Junts ha acelerado los nombramientos de candidatos a las elecciones municipales. Según fuentes junteras consultadas por el ARA, el objetivo es tener listos los nombres de los cabezas de lista "este verano" para lo que será una prueba de fuego para el partido de Carles Puigdemont, especialmente en un contexto en el que planea la amenaza de Aliança Catalana, que podría robarles apoyos. Más allá del tira y afloja en la Cataluña interior, hay una prioridad absoluta: el área metropolitana y los "municipios cero", aquellos en los que no tienen representación. ¿Cuál es la realidad y el plan para revertir esta pesadilla electoral?

El planeamiento urbanístico es largo y complejo. De acuerdo. Sin embargo, no deja de ser algo desesperante que esté costando tanto poner en marcha el nuevo Plan Urbanístico Metropolitano (PDUM), que finalmente ayer pudo ser aprobado inicialmente por segunda vez después de que la primera, en el 2023, recibiera tantas alegaciones –5.180– que han sido necesarios tres años para presentar el nuevo documento. Pongamos contexto. Este plan es el paso necesario para jubilar definitivamente el Plan General Metropolitano que se elaboró ​​en 1976 bajo la dirección de Joan Antoni Solans, un urbanista de referencia que, sin embargo, lo hizo en un momento predemocrático y en un contexto de expansión urbana todavía desarrollista. Se han realizado más de mil modificaciones y la demostración de que era un buen plan es que ha aguantado hasta hoy. Sin embargo, han cambiado mucho las cosas en estos 50 años y se necesitaban unas nuevas reglas de juego. El proceso para crearlas comenzó en el 2013, se tardaron diez años en aprobarlas por primera vez y no se prevé que haya una aprobación definitiva hasta el 2028. Es decir, desde que empezaron a pensarse hasta que se podrá empezar a trabajar para concretarlas habrán pasado 15 años. Y esto si todo va bien.

AstraZeneca, Hipra o Sanofi son los nombres de algunos de los laboratorios que los ciudadanos de Catalunya empezaron a conocer a raíz de la pandemia del coronavirus, en 2020. Desde entonces, en sólo cuatro años (entre 2020 y 2024) hasta 23 hubs digitales y de excelencia en el sector de la salud se han instalado en Barcelona o su área metropolitana, lo que ha consolidado a la capital catalana como uno de los principales polos de inversión en salud.

En 2000 en la ciudad de Girona vivían poco más de 73.000 personas. Actualmente existen empadronadas más de 107.000. En un cuarto de siglo, la población ha crecido un 43%. Pero no sólo en el municipio, sino en el conjunto del área urbana, que todavía se ha incrementado con más fuerza (48%). Al frente, Vilablareix ha duplicado a habitantes, pero se sitúan muy cerca Fornells de la Selva, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Campllong y Quart. Son poblaciones que, con un transporte público deficiente, dependen directamente de Girona para el día a día de sus ciudadanos: muchos salen para trabajar en la ciudad. Pensar en Gerona ya no es pensar sólo en su municipio, sino en todo el área urbana. ¿Pero cuáles son los municipios que deben formar parte?

Joan Anton Solans, una vez redactado el Plan General de Barcelona (1976), hoy todavía vigente, desplegó en el Ayuntamiento una intensa acción de gestión urbanística que incorporó tanto suelo público que el posterior ayuntamiento democrático recibió una herencia fabulosa. Y dos años antes del plan, en 1974, se había creado la Corporación Metropolitana de Barcelona, ​​antecedente del actual Área (AMB). Después repitió la jugada como director general de Urbanismo de la Generalitat, con la creación del Incasòl, que opera en toda Catalunya. Nunca ha habido una acción similar en el frente trinitario de planeamiento, gestión e institucionalidad. Y de eso hace media centuria.

El 1 de enero de 2025 era una fecha señalada en el calendario de los vecinos del área metropolitana de Barcelona. Después de meses a medio gas, seis zonas de bajas emisiones (ZBE) comenzaban a funcionar a pleno rendimiento y, por tanto, con multas. Es el caso de Sant Boi de Llobregat, Cerdanyola, Sant Joan Despí, Gavà y Viladecans. En estas ciudades, los vecinos con coches contaminantes pueden circular por los barrios afectados un máximo de 24 días al año si están registrados, pero si superan este umbral y no acreditan ninguna circunstancia especial, como bajos niveles de renta o necesidades de transporte por motivos sanitarios, son multados. Solo hay una excepción: Cerdanyola ha decidido eximir a todos los vecinos empadronados de las multas durante los próximos tres años. Ahora, otros municipios seguirán el mismo camino.

Estos días, aprovechando la celebración de la cuarta edición de la Bienal de Pensamiento y con la colaboración de la CUIMPB y del CCCB, hemos establecido un diálogo entre Milán y Barcelona que ha confirmado, por un lado, los grandes paralelismos entre las dos ciudades y, por otro, la gran y poco visible transformación que está cambiando la fisonomía y la forma de ser de una ciudad y otra. Como decía el profesor Alessandro Balducci en el debate que tuvimos en la Modelo, "estos cambios invisibles están haciendo más invivibles nuestras ciudades".

