La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió con Leire Díez, la principal investigada en el último caso judicial que afecta al PSOE, a pesar de que hasta ahora tanto ella como el gobierno español lo habían negado tanto por escrito –en respuesta a preguntas parlamentarias del PP– como oralmente: la semana pasada lo volvió a hacer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que "la directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con nadie [...] Ni con Leire ni con cualquier otra". Este relato ha cambiado este jueves, una vez conocido el sumario del caso que se investiga en la Audiencia Nacional. En un comunicado este jueves por la noche, la misma Guardia Civil reconoce al menos dos encuentros —no descarta un tercero— y asegura que González cortó la relación tan pronto como Díez le pidió que restituyera al comandante Rubén Villalba, apartado del cuerpo por estar inmerso en una causa judicial.

Los episodios de brutalidad policial, como el que sucedió el pasado fin de semana en Valencia, cuando un policía agredió sin motivo y por la espalda a una manifestante en las asambleas de docentes, constituyen siempre un ataque directo contra los fundamentos de la democracia. Puesto que los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen delegada la gestión de la violencia (son los únicos que pueden portar armas, y utilizarlas, en la vía pública), cuando uno o muchos policías se vuelven contra los ciudadanos y utilizan la fuerza contra ellos, el hecho causa consternación y repulsión. El uso de la fuerza solo está justificado en casos muy concretos, que se encuentran legislados, y ninguno incluye la represión contra personas que ejercen su derecho a la manifestación y la protesta.Escenas como la de la maestra jubilada a la que un policía nacional hace caer de bruces son intolerables. Las imágenes son inequívocas, de modo que la reacción también debería serlo: expulsión fulminante del cuerpo para este agente, además de las responsabilidades penales que le correspondan por la agresión a su víctima. En lugar de eso, sin embargo, como siempre que ocurre un hecho de esta índole (quiero decir: cada vez que un policía agrede a una persona sospechosa de no ser una buena patriota española, según los más que conocidos parámetros del ultranacionalismo españolista), aparece de repente un enjambre de políticos y de periodistas a dar cobertura al policía en cuestión y a darle la vuelta a la realidad. Tanto monta que esté grabado por un montón de cámaras y que lo haya visto todo el mundo: la maquinaria negacionista se pone en marcha y le da la vuelta rápidamente a la realidad, a fin de presentar a la víctima como agresora y al policía agresor como servidor ejemplar del orden público (y como víctima, si conviene). Una manifestante que recibe un empujón brutal cuando se encuentra de espaldas a su agresor, cuando no hacía nada ni remotamente punible y que obviamente no puede defenderse de un policía armado y uniformado, se convierte en cierta versión oficial en un “elemento de crispación” o en una “alteradora de la paz social”. Así lo han hecho desde el presidente de la Generalitat Valenciana, el muy indigno Juanfran Pérez Llorca, hasta una larga lista de mariachis habituales de la prensa afín al PP y a Vox. El policía abusador (al que lo primero que se le debería practicar, por otra parte, es el test de drogas y alcoholemia), por el contrario, deviene poco menos que un héroe.O un héroe sin paliativos: los policías del 1-O fueron condecorados, y unas cuantas decenas desfilaron por el juicio del Procés para dar un falso testimonio muy fácilmente comprobable sobre los hechos del 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. Los policías de Alsasua implicados en una pelea de bar fueron enaltecidos como víctimas de terrorismo, mientras ocho jóvenes eran condenados a altas penas de prisión por delitos de terrorismo. Esto, por mencionar solo dos casos recientes que muchos tenemos en la memoria. El abuso de autoridad es, para ciertos defensores de la patria, una forma de ganar diez a cero.

Si querían una plantación de marihuana, ellos facilitaban todo el material necesario. La iluminación, la ventilación, los sistemas de riego, la fertilización... Incluso lo llevaban allá donde hiciera falta. Funcionaban como un supermercado de cannabis. Aparentemente, vendían productos de grow shop, pensados para el consumo propio, pero en la realidad, según ha podido contrastar una investigación de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, abastecían plantaciones controladas por grandes cárteles de la marihuana. Se trata de personas de nacionalidad española que han ido apareciendo en muchas investigaciones de los últimos años contra clanes albaneses de cannabis –si bien ninguno de ellos tenía antecedentes– y, finalmente, la policía ha podido atar cuál era el rol que tenían: facilitaban la infraestructura y el blanqueo de capitales.

