El Constitucional anula la prohibición de cortar la luz a las familias vulnerables catalanas

BarcelonaUna década después de su entrada en vigor, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado dos artículos de la ley catalana de 2015 que impide a las compañías cortar suministros básicos como la luz y el gas a consumidores vulnerables. En la justificación, los magistrados señalan que la norma es incompatible con el sistema estatal de protección en caso de impago por necesidad y, por tanto, declara que el Parlament se ha extralimitado y ha invadido competencias. La resolución no supone, hoy por hoy, cortes inmediatos, ya que hay en vigor una moratoria a escala española que impide dejar sin estos servicios básicos hasta el 31 de diciembre.

200.000 cortes energéticos de familias vulnerablesEl TSJC consideraba que dos de los artículos de la ley eran inconstitucionales al impedir el corte pasado el plazo de quince días sin que los servicios sociales municipales hubieran emitido un informe de vulnerabilidad en el que se determina si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial que los blinda de los cortes eléctricos y de gas. La norma española, en cambio, basa esta protección de los consumidores a partir de los umbrales fijados en el bono eléctrico, más restrictivos porque sólo tiene en cuenta el factor de renta y no de otros sociales como los que prevé la catalana, conocida como la 24/2015. Además, mientras la ley aprobada por el Parlament impide los cortes de manera permanente si hay un informe de vulnerabilidad, la española es temporal y, a pesar de la presión de entidades sociales para hacerla permanente, acabará el último día de este año si en el último momento no se aprueba una nueva prórroga.

Según cálculos de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), en los cinco primeros años de vigencia de la ley catalana se evitaron unos 200.000 cortes energéticos de familias vulnerables. La norma es fruto de una iniciativa legislativa popular de la APE y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que recogió 150.000 firmas para proteger a los consumidores catalanes. Por ello, desde la entidad referente califican la resolución del Constitucional como un "ataque contra la soberanía popular" y reprochan que la justicia haya optado por cargarse una "herramienta efectiva" y, en cambio, "priorice los intereses de las grandes empresas energéticas". La APE ha reclamado al departamento de Derechos Sociales que convoque la Mesa contra la Pobreza Energética para "consensuar los próximos pasos" que se darán para frenar el impacto.