La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha preguntado a la Guardia Civil si recibió "alguna información los días previos que hubiera podido alertar" de la "entrada irregular masiva" de miles de personas a Ceuta provenientes de Marruecos entre el 30 y 31 de julio pasado. En una providencia a la que ha tenido acceso el ARA, la magistrada solicita a la Jefatura de Información del instituto armado que informe del "dispositivo desarrollado por los diferentes efectivos de la Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo que respecta a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales.

La Guardia Civil investiga a dos personas por maltrato animal y prevaricación administrativa tras la fuga de siete cabezas de ganado bovino durante el desarrollo de un festejo en la localidad valenciana de Gátova.

Los policías que pegan a manifestantes en movilizaciones no violentas y legítimas –como la masiva protesta del domingo pasado en Palma, contra la masificación y la turistificación– lo hacen amparados en el anonimato de los cascos y del número: no son personas con una cara y un nombre, como los ciudadanos, sino que hay un esfuerzo a conciencia para dar al policía que reprime a ciudadanos un aspecto tan deshumanizado como sea posible. Esto es bien conocido, estudiado y denunciado. El otro gran instrumento de ocultación del policía represor es el corporativismo. Este es el fundamento del desarrollo de relatos policiales que, por decirlo finamente, chocan o se contradicen con la realidad. Que mienten, por decirlo sin rodeos. Saben que pueden hacerlo porque el corporativismo, una especie de camaradería mal entendida y pervertida, hace imposible que un policía se atreva jamás a denunciar las malas prácticas —y quien dice malas prácticas, dice delitos y faltas— de sus compañeros menos ejemplares.La Policía Nacional de Palma ha producido un atestado sobre los hechos del domingo por la noche en los que hacen lo de siempre: victimizarse y afirmar que tuvieron que recurrir a las cargas para “defenderse” de unos “manifestantes violentos” que daban “miedo”. Empieza a cansar un poco la canción de unos individuos a quienes les gusta hacer la cola de unos armarios musculosos, armados hasta los dientes y entrenados para lo que convenga, que dicen sentirse intimidados y muertos de miedo ante manifestantes indefensos que –en el caso de Palma– hacen cosas tan temibles como cantar La Balanguera. Cansa, sobre todo, porque es mentira. Desde los policías del 1-O hasta los de Alsasua, pasando por los que se han encargado de reprimir a golpes de porra manifestaciones pro Palestina, todos resulta que sienten unos miedos profundos cuando se tienen que enfrentar con las hordas desatadas de manifestantes violentos. La realidad, repetida una y otra vez, es que los elementos provocadores, agresivos y –llegado el caso– violentos que hay en las manifestaciones y otros actos de protesta ciudadana son los mismos agentes de policía. Así sucedió en Palma, donde hubo más de veinte heridos, entre ellos un fotoperiodista que tuvo que recibir seis puntos de sutura en la cabeza. Los ataques policiales fueron injustificados. Y, sobre todo, intolerables.Las atestaciones e informes policiales falsos –y, cuando conviene, las declaraciones falsas ante tribunales por parte de agentes y altos cargos de la policía– se repiten porque los responsables políticos no hacen nada (tienen miedo, estos sí). Al delegado del gobierno de Palma, Alfonso Rodríguez, le piden la dimisión. La debería presentar, también por la ineptitud de haberles hecho el trabajo sucio a los empresarios turísticos y al Gobierno de PP y Vox presidido por Marga Prohens. Estos han conseguido el objetivo de ensuciar una manifestación que fue tan potente como cívica, y encima pueden endosarle el muerto a un delegado del gobierno socialista. Deben pensar que han hecho una jugada maestra, pero más o menos todos ven el truco (esto no quita que el delegado deba dimitir, y tanto).

Casi cada semana aparece una nueva imputación relacionada –más directamente o más indirectamente– con el PSOE. El último nombre que ha emergido es Juan Manuel Serrano, que fue presidente de Correos del 2018 al 2023 y director del gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz. Su nombre se suma a una larga lista de personas –con diferentes niveles de responsabilidad– presuntamente implicadas en catorce líneas de investigación abiertas. El primer condenado fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero hay un total de 50 cargos relacionados con el gobierno español o con el PSOE, miembros de la Guardia Civil y hombres que fueron de la máxima confianza de Sánchez que han acabado ante un juez. Son hasta 109 si contamos también los 59 empresarios, familiares y abogados –y otros perfiles– imputados en las diferentes causas abiertas.

