No es la primera vez que advertimos de la situación crítica de Cataluña con las drogas. Las señales de peligro persisten. Y son diversas. ¿Es suficientemente consciente la población? ¿Son suficientemente conscientes las administraciones?
Las narcolanchas que antes llegaban a Galicia y al sur de la Península, ahora ya suben hasta las costas catalanas, de sur a norte. Las mafias de diferentes latitudes, desde América Latina hasta Italia, Europa del Este y el norte de África, han encontrado entre nosotros un territorio donde es fácil blanquear y traficar. Popularmente, hay una cierta y extraña tolerancia hacia el consumo de cocaína y cannabis –junto con otras sustancias, incluidas algunas muy nuevas y cambiantes–, con Barcelona como destino privilegiado de turismo festivo. Comienzan a ser habituales las noticias de asesinatos con armas de fuego relacionados con el tráfico de estupefacientes. Los cuerpos policiales, a pesar de hacer buen trabajo, advierten que la actividad delictiva en este campo está creciendo exponencialmente y que les faltan medios para un control efectivo.
Todo ello son indicios más que evidentes de que Cataluña, con Barcelona como epicentro y en el contexto de una España con diferentes puntos calientes, se está convirtiendo en un entorno relevante de redistribución de drogas a escala europea, una especie de hub logístico delictivo. Los tentáculos globales del mundo de la droga son sinuosos, con una hábil capacidad de penetración social. El modus operandi es conocido: se empieza por abajo, enrolando desde policías locales hasta trabajadores de sectores clave como las áreas portuarias, y se acaba llegando a figuras poderosas de las instituciones estatales. Estamos lejos de lo que sería un narcoestado, pero hay que tomar medidas en todos los terrenos para evitar que se avance hacia ese objetivo.
En este contexto, es relevante y positivo que el Ayuntamiento de Barcelona haya explicitado que la droga, junto a la vivienda, es uno de los principales problemas sociales que ahora mismo tiene la ciudad. Y por supuesto, su primer problema de seguridad. "La inmensa mayoría de los problemas de convivencia están relacionados con las drogas", ha afirmado el concejal Albert Batlle en la presentación del programa Druida de la Guardia Urbana. ¿En qué consistirá? Consistirá en identificar, monitorizar e intervenir de manera permanente sobre puntos de venta al por menor, narcopisos, fincas problemáticas y espacios de consumo. En la ciudad hay, por ejemplo, unos 200 clubes cannábicos, la mayoría con expedientes abiertos.
Pero el problema no se circunscribe solo a la capital. Este miércoles la Policía Nacional y la Oficina de Antiestupefacientes de Francia han desarticulado en Almenar (Segrià) un laboratorio que procesaba metanfetamina líquida en grandes cantidades. Se han detenido trece personas. Detrás está nada menos que el cártel de Jalisco Nueva Generación, con sede en Guadalajara y una de las principales mafias de la droga mexicanas, más grande actualmente que el cártel de Sinaloa.
Es una buena noticia que se haya interceptado este laboratorio, pero no lo es que el cártel de Guadalajara haya elegido Cataluña como lugar de implantación en Europa. Resulta imperativo que policial y socialmente se tome plena conciencia del peligro que el tráfico y el consumo de droga suponen para la sociedad catalana en términos de convivencia, salud y seguridad. Con las drogas, tolerancia cero.
