De pedir 27 años de prisión a defender el sobreseimiento libre en aplicación de la ley de amnistía. El mayor cambio de la Fiscalía con relación a la judicialización del Proceso se ha producido este jueves en la Audiencia Nacional en la vista de previo pronunciamiento de la causa de los CDR conocida como Operación Judas, en la que 12 activistas están al límite de ser juzgados por pertenencia a organización terrorista, y 8 de ellos también por tenencia de sustancias explosivas de carácter terrorista y estragos en grado de tentativa. "Los criterios interpretativos no nos generan dudas en cuanto a la aplicación de la ley de amnistía al caso que nos ocupa", ha destacado la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. La decisión recaerá, sin embargo, en el tribunal presidido por el juez Alfonso Guevara, que resolverá por escrito este viernes oa principios de la próxima semana.

El espionaje a móviles de personas vinculadas al independentismo se ha alargado, como mínimo, hasta febrero de 2022. Así lo revela un auto del polémico juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso el ARA, que puso fin a las diligencias previas 104/2017, la causa secreta que ha servido para investigar a gran escala el independentismo en los últimos años. De este caso original habrían surgido el resto que pilota la Audiencia Nacional. "Las intervenciones [telefónicas] interesadas no superan las exigencias establecidas en la ley", argumentaba el magistrado, que consideraba que era necesario "ponderar" esta intromisión con la posibilidad de esclarecer los hechos que se indagaban. En esta resolución, de 9 de mayo de 2022, se explica que la investigación se abrió a raíz de la huelga del 8 de noviembre de 2017, en la que los Comités de Defensa de la República (CDR) bloquearon las estaciones del AVE de Sants y Girona, así como las principales carreteras del país. Fue una protesta por el encarcelamiento de los líderes del Proceso.

Resolver la adaptación a la amnistía de los investigados por el Tsunami Democrático y por la trama rusa del Proceso se ha convertido en la principal obsesión de JxCat. Martes, sus 7 diputados del Congreso votaron en contra de la ley porque no consideran blindadas a las trece personas implicadas. Pero hay otra causa que está pasando más desapercibida, probablemente porque no incluye a ningún dirigente político del Proceso. En el caso de los CDR no hay ni Carles Puigdemont ni tampoco Marta Rovira y, aunque un juez de la Audiencia Nacional sospechara sin demasiada base que Pere Aragonès estaba al frente de la organización, los doce imputados por terrorismo miran la negociación entre ERC, Junts y el PSOE con suspicacia.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone frontalmente a la instrucción del juez Manuel García-Castellón en la causa del Tsunami Democrático y, sobre todo, la imputación de terrorismo. "Se limitaba a una genérica remisión a los informes de la Guardia Civil y sólo dedicaba un capítulo a la imputación de dos investigados en concreto, el expresidente Carles Puigdemont y Marta Rovira", subraya. Critica que el juez haya llegado a confundir a Tsunami Democrático y los CDR y añade que la elevación del caso al Tribunal Supremo es "totalmente injustificada e inmotivada ante el nulo avance de la investigación en este sentido", afirma en un escrito avanzado por El País y al que ha tenido acceso el ARA, al día siguiente que el presidente español, Pedro Sánchez, asegurara que "el independentismo no es terrorismo".

Edu Garzón, uno de los CDR encausados de la Operación Judas, analiza cómo afronta los 27 años de cárcel que le piden junto a otros siete activistas en la primera entrevista que concede a un medio después de que en noviembre la Audiencia Nacional hiciera público el escrito de acusación por terrorismo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 27 años de cárcel a ocho de los miembros de los CDR acusados ​​por terrorismo. En un escrito de acusación presentado este viernes, el ministerio público les achaca delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de sustancias explosivas de carácter terrorista y estragos en grado de tentativa. A otros cuatro acusados ​​les pide ocho años de prisión por el primer delito.

Que la derecha tenga que utilizar un sistema tan de izquierdas como es “manifestarse” me anima. Se manifiestan (y queman contenedores y se quejan de la —¡baja, Manel!— violencia policial) por protestar contra la amnistía a los independentistas catalanes. El PP dijo que "la policía había tratado a los manifestantes como si fueran CDRs".

La Audiencia Nacional ha decidido enviar a juicio por terrorismo a los doce encausados ​​en la Operación Judas, que fueron detenidos el 23 de septiembre de 2019 por preparar presuntamente acciones violentas coincidiendo con el aniversario del 1-O y la inminente publicación de la sentencia del Proceso. De esta forma, se cierra el sumario coincidiendo con las negociaciones por la amnistía entre los partidos independentistas y el PSOE. ERC garantiza que el pacto suscrito con los socialistas incluiría a los encausados ​​por todas las movilizaciones del Proceso y, por tanto, también a los CDR que ya estuvieron en prisión preventiva tres meses para este caso.

Llueva, haga frío o sea fiesta, cada noche bajan a la calle. Primero lo hacían por la libertad de los presos políticos y ahora por el final de la represión y el regreso de los exiliados. No son los miembros de Meridiana Resisteix, sino del Col·lectiu Enriqueta Gallinat, que desde el 5 de noviembre de 2017 están cada día a la confluencia de Urgell con Avenida Roma de 20.30 h a 21 h. Este sábado hará 1.591 vísperas que están al pie del cañón en la movilización colectiva diaria más longeva del independentismo. "Es la que lleva más tiempo en la calle", dice orgullosa Teresa Capella, una de las incondicionales. La iniciativa surgió del CDR del Eixample Esquerra en respuesta al encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y ha persistido hasta ahora gracias a la perseverancia vecinal. Este es solo uno de la cincuentena de actos independentistas que se hacen en todo el país todavía hoy, muchos de los cuales desde el ingreso en prisión de los líderes de la ANC y Òmnium.