Investigan como un posible caso de violencia machista el hallazgo de los cuerpos sin vida de un agente de la Guardia Civil, su mujer, de 55 años, y el hijo de 24 en Dolores, en Alicante. Fuentes próximas al caso han señalado a Efe que la investigación apunta a que el guardia civil, sobre el que no constan antecedentes por violencia de género, habría asesinado tanto a la mujer como al hijo y después se habría suicidado.

Hace meses que en Madrid hay una semana de junio marcada en rojo: del 6 al 12. Se trata de un acontecimiento que está en la agenda social, pero también política, hasta el punto de que se especula que Juanma Moreno Bonilla decidió adelantar las elecciones andaluzas para que no coincidiera la campaña electoral. Se trata de la visita del papa León XIV al Estado, donde hará parada en Madrid, Barcelona y las Canarias. Este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido la reunión general del dispositivo de seguridad en Madrid, en la que también ha participado el director de la policía, Josep Lluís Trapero.

Tenían 2.400 seguidores en Instagram, desde donde ofrecían por el mismo precio un pinchazo de bótox y otro de ácido hialurónico en los labios para que quedaran más voluminosos. La cuenta publicaba ofertas y lotes de ahorro y abundaban respuestas y comentarios de clientes aparentemente satisfechos con los tratamientos estéticos recibidos. Pero todo era un engaño. La clínica no era un local al uso, sino un piso, y en la calle no se anunciaba que fuera un centro médico. Dentro, colgados en las paredes, había varios diplomas, todos falsos. El bótox que pinchaban no tenía ninguna garantía médica, y quien lo administraba no tenía ninguna formación en medicina.

La Guardia Civil cada vez tiene menos hipótesis sobre la mesa para intentar saber por qué chocaron dos trenes en Adamuz, en la provincia de Córdoba, el 18 de enero, hecho que causó 46 víctimas mortales. De hecho, ahora la policía española prácticamente solo investiga una de las hipótesis: un quebrantamiento de la vía habría provocado un descarrilamiento de un tren Iryo que circulaba en dirección a Madrid y que golpeó contra un tren Alvia que en aquel momento rodaba por el sentido contrario de la marcha.

Una hilera de paquetes de tabaco, uno detrás de otro, que fuera desde Barcelona hasta Madrid. Este es el símil que ha hecho el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, para ejemplificar la gran cantidad de tabaco falsificado que ha intervenido la Guardia Civil. Todos estos cigarrillos, más de 100 toneladas de tabaco, las habían fabricado la misma organización que tenía fábricas en Granollers, en Piera, en Vidreres y en Lloret de Mar. Era un cártel del tabaco que podía fabricar hasta 900.000 cigarrillos diarios. Las 10 toneladas requisadas son, en palabras de Prieto, "uno de los mayores decomisos de la historia de España".

Kris Charlier, de 76 años, nacido en Bélgica y que vive en Catalunya desde el año 2015, ha llevado a juicio a dos guardias civiles a los que acusa de vejarle en el aeropuerto de El Prat supuestamente por haberse dirigido en catalán: "Si yo hubiera hablado en castellano, supongo que todo lo habría dicho la Audiencia de Barcelona.

Exhumar un crimen puede tener imprevisibles consecuencias. Cuando el abogado Damià del Clot y el periodista Albert Calls, autores de Dos muertos y medio (Pórtico), entraban en el ARA para realizar la entrevista, recibieron una llamada. Finalmente, habían localizado a una familiar de una de las víctimas del asesinato ocurrido el 20 de noviembre de 1980 en un bosque de Cabrera de Mar. No es el único hilo que han intentado estirar desde que publicaron el libro que intenta despejar un crimen con muchas sombras.

El secretario de estado de Transportes, José Antonio Santano, ha reaccionado en la polémica generada por la supuesta retirada de material ferroviario de la zona del accidente de Adamuz de enero, "con nocturnidad y sin autorización judicial". En una comparecencia pública este martes en Barcelona, ​​Santano negó que haya habido ninguna irregularidad y defendió la labor de Adif.

Una jueza de Barcelona ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por el espionaje al independentismo con Pegasus, según informa la agencia Efe. Todo nace a raíz de una querella que presentaron cinco de los afectados por este espionaje, entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala. El pasado mes de septiembre la juez admitió esta querella por considerar que los hechos denunciados podían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

Sobre si el jersey es original, el empleado responde con un rotundo sí. "Es muy bueno, abriga mucho", detalla. Cuestionado por el hecho de que 15 euros es un precio muy barato para un jersey de la marca Norway –la que lleva la bandera de Noruega de logotipo–, el dependiente responde que no es exactamente la marca Norway que viene de Noruega, sino otra que viene de Italia –un país europeo, que es considerado uno de los epicentros de la falsificación de ropa, con la ciudad de Prato. Cuando se le pregunta si se podría pagar con tarjeta, el trabajador pregunta si podría ser efectivo. Una vez pagado, la salida de la tienda te deja a la entrada de otro negocio, también de ropa. De hecho, parecería un centro comercial si no estuviéramos en medio de un polígono industrial del barrio de Sant Roc de Badalona. Entre el ir y venir constante de camiones, se descubren hileras de macrotiendas de ropa al por mayor, una veintena en poco más de 300 metros.

