"¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente?", la pregunta de Aragonès para el referéndum

BarcelonaEl acuerdo de claridad había quedado en el congelador hace tan sólo dos meses, cuando el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decidió que no llevaría a la mesa de partidos el informe sobre el acuerdo de claridad porque consideró que los partidos estaban actuando de forma “cortoterminista” mientras estaban abiertas las negociaciones de presupuestos de la Generalitat y la de la ley de amnistía. Ahora, en plena precampaña electoral, Aragonès revive este proyecto para presentar otra de las cuestiones que habían quedado pendientes: el informe del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA) que el presidente había encargado para que dibujara las vías jurídicas para celebrar un referendo acordado. El camino que propone el organismo que dirige Joan Ridao es el del artículo 92 de la Constitución: un referéndum acordado con el Estado con esta pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?”. Moncloa ya ha cerrado la puerta.

El artículo 92 recoge que las “decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum” siempre que se acuerde con el Estado y esta vía es la que el Instituto de Estudios del Autogobierno ve como "prioritaria, más idónea y factible" para convocar un referéndum sobre la independencia. En una comparecencia, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, defendió el texto como "un material excelente para la nueva fase de negociación con el Estado", pero también admitió que la mesa de diálogo está suspendida por el 12 -Aunque los informes del acuerdo de claridad estarán disponibles para el nuevo Gobierno.

El IEA defiende que la "indeterminación constitucional y legal del referéndum consultivo" que establece el artículo 92, porque no especifica el ámbito territorial, permite un referéndum sobre la independencia. Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sólo avala los referendos en los que votan “todos los ciudadanos españoles” y, por tanto, para hacer un referendo en una parte del Estado haría falta una reforma constitucional. Sin embargo, el IEA considera que esta doctrina se “situa en un contexto de desacuerdo político y de conflicto” entre instituciones y cree que un referéndum acordado “plantea un escenario diferente” en caso de que “alguien decidiera impugnar su regulación o la convocatoria". Es decir, Ridao cree que si se establecieran las condiciones pactadas por ambas partes para un referéndum, pasaría el filtro del TC. El informe recuerda que no existe “ningún precepto de la Constitución” que se oponga siempre a que “los resultados de esta consulta abrieran, simplemente, las puertas a una negociación de buena fe entre los actores territoriales ya una eventual implementación de los sus resultados, en su caso, en el marco de la legalidad constitucional e internacional”. Por tanto, habría que buscar las herramientas jurídicas para aplicar un eventual sí a la independencia.

Sin mínimo de participación ni de resultados

El referendo no contemplaría un umbral mínimo de participación ni de resultados, el ámbito territorial sería Catalunya, podrían votar a los mayores de 18 años y la ciudadanía debería responder con un sí o un no a la pregunta. El informe recuerda que la Comisión de Venecia desaconseja que se establezcan umbrales mínimos y recuerda que el de Escocia de 2014 no estableció ni quórums de participación ni de aprobación. Sobre Catalunya, la Comisión de Venecia ya se opuso al referendo del 1-O por su naturaleza unilateral.

En el caso de Quebec, en cambio, se establece un mínimo para la opción ganadora de un 50% más uno, y en Montenegro se fijó un umbral mínimo de participación del 50% del censo y un mínimo de aprobación del 55%. Estos dos porcentajes son los que escribió Izquierda en su última ponencia política para defender el referendo pactado.

El IEA defiende una pregunta con respuesta binaria para seguir con las recomendaciones de la Comisión de Venecia, pero también prevé como una posibilidad repetir la fórmula del 9-N con una pregunta doble, aunque admite que se aleja de la "brevedad y simplicidad" que pide el órgano internacional. El informe, además, ve poco viable una votación en todo el territorio estatal por considerarlo una solución “inusual” en política comparada y cita los ejemplos de Escocia y Quebec. Recuerda que el Estado ya se implica en la "negociación de los términos del referendo".

Las demás vías y el no de la Moncloa

El informe también recoge otras dos vías para celebrar un referéndum acordado. La reforma de la ley orgánica 2/1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum, aunque alerta del “riesgo” de que esta modificación se interprete como un cambio ad hoc, algo que desaconseja la Comisión de Venecia. El IEA también contempla la vía del 150.2 para delegar en el Parlamento la competencia estatal de convocar un referéndum. Ésta es la vía que fueron a defender al Congreso Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera el 8 de abril de 2014 ya la que el cuarto bajo cerró la puerta.

La Moncloa, justamente, ha vuelto a rechazar cualquier pacto sobre un referéndum poco rato después de que Aragonés haya hecho públicas sus condiciones. El gobierno español ha atribuido la propuesta al contexto electoral y ha dejado claro que no es "en absoluto la posición del gobierno español". Su portavoz, Pilar Alegría, ha subrayado que tampoco refleja la opinión "mayoritaria" de la sociedad catalana. "Va en contra de la política de unidad, reencuentro y avance por Cataluña con España", ha añadido. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra Pedro Sánchez porque haya permitido a Aragonés presentar una propuesta de referéndum.