Las defensas de los investigados en la operación Judas han anunciado hoy que presentarán escritos de nulidad para impugnar la resolución de procesamiento de los trece encausados. Los abogados de Alerta Solidària han explicado que han detectado incidencias, la última de las cuales la existencia de una causa secreta de donde surgen los indicios para inculpar a los investigados y a la que la defensa no ha tenido acceso. Es un procedimiento instruido en la Audiencia española muy probablemente desde el 2017, teniendo en cuenta el número de las diligencias, y de estas diligencias derivaría la causa actual. Lo ha anunciado el abogado del colectivo, Jordi Busquets, que representa a una parte de los encausados, cinco de los cuales hoy han declarado por vía telemática desde el juzgado de Mollet del Vallès y un sexto desde el de Cerdanyola. Se los acusa de pertenencia a organización terrorista y a nueve de ellos, además, por tenencia y fabricación de sustancias o aparatos de carácter terrorista.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garcia Castellón ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los trece presuntos miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) vinculados con la Operación Judas. Nueve de ellos ya fueron detenidos en septiembre de 2019 en el marco de este operativo y después de casi cuatro meses en la prisión quedaron en libertad provisional una vez pagada la fianza. Justo después de salir del centro penitenciario, uno de los acusados, Xavier Duch, aseguraba al ARA que el objetivo de las detenciones solo era parar el movimiento después de la sentencia del 1-O y "vincular independentismo y terrorismo". Ahora, además de procesarlos por pertenencia a organización terrorista, el magistrado, tal como pedía la Fiscalía, acusa a nueve de ellos de delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables. En su auto de procesamiento, el juez afirma que los implicados "evidencian una gran radicalidad" y todos, dice el instructor, comparten principios ideológicos favorables a la independencia y el activismo radical para conseguirla. Su objetivo para hacerla efectiva, sigue el magistrado, era emplear la violencia.

La Fiscalía no se rinde en la persecución de la activista del CDR de Viladecans Tamara Carrasco. Absuelta de desórdenes públicos por el juzgado número 25 de Barcelona y después por la Audiencia de Barcelona, ahora el ministerio público recurre al Tribunal Supremo. Así, el 21 de julio presentó un recurso de casación en el que pide condenarla y que hace unos días se notificó a su defensa. Tiene hasta el 22 de septiembre para presentar alegaciones. La causa gira alrededor de la difusión por WhatsApp de un audio en el que explicaba las acciones que tendrían lugar el 26 y 27 de marzo de 2018 a raíz de la detención de Carles Puigdemont en Alemania, así como algunas que finalmente no se produjeron pero que se habían debatido como la ocupación del aeropuerto, el puerto y Mercabarna. Esos días lo que sí sucedió es que se cortaron varias carreteras y se rodeó la Estació de Sants.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama procesar a los nueve miembros de los CDR detenidos el 23-S del 2019 en el marco de la operación Judas por pertenencia a organización terrorista, tenencia y fabricación de explosivos, según ha avanzado El Confidencial y ha confirmado el ARA. El ministerio público considera acreditado que los encausados habrían formado una "organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la misma organización tenía instalados en dos domicilios particulares" como respuesta a la sentencia sobre los líderes del 1-O.

El independentismo ha plantado a Pedro Sánchez este lunes en el Liceu, donde ha anunciado que mañana indultará a los presos políticos, pero a las puertas del teatro doscientos manifestantes han llenado la Rambla para protestar contra la presencia del presidente español en Barcelona y también contra la medida de gracia. Desde un buen principio ha habido un mensaje que ha destacado por encima de los otros: "El indulto es un insulto". Convocados por la ANC, los CDR y Arran, los concentrados se han agrupado justo ante el Liceu para abuchear a todos los asistentes que entraban y salían del acto y reclamar la amnistía como solución al conflicto.

Con el objetivo de reactivar el independentismo en la calle, ex coordinadores de Tsunami Democràtic están organizando acciones inminentes sustentadas en la desobediencia y que tengan como objetivo poner a prueba el control del territorio. Integrantes de base de esta organización clandestina explican al ARA que han decidido pasar a la acción con una "presencia constante en la calle" para espolear las movilizaciones después de que las protestas por la sentencia del Procés se pararan en seco y la pandemia acabara de enfriar el movimiento. Según las mismas fuentes, la primera acción llegará en las próximas semanas. Forman parte del colectivo Acció per la Independència, que bajo el manto de los CDR se dio a conocer este Sant Jordi con un comunicado y una colgada masiva de pancartas en todo el territorio organizada por una veintena de grupos, todas con el mismo lema: "Desobediencia. El camino de la independencia".

La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar posibles torturas de la Guardia Civil a uno de los doce miembros de los CDR acusados ​​en el marco de la operación Judas. Según ha revelado Alerta Solidaria, el tribunal ha dado luz verde a la querella presentada por Jordi Ros contra once de los agentes del cuerpo armado español por haberle vejado y maltratado físicamente en los registros realizados en su domicilio de Sabadell. Alerta Solidaria ha denunciado que las presiones y las amenazas también las sufrieron su hermano y otros familiares durante un cacheo que duró más de diez horas.