La Audiencia de Barcelona absuelve a Alba Vergés y Josep Maria Argimon. El tribunal que juzgó a los dos exconsejeros de Salud los ha exonerado de la acusación que pesaba sobre ellos: "discriminar" a los policías nacionales y guardias civiles en la campaña de vacunación contra la covid y vacunar a los mossos d'esquadra más rápido que a ellos. La sentencia, a la que ha tenido acceso el ARA, dice que Salud priorizó los criterios sanitarios, sobre todo la edad, y también absuelve al resto de exresponsables del departamento que se sentaron en el banquillo de los acusados: Marc Ramentol, Adrià Comella y Xavier Rodríguez.

Justo antes de que comience el estallido de disparos, los dos agentes, que no van uniformados, gritan reiteradamente "Guardia Civil, Guardia Civil" con la pistola en la mano. A pocos metros, un hombre medio escondido detrás de unos coches gesticula intensamente, en algún momento levantando las manos. De repente, aparece otro en escena, que sale de un edificio y dispara, sin preguntar y prácticamente a bocajarro, a uno de los dos agentes, que también responden con disparos. Un policía queda tendido en el suelo mientras el otro, después de caminar unos cuantos metros, también cae. Allí le pegan con un palo, en la cabeza y en el cuerpo, mientras el primer hombre, el que en un inicio estaba detrás de los coches, le dice insistentemente: "Enséñame la placa, enséñame la placa". El policía se saca algo del bolsillo, que no se llega a percibir desde el ángulo de visión del vecino que lo está grabando todo, y el hombre acaba frenando a sus compañeros para evitar que continuaran agrediendo al agente.

Dos agentes de la Guardia Civil han resultado heridos durante un tiroteo en Terrassa. Fuentes consultadas por el ARA apuntan que los agentes estaban inmersos en una persecución cuando las personas a quienes seguían habrían abierto fuego contra ellos. Al menos uno de los agentes se encontraría en estado grave. Los dos policías han sido trasladados al hospital. Esta misma noche, los Mossos han detenido a tres personas como presuntos autores de los disparos.

Este lunes se ha localizado el cadáver de un hombre sin cabeza ni extremidades y en avanzado estado de descomposición flotando frente a la costa de Sagunto, en el Camp de Morvedre, según informa este miércoles Efe citando fuentes de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 25 años en el municipio segoviano de Torrecaballeros por ocultar el cadáver de su padre para poder seguir cobrando su pensión. Según han confirmado a Efe fuentes del cuerpo policial, el hombre llevaba un año y medio muerto. Fue el mismo detenido el que se personó ante la policía para comunicarles que desde hacía un año y medio ocultaba el cuerpo sin vida de su progenitor en la casa familiar.

Zakaria cruzó la valla de Melilla en marzo de 2022 huyendo del conflicto armado en su país, Mali, cuando todavía era menor de edad. Aquel día, los golpes de porra en la cara de un guardia civil le provocaron una lesión irreversible en el ojo izquierdo, donde ha perdido la visión. Más de dos años después sigue pidiendo a la justicia que identifique el nombre del agente, y este miércoles ha dado un paso importante en el procedimiento explicando al juez todo lo que vivió aquel día. "Estoy aquí para que la justicia verifique lo que ha pasado, no quiero que le pase a nadie más", ha dicho después de declarar.

La prensa irlandesa se ha hecho eco de los terribles hechos ocurridos el pasado 25 de agosto, cuando una pareja de esta nacionalidad fue encontrada por sus hijos en el jacuzzi de la casa que tenían alquilada en la urbanización Cap Blanc de Cullera, en Valencia.

La Guardia Civil de Altea y la Policía Local de La Nucia, en la demarcación de Alicante, han auxiliado a una mujer atrapada en un incendio en su vivienda. La densidad del humo y la envergadura de las llamas impedían a la mujer salir del domicilio y los agentes consiguieron forzar la reja de una ventana, acceder al interior y evacuarla mientras llegaban los bomberos.

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha preguntado a la Guardia Civil si recibió "alguna información los días previos que hubiera podido alertar" de la "entrada irregular masiva" de miles de personas a Ceuta provenientes de Marruecos entre el 30 y 31 de julio pasado. En una providencia a la que ha tenido acceso el ARA, la magistrada solicita a la Jefatura de Información del instituto armado que informe del "dispositivo desarrollado por los diferentes efectivos de la Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo que respecta a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales.

La Guardia Civil investiga a dos personas por maltrato animal y prevaricación administrativa tras la fuga de siete cabezas de ganado bovino durante el desarrollo de un festejo en la localidad valenciana de Gátova.

