La ley de la vivienda ha evitado más de 200.000 cortes de suministros desde 2015

BarcelonaLa ley de la vivienda catalana, la 24/2015, que fue impulsada por los movimientos sociales para una vivienda digna, ha conseguido evitar “como mínimo” unos 200.000 cortes de luz, agua y gas desde que entró en vigor. Son cifras recogidas en el último informe de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), de entre 2015 y 2020, que calcula que en este tiempo se han protegido a más de 100.000 familias. “Se trata de datos muy conservadores porque a estas alturas todavía faltan muchos datos que no se facilitan a tiempo y muchas familias que no aparecen en los listados de los servicios sociales”, ha asegurado Maria Campuzano, portavoz del APE.

El estudio, elaborado por Enginyeria Sense Fronteres, el ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona y la propia APE, recoge datos del 73% de los municipios catalanes, entre los cuales están incluidas las cuatro capitales. El informe asegura que en estos cinco años la administración ha dedicado 35,3 millones de euros a más de 184.000 ayudas de urgencia, que han servido para hacer frente a facturas impagadas. “Luz y agua fueron los suministros más comunes, y es normal, porque son los más básicos”, asegura Sergio Tirado, coautor del informe y miembro del ICTA. Según Tirado, el informe también ha sacado a la luz que las administraciones destinaron hasta 2 millones de euros para hacer contratos en el mercado libre, hecho que “no tiene ningún sentido porque este tipo de contratos combinados de gas y electricidad son más caros que los de la tarifa regulada y, además, no pueden acceder al bono social, que es una herramienta fundamental para rebajar el gasto de los hogares”, apunta el investigador de la UAB. 

Estos más de 35 millones de euros destinados a ayudas representan unos 90 euros al año por cada hogar afectado. Se trata, según el APE, de una “cantidad pequeña” teniendo en cuenta que el gasto medio de luz y agua es de unos 700 euros al año por familia. “Representa menos de un 0,1% de los presupuestos municipales”, subraya Tirado. Aun así, el APE recuerda que las facturas impagadas no tendrían que ir a cargo de la administración pública, y por extensión, de los contribuyentes: “Es responsabilidad de las empresas suministradoras asumir esta deuda”, insiste Campuzano.

Sistematizar la recogida de datos

“La ley funciona, y ahora que el precio de la luz está en récords históricos tenemos que visibilizar que la norma es efectiva y tenemos que reclamar a la administración y a las suministradoras que sean transparentes”, dice Campuzano. El APE admite que la recogida de datos todavía es un problema: “En la mayoría de casos –el 80%–, los servicios sociales no pueden llegar a localizar a las familias que aparecen en los listados de impagos”, asegura la portavoz, que añade que “esto pasa porque no hay protocolos ni homogeneización a la hora de hacer los listados de impagos, ni en el traspaso de datos de las empresas hacia las administraciones públicas y, más concretamente, a los servicios sociales”. 

En este sentido, el APE pide a la Generalitat un esfuerzo en la recogida y la sistematización de los datos y más recursos para los ayuntamientos con el objetivo de “monitorizar la pobreza energética en tiempo real”. También pide más convenios, como el que ya existe con Endesa, para conseguir que la deuda recaiga sobre las empresas suministradoras –y no sobre los entes públicos– y más mecanismos de comunicación entre las partes para garantizar que la ley no deja a nadie desamparado.