Sábado Santo. Una jornada que en el calendario litúrgico invita al recogimiento y al silencio, pero que en la historia política del estado español evoca una de las maniobras de ajedrez más audaces de la Transición. Justo un Sábado Santo como el de hoy, hace casi 49 años –el 9 de abril de 1977–, el gobierno del expresidente español Adolfo Suárez sacudió los cimientos del Estado con la legalización del Partido Comunista de España (PCE). En un contexto de máxima tensión con el Ejército y con la figura de Santiago Carrillo, secretario general del PCE en aquel tiempo, todavía a la sombra, Suárez eligió estratégicamente un día en que, tradicionalmente durante el franquismo, no se podía hacer prácticamente nada y la actividad administrativa y mediática estaba bajo mínimos. “Se trata de buscar fechas señaladas donde la gente mira a otro lado”, explica, en conversación con el ARA, Salvador Martí, catedrático de Ciencia Política en la Universitat de Girona. En concreto, en aquella época en que

Cuatro días después de que Pedro Sánchez proclamara su voluntad de aproximarse de nuevo a Junts, todavía no se ha producido ningún contacto para "reiniciar" la relación. Ahora bien, el presidente del gobierno español se muestra esperanzado y se contagia a la "paciencia", consciente de que hasta que no se materialice el regreso de Carles Puigdemont no se podrá "recomponer" por completo.

La vivienda es la primera preocupación de los ciudadanos. La subida de los precios parece imparable. Un informe del Consejo Europeo refleja la gravedad de la crisis de vivienda en Barcelona. Es la segunda ciudad del continente con los alquileres más caros en relación a los sueldos. Sus ciudadanos deben destinar el 74% del salario medio para pagar el alquiler de un piso en el centro. Sólo Lisboa la supera.

Tras constatar las reticencias de algunas comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid, a garantizar el derecho al aborto a las mujeres que lo soliciten, Pedro Sánchez anunció que incorporaría ese derecho a la Constitución para "blindarlo". La vía del gobierno español es reformar el artículo 43 de la carta magna para su incorporación: "Se garantiza el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, se verá garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres". Ahora bien, ¿este camino blinda realmente ese derecho? En las últimas horas han surgido distintas voces del mundo jurídico que lo han cuestionado.

¿Cómo luchar contra el clima global de involución en cuanto a derechos y libertades? Avances conseguidos a lo largo de décadas corren peligro ante la ofensiva de un populismo reaccionario que marca cada vez más la agenda y los debates públicos. Lo estamos viendo en Estados Unidos de Trump y en toda Europa. Cataluña y España no se escapan. Es en este contexto que debe entenderse la pretensión del gobierno español de blindar el derecho al aborto dentro de la Constitución. ¿Pero es un movimiento genuino o una maniobra para buscar el choque con la derecha? La exministra Irene Montero (Podemos) se ha apresurado a denunciar la supuesta maniobra del PSOE por utilizar los derechos de las mujeres para una operación de interés propio meramente partidista.

Respuesta de Pedro Sánchez a la ofensiva ultraconservadora del PP y Vox contra los derechos sociales y reproductivos de las mujeres. El gobierno español ha anunciado este viernes que impulsará una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la carta magna, una medida con la que el ejecutivo quiere combatir "cualquier intento de retroceso que amenace los derechos de las mujeres". Ésta es una reclamación histórica de los grupos feministas y de la izquierda para evitar que los cambios de gobierno y de mayorías parlamentarias puedan recortar derechos, como intentó sin éxito el ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, que a raíz de la fuerte contestación social retiró la propuesta y dimitió, en el 2014. el aborto a la Constitución convertiría a España en el segundo país del mundo en dar este paso después de Francia. "En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas", añaden las mismas fuentes. La iniciativa supone un cambio del artículo 43 del texto constitucional que no es fácil porque requiere una mayoría calificada de tres quintas partes del Congreso y el Senado, es decir, que se necesita el apoyo del PP.