Entre las decenas de cajas hay duendes de Navidad, disfraces de Pikachu para bebés o muñecos de la película Lilo & Stitch. Son regalos que muchos niños podían haber abierto este martes por la mañana, después del paso de los Reyes Magos por todas las casas. Pero eran juguetes peligrosos: el muñeco de Pikachu, por ejemplo, se rompía fácilmente en piezas muy pequeñas, que las criaturas podían ingerir.

El ministerio del Interior, a través de la directora general de la Guardia Civil, ha nombrado al coronel Pedro Merino Castro nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sustitución del coronel Rafael Yuste, según ha avanzado Eldiario.es y ha podido confirmar el ARA por fuentes del ministerio.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este miércoles al exmilitante del PSOE Leire Díez, así como al expresidente de la SEPI, el brazo inversor del Estado, Vicente Ferández Guerrero, según confirman fuentes del instituto armado al ARA. Las detenciones se han realizado por orden de la Audiencia Nacional en el marco de una causa abierta relacionada con la adjudicación de contratos públicos y bajo secreto de sumario. Lo ha impulsado el juzgado de instrucción número 6, que encabeza el magistrado Antonio Piña, y está tutelada por la Fiscalía Anticorrupción, según añaden fuentes de la investigación a Efe. Es un juez distinto al que está investigando el caso Koldo.

Movimiento de fichas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil instigado por el gobierno español. El consejo de ministros aprobará mañana el ascenso del coronel Rafael Yuste Arenes a general de brigada, lo que conllevará su salida como jefe de la UCO, según avanzó Eldiario.es y confirman fuentes gubernamentales al ARA. La UCO es la unidad especializada que, entre otras cosas, está participando en la investigación de las causas judiciales que rodean a Pedro Sánchez –por ejemplo, elaboró ​​el informe que desembocó en la imputación de Santos Cerdán o acreditó que el fiscal general del Estado borró los mensajes de su móvil el día en que el Supremo le imputó–. Rafael Yuste llevaba dos años y medio al frente de la UCO –llegó en junio del 2023 sustituyendo a Alfonso López Malo– y ahora ha conseguido el ascenso después de superar el curso y de quedar el número uno de su promoción en la evaluación.

La Guardia Civil y el Tribunal Supremo avanzan en la investigación del caso Cerdán. Mientras el exsecretario de Organización del PSOE lleva casi cinco meses en prisión de Soto del Real, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) le sitúa como "enlace" entre el ministerio de Transportes y Acciona, la constructora presuntamente implicada en adjudicaciones irregulares de obras públicas. Como "contraprestación", él o su entorno obtenían un "lucro personal" procedente de Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán (según UCO, compró el 45%, una versión cuya defensa niega), que tenía un estrecho vínculo económico con Acciona. El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso el ARA, fue el detonante de los registros de la semana pasada en diferentes sedes de Acciona y de la imputación de tres directivos vinculados a la compañía, que han sido citados a declarar el próximo 3 de diciembre.

Desde la terraza del Snack Bar 2001 se controla un largo tramo de la calle Major de la Jonquera, en el Alt Empordà. A pocos metros, tres o cuatro ciudadanos de origen magrebí esperan pacientemente apoyados en la pared. Van y vienen, charlan entre ellos, se sientan a fumar, intercambian cuatro palabras con el vendedor de la ONCE. En la esquina más cercana, la escena se repite. Hasta que un coche de los Mossos d'Esquadra aparca delante y el grupo se disuelve. Estos individuos que pasan el día parapetados en varios puntos estratégicos de la calle Mayor son los que reparten la droga a los clientes franceses que atraviesan la frontera para obtener cocaína o hachís más barato.

Cinco personas están detenidas por su presunta implicación en el matrimonio forzado de una menor de catorce años, a quien sus padres habían vendido a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky. Los arrestados son sus padres y compradores: el hombre de 20 años con el que se casó y sus padres, estos tres últimos, vecinos de Mollerussa (Pla d'Urgell). La niña había desaparecido en enero en el municipio de Corella, en Navarra, y tras el matrimonio forzoso fue obligada a mendigar para aportar dinero a la familia compradora.