciones del primer aniversario del 1-O. Si ratifica la pena, el villafranquino se convertirá en el primer manifestante del Proceso que ingresa en prisión.

Hay un hilo de lógica argumental en la manía del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de considerar que la protesta del Tsunami en El Prat fue terrorismo. Si la manifestación frente a Economía del 20 de septiembre fue sedición, si el referéndum del 1 de Octubre fue un golpe de estado, si según la vicepresidenta de entonces el objeto de las actuaciones policiales nunca fueron las personas sino las urnas, y si a los presos políticos les acabaron procesando por rebelión, es lógico concluir que entre los miles de manifestantes que ocuparon la terminal de El Prat había terroristas.

El Maresme vuelve a tomar la iniciativa. Catorce años después de que Arenys de Munt organizara la primera consulta sobre la independencia, Òrrius ha convocado a sus habitantes en las urnas para votar si es necesario hacer efectiva la declaración de independencia del 2017, coincidiendo con el sexto aniversario del 1-O. Lo ha hecho con una pregunta binaria, como el 9-N, la antesala del referéndum: "¿Quiere que Catalunya sea un estado en forma de república?" y "¿Quiere hacer efectiva la declaración de independencia proclamada el 27 de octubre de 2017?".

Ana Jiménez no iba a votar el 1-O. Nacida en Extremadura hace 43 años, vino a vivir a Catalunya hace veinte años por amor. "Estoy enamorada de esta tierra, me he separado dos veces y me he quedado, pero no soy independentista porque prefiero que estemos juntos". En un contexto normal, se habría limitado a acompañar a su pareja, que sí es independentista, al colegio electoral que se habilitó en la Roca del Vallès, pero ella no habría ejercido el derecho de voto porque todavía se siente vinculada con España.

Han pasado seis años desde el referéndum del 1 de octubre del 2017 y algunas de las principales caras visibles que se enfrentaron han ido a parar a segunda fila o han desaparecido de la vida pública. Pero algunos todavía se mantienen. ¿Qué se ha hecho de los encargados de combatir esa votación? ¿Qué hacen ahora Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Enric Millo y los demás protagonistas de la otra cara de esa jornada histórica?

Una de las cuestiones que el ex jefe de las fuerzas armadas Fernando Alejandre Martínez (Madrid, 1956) volvería a hacer igual es emperrarse en "recuperar el patriotismo". "Un patriotismo basado en la Constitución y en su legitimidad, que no nace ni de la tolerancia, ni de la convivencia, ni siquiera de la paz mundial; que nace de la propia idea de España como nación", subraya en su libro Rey servido y patria honrada, en el que hace balance de sus tres años como Jemad (2017-2020). Uno de los principales episodios que tuvo lugar durante esta etapa son los atentados en Barcelona y Cambrils del 17-A, de los que tuvo conocimiento por la radio mientras pasaba unos días en una casa rural de Cáceres con su familia. Estas "terribles" noticias no eran, sin embargo, lo que más le preocupaba, sino "lo que tenía que pasar": el referéndum y la posterior declaración de independencia, hoy hace cinco años. Y Alejandre preparó un plan por si había que llevar militares a Catalunya.

El independentismo ocupará de nuevo las escuelas y las calles cinco años después del 1 de Octubre. Para conmemorar "la victoria" del referéndum y reivindicar su "vigencia" y "validez", el Consell per la República celebrará una manifestación el 1 de octubre en Arc de Triomf, en Barcelona, pero también actos previos el día antes, como una encerrada nocturna en las escuelas donde se sufrió violencia policial para homenajear a las víctimas. Así lo ha explicado este jueves en una entrevista a Efe Antoni Castellà, miembro del gobierno del Consell per la República y portavoz de Demòcrates –aliado de JxCat–. Ha detallado que el acto pretende ser "unitario", si bien la validez del resultado de la consulta unilateral no es compartida por todo el soberanismo.

“Estoy en Cataluña como testigo de su referendo por la Independencia. Detenciones, allanamientos. Gobierno Español reprime el referendo”. Con este mensaje, el flamante nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, desembarcaba en nuestro país el 30 de septiembre para seguir la votación del 1-O como observador internacional. No estaba previsto que lo fuera. Lo revela David Minoves, el presidente del CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions), que trabaja para dar a conocer y promover la realidad nacional catalana en el mundo y que el 1-O organizó una comitiva de observadores internacionales, como otras entidades.

