Melilla es una ciudad española desde el año 1497 y Ceuta lo es de forma definitiva desde 1580, integrada plenamente en la Corona de Castilla en 1640. A pesar de más de cinco siglos de historia y vínculos peninsulares, su estatus administrativo actual es una anomalía territorial en el Estado. Y su foco político se circunscribe básicamente a las crisis migratorias como la que comenzó el 30 de julio. La Constitución de 1978 preveía explícitamente, en la Disposición Transitoria Quinta, la posibilidad de que se constituyeran como comunidades autónomas. Aun así, no fue hasta 1995 que las Cortes Generales aprobaron sus Estatutos de Autonomía, decantándose por una figura inédita: la "ciudad autónoma". Antes funcionaban como municipios de régimen especial integrados en las provincias de Cádiz –en el caso de Ceuta– y Málaga –en el caso de Melilla–, gozando del rango de puertos francos con ciertas ventajas fiscales singulares frente al resto de territorios.

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha reivindicado este viernes el "derecho histórico y geográfico" que tiene Marruecos sobre Ceuta y Melilla. En una entrevista al canal público de Marruecos 2M, ha hecho un llamamiento a comenzar un diálogo con España para abordar su futuro y conseguir su "retorno a la patria". La entrevista se ha producido en el contexto de la entrada en vigor este jueves de una nueva ley de la abogacía en Marruecos, pero la declaración más sonada ha sido sobre las relaciones entre Marruecos y España. Ouahbi ha asegurado que la cuestión de Ceuta y Melilla debe continuar siendo un asunto de diálogo entre ambos países.

La crisis migratoria de este verano ha vuelto a poner Ceuta y Melilla en el centro del debate político entre España y Marruecos. En una entrevista a la televisión árabe Asharq News, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reconocía el miércoles que la reivindicación de soberanía sobre ambas ciudades "continúa sobre la mesa", aunque pidió "calma" y una solución a largo plazo a través del diálogo. "Dentro de Ceuta hay marroquíes y hay españoles, y seguimos aferrándonos a nuestros territorios", afirmó Ouahbi.

En los últimos días han ido apareciendo publicaciones en las redes sociales desde el anonimato que promueven una nueva entrada masiva a Ceuta este sábado. Para impedirlo, tanto Madrid como Rabat se han movilizado. “Dotándonos de más medios personales y materiales, y con un despliegue de las fuerzas armadas”, explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este jueves. “Continuaremos implementando los medios personales que sean necesarios para ayudar a llegar a la normalidad lo antes posible y para evitar que hechos como los del 30 de julio se vuelvan a repetir”, añadió.

Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este miércoles que la ley de extranjería no permite las devoluciones en caliente de los migrantes que intentan llegar a España nadando. El tribunal distingue estos retornos de la normativa específica para la valla de Melilla, donde no se considera que los migrantes hayan entrado legalmente en España hasta que no superan la línea de seguridad y a los agentes, lo que permite devolverlos inmediatamente a las autoridades marroquíes. Con esta sentencia el tribunal fija doctrina a partir del caso de un argelino que intentaba llegar nadando a Ceuta y fue entregado a las autoridades de Marruecos.

El día de San Juan de 2022 se escribió uno de los episodios más terroríficos de la historia de las fronteras españolas. Decenas de migrantes –23 según las autoridades marroquíes, 27 según las organizaciones defensoras de los derechos humanos– murieron en un paso fronterizo de Melilla atrapados entre las policías española y marroquí cuando intentaban entrar en la ciudad autónoma. Dos años más tarde, todavía hay setenta desaparecidos. Irídia, la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos (AMDH) y Border Forensics han hecho una reconstrucción de los hechos a partir de todas las imágenes disponibles (policiales, de la prensa, de activistas y de satélites) y de entrevistas con una treintena de testigos presenciales. La conclusión está clara: las muertes no fueron accidentales, sino "el resultado de una estrategia de las autoridades".