Los policías que pegan a manifestantes en movilizaciones no violentas y legítimas –como la masiva protesta del domingo pasado en Palma, contra la masificación y la turistificación– lo hacen amparados en el anonimato de los cascos y del número: no son personas con una cara y un nombre, como los ciudadanos, sino que hay un esfuerzo a conciencia para dar al policía que reprime a ciudadanos un aspecto tan deshumanizado como sea posible. Esto es bien conocido, estudiado y denunciado. El otro gran instrumento de ocultación del policía represor es el corporativismo. Este es el fundamento del desarrollo de relatos policiales que, por decirlo finamente, chocan o se contradicen con la realidad. Que mienten, por decirlo sin rodeos. Saben que pueden hacerlo porque el corporativismo, una especie de camaradería mal entendida y pervertida, hace imposible que un policía se atreva jamás a denunciar las malas prácticas —y quien dice malas prácticas, dice delitos y faltas— de sus compañeros menos ejemplares.La Policía Nacional de Palma ha producido un atestado sobre los hechos del domingo por la noche en los que hacen lo de siempre: victimizarse y afirmar que tuvieron que recurrir a las cargas para “defenderse” de unos “manifestantes violentos” que daban “miedo”. Empieza a cansar un poco la canción de unos individuos a quienes les gusta hacer la cola de unos armarios musculosos, armados hasta los dientes y entrenados para lo que convenga, que dicen sentirse intimidados y muertos de miedo ante manifestantes indefensos que –en el caso de Palma– hacen cosas tan temibles como cantar La Balanguera. Cansa, sobre todo, porque es mentira. Desde los policías del 1-O hasta los de Alsasua, pasando por los que se han encargado de reprimir a golpes de porra manifestaciones pro Palestina, todos resulta que sienten unos miedos profundos cuando se tienen que enfrentar con las hordas desatadas de manifestantes violentos. La realidad, repetida una y otra vez, es que los elementos provocadores, agresivos y –llegado el caso– violentos que hay en las manifestaciones y otros actos de protesta ciudadana son los mismos agentes de policía. Así sucedió en Palma, donde hubo más de veinte heridos, entre ellos un fotoperiodista que tuvo que recibir seis puntos de sutura en la cabeza. Los ataques policiales fueron injustificados. Y, sobre todo, intolerables.Las atestaciones e informes policiales falsos –y, cuando conviene, las declaraciones falsas ante tribunales por parte de agentes y altos cargos de la policía– se repiten porque los responsables políticos no hacen nada (tienen miedo, estos sí). Al delegado del gobierno de Palma, Alfonso Rodríguez, le piden la dimisión. La debería presentar, también por la ineptitud de haberles hecho el trabajo sucio a los empresarios turísticos y al Gobierno de PP y Vox presidido por Marga Prohens. Estos han conseguido el objetivo de ensuciar una manifestación que fue tan potente como cívica, y encima pueden endosarle el muerto a un delegado del gobierno socialista. Deben pensar que han hecho una jugada maestra, pero más o menos todos ven el truco (esto no quita que el delegado deba dimitir, y tanto).

Casi cada semana aparece una nueva imputación relacionada –más directamente o más indirectamente– con el PSOE. El último nombre que ha emergido es Juan Manuel Serrano, que fue presidente de Correos del 2018 al 2023 y director del gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz. Su nombre se suma a una larga lista de personas –con diferentes niveles de responsabilidad– presuntamente implicadas en catorce líneas de investigación abiertas. El primer condenado fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero hay un total de 50 cargos relacionados con el gobierno español o con el PSOE, miembros de la Guardia Civil y hombres que fueron de la máxima confianza de Sánchez que han acabado ante un juez. Son hasta 109 si contamos también los 59 empresarios, familiares y abogados –y otros perfiles– imputados en las diferentes causas abiertas.

Un año después, ha llegado el esperado informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Santos Cerdán. Estas son las conclusiones de la Guardia Civil: en primer lugar, los investigadores han encontrado 18.260 euros de ingresos en efectivo con un “origen aparentemente desconocido” entre 2014 y 2017, cuando él era diputado en el Parlamento de Navarra y Mariano Rajoy todavía estaba en la Moncloa. En segundo lugar, han detectado una “reducción de gastos” con tarjeta y retiradas de efectivo a partir de 2019, en un periodo que “coincide temporalmente” con la etapa de José Luis Ábalos como ministro y la adjudicación a Acciona de los expedientes que están bajo sospecha. En tercer lugar, las liquidaciones de pagos anticipados del PSOE y del Congreso fueron “superiores” a los gastos que han observado que eran “susceptibles” de ser reclamadas. En total, han analizado 1,1 millones de euros de ingresos y de gastos de 2014 a 2025.