La ex consellera de Gobernación en el Govern del 1-O, Meritxell Borràs, que ha sido propuesta como directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, ha defendido en el Parlament su candidatura por su "capacidad de liderazgo" y por sus conocimientos de este ámbito de actuación. Después de cumplir los veinte meses de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo en el juicio del 1-O por el delito de desobediencia, Borràs ha dicho que es "un honor volver a estar en el Parlament" y que encara este nuevo reto profesional con la máxima ilusión. Durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, Borràs ha explicado que "ser el más experto en la materia no significa que sea la persona más adecuada, sino que tener capacidad de escucha y de trabajo con los profesionales también es un tema muy relevante” y ha subrayado su conocimiento de la administración pública.

Un policía dando una patada por detrás a un votante del 1-O en la Escola Infant Jesús de Barcelona, los agentes que golpearon en grupo a un hombre en la Escola Àgora, otro agente tirando de la bufanda a una votante en la Escola Pau Claris hasta casi estrangularla. El que tiró escaleras abajo a otra ciudadana en este mismo centro o el que le pisó la mano a una mujer y la cogió por el cuello en la Escola Víctor Català. Son solo algunos de los 37 nuevos policías a los que las entidades Òmnium, Irídia y la ANC han pedido investigar al juez que lleva la causa por las cargas de la jornada del referéndum en Barcelona, una macrocausa que ya suma 56 policías investigados y que, si se aceptan estas nuevas imputaciones, llegaría a los noventa.

Todas las farolas de la Pujada del Primer Maig, la calle que da entrada al barrio de Vila-roja de Girona, están engalanados con banderas españolas y senyeres. Las banderas catalanas de las farolas son las únicas que se pueden encontrar en toda esta barriada, situada al este de Girona, de mil habitantes, la mayoría de los cuales de origen andaluz. Las banderas españolas las compraron un grupo de vecinos en un bazar chino el día que se proclamó la independencia y ya no las han quitado. No es el único elemento que pone de manifiesto la españolidad que profesan gran parte de sus habitantes. Muchas paredes y persianas están coloreadas con la bandera española e incluso algunas señales de dirección prohibida tienen pintada de amarillo la franja de color blanco para convertirla en la enseña del Estado. Al final de esta calle, que acaba en la Plaça de la Constitució, centro neurálgico del barrio por la presencia del Bar Cuéllar, dos pancartas con los lemas "Bienvenidos a España. Somos catalanes y somos españoles" y "España ama Cataluña" con la inscripción en un extremo de "Avenida 155" recuerdan a quienes todavía no lo saben que este es un enclave españolista, la Galia unionista en la capital de demarcación más soberanista del país. Este, de hecho, fue el único barrio donde fueron los vecinos y no la Policía Nacional o la Guardia Civil los que irrumpieron en la escuela y se llevaron la urna del colegio electoral durante el referéndum.

La ANC calienta motores para las movilizaciones de conmemoración del 1-O de este fin de semana. Unas movilizaciones que arrancarán el viernes a las cinco de la tarde con un acto político en el municipio de Illa para reivindicar el papel central de la Catalunya Nord en la operación urnas, y con una marcha posterior de vehículos hasta Figueres. La presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, ha informado de que el ex president Carles Puigdemont no podrá asistir finalmente al acto de Illa porque tiene que comparecer judicialmente el lunes en Cerdeña después de su detención el jueves en Alguero, a pesar de que el mismo día en RAC1 ella había confirmado que iría. "Nos comunicó ayer (lunes por la noche) que no vendría porque tiene que preparar su defensa y logísticamente también es complicada la conexión entre la Catalunya Nord y Bruselas", ha explicado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado los dos primeros recursos por las cargas policiales durante el referéndum del 1 de Octubre. Después de agotar la vía judicial interna, dos ciudadanos del Bages denunciaron a España ante el tribunal de Estrasburgo en agosto de 2020 por vulnerar su derecho a un juicio justo con una investigación "muy escasa" de las cargas. También consideran que se han vulnerado otros derechos fundamentales como el derecho a reunión, a la libre expresión y a no ser sometido a un tratamiento inhumano o degradante.