Un año después, ha llegado el esperado informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Santos Cerdán. Estas son las conclusiones de la Guardia Civil: en primer lugar, los investigadores han encontrado 18.260 euros de ingresos en efectivo con un “origen aparentemente desconocido” entre 2014 y 2017, cuando él era diputado en el Parlamento de Navarra y Mariano Rajoy todavía estaba en la Moncloa. En segundo lugar, han detectado una “reducción de gastos” con tarjeta y retiradas de efectivo a partir de 2019, en un periodo que “coincide temporalmente” con la etapa de José Luis Ábalos como ministro y la adjudicación a Acciona de los expedientes que están bajo sospecha. En tercer lugar, las liquidaciones de pagos anticipados del PSOE y del Congreso fueron “superiores” a los gastos que han observado que eran “susceptibles” de ser reclamadas. En total, han analizado 1,1 millones de euros de ingresos y de gastos de 2014 a 2025.

La directora general de la Guardia Civil ha vuelto a la Audiencia Nacional para declarar como investigada por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez. Su nombre afloró después de que la Unidad Central Operativa (UCO) descubriera que se había reunido con la conocida como fontanera del PSOE, a pesar de que ella se ha desmarcado desde el primer momento de la presunta trama para torpedear investigaciones judiciales. Según ha podido saber el ARA, ante el juez ha afirmado que es una “víctima” de Santos Cerdán, que era el número tres del partido y con quien “nunca” tuvo una “buena relación”, y ha asegurado que si hubiera sabido que Leire Díez iba de su parte, se habría negado a recibirla. Ha añadido que no vio “nada oscuro” en los contactos con ella y que nunca hablaron de las investigaciones internas en el seno de la Guardia Civil.

Ni presiones ni órdenes para no investigar el entorno de Pedro Sánchez. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, que está investigado por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez, se ha defendido ante el juez Santiago Pedraz. El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, aseguró que en julio de 2024 él instó a los agentes a “ponerse de perfil” en las causas judiciales con afectaciones políticas y les conminó a no ser proactivos y ceder el protagonismo de impulsar las causas a los jueces. Manuel Llamas ha estado declarando durante más de dos horas y ha negado cualquier maniobra para torpedear u obstaculizar las investigaciones: ha asegurado que en ningún momento dijo que se debían poner de perfil y ha negado cualquier tipo de presión.

La cifra de 46.000 toneladas de basura procedentes de Francia vertidas de manera ilegal en Cataluña que trascendió este lunes podría acabar siendo anecdótica al lado del número total de kilos de escombros que se puede destapar cuando acabe la investigación, según explican fuentes cercanas al caso. Los vertidos del llamado caso Franger que hasta ahora ha explicado la Guardia Civil afectaron principalmente al municipio de Sant Esteve Sesrovires, en el Baix Llobregat. Ahora bien, fuentes cercanas a la investigación consultadas por el ARA añaden a la lista provisional de municipios afectados Rubí (Vallès Occidental), Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) y Pujalt (Anoia).

En una rotonda de la carretera N-340, considerada la más larga de todo el estado español, hay un restaurante destartalado y calcinado. Es en el término municipal de Los Gallardos, en la provincia de Almería. Este sábado, a primera hora de la mañana, agentes de la Guardia Civil y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía analizan el entorno de este edificio, que ya estaba abandonado antes de que el fuego lo impactara. Explican que este es el punto exacto donde comenzó el trágico incendio. ¿Y cómo comenzó? Responden que todo apunta a una chispa de un cableado eléctrico, a pesar de que el restaurante en cuestión llevaba años cerrado.

Turno de la exconsejera de Salud Alba Vergés para explicarse en el juicio por la vacunación contra la covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a Cataluña. En su declaración se ha centrado en explicar que siempre siguieron los criterios que fijaba el Consejo Interterritorial de Salud sobre la estrategia de vacunación, también cuando se decidió priorizar las dosis de AstraZeneca para las personas de entre 55 y 65 años. Esto, ha matizado, no impedía que los grupos de trabajadores esenciales –como policías, personal sanitario o docentes– pudieran continuar recibiendo dosis, pero se tenía que hacer "a medida que llegaban las vacunas". De hecho, cuando le han preguntado directamente, ha negado que diera ninguna orden para retrasar la vacunación a los agentes.

El exconsejero de Salud Josep Maria Argimon ha declarado antes de tiempo en el juicio por la vacunación contra la covid a los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña. El entonces director del Institut Català de la Salut y secretario de Salut Pública ha asegurado que la decisión de limitar la vacuna AstraZeneca a la franja de edad de 60 a 65 años –fueran o no trabajadores esenciales– respondía a una decisión del Consejo Interterritorial de Salud y "no suponía ningún conflicto ético" ni tampoco en el ámbito epidemiológico, porque priorizaba a las personas más vulnerables al virus. Aun así, era partidario de continuar vacunando a todos los agentes, porque la logística ya estaba a punto, y así se lo comunicó a la consejera Alba Vergés.

