Juntos por Catalunya ha pedido repetir el voto exterior de las elecciones del 12 de mayo por "irregularidades". Ha presentado cuatro escritos ante cada una de las juntas provinciales afirmando que se destruyeron votos considerados inválidos antes de que finalizara el plazo de impugnación. Ayer se comunicaron los resultados tras el escrutinio y el PSC fue primera fuerza, con el 26,2% de los votos, sin alterar el reparto de escaños. La segunda posición también se la llevó Junts (23%), seguido del PP (11,6%), ERC (11,56%), los comunes (7,38%), Vox (5,7%), la CUP (4,1%) y AC (1,6%).

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha decidido hacer caso de una denuncia de Ciutadans y prohibir en TV3 y Catalunya Ràdio llamar “exiliados” a las personas que han tenido que salir clandestinamente de Catalunya huyendo de la persecución judicial (en los últimos tiempos, casi toda debida al juez García-Castellón) por ser independentistas y haber tenido relación con el Proceso y/o con Tsunami Democrático. Persecución política, en definitiva. No es la primera vez que la Junta Electoral (aunque habitualmente es la Central de este organismo) prohíbe cosas a los medios públicos catalanes, que consideran sospechosos de todo tipo de sevicias contra la unidad de España. De hecho, en su resolución de ahora, la Junta Electoral se cita a sí misma, cuando también prohibió a 3Cat hablar de exilio y exiliados. Era con motivo de la campaña de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, las elecciones del 155.

La justicia no ha tardado ni un día en responder al intento de Ciutadans de dejar a Carles Puigdemont fuera de juego ante las elecciones del 12 de mayo. El partido naranja había impugnado la candidatura del expresidente por su "padrón ficticio" en Catalunya, un argumento que el juzgado de lo contencioso ya ha desestimado en una resolución este miércoles consultada por el ARA. La candidatura de Junts queda, pues, intacta y obtiene luz verde por parte de los tribunales, al menos por ahora.

Pere Aragonès ha resucitado en estas primeras semanas de campaña el acuerdo de claridad para pactar un referendo con el Estado y también ha desvelado su propuesta de financiación singular. Dos cuestiones hechas públicas desde el Gobierno que la oposición ha considerado electoralistas y que ha llevado a la Junta Electoral. La estrategia de los republicanos se ha topado con el organismo electoral, que ya les ha picado la cresta tres veces desde que Aragonès anunció el 12-M. El organismo electoral ha acusado al ejecutivo de vulnerar la "neutralidad política" en cuestiones como la presentación de la financiación singular. Ahora bien, de momento no le ha abierto ningún expediente sancionador que pueda acabar con una multa y también ha archivado la denuncia que presentó el PP por la cuestión del referendo (que pedía detener el anuncio preventivamente). En este sentido, el Govern se defiende y la semana pasada la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, afirmaba: "No hacemos nada que no se pueda hacer".