Si su nombre se abre camino en la votación en el pleno del Parlament prevista para la próxima semana, el magistrado Josep Tomàs Salàs dejará pronto las sentencias judiciales por la dirección de la Oficina Antifrau. Hasta ahora ha sido el delegado de los juzgados de lo penal de Barcelona, ​​y entre los que hasta ahora eran sus compañeros hay cuatro jueces a los que él mismo había formado cuando se preparaban para las oposiciones. De hecho, su entorno asegura que habría dedicado más tiempo a la docencia de no ser por la limitación de 75 horas anuales a las que deben ceñirse los jueces. Salàs, de 64 años, ha dicho que si dirige Antifrau será un líder "discreto" -tampoco tiene redes sociales ni interés en tenerlo- y su perfil supone continuar la línea del hasta ahora director de Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, con quien había trabajado estrechamente cuando fue su jefe de gabinete en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

Un pacto entre PSC y ERC ha desbrozado el camino para el nuevo director de la Oficina Antifrau. Ambos grupos parlamentarios han propuesto este martes en la mesa del Parlamento al magistrado Josep Tomàs Salas para el cargo como relevo de Miguel Ángel Gimeno, que agotó el mandato este septiembre. Este jueves, el juez catalán deberá someterse a la comisión de asuntos institucionales para explicar su propuesta, antes de ser votado por el pleno del Parlament, donde se prevé que la mayoría de la investidura, donde deberían sumarse los Comunes, valide el nombre. Salas fue estrecho colaborador de Gimeno cuando éste era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Los vecinos de Altafulla llevan años ven como la vida política del municipio se va envolviendo cada vez más, hasta el punto de que ha abierto diferentes frentes judiciales. Esta localidad del Tarragonès, con menos de 6.000 habitantes y más de 3.000 plazas para turistas entre hoteles y campings, ha presenciado una investigación judicial –ya archivada– a concejales para, supuestamente, asediar al alcalde en redes sociales y las acusaciones de la oposición para que el consistorio haya pagado con fondos públicos. Todo ello en un ayuntamiento donde Alternativa Altafulla –vinculada a Comuns– y Junts salieron adelante en el anterior mandato una moción de censura contra ERC, que en el 2023 recuperó a la alcaldía en coalición con Junts. Desde hace unos meses, los republicanos gobiernan en solitario, pero sí se ha quedado en el gobierno un concejal expulsado del grupo municipal de Junts y que ahora se enfrenta a una denuncia por cohecho de sus antiguos compañeros.

Itziar González es arquitecta y urbanista social de profesión con un pasado en la política: en el 2007 concurrió a las elecciones municipales como independiente en las listas del PSC para asumir la concejalía de Ciutat Vella. de las medidas que en 2015 partidos y entidades acordaron promover un pacto social contra la corrupción en Cataluña.

El piso estaba medio vacío, pero la entidad que lo gestionaba cobraba de la Generalitat como si todas las plazas que tenía la vivienda estuvieran ocupadas. Es lo que entre los propios trabajadores del sector se conoce como "plazas fantasma". Ahora, tres ejemplos de esta entidad lo han denunciado en la Oficina Antifrau y en la Síndica de Greuges de Catalunya, en el marco de la investigación que avanzó el ARA en enero: presuntas irregularidades en el pago de prestaciones económicas y de vivienda a jóvenes extutelados que denunció a un técnico de la demarcación de Girona.

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC) tiene al menos cuatro denuncias por presuntas "situaciones anómalas" en su gestión, según ha podido saber el ARA. Tres de las denuncias se habrían interpuesto en la Oficina de Antifraude este otoño y estarían relacionadas con potenciales irregularidades económicas. La primera habría sido formalizada por cargos directivos de administración del centro, según confirman fuentes cercanas al instituto, por "presunta desviación de recursos". Las mismas fuentes detallan que ya estaría admitida a trámite y en período de evaluación. Las otras dos denuncias en Antifrau, más recientes, se encuentran en una fase más preliminar y aún pendientes de evaluación. Asimismo, el CIR-CAT, el comité por la integridad de la investigación en Cataluña, ha confirmado al ARA que habría llegado también una denuncia a la mesa de este órgano y ahora estarían pendientes de decidir si son o no competentes para abrir una investigación.

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha abierto procedimiento informativo a los catedráticos de economía José García Montalvo y Teresa Garcia-Milà después de que una investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña haya resuelto que ambos han infringido la ley de universidades –tanto anterior como la vigente–, según la cual, de ser profesor a tiempo completo, como era su caso, no se puede cobrar por trabajos externos que perjudicarían su dedicación. García Montalbo, como miembro del consejo de administración de Abanca, recibe unos 275.000 euros anuales, y Garcia-Milà, como miembro de consejo de administración de Repsol, unos 287.000.

"Era una operación de riesgo, pero hicimos lo que tocaba porque necesitábamos los materiales para proteger a los profesionales sanitarios. Nos teníamos que buscar la vida y no nos equivocamos", ha afirmado el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, que ha comparecido este jueves ante la comisión ordinaria de salud en el Parlament a petición propia para defender el polémico contrato de mascarillas y trajes de protección entre el Govern y la empresa Basic Devices, firmado los primeros días de la pandemia. La contratación se hizo por la vía de emergencia por un valor inicial de 60 millones de euros y la Oficina Antifraude de Catalunya investigó y calificó la operación de “temeraria” por la falta de referencias sólidas sobre la compañía –era la primera vez que hacía de proveedor del sistema sanitario– y por el pago anticipado para asegurar la adquisición, que finalmente se realizó y se pagaron 35 millones de euros. "Siempre es más cómodo no asumir riesgos, pero en la situación de máxima escasez y presión asistencial en la que estábamos lo teníamos que hacer. Se hizo lo que se pudo", ha reiterado Argimon, que era el director del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en aquel periodo.