Nueva tanda de testigos en el juicio por supuestamente "discriminar" a los policías nacionales y guardias civiles con las vacunas contra la covid. Después de que los mandos de los dos cuerpos exculparan a los procesados, entre los que se encuentran los exconsejeros Josep Maria Argimon y Alba Vergés, este lunes ha sido el turno de explicarse de otros exdirectivos de Salud. Entre ellos, la asesora de Vergés que envió un mensaje clave en la instrucción de la causa, en el que decía: "Otra vez, la consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Deberíamos pararlo".

La Audiencia Nacional imputa a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el caso Leire Díez y la cita a declarar el 16 de julio. No es el único cargo del instituto armado que el tribunal considera bajo sospecha: también investiga al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por las presuntas maniobras de Díez para frenar las investigaciones que afectan al entorno del presidente español, Pedro Sánchez. En concreto, el juez Santiago Pedraz, que ha tomado esta decisión tras la petición de la Fiscalía y las acusaciones populares lideradas por el PP, cree que podrían haber cometido delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

El testimonio de los responsables de la vacunación contra la covid de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña ha sido un jarro de agua fría para los sindicatos policiales que acusan a los exresponsables del departamento de Salud de haberlos "discriminado" en comparación a los Mossos d'Esquadra. La segunda jornada del juicio a los exconsejeros Alba Vergés y Josep Maria Argimon se ha centrado en la declaración de los mandos de estos dos cuerpos que organizaron la vacunación a sus agentes destinados en Cataluña, y ambos han subrayado que hablaban diariamente con su interlocutor en Salud, Xavier Rodríguez Guasch, de quien han dicho que siempre tuvo buena disposición para coordinarse.

El juicio a los exresponsables del departamento de Salud por "discriminar" a los policías y guardias civiles en la campaña de vacunación contra la covid no acabará con penas de prisión. Al inicio del juicio este martes, la Audiencia de Barcelona ha dejado fuera de la causa el delito contra los derechos de los trabajadores que planteaban los sindicatos y que podía comportar condenas de hasta tres años de prisión. La Fiscalía pide inhabilitar durante 12 años a quienes entonces lideraban la conselleria y les acusa, como los sindicatos policiales, de haber "paralizado" la vacunación a estos agentes y no priorizarlos por delante de la población general, como sí hicieron con otros cuerpos de emergencias. Entre las cifras que aportan las acusaciones está el ritmo de vacunación a los agentes: en el momento en que la tasa de vacunación era del 2,8% entre guardias civiles y del 3,6% entre policías nacionales, entre los mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona llegaba al 77%.

"Jamás de los jamases". Y así una y otra vez. La directora general de la Guardia Civil, que aparece salpicada en el sumario del caso Leire Díez, ha negado de raíz y rotundamente que interviniera de alguna manera en las maniobras para "obstaculizar" causas judiciales que investiga la Audiencia Nacional. "No he participado nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO, no he participado nunca en ninguna campaña de desprestigio contra la UCO y no he adoptado nunca ninguna medida contra ningún agente de la UCO", ha proclamado con vehemencia Mercedes González justo al arrancar la comparecencia en la comisión de Interior del Senado, convocada por la mayoría absoluta del PP. "No he perseguido nunca a los míos porque son mi familia", ha añadido más tarde. "No me dedico a ninguna cloaca", ha llegado a decir. Para defenderse, ha sacado pecho de que no ha habido "ninguna queja" de agentes de la UCO que se sintieran amenazados o coaccionados y, después de dos horas y media, ha cerrado su intervención con una proclama: "Cada día me tengo que repetir que no he hecho nada malo. Mientras tanto, rugirá la furia deseosa de alcanzar la destrucción y la desolación".

