No tendría que ser extraordinario que el Govern indemnice de oficio a alguien que ha perdido un ojo por un proyectil policial por el solo hecho de participar en una protesta, sin haber cometido ningún delito. Pero Ester Quintana tuvo que pelearlo a fondo en los juzgados. Su caso marcó un punto de inflexión, con la prohibición en 2013 del uso de balas de goma por parte de los Mossos d'Esquadra y la creación, el año siguiente, de un protocolo para indemnizar a las víctimas de actuaciones de la policía catalana. Tenía que ser un cambio de dirección que no lo fue tanto: el protocolo no se había aplicado nunca hasta ahora –los consellers Ramon Espadaler, Jordi Jané, Joaquim Forn y Miquel Buch no crearon nunca la comisión que lo tenía que ejecutar– y los proyectiles policiales, ahora de foam, continúan reventando ojos.