Una caravana solidaria con centenares de activistas de todo el Estado se da cita este sábado en Melilla para conmemorar el primer aniversario de la peor tragedia de los últimos 25 años en la frontera sur con la intervención directa de fuerzas de seguridad. Oficialmente, Marruecos reconoce 23 muertos en el salto a la valla, pero Amnistía Internacional habla de más de un centenar. Un año después de la masacre todavía hay vacíos en el relato de un caso que ilustra la política de la gestión migratoria de España y la Unión Europea, muy diferente a la respuesta de junio de 2018, cuando, apenas acabado de nombrar, Pedro Sánchez abrió el puerto de Valencia para dar refugio a los 629 rescatados en el Mediterráneo central por el Aquarius.

El presunto fraude electoral planea sobre Melilla en los comicios de este domingo, después de que un alud de solicitudes de voto por correo hiciera saltar todas las alarmas y se sospechara de una compra masiva de votos. Una investigación judicial que se instruye bajo secreto de sumario ha llevado a la detención de hasta diez personas entre el lunes y el martes, entre las cuales está el número 3 de Coalición por Melilla (CpM), el segundo partido de la ciudad autónoma por detrás del PP y con aspiraciones de conseguir el gobierno.

Las relaciones entre España y Marruecos parecían haberse reconducido, pero hay discrepancias de base que se mantienen. Rabat trasladó a la ONU en una carta el pasado 9 de septiembre que no tiene "fronteras terrestres" con España y que Melilla es un "presidio ocupado". Lo hizo en respuesta a una petición de información del comité de derechos humanos por las muertes en la valla de Melilla del mes de junio pasado. El texto se ha conocido este jueves y un alto cargo del ministerio de Exteriores marroquí consultado por Efe ha rectificado: ha recordado que en la declaración conjunta del 7 de abril se hablaba de "dispositivos de control aduaneros y de personas a nivel marítimo y terrestre".

No hay tiranía del presente inmediato que valga para no seguir hablando de lo que se ha denominado como la masacre de Melilla. Esto es: veinticuatro de junio del dos mil veintidós, asesinato a noche cerrada de decenas de personas que trataban de atravesar la frontera con España en la valla de Melilla. Un baile de cifras para decir cuánta vida había antes de lo que ahora llamamos "tragedia", repitiendo así el lenguaje institucional de la frontera. Un lenguaje que habla de "tragedia", como también habla de "migrantes", "mafias", "fuerzas de seguridad", "integridades nacionales", "cooperaciones" diversas, "órdenes" y "buenas resoluciones". 

Estos días nos asaltan imágenes de cuerpos amontonados, de cuerpos que quizás seguían muriendo mientras eran golpeados por agentes marroquíes. Imágenes de las devoluciones en caliente y de las fosas comunes en las que fueron enterrados. La primera repuesta del presidente del gobierno fue que “la operación” –la matanza– estuvo “bien resuelta”. Hasta la ONU pide una investigación.

Hace muchos años que Omar Naji, activista de la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos (AMDH) de la ciudad de Nador, trabaja en la frontera entre Marruecos y Melilla, pero todavía no se ha recuperado de lo que vio la semana pasada en la morgue del hospital. "El olor a muerto era tan fuerte que el forense había tenido que abrir las puertas. Entré y conté 15 cuerpos en el suelo... y no sé cuántos más debía de haber en los frigoríficos". Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la muerte de decenas de migrantes el 24 de junio en la valla de Melilla, pero Naji cree que el fondo del problema está claro: "Estamos ante el resultado directo de la reanudación de la colaboración en el control migratorio entre España y Marruecos".

Una de las tragedias que ha acompañado la cruel muerte de al menos 23 personas que intentaron cruzar desde Marruecos hasta Melilla la semana pasada ha sido la ausencia de nombres. Medios y grupos de derechos humanos sobre el terreno han relatado como las autoridades marroquíes se han apresurado a enterrar los cuerpos en fosas cavadas deprisa y corriendo. Ni siquiera los han identificado para que se pudiera comunicar la muerte a las familias.

