En las próximas semanas 34 magistrados del Tribunal Supremo resolverán si alguien puede o no intercedir judicialmente contra la decisión de una persona adulta y que cuenta con aval médico para recibir la eutanasia. La Fiscalía ya ha hecho llegar su postura al tribunal: cree que lo puede hacer la familia cercana siempre que tenga un "vínculo intenso" con el afectado, no solo una relación biológica. La respuesta que acabe dando el pleno del Supremo fijará jurisprudencia en un debate que desde hace unos meses se ha abierto en los tribunales y que ha tomado protagonismo sobre todo con el caso de Noelia Castillo, la joven del Garraf que recibió la muerte asistida a finales de marzo, después de 20 meses de periplo judicial. El caso que estudiará el Supremo es otro, el de Francesc: un hombre de 55 años, que después de tres ictus y un infarto sufre secuelas graves en la movilidad y el habla. Desde julio de 2024 su eutanasia tiene el aval judicial además del médico y del de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), pero ha quedado encallada por un recurso judicial de su padre. De hecho, su caso es el que motivó la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) en que los magistrados validaron que una familia lleve a los tribunales una eutanasia avalada por los médicos. La Generalitat, que representa los intereses de Francesc, recurrió contra esta resolución del TSJC y, por ello, ahora el Supremo la revisará después de valorar los argumentos de la administración y los de la Fiscalía.

La Fiscalía de Barcelona ha cerrado la investigación por torturas a la activista y filóloga Blanca Serra, la primera víctima que se dirigió directamente a la Fiscalía de Memoria Histórica y no a los juzgados. De este modo, le reconoce la condición de víctima del franquismo y lo hace por primera vez en base a la ley de memoria democrática del año 2022.

La Fiscalía de Barcelona ha puesto en marcha una unidad especializada en vulnerabilidad, la primera del Estado. Cinco fiscales se harán cargo de aquellos casos en los que las víctimas sean menores de edad o vulnerables por algún otro motivo, haciendo una lectura amplia de este concepto: atenderán casos que afecten a niños, personas mayores o con discapacidad, pero también a la "vulnerabilidad situacional", por ejemplo en casos de desigualdad de poder, o víctimas de casos graves como agresiones sexuales. Todo ello centrándose en no revictimizar a los afectados.

Pedro Sánchez no se arruga y da un paso más en la cruzada contra las grandes tecnológicas. El gobierno español ha pedido este martes a la Fiscalía que investigue a X, Meta (que engloba a Facebook e Instagram) y TikTok por los delitos de violencia sexual que podrían estar cometiendo en la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus herramientas de inteligencia artificial (IA). "Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no puede permitirlo. La impunidad de los gigantes debe acabar", ha afirmado el propio Sánchez a primera hora en un mensaje publicado precisamente en X.

Hace unos dos años que fiscales y notarios se pusieron a trabajar para diseñar un protocolo de alerta ante posibles estafas a personas mayores. El proyecto quedó detenido, pero ahora se ha vuelto a poner en marcha, y con mejores perspectivas de llegar a buen puerto, según ha explicado este jueves la fiscal jefe de Barcelona, ​​Neus Pujal. A su lado, la fiscal delegada de protección de las víctimas, Silvia Armero, valoró que se podrían detectar casos de abuso patrimonial y expolios incluso si sólo se tuviera en cuenta como señal de alerta cuando otra persona da las instrucciones a quien firma y los casos en los que se autorizan "poderes absolutamente ruinosos" que dejan el afecto.

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que condene a 43 años y medio de cárcel a un entrenador de baloncesto del Centro Católico de L'Hospitalet de Llobregat al que acusa de agredir sexualmente a tres de sus jugadoras, de entre 14 y 15 años, cuando él tenía 20 años. una inhabilitación para trabajar con menores.

El gobierno español quiere que la Fiscalía aclare si la inteligencia artificial (IA) de X está cometiendo delitos de difusión de material pedófilo y de violencia sexual contra la infancia. Esta IA, Grok, ha producido a petición de usuarios de la plataforma imágenes de contenido sexual y de violencia contra niños y niñas. Por eso, el ministerio de Juventud e Infancia ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue si esto puede acarrear un delito de pornografía infantil.

El primer recuento que la Fiscalía ha realizado nunca sobre acoso escolar ha dejado negro sobre blanco que el año pasado hubo 1.196 casos graves de bullying en el Estado. Al menos éstos son los que llegaron al ministerio público. Todavía no se puede comparar la evolución estadística que supone este dato porque es el único balance anual hasta ahora, pero a estos casos hay que sumar a todos los que nunca llegan a manos de la justicia. Las dificultades y reticencias para denunciar conductas que afectan a menores —y que muy a menudo han cometido a otros menores que tienen menos de 14 años y, por tanto, no se les puede someter a un proceso penal— hacen que muchos casos se salden sencillamente con un cambio de escuela.

La actriz Elisa Mouliáa ha denunciado que la Fiscalía haya decidido no acusar al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por la agresión sexual y pedir el archivo de la causa, según avanzó El Español y confirmaron fuentes jurídicas al ARA. "Por un beso no consentido (caso Rubiales) la Fiscalía acusó con contundencia", criticó en referencia a Jennifer Hermoso.

Casi cada semana llega a orejas de la Fiscalía algún caso de una persona con deterioro cognitivo que ha acudido al banco o al notario a realizar un trámite importante acompañado de otro, normalmente un familiar o alguien de su entorno, sin ser consciente de lo que hacía. Estas sospechas de abuso patrimonial suelen llegar a la mesa del fiscal delegado de protección de personas mayores y con discapacidad en Barcelona, ​​Antoni Torres, a partir de la alerta de los servicios sociales o trabajadores de un geriátrico. En cambio, es mucho menos común que lleguen desde las propias entidades bancarias -hay un convenio, pero el hecho de que llegue una alerta despierta "sorpresa" a la Fiscalía- o las notarías. Por esta última vía, en los últimos dos años sólo se han notificado dos casos en toda la demarcación de Barcelona, ​​según la Fiscalía.