La directora general de la Guardia Civil ha vuelto a la Audiencia Nacional para declarar como investigada por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez. Su nombre afloró después de que la Unidad Central Operativa (UCO) descubriera que se había reunido con la conocida como fontanera del PSOE, a pesar de que ella se ha desmarcado desde el primer momento de la presunta trama para torpedear investigaciones judiciales. Según ha podido saber el ARA, ante el juez ha afirmado que es una “víctima” de Santos Cerdán, que era el número tres del partido y con quien “nunca” tuvo una “buena relación”, y ha asegurado que si hubiera sabido que Leire Díez iba de su parte, se habría negado a recibirla. Ha añadido que no vio “nada oscuro” en los contactos con ella y que nunca hablaron de las investigaciones internas en el seno de la Guardia Civil.

Ni presiones ni órdenes para no investigar el entorno de Pedro Sánchez. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, que está investigado por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez, se ha defendido ante el juez Santiago Pedraz. El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, aseguró que en julio de 2024 él instó a los agentes a “ponerse de perfil” en las causas judiciales con afectaciones políticas y les conminó a no ser proactivos y ceder el protagonismo de impulsar las causas a los jueces. Manuel Llamas ha estado declarando durante más de dos horas y ha negado cualquier maniobra para torpedear u obstaculizar las investigaciones: ha asegurado que en ningún momento dijo que se debían poner de perfil y ha negado cualquier tipo de presión.

La cifra de 46.000 toneladas de basura procedentes de Francia vertidas de manera ilegal en Cataluña que trascendió este lunes podría acabar siendo anecdótica al lado del número total de kilos de escombros que se puede destapar cuando acabe la investigación, según explican fuentes cercanas al caso. Los vertidos del llamado caso Franger que hasta ahora ha explicado la Guardia Civil afectaron principalmente al municipio de Sant Esteve Sesrovires, en el Baix Llobregat. Ahora bien, fuentes cercanas a la investigación consultadas por el ARA añaden a la lista provisional de municipios afectados Rubí (Vallès Occidental), Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) y Pujalt (Anoia).

En una rotonda de la carretera N-340, considerada la más larga de todo el estado español, hay un restaurante destartalado y calcinado. Es en el término municipal de Los Gallardos, en la provincia de Almería. Este sábado, a primera hora de la mañana, agentes de la Guardia Civil y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía analizan el entorno de este edificio, que ya estaba abandonado antes de que el fuego lo impactara. Explican que este es el punto exacto donde comenzó el trágico incendio. ¿Y cómo comenzó? Responden que todo apunta a una chispa de un cableado eléctrico, a pesar de que el restaurante en cuestión llevaba años cerrado.

Turno de la exconsejera de Salud Alba Vergés para explicarse en el juicio por la vacunación contra la covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a Cataluña. En su declaración se ha centrado en explicar que siempre siguieron los criterios que fijaba el Consejo Interterritorial de Salud sobre la estrategia de vacunación, también cuando se decidió priorizar las dosis de AstraZeneca para las personas de entre 55 y 65 años. Esto, ha matizado, no impedía que los grupos de trabajadores esenciales –como policías, personal sanitario o docentes– pudieran continuar recibiendo dosis, pero se tenía que hacer "a medida que llegaban las vacunas". De hecho, cuando le han preguntado directamente, ha negado que diera ninguna orden para retrasar la vacunación a los agentes.

El exconsejero de Salud Josep Maria Argimon ha declarado antes de tiempo en el juicio por la vacunación contra la covid a los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña. El entonces director del Institut Català de la Salut y secretario de Salut Pública ha asegurado que la decisión de limitar la vacuna AstraZeneca a la franja de edad de 60 a 65 años –fueran o no trabajadores esenciales– respondía a una decisión del Consejo Interterritorial de Salud y "no suponía ningún conflicto ético" ni tampoco en el ámbito epidemiológico, porque priorizaba a las personas más vulnerables al virus. Aun así, era partidario de continuar vacunando a todos los agentes, porque la logística ya estaba a punto, y así se lo comunicó a la consejera Alba Vergés.

Nueva tanda de testigos en el juicio por supuestamente "discriminar" a los policías nacionales y guardias civiles con las vacunas contra la covid. Después de que los mandos de los dos cuerpos exculparan a los procesados, entre los que se encuentran los exconsejeros Josep Maria Argimon y Alba Vergés, este lunes ha sido el turno de explicarse de otros exdirectivos de Salud. Entre ellos, la asesora de Vergés que envió un mensaje clave en la instrucción de la causa, en el que decía: "Otra vez, la consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Deberíamos pararlo".