Jose Palazón (Cartagena, 1955) ha dedicado los últimos veinte años a documentar las vulneraciones de derechos en la frontera de Melilla, donde llegó con 14 años. Sus imágenes, como la del salto a la valla ante el campo de golf han dado la vuelta al mundo. Hoy, más alejado del ruido mediático, explica al ARA , como siempre sin tapujos, su visión de los hechos del 24 de junio.

La violencia en frontera no es nueva, pero las muertes en la valla de Melilla del 24 de junio representan un paso más. Un paso más por las imágenes que han dejado. Si bien hace tiempo que circulan fotografías y vídeos de muertos en frontera y de violencias e ilegalidades cometidas por las fuerzas de seguridad a ambos lados, esta vez son de una crudeza aterradora. La imagen de cuerpos amontonados, abandonados a su suerte y tratados con escarnio tiene unas connotaciones históricas que nadie, y menos en Europa, puede ignorar.

La Moncloa se resiste a hacer autocrítica por la tragedia del pasado viernes en Melilla, en la cual murieron 23 migrantes subsaharianos, según datos oficiales, a pesar de que las organizaciones sobre el terreno hablan de 37 víctimas. Más bien al contrario: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles desde el Congreso que, en política migratoria, el gobierno español trabaja "desarticulando mafias, salvando vidas y protegiendo las fronteras". Además, ha añadido que es una política "escrupolosa en el respeto a los derechos humanos", en respuesta a una pregunta del PP durante la sesión de control.

1. Pedro Sánchez. “Hay que ser duro con la inmigración, detrás están las mafias”, dice Margarita Robles. Y, si es así, ¿por qué no se actúa sobre las mafias? ¿O es que en el marco internacional se juega con ellas según la conveniencia? Desde que Pedro Sánchez marcó el tono felicitando a las fuerzas de seguridad españolas y la gendarmería marroquí “por el extraordinario trabajo que están haciendo”, con motivo del último asalto a la frontera melillense, el gobierno español aguanta a piñón fijo el patinazo del presidente. La portavoz Isabel Rodríguez incluso impidió, ante los periodistas, que Irene Montero contestara a preguntas sobre el tema para no romper la armonía.

Por un lado, la ONU y, por otro, la Fiscalía han reclamado este martes aclarar con urgencia los motivos de la muerte el pasado viernes de al menos 23 personas que intentaban saltar la valla en Melilla. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado un decreto este martes en el cual encarga a la fiscal de sala coordinadora de extranjería, Beatriz Sánchez, averiguar las "circunstancias" que provocaron, "según informaciones periodísticas, la muerte de un mínimo de 23 personas en territorio marroquí y la lesión de otras muchas". La decisión de Delgado se fundamenta en la "transcendencia y gravedad de los hechos, que podrían afectar derechos humanos y derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación", añade la Fiscalía.

A pesar de que el gobierno español insista en justificar la violenta represión a los migrantes que el viernes intentaron saltar la valla de Melilla como una acción contra las mafias, las entidades que trabajan sobre el terreno lo desmienten. Los migrantes que malviven durante meses escondidos en los bosques que rodean Melilla, igual que Ceuta, esperando la oportunidad para saltar y entrar en territorio español son los más pobres entre los pobres, como ha podido constatar este diario en sucesivos viajes a los enclaves españoles. Los saltos se hacen de manera colectiva porque es la única posibilidad para conseguir que unos pocos consigan burlar el dispositivo de blindaje fronterizo: en el caso de Melilla una valla y un cementerio en el lado marroquí y la valla española.

La justicia marroquí se apresura a buscar responsables para dar por acabada la crisis abierta en la valla de Melilla, que el viernes acabó con un número indeterminado de muertos después de que entre 1.500 y 2.000 personas intentaran pasar la frontera para entrar desde Marruecos a España. Este lunes los primeros detenidos durante los hechos han comparecido en sede judicial y la Fiscalía de Nador ya ha imputado a 32 personas delitos de tráfico de personas y otros actos violentos contra la policía marroquí. Los imputados son de origen subsahariano y ahora el fiscal tendrá que decidir si ingresan en prisión.