Investigan irregularidades en el pago de las prestaciones económicas a jóvenes extutelados
Un trabajador denuncia malversación de fondos públicos y Antifraude y la Sindicatura lo analizan
BarcelonaLa Oficina Antifraude, la Sindicatura de Cuentas y el Síndic de Greuges tienen sobre la mesa un caso de presuntas irregularidades en el pago de prestaciones económicas y de vivienda a jóvenes extutelados El caso lo denunció un técnico de la demarcación de Girona y después de superar la fase de verosimilitud ahora Antifrau está llevando a cabo una investigación sobre la gestión de estos recursos públicos, provenientes de la Dirección General de Infancia y Adolèscencia (Dgaia), por parte de varias entidades.
En enero de 2024, el trabajador detectó ciertas irregularidades del servicio SPAE Resilis pisos +18 años en relación con un extutelado que recibía una prestación económica y otra de vivienda de la Generalitat, cuando, en realidad, el chico de origen senegalés llevaba meses trabajando y viviendo en Valencia. comprobar cómo desde la Fundació se había hecho un cambio de recurso de vivienda para el joven aludiendo de que estaba buscando trabajo y era mejor vivir en otro piso, cuando llevaba meses trabajando fuera de Catalunya Cuando alertó del caso. a su superior, le instaron a no poner "en evidencia la mala praxis y la malversación de fondos públicos" que había efectuado el servicio de vivienda. De hecho, en la conversación que mantuvo con su coordinadora, va entender que no se trataba de un caso aislado y que los organismos públicos tenían conocimiento de ello. ser la respuesta.
"A lo largo de estos meses he detectado diversas irregularidades efectuadas por SPAE Resilis pisos +18 años y, por otra, en torno a la connivencia del SEVAP (Seguimiento y Valoración de la prestación económica) de Girona en tanto que es conocedor de la realidad que se describe y la blanquea", denunció el joven, al que Antifrau ha otorgado la condición de persona protegida para evitar represalias ninguna en su figura. Según la denuncia a la que ha tenido acceso el ARA, la plaza en el piso de este extutelado senegalés estaba vacía mientras la entidad seguía cobrando el dinero público por hacerse cargo.
En la denuncia a los diferentes organismos, el trabajador ha aportado documentación que acredita tres casos (y apunta a otros muchos) y diversos tipos de "fraude". Según su testimonio, los jóvenes trabajaban al tiempo que cobraban una prestación económica, superando con creces los límites fijados por ley. Esto, aparte de comportar una posible malversación de dinero público, también tenía una implicación para los jóvenes, a los que Hacienda acababa reclamando mucho dinero. "Cuando los jóvenes salen del sistema, quedan con una deuda porque no se ha hecho un seguimiento. La entidad y la administración tienen constancia", alerta el denunciante, que pone de ejemplo extutelados con deudas superiores a los 10.000 euros porque no se les ha hecho un acompañamiento ni se les ha informado de lo que se van a encontrar. En otros casos, como tenían ingresos porque trabajaban, los chicos deberían haber hecho un copago para hacer uso de las viviendas públicas y no lo hacían porque nadie se lo reclamaba.
La Dgaia asegura que analizó los tres casos denunciados por este profesional y que no se detectó ninguna irregularidad. Sin embargo, a raíz de una petición de información del Síndic de Greuges, este pasado mes de diciembre la Dgaia abrió un expediente informativo para analizar la situación.
La Sindicatura de Cuentas también está analizando los datos. La sospecha del denunciante, que tendrán que determinar los diferentes organismos fiscalizadores, es que esta práctica se ha repetido en muchos más casos de los que él detectó y que, por tanto, podría tratarse de un caso de corrupción repetido a lo largo de muchos años y "con millones de euros defraudados".
Denuncia a Inspección de Trabajo
Por otra parte, el técnico también presentó una denuncia por acoso laboral en la Inspección de Trabajo, aportando diversas grabaciones y material de las conversaciones que mantuvo al descubrir las presuntas irregularidades. Trabajo no ha acreditado el acoso, pero según el material al que ha tenido acceso el ARA, ha sancionado por una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales a la entidad por no implementar correctamente el protocolo.