Las ciudades han estado siempre en tensión. Lo estaban en sus inicios cuando constituían islas de libertad en medio de las estructuras feudales. Fueron cuna de las ideas liberales, movilizando a aquellos que no podían aceptar los privilegios de los estamentos, cuando eran ellos, los burgueses, los que con su trabajo y dinero mantenían a monarcas, aristocracia y clero. Se constituyeron en núcleo esencial de las revoluciones industriales, creciendo de forma desordenada y caótica, pero también embelleciéndose y generando una nueva forma de vivir. Han sido y siguen siendo espacios en los que se reúnen todas las contradicciones y conflictos posibles, pero también espacios de donde pueden surgir combinaciones virtuosas. Hoy, en medio de la transformación digital y de los graves riesgos ambientales, están de nuevo obligadas a repensarse.

Cuando hace dos semanas el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, anunció que la ciudad eliminaría todos sus pisos turísticos en los próximos cinco años, muchas miradas se dirigieron a Nueva York. La ciudad norteamericana es pionera en la lucha contra este tipo de alojamientos desde que el pasado mes de septiembre aprobó una medida que popularmente se ha denominado Veto en Airbnb y que, entre otras cosas, obliga al anfitrión a compartir el piso con los visitantes mientras están ahí. Los nueve meses que han pasado desde entonces han permitido empezar a observar ya algunas consecuencias derivadas de esta restricción, que ahora desde Barcelona y su entorno se analizan con lupa.

La legislatura actual en el Parlament de Catalunya ha terminado y abre paso a un nuevo período de incertidumbre política. Durante la campaña electoral hubo muchos temas ausentes. Uno de ellos fue el de la gobernanza del territorio catalán; algo que se arrastra desde hace años, pero que no encuentra encaje en la agenda política.

La tanda de lluvias de la semana pasada frenó un poco el trágico retroceso en los embalses –las reservas superan el 15% y el agua en el pantano de Sau incluso ha crecido más de dos puntos–, pero Catalunya sigue sedienta y las previsiones para los próximos días no son demasiado esperanzadoras. Por ahora, no se prevén lluvias generales y generosas que puedan contribuir a reavivar los pantanos o cabeceras de los ríos, que ahora bajan puntualmente más alegres por el deshielo de las nevadas. Si los chubascos siguen esquivándonos de aquí al verano y las temperaturas aumentan, y teniendo en cuenta que la desalinización y la regeneración solo proporcionan la mitad del agua de boca, el área de Barcelona y algunas comarcas de Girona pueden enfrentarse a un nuevo problema: el agua que debe llegar a los grifos podría incumplir los indicadores de potabilidad.

Hace ocho años se dispararon todas las alarmas por los niveles de contaminación, sobre todo –pero no sólo– en el área metropolitana de Barcelona, señalada por la Unión Europea como un espacio sobre el que había que actuar con celeridad. Reducir el vehículo privado y aumentar el uso del transporte público era el objetivo. Las administraciones se pusieron manos a la obra: en el 2017 nacían la T-Verda y la T-Aire y tres años más tarde se activaba la zona de bajas emisiones (ZBE) en Barcelona y parte de su área metropolitana. Y hay que decir que el balance de su eficacia es desigual. Sería un "progresa adecuadamente, pero necesita mejorar". Y rápidamente.

Se conoce popularmente como el Castell dels Tres Dragons –dicen que porque recuerda el edificio modernista que Barcelona tiene en el parque de la Ciutadella con este nombre– y también como Villa Victoria, que es la inscripción que se puede leer en sus columnas. Este palacete de Esplugues de Llobregat está abandonado desde que el matrimonio propietario, Pere Domingo Mañé y Ramona Amigó, fue asesinado durante la Guerra Civil. Y continúa en pie, en mal estado de conservación, en medio de la nada. Sobrevive junto a los terrenos que habían acogido la antigua fábrica de motos Montesa, derribada en 2002 (solo queda un monumento conmemorativo), y de donde estaba el campo de fútbol del Rayo Amarillo.

El área metropolitana de Barcelona es el principal granero de voto en unas elecciones y, por lo tanto, uno de los territorios más codiciados por los partidos. En las últimas elecciones en el Parlament, las formaciones con representación se repartieron 1,8 millones de votos: quien gana en esta zona tiene muchas posibilidades de hacerlo en todo Catalunya. En los 30 primeros años desde la restauración de la democracia, el PSC reinó con mano de hierro -con incursiones de CiU en algunos comicios-, pero en la última década se ha convertido en un territorio bastante más imprevisible. En 10 años han vencido hasta cinco colores políticos diferentes: CiU, el PSC, los comunes, ERC y Cs. De caras al 14-F se puede prever que los socialistas recuperen gran parte del terreno que Cs se llevó hace tres años, pero Esquerra ya hace tiempo que llama a la puerta para disputarle este territorio. La batalla está servida.