Devolver a los nombres castellanos a todos los municipios de España. Es uno de los hitos que hace tiempo que se marcó Vox, que sigue insistiendo con iniciativas como la que recientemente intentó aprobar en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora, la mayoría plurinacional –y la abstención del PP– siempre le ha detenido los pies, pero la extrema derecha no desfallece. La última iniciativa pretendía que Catalunya y Galicia imitaran el camino de la Comunidad Valenciana o Navarra, que tienen la doble toponimia. Vox presentó, en mayo del 2024, una segunda la proposición en la que dicen que la toponimia se ha convertido en un "campo de batalla" y una "herramienta para construir discursos con fines políticos". Por eso pedían una regulación de las leyes estatales que "han borrado del ordenamiento jurídico topónimos castellanos de amplio uso como Gerona u Orense". En el texto, los ultras afirmaban que "este intento de aniquilación de la lengua" va en contra del artículo 3 de la Constitución española. En este sentido, ¿la toponimia en lenguas vernáculas va en contra de la carta magna?

Este 6 de diciembre, Día de la Constitución, ha permitido comprobar que Pedro Sánchez y su gobierno aguantan y que probablemente continuarán resistiendo a menos que algún proceso penal de quienes rodean a la Moncloa lo impida. Los ministros afirman ver muy probable la aprobación de los presupuestos del Estado, aunque la relación con los socios –ausentes de la celebración– sigue siendo muy laboriosa. Uno de los dirigentes socialistas más veteranos decía que "mientras haya sopa en la olla y se pueda repartir, nadie querrá levantarse de la mesa". En este contexto, el PSOE acaba de celebrar un congreso que ha consistido en algo más que un mitin, aprobando declaraciones de circunstancias. La visión de conjunto fue la de un partido a la defensiva, aplicando la formación de tortuga, con filas cerradas y los escudos en el aire y en los lados, la antigua respuesta de las legiones romanas cuando les caía una lluvia de proyectiles , fueran piedras, lanzas o flechas. Ahora, según dijo Sánchez en el Congreso, el sitio proviene de medios "políticos, mediáticos y judiciales", pero "volverá a los acosadores".

La financiación singular pactada entre ERC y el PSC-PSOE estipula que a la Agencia Tributaria de Cataluña le corresponderá "la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña, salvo los de naturaleza local". Es un acuerdo de gran trascendencia que debemos procurar que llegue a buen puerto. No está garantizado.

Carol Mir es funcionaria pública y autora de dos libros autoeditados. Dice que la suya es una vida plena y feliz. Y tiene una discapacidad intelectual que en alguna ocasión le ha valido algún insulto. "De pequeña los niños me llamaban subnormal o disminuida", explica esta mujer de 43 años, casada con un "hombre sin discapacidad". En esa época la sociedad tenía muy asumidas palabras como subnormal o mongólico, que en muchos casos ni siquiera se recibían como muestras de desprecio. "Era normal que incluso la familia hablara de ti como pobrecita, inválida o paralítica", afirma Maria Zurita, de 63 años y nacida con la espina bífida.

Desde el momento en que acabó el Procés, después de aquel octubre del 17 vivido con un helicóptero en la cabeza y el corazón en un puño, y durante los años de lazos amarillos, del juicio en el Supremo, de la sentencia y del Tsunami, la opinión pública catalana ha tenido que soportar todo tipo de lecciones sobre la ingenuidad de pensar que era posible derrotar a España sin unos planes de contingencia que fueran más allá del censo universal del referéndum.

Chile ha rechazado este domingo, y por segunda vez consecutiva en poco más de un año, una propuesta de Constitución que pretendía enterrar definitivamente la carta magna vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Después de cuatro años, el país culmina sin éxito un proceso constituyente abierto en el 2019 por una revuelta social que levantó masivas protestas durante meses.

En un coloquio organizado en el Congreso para conmemorar los 45 años de la Constitución, Miquel Roca recordó que el consenso del 78 fue “muy difícil” y que aquella experiencia “podría ayudar a los políticos a pensar que también son capaces de resolver lo que está pasando ahora”.