Los Bomberos trabajan con la hipótesis de que el adolescente de dieciséis años desaparecido en Roses (Alt Empordà) cuando iba en moto de agua habría perdido el chaleco en algún momento y se habría hundido. Ahora, las tareas de rescate se centran en rastrear la costa por la parte sur de Roses, hasta Begur y Palamós. También han hecho sobrevolar los drones sobre las islas Medes y los submarinistas del GRAE hacen inmersiones de entre dos y cuatro metros, aprovechando la visibilidad "aceptable" que hay en la zona. Los Bomberos tienen previsto rastrear este sábado con helicóptero la costa desde Roses hasta Begur antes de suspender la búsqueda del joven. La búsqueda de este viernes se detendrá cuando llegue la noche y se reanudará mañana por la mañana.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió con Leire Díez, la principal investigada en el último caso judicial que afecta al PSOE, a pesar de que hasta ahora tanto ella como el gobierno español lo habían negado tanto por escrito –en respuesta a preguntas parlamentarias del PP– como oralmente: la semana pasada lo volvió a hacer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que "la directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con nadie [...] Ni con Leire ni con cualquier otra". Este relato ha cambiado este jueves, una vez conocido el sumario del caso que se investiga en la Audiencia Nacional. En un comunicado este jueves por la noche, la misma Guardia Civil reconoce al menos dos encuentros —no descarta un tercero— y asegura que González cortó la relación tan pronto como Díez le pidió que restituyera al comandante Rubén Villalba, apartado del cuerpo por estar inmerso en una causa judicial.

Los episodios de brutalidad policial, como el que sucedió el pasado fin de semana en Valencia, cuando un policía agredió sin motivo y por la espalda a una manifestante en las asambleas de docentes, constituyen siempre un ataque directo contra los fundamentos de la democracia. Puesto que los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen delegada la gestión de la violencia (son los únicos que pueden portar armas, y utilizarlas, en la vía pública), cuando uno o muchos policías se vuelven contra los ciudadanos y utilizan la fuerza contra ellos, el hecho causa consternación y repulsión. El uso de la fuerza solo está justificado en casos muy concretos, que se encuentran legislados, y ninguno incluye la represión contra personas que ejercen su derecho a la manifestación y la protesta.Escenas como la de la maestra jubilada a la que un policía nacional hace caer de bruces son intolerables. Las imágenes son inequívocas, de modo que la reacción también debería serlo: expulsión fulminante del cuerpo para este agente, además de las responsabilidades penales que le correspondan por la agresión a su víctima. En lugar de eso, sin embargo, como siempre que ocurre un hecho de esta índole (quiero decir: cada vez que un policía agrede a una persona sospechosa de no ser una buena patriota española, según los más que conocidos parámetros del ultranacionalismo españolista), aparece de repente un enjambre de políticos y de periodistas a dar cobertura al policía en cuestión y a darle la vuelta a la realidad. Tanto monta que esté grabado por un montón de cámaras y que lo haya visto todo el mundo: la maquinaria negacionista se pone en marcha y le da la vuelta rápidamente a la realidad, a fin de presentar a la víctima como agresora y al policía agresor como servidor ejemplar del orden público (y como víctima, si conviene). Una manifestante que recibe un empujón brutal cuando se encuentra de espaldas a su agresor, cuando no hacía nada ni remotamente punible y que obviamente no puede defenderse de un policía armado y uniformado, se convierte en cierta versión oficial en un “elemento de crispación” o en una “alteradora de la paz social”. Así lo han hecho desde el presidente de la Generalitat Valenciana, el muy indigno Juanfran Pérez Llorca, hasta una larga lista de mariachis habituales de la prensa afín al PP y a Vox. El policía abusador (al que lo primero que se le debería practicar, por otra parte, es el test de drogas y alcoholemia), por el contrario, deviene poco menos que un héroe.O un héroe sin paliativos: los policías del 1-O fueron condecorados, y unas cuantas decenas desfilaron por el juicio del Procés para dar un falso testimonio muy fácilmente comprobable sobre los hechos del 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. Los policías de Alsasua implicados en una pelea de bar fueron enaltecidos como víctimas de terrorismo, mientras ocho jóvenes eran condenados a altas penas de prisión por delitos de terrorismo. Esto, por mencionar solo dos casos recientes que muchos tenemos en la memoria. El abuso de autoridad es, para ciertos defensores de la patria, una forma de ganar diez a cero.

Si querían una plantación de marihuana, ellos facilitaban todo el material necesario. La iluminación, la ventilación, los sistemas de riego, la fertilización... Incluso lo llevaban allá donde hiciera falta. Funcionaban como un supermercado de cannabis. Aparentemente, vendían productos de grow shop, pensados para el consumo propio, pero en la realidad, según ha podido contrastar una investigación de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, abastecían plantaciones controladas por grandes cárteles de la marihuana. Se trata de personas de nacionalidad española que han ido apareciendo en muchas investigaciones de los últimos años contra clanes albaneses de cannabis –si bien ninguno de ellos tenía antecedentes– y, finalmente, la policía ha podido atar cuál era el rol que tenían: facilitaban la infraestructura y el blanqueo de capitales.