Carlos Castresana acaba de publicar Bajo las Togas (Tusquets, 2025) sobre errores judiciales a lo largo de cinco siglos de historia. Este fiscal de carrera desde 1989, ha sido miembro de la Fiscalía Antidroga y de la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo y actualmente es fiscal en el Tribunal de Cuentas. En su trayectoria destaca haber sido autor de las denuncias que permitieron el procesamiento de los generales Pinochet y Videla.

Un ex alto directivo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción el presunto robo de unos 20 millones de euros en contratos públicos de la institución que lidera la lucha contra el cáncer en el Estado y que cuenta con una de las acreditaciones científicas más prestigiosas, la del Centro de Excel. Anticorrupción está estudiando la citada denuncia y de momento no ha abierto diligencias, según ha avanzado el diario El Mundo y han confirmado a EFE fuentes del ministerio fiscal este lunes.

La Fiscalía ha pedido a la Generalitat que sancione a la empresa que gestionaba los alquileres de infraviviendas construidos en el espacio que ocupaban un local y un almacén de Badalona. Se trataba de 18 espacios de unos 15 metros cuadrados, en una planta subterránea, sin ventilación y con defectos en la instalación eléctrica que ponían en riesgo a las familias que vivían y que pagaban entre 350 y 650 euros mensuales. Vivían entre veinticinco y treinta personas, entre las que había niños.

Un mensaje que ocupa toda la página principal de la web explica que la ley impide publicar "contenidos relacionados con esta técnica de reproducción asistida", pero añade que la empresa seguirá ofreciendo sus servicios. A continuación, un correo y dos teléfonos a los que se puede contratar un vientre de alquiler. La fiscal que lidera el servicio de Barcelona especializado en derechos de los consumidores, Paloma Pelegrín, lamenta que, pese a que la ley prohíba que las empresas dedicadas a la gestación subrogada hagan publicidad, internet sigue lleno. Pero por primera vez, la Fiscalía ha logrado que se cierren algunas de estas páginas.

La Fiscalía de Castilla y León investigará finalmente la cuestionada gestión de Alfonso Fernández Mañueco de los incendios de agosto, a raíz de la denuncia que ha presentado la Asociación Bierzo Aire Limpio contra el presidente de la Junta castellanoleonesa y también contra su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La Fiscalía, según el escrito al que tuvo acceso la agencia Efe, abrió la investigación por los presuntos delitos de prevaricación por omisión, contra el medio ambiente, del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica.

La Fiscalía de Sevilla abrió diligencias para investigar la denuncia de pacientes que esta semana alertaron de que se habrían borrado o modificado algunos historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de detección del cáncer de mama. La investigación abierta este viernes se suma a la que el jueves abrió la Fiscalía Superior de Andalucía para indagar sobre los errores en el programa de detección precoz de la enfermedad.

La Fiscalía de Andalucía ha abierto diligencias por investigar las denuncias que ha recibido sobre los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama. El primer paso fue pedir a la conselleria de Sanidad de la Junta de Andalucía un informe sobre los hechos, en el que también reclama que explique las medidas que ha tomado "para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de futuros hechos similares". La decisión del ministerio público llega en una semana en la que la crisis en torno a los cribados de cáncer de mama ha encendido aún más el debate político en Andalucía. De hecho, mujeres y oposición reprochan al gobierno andaluz la manipulación de algunas mamografías que aparecen en las plataformas a las que tienen acceso tanto pacientes como profesionales.

Pedro Sánchez es quien habría dado la orden de buscar trapos sucios en la Guardia Civil y en la Fiscalía. Concretamente, trapos sucios de quienes investigan casos que rodean al presidente español. Esto es lo que traslada al fiscal Ignacio Stampa en la denuncia que presentó contra el exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, con el que se reunió el 7 de mayo, por un presunto cohecho. Estas dos personas le habrían pedido información sobre irregularidades de fiscales de Anticorrupción en un encuentro que, inicialmente, tenía como objetivo trasladarle unas disculpas por parte del gobierno español por su "injusta" salida del ministerio público.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra una investigación sobre el escándalo de la extinta dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El objetivo, según ha avanzado El Nacional y confirman fuentes del ministerio público al ARA, es esclarecer si el organismo dependiente del departamento de Derechos Sociales incurrió en una "posible responsabilidad contable" por las irregularidades en el pago de prestaciones económicas y de vivienda a jóvenes extutelados. Todo ello, después de que la Sindicatura de Cuentas detectara más de 167 millones pagados indebidamente en el conjunto de prestaciones entre 2016 y 2022. De éstos, 4,7 millones correspondían a los indebidos a jóvenes extutelados, que el Gobierno ha aprobado condonar este martes, una decisión pactada entre PSC, ERC y Comuns.

Llamo de atención de la Fiscalía por el aumento "alarmante" del narcotráfico en la demarcación de Barcelona. El pasado año hubo un 71,49% más de causas por tráfico de drogas que en 2023, y las que más crecieron son las relacionadas con drogas duras. De 4.234 procedimientos judiciales en el 2023 se escaló a 7.261 en el 2024, una cifra que sitúa a Barcelona como la provincia con más causas de todo el Estado y con casi el doble que Madrid, que el año pasado acumuló 3.891.