Aprobada la ley que reconoce legalmente el trabajo de las 3.000 entidades sociales

BarcelonaCuatro años ha tardado la ley del tercer sector social en ver la luz. El proyecto decayó por la convocatoria de elecciones anticipadas, y después de meses de nuevos debates y trámites parlamentarios en esta nueva legislatura, el pleno de la cámara catalana ha aprobado este miércoles por una gran mayoría un texto que, por primera vez, reconoce oficialmente el trabajo de las 3.000 entidades sin ánimo de lucro que atienden a más de dos millones de catalanes –una cuarta parte de la población–, la mayoría de colectivos vulnerables. La norma ha salido adelante con los votos del PSC, ERC, Comuns y Junts, la abstención del PP, Vox y la CUP y la oposición de los diputados de Aliança Catalana.

La ley es una reivindicación histórica de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social y de la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social –que reúne a las patronales y se ocupa de negociar convenios y sueldos–, que reclamaban el reconocimiento institucional y jurídico de la tarea que históricamente han hecho entidades privadas como fundaciones, cooperativas y asociaciones sin ánimo de lucro para cubrir las carencias de los servicios públicos.

El gran cambio es que a partir de ahora los "blinda" la interlocución con el tercer sector, ya que “sea cual sea el gobierno de la Generalitat, estará obligado a verse" con las entidades, según ha subrayado el presidente de la Confederación, Jordi Roman, una vez superado el último paso parlamentario.

No, en ningún caso. La ley no regula ni servicios ni políticas sociales, que continúan en manos de las administraciones. Pero sí que acepta el "diseño compartido" a través del nuevo Consejo de Diálogo Civil, un órgano colegiado de máxima representación equiparable al social, que reúne a sindicatos y patronales para pactar las políticas económicas. En este punto, el presidente de la Mesa, Xavier Trabado, ha indicado que este espacio de debate con la Generalitat dará al sector "más capacidad para influir" en las políticas sociales de la Cataluña del futuro. Por ejemplo, confía poder incidir en las propuestas para reducir la elevada tasa de la pobreza infantil y para la mejora de los servicios para atender la dependencia, las víctimas de la violencia machista y la discapacidad.

De momento no, porque la ley no entra en cómo se deben financiar las actividades y los servicios que presta el tercer sector, ni tampoco fija las cantidades concretas que se deben destinar. Solo se limita a reconocer la concertación de servicios como la fórmula preferente de colaboración público-privada. La queja histórica del sector es la infrafinanciación estructural, porque a diferencia de cómo funcionan la sanidad y la educación, las entidades se financian a través de convocatorias de subvenciones, que pueden sufrir retrasos por problemas de tesorería de las administraciones que las obligan a endeudarse adelantando el dinero para mantener las actividades o, por el contrario, a acabar abruptamente los programas. Del financiamiento propiamente se encargará la futura ley de instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales, que está en una primera fase de trámite en el Parlament, y que debe blindar el modelo de conciertos económicos, desligado de la volatilidad presupuestaria.

En principio sí, porque se reconoce la equiparación salarial de los 120.000 trabajadores del sector con los que hacen el mismo trabajo pero están contratados directamente por las administraciones. Hoy se pueden encontrar diferencias salariales de hasta un 37% de media en un mismo servicio, ya que es habitual que en según qué servicios convivan plantillas públicas y externalizadas. El sector social privado está regido por 17 convenios colectivos.

Tanto el Partido Popular como la CUP se han abstenido, a pesar de que han asumido la filosofía del texto. Ambos han planteado sus reservas por un exceso de servicios externalizados, y han reclamado más control y fiscalización de las cuentas y las actividades de las entidades contratadas.