3.000 familias esperan una vivienda social en Cataluña
La síndica de agravios reclama simplificar la burocracia para agilizar los trámites y mejorar la gestión de los servicios públicos
BarcelonaUnas 3.000 familias catalanas están pendientes de que les asignen una vivienda social, pero la gran demanda y la poca oferta disponible de pisos a disposición de entidades y administración hace que las listas de espera no paren de crecer pese a que los usuarios cumplen los requisitos y han recibido una resolución favorable. Mientras no llega esta solución, la mayoría de familias sobreviven en un realquiler o incluso en hostales sociales.
El goteo de desahucios, la alta vulnerabilidad social y el largo tiempo de espera engordan las listas, según constata el informe anual del síndico de agravios que se ha presentado este miércoles. De las 3.000 familias, un millar corresponden a la ciudad de Barcelona y otro millar más a poblaciones que cuentan con su propia mesa de emergencia; unos organismos públicos creados hace una década para responder a las grandes necesidades residenciales a raíz de la crisis. Con datos de septiembre de 2025, entre que se registra la solicitud y se adjudica una vivienda pasan de media 522 días (un año, cuatro meses y tres días), mientras que un año atrás era de 469 días. Ésta es la media de espera, si bien para dos de cada diez unidades, la demora es de dos años.
Las de la vivienda social no son las únicas listas de espera que se han incrementado en el último año. De hecho, la mitad de las quejas que han llegado a la oficina de la institución corresponden a demoras en varios servicios sociales. Desde las intervenciones quirúrgicas (148 días de media) hasta una plaza en una residencia para personas con discapacidad (1.991 días; es decir, 5,4 años) o de salud mental (1.341 días) o para la renta garantizada de ciudadanía (122 días).
En una rueda de prensa, la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, reprochó de la administración la práctica de una "burocracia defensiva", que obliga a los profesionales de salud o educación a dedicar el 30% de su jornada al papeleo ya la ciudadanía a buscar y presentar la documentación en varias ventanas. "O cambiamos el sistema y la eficacia o continuaremos aumentando las esperas", indicó Giménez-Salinas, quien reclamó un "acuerdo de país". También ha insistido en "la paradoja" en que no todo es una cuestión de poner más dinero, sino de introducir métodos más ágiles y una ventanilla única para los trámites. De hecho, en la mayoría de servicios sociales han incrementado las plantillas, pero la presión asistencial ha continuado subiendo porque se han continuado con los mismos esquemas y errores.
El año pasado, el Síndic cerró con 13.646 quejas, una cifra récord superior a la registrada durante la pandemia, lo que explica hasta qué punto la ciudadanía se siente desatendida y agravada por el trato dado por las administraciones. En un 92% de los casos, se aceptan las recomendaciones que hace la institución, pero la síndica criticó que la administración se limita a "solucionar las quejas individuales" y, en cambio, el resto de discriminaciones y el mal funcionamiento del sistema no se atienden. Por ello, animó a presentar quejas y presionar así para "transformar el sistema" que, según dijo, "es posible": "No estamos hablando de quimeras", resumió.
300 menores en centros de acogida
De todas las deficiencias de la administración, para la síndica existen puntos "inadmisibles" que año tras año se mantienen y normalizan. Así, Giménez-Salinas ha vuelto a alertar de que en los centros de acogida residen 300 niños menores de seis años, una situación que quiere erradicar. Por eso ha insistido en que es necesario aumentar la ayuda a las familias que, por negligencia o pobreza, desatienden a sus hijos, pero que con un acompañamiento profesional (como se hace con los menores de justicia juvenil) pueden evitar la retirada de la tutela. "¿Este país no puede dar respuesta a 300 niños?", se cuestionó.
En este apartado, Giménez-Salinas sitúa el incremento de las personas sin hogar en toda Catalunya, el hecho de que sólo el 1% de los jóvenes catalanes reciben ayuda para la emancipación o los 14 meses de espera para el certificado de discapacitados que da acceso a ayudas y bonificaciones fiscales. Por el contrario, en el informe también hay espacio para las buenas prácticas administrativas, la prueba de que "si se quiere se pueden hacer las cosas bien", según la síndica, que se ha referido al éxito de la FP para acabar con la etiqueta peyorativa que arrastraba y que se haya convertido en una salida para miles de jóvenes que hubieran abandonado; la mejora en la transparencia; y la reducción de jóvenes menores de edad condenados en centros cerrados. Además, también subrayó el buen funcionamiento de los cuidados paliativos en hospitales y domicilios, aunque apuntó que es necesario también trasladarlos a los pacientes pediátricos.
