Más de un centenar de personas afectadas por la DANA del 29 de octubre han presentado una querella contra cinco miembros del gobierno valenciano y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX), Miguel Polo, por los presuntos delitos de homicidio imprudente , lesiones, daños, prevaricación y omisión del deber del socorro por su presunta inacción durante las inundaciones. anunciado este miércoles la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, justo el día en que se cumplen tres meses de la catástrofe en la que murieron 224 personas y todavía hay tres desaparecidas. son Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior y máxima responsable del departamento de Emergencias; Argüeso, ex secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Alberto Javier Martín, director general de Emergencias; Además, la asociación ha solicitado la declaración como testigo del jefe del Consell, Carlos Mazón. el miércoles, el presidente de la CHX ha defendido la actuación de la confederación el 29 de octubre: "Nosotros tenemos claro que no somos los responsables, y creo que todo el mundo sabe qué no se hizo. Y no hay mucho más en decir". Únicamente ha añadido que ahora es la hora "de la reconstrucción" y que, más adelante, ya llegará el momento de analizar la gestión de la catástrofe.

Desde que las riadas arrasaron parte del País Valenciano, las preguntas en torno a una posible responsabilidad de la administración no se han detenido. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno valenciano hubiera ordenado confinar a los vecinos de l'Horta Sud? ¿Y si hubieran recibido el mensaje de emergencias horas antes, y no cuando el agua ya había llenado los bajos y había dejado coches atrapados? El primer movimiento en los tribunales han sido las querellas que el colectivo populista Iustitia Europa ha presentado: el domingo contra el presidente español, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlasla; y el lunes contra el presidente valenciano, Carlos Mazón. Este martes se ha sumado la denuncia que el sindicato CGT ha llevado a la Fiscalía, y en paralelo activistas y entidades sociales se han agrupado en la plataforma Justicia para Valencia, que incluye a una cincuentena de juristas que se preparan para pedir responsabilidades penales por homicidio por imprudencia grave.

Nuevo episodio de la batalla judicial entre el PP y el PSOE con un revés de la Audiencia Nacional a los de Alberto Núñez Feijóo. El juez Santiago Pedraz ha rechazado la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal. La guerra no termina aquí, ya que los socialistas han reaccionado anunciando que se querellarán contra los populares por injurias y calumnias debido a que Pedraz ha inadmitido a trámite la querella del PP este lunes, tal y como proponía la Fiscalía Anticorrupción, por falta de pruebas. La denuncia se basaba en el testigo anónimo de un supuesto empresario que afirmó a un medio de comunicación haber entregado 90.000 euros en bolsas en la sede socialista de la calle Ferraz y el magistrado considera que no es suficiente, que son necesarios datos que "corroboren" esta afirmación.

Nada de lo que haga el PP sobre el caso Koldo –ni siquiera la querella que ha presentado contra el PSOE por presunta financiación ilegal y cohecho– hará virar el rumbo de Pedro Sánchez ni su intención de continuar al frente del gobierno español, al menos, hasta 2027. Es el mensaje que ha lanzado el presidente español este lunes desde Barcelona en un foro organizado por el grupo Prisa que, durante dos días, reunirá a líderes internacionales y dirigentes españoles en la capital catalana. Era un escenario para que Sánchez pudiera lucirse, pero las últimas decisiones judiciales, en especial la del juez de dejar al exministro y ex mano derecha del presidente, José Luis Ábalos, al borde de la imputación a raíz de un nuevo informe de la Guardia Civil, lo han aguado: por eso el jefe del Ejecutivo español ha decidido pasar al ataque contra el PP. Le han secundado desde varios flancos los ministros socialistas, que se han encargado de recordar que el PP es el partido de la Gürtel y el que defenestró a Pablo Casado cuando trató de actuar contra Isabel Díaz Ayuso por el supuesto caso de corrupción que afectaba a su hermano (archivado por Anticorrupción). Incluso han reprochado a los populares haber anunciado la querella contra el PSOE desde una sede, la de Génova, "pagada con dinero negro".

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ratificado el archivamiento de la querella que Jaume Roures puso contra Pere Rusiñol por injurias y calumnias, según ha avanzado Mongolia, revista donde actualmente trabaja el periodista. La justicia responde así al recurso que presentó el empresario después de que en noviembre del 2021 la magistrada del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola Feixa, emitiera un auto que establecía el sobreseimiento total y provisional de la causa. Con la sentencia de ahora se han agotado las posibilidades de presentar recursos ordinarios y solo quedaría la opción de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

Será el 15 de septiembre cuando la magistrada y ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret tome declaración al ex presidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el resto de miembros independentistas de su mesa, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. El TSJC ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía y ha rechazado los recursos de la defensa, hecho que inicia las diligencias previas contra los cuatro por haber permitido el debate y la votación en la cámara catalana de varias iniciativas relacionadas con la monarquía y la autodeterminación. El tribunal también ha aceptado que Vox ejerza la acusación popular y le ha dado cinco días para que deposite 10.000 euros de fianza.

Con el edificio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fondo y el recurso de Jordi Turull contra la sentencia del Tribunal Supremo registrado, el ex conseller de la Presidencia y abogado Francesc Homs se ha referido a otro procedimiento: ha avisado de que interpondrán una querella por prevaricación contra el Tribunal de Cuentas si la magistrada instructora no cambia la manera de actuar. Homs está citado, junto con una treintena de cargos más –incluidos los ex presidents Artur Mas y Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Oriol Junqueras– el próximo 29 de junio en Madrid por presuntas irregularidades en la actividad exterior de la Generalitat desde el año 2012 hasta el 2017. Todavía no saben qué fianza les reclamarán, pero todo apunta a que será millonaria. El motivo es, básicamente, haber hecho actividad de promoción del Procés fuera de Catalunya.