Los 22 ministros del PSOE y Sumar que integran el nuevo gobierno de Pedro Sánchez ya han prometido su cargo ante Felipe VI. Y todos ellos, sin excepción, lo han hecho con esta fórmula, sin juramento: "Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de la 'Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros...", han leído ante un ejemplar de la carta magna, sin símbolos religiosos. En cuanto a la forma de referirse a este órgano, ha habido quien ha dicho "consejo de ministros y ministras" (la mayoría), quien ha optado por "ministras y ministros" y quien se ha ceñido a la fórmula consejo de ministros.

En plena recta final de las negociaciones ya la espera de que se desatasquen los últimos flecos, los detalles sobre la ley de amnistía que están pactando el PSOE y el independentismo comienzan a ver la luz. Se trata de un texto lleno de equilibrios y pensado no sólo para contentar a ambas partes, sino también para vencer los posibles obstáculos del poder judicial, que ya amenaza con presentar batalla. En este sentido, tal y como han avanzado La Vanguardia y El País y como ha podido confirmar el ARA, la norma se amparará en la Constitución y se justificará con la voluntad de recuperar la convivencia en Catalunya después de los hechos del 2017. Unos hechos, eso sí, que no se identificarían explícitamente como delito .

Ya lo recordó, hace mucho tiempo, Josep Piqué cuando era íntimo de Aznar y se hablaba de un nuevo Estatut: "No hay ninguna posibilidad de reformar la Constitución". Si se reformase, añadía, sería en sentido contrario de lo que querría Catalunya. El presidente Aznar trabajó incansable y eficazmente desde que tuvo la mayoría absoluta en el 2000 para ir reinterpretando la Constitución en sentido preconstitucional. Lo hizo desde el control de los órganos superiores de arbitraje como el Tribunal Constitucional, luchando miembro a miembro para desactivar a los desafectos a su agenda. También lo hizo trinchando parlamentariamente todo el espíritu constitucional en lo referente a la dominación de la nación hegemónica –considerada implícitamente única– y reforzando el poder discrecional del gobierno y su mayoría absoluta, para centralizar y uniformar. Las resistencias del PSOE fueron débiles en cuanto a muchas de las reformas que han ido en este sentido durante las mayorías absolutas del PP, con Aznar y con Rajoy. Sorprende que el PSOE apenas haya hecho esfuerzos de reversión de las leyes más nacionalistas, excluyentes, centralizadoras, uniformizadoras e inconstitucionales promovidas por el PP. Será que lo que le pedían los representantes de las minorías nacionales no le gustaba ni interesaba lo suficiente como para promoverlo y/o que su electorado no estaba interesado en proteger la diversidad nacional, política y cultural.

Durante un largo período fue una constante la experiencia de los pactos con fuerzas políticas periféricas para hacer posible la investidura de un presidente del gobierno español. Casi se daba por sentado. Cuando el PSOE, o el PP, según los casos, no tenían un número suficiente de parlamentarios para asegurar la elección de su líder, recurrían a los eventuales socios –en especial a los nacionalistas catalanes y vascos–, y podía costar más o menos, pero la cosa salía adelante. En teoría, ahora podría ocurrir lo mismo. Pero existe una gran diferencia entre la España de hace dos o tres décadas y la actual. En el pasado también existía crispación, pero en estos momentos las dificultades para las operaciones de entendimiento son más profundas, porque lo que domina la evolución del sistema es su marcha hacia la radicalidad. Y habrá que ver hasta qué punto los maximalismos impiden, o solo complican, el acercamiento de posiciones.

1. Encallados. A pesar de la apariencia anodina del ritual de aniversario, la celebración de los 43 años de la Constitución del 78 ha venido cargada de malos agüeros. ¿Cuál ha sido la noticia? Se ha confirmado lo que ya sabíamos. No hay la más mínima disposición de adaptar la Constitución a una nueva realidad muy diferente de aquella en la que nació. La izquierda no ha conseguido invertir las relaciones de fuerzas y la derecha no tiene otra estrategia que bloquear cualquier propuesta de renovación que no vaya en la línea regresiva de bloqueo y confrontación que ha hecho suya. La entronización del estancamiento.