Vivienda: de la emergencia a la solución estructural
BarcelonaLos decretos sobre vivienda que se tumbaron el viernes en el Congreso eran una respuesta de urgencia al estallido social provocado por casos como el de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid, o el de Olga, la vecina de Hospitalet que se suicidó tras perder su casa, pero no representaban una solución estructural al problema. Esto lo saben incluso los promotores de los decretos y los partidos que votaron a favor. Por tanto, lo primero que hace falta es distinguir entre la respuesta a la emergencia social que suponen los desahucios y la cuestión, más de fondo y multifactorial, del acceso a una vivienda digna en condiciones.
Lo más curioso es que, así como para hacer frente al drama de los desahucios no ha habido manera de tejer un acuerdo, por lo que respecta al problema de fondo hay un consenso bastante transversal entre izquierda y derecha: hay que construir más y más deprisa, especialmente vivienda protegida. Los diferentes partidos y prácticamente todas las administraciones han hecho en los últimos años numerosos anuncios de construcción de pisos públicos. Pedro Sánchez anunció en febrero un plan para construir hasta 15.000 viviendas protegidas al año; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció hace un año un plan para construir 210.000 viviendas, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido la construcción de un millón de viviendas si llega al gobierno.
La cuestión es: en lugar de hacer anuncios como si fuera un mercado persa, ¿por qué no se llega a un acuerdo transversal para liberar suelo, agilizar la planificación urbanística y las tramitaciones de obras, y dar incentivos al sector privado para que se lance a construir vivienda de la mano de las administraciones? También hay un acuerdo tácito según el cual no se pueden repetir los errores que llevaron a la burbuja urbanística de los años del boom; por lo tanto, habrá que fijar unos márgenes de rentabilidad razonables (a cambio de tener un beneficio seguro) para evitar que el mercado se recaliente. No en vano las burbujas inmobiliarias se han convertido en todo el mundo en un peligro.
Toda esta vivienda nueva se debe poder dirigir a la compra pero también al alquiler. Algunos partidos, especialmente el PP y Vox, venden el mensaje de que vivir de alquiler debe ser siempre una solución provisional y que lo ideal es convertirse en propietario. Y, por lo tanto, los inquilinos de una cierta edad son, en realidad, unos fracasados. Esta idea está profundamente arraigada en las mentalidades y los diferentes gobiernos la han alentado fiscalmente, y eso es lo que ha provocado que la mayor parte del ahorro familiar haya ido a parar tradicionalmente al sector del ladrillo, y no a otros que podrían ser más productivos. La administración debe hacer posible que tanto la compra como el alquiler sean opciones plausibles, y que prevalezca la libertad de opción de cada uno.
Sobre estas bases no debería ser imposible llegar a acuerdos entre partidos y administraciones. Porque ya se ha demostrado que la alternativa, seguir como hasta ahora, no es sostenible.
