El Supremo inhabilita al fiscal general del Estado y le obliga a indemnizar a la pareja de Ayuso

MadridUna semana después de que terminara un juicio inédito, el Tribunal Supremo ha comunicado una decisión sin precedentes. Ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados por haber filtrado el correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber cometido dos delitos fiscales. La sentencia, que está por redactar y que contará con dos votos particulares, le impondrá dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros y le obligará a indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales. El Supremo ha ido al trabajo tras un juicio que se prolongó seis días y en el que declararon una cuarentena de testigos. Hoy se ha conocido la decisión, pero será cuando la sentencia se notifique formalmente que la condena surtirá efecto y el gobierno español estará obligado a nombrar a su sustituto. Ahora bien, la defensa del fiscal puede recurrir todavía contra la decisión del tribunal presentando un incidente de nulidad.

Inicialmente, la encargada de elaborar la sentencia era Susana Polo, que optaba por la absolución. Ahora bien, viendo que los cinco magistrados conservadores, la mayoría del tribunal, se decantaban por la condena, la ponencia se ha reasignado al presidente de la sala de lo penal, Andrés Martínez Arrieta. También avalarán este criterio a Manuel Marchena, Carmen Lamela, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo. En cambio, los votos particulares serán de Susana Polo y de Ana Ferrer, que disienten del veredicto de sus compañeros. Por su parte, el Supremo absuelve al fiscal general del delito de prevaricación (que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la Fundación Foro Libertad y Alternativa pusieron encima de la mesa) y del de infidelidad de documentos (del que también le acusaba Manos Limpias).

¿Qué se juzgó y qué pruebas había?

La gran pregunta que debía responderse al juicio era quién filtró el correo en el que el abogado de Alberto González Amador admitía que "ciertamente" había cometido dos delitos fiscales. Los hechos se precipitaron el 13 de marzo del 2024 por la noche después de que El Mundo diera por buena la versión que estaba esparciendo Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador. Sin embargo, realmente la iniciativa había sido de la pareja de Ayuso. Acto seguido, Álvaro García Ortiz se interesó por el intercambio de correos entre el fiscal y el abogado (una cadena de correos que él desconocía) y se puso manos a la obra para redactar una nota de prensa que detallara la cronología del caso.

Cuatro periodistas declararon durante el juicio que tuvieron conocimiento de la confesión de la pareja de Ayuso antes de que el correo llegara al fiscal general del Estado, que le recibió a las 21:59 horas. Más tarde, La Sexta, la Cadena SER y El País explicaron la secuencia real de los hechos y desmintieron la noticia publicada por El Mundo. A la mañana siguiente, la Fiscalía Provincial de Madrid hizo llegar a los medios la nota de prensa que habían elaborado Álvaro García Ortiz y su equipo.

El borrado de los mensajes de WhatsApp, en el punto de mira

Uno de los elementos que llevaron al Supremo a enviar a Álvaro García Ortiz a juicio fue que borrara los mensajes de WhatsApp el mismo día que se le imputó. La fiscal apuntó que el borrado era "legítimo" y "no ha tenido trascendencia alguna" en la investigación, y él justificó que "sistemáticamente" no conserva los chats profesionales más de un mes. Por contra, el Supremo cree que quiso "ocultar información" y elementos "desfavorables".

"La verdad no se filtra, la verdad se defiende"

En la última jornada del juicio, el abogado de Álvaro García Ortiz, Ignacio Ocio, defendió que el fiscal general del Estado es "inocente de todo", subrayó que "no hay prueba alguna porque no puede haber" y lamentó que se había "criminalizado una actividad institucional". El fiscal general del Estado alegó que pidió los correos entre el fiscal y el abogado por "saber" qué había pasado y poder "defender la actuación absolutamente impecable de los fiscales". "La verdad no se filtra, la verdad se defiende", concluyó al término del interrogatorio.

Ayuso carga contra Sánchez, y el independentismo recuerda el Proceso

Pocas horas después de conocer el veredicto, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, celebró la sentencia y volvió a apuntar contra el presidente español, Pedro Sánchez. "En una democracia libre, no se concibe utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo", ha dicho en un mensaje a X que también ha escrito en inglés. Fuentes cercanas a la dirigente madrileña han añadido que está "muy satisfecha" porque lo considera un "éxito sin precedentes" en el que un ciudadano "ha vencido al aparato del Estado" que "ha ido contra él simplemente por su relación personal contra ella".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado después de ella. También ha implicado a Sánchez en el caso no sólo por haber nombrado a García Ortiz, sino también por haberle "mantenido y animado a mantenerse" desde que fue imputado. Feijóo ha reclamado que pida perdón e, indirectamente, que convoque elecciones: "No habría otra salida que la dimisión [de Sánchez] y el regreso a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos".

En cambio, el independentismo recuerda al Proceso. Desde ERC, el líder de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, compara este caso con el juicio del 1-O: "Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos". "Los independentistas hace mucho tiempo que avisamos a la izquierda española de que hay una parte del poder judicial que iría por ellos", recordó. También se han pronunciado desde Junts: "Los catalanes somos los menos sorprendidos por este desenlace, conocemos al Supremo", ha verbalizado Míriam Nogueras. "La corrupción española está institucionalizada", añadió.

La izquierda española también salió en tromba contra la condena. Fuentes de Sumar creen que la condena al fiscal general es un "golpe judicial en toda regla" y supone la "prueba más clara" de que "algunos sectores" del poder judicial han entrado en "combate político" contra el gobierno español para intentar "interferir en la vida democrática" del Estado. En semejante línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cree que "la derecha judicial y mediática asesina civilmente" al fiscal general con "puro colpismo judicial".

Por parte del PNV, la portavoz en la cámara baja, Maribel Vaquero, ha lanzado un interrogante: "¿Impunidad para quien reconoce haber mentido?", en alusión a Miguel Ángel Rodríguez. Y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, recordó las palabras de José María Aznar: "Quien pueda hacer, que haga".