Junts congeló la investigación de dos denuncias de acoso contra Comín a pesar de la resolución del Parlamento Europeo

Bruselas/BarcelonaLa Comisión de Garantías de Junts decidió el 2 de febrero congelar la investigación interna sobre dos denuncias que recibió contra Toni Comín por "acoso psicológico, sexual y físico", según un informe interno del partido al que ha tenido acceso el ARA. El organismo ha optado por guardar los dos casos en un cajón, de momento durante al menos cuatro meses, a pesar de haber tenido constancia de la resolución del Parlamento Europeo que avala la denuncia por acoso psicológico y sexual presentada en la cámara parlamentaria contra el exconseller de Salud por parte de un exasistente. Además, según ha confirmado el ARA con diversas fuentes juntaires, el partido entregó al eurodiputado la denuncia presentada por las presuntas víctimas y la "documentación que la acompaña", como "los escritos en los que cada uno de ellos explica los hechos" y también la resolución confidencial de la Eurocámara.

El organismo de Junts argumenta la paralización del proceso por una "cuestión competencial" y "considera preferente" el "posible procedimiento disciplinario" de Comín en el Parlamento Europeo antes que la misma investigación interna del partido, que se abrió el 24 de octubre de 2025. El procedimiento en la Eurocámara, sin embargo, se cerró el pasado septiembre: solo se podría reabrir y el Parlamento Europeo podría aplicar una sanción al exconseller de Salud en caso de que obtenga el escaño y reciba una nueva denuncia, según informan fuentes europarlamentarias a este diario.

Además, con respecto a la otra asesora de Junts, solo ha denunciado de manera interna al partido y no al Parlamento Europeo. En este caso, diversas fuentes juntaires explican al ARA que la trabajadora de la formación fue víctima de una agresión física por parte de Comín en un momento de tensión durante la noche electoral de los comicios catalanes del 12 de mayo de 2024.

En el informe se recoge que los dos denunciantes acusan a Comín de llevar a cabo una "estrategia dilatoria" y solicitan que se declare que el conflicto competencial entre la Comisión de Garantías y el Parlamento Europeo es "inexistente"; así como que se "reprenda la instrucción del procedimiento disciplinario" y "se adopten medidas cautelares" contra el exconseller. Las dos presuntas víctimas también piden que se requiera la "dimisión inmediata" del exconseller de "todos sus cargos", se "reconozca la existencia de conductas de acoso" y se exija a Comín que formule una disculpa pública "mediante un comunicado breve, sobrio y directo, sin justificaciones, minimizaciones ni argumentos exculpatorios".

De momento, ni la dirección de Junts, ni Comín ni tampoco los denunciantes han querido hacer comentarios a las preguntas del ARA.

La Comissió de Garanties tomba totes les peticions

Ninguna de estas peticiones ha sido admitida por la Comisión de Garantías, liderada por Josep Pagès, diputado juntaire en el Congreso. El informe admite que, a día de hoy, "la activación del procedimiento antiacoso del Parlamento Europeo es solo una hipótesis" porque Comín no tiene el escaño. Sin embargo, el organismo del partido que preside Carles Puigdemont cree que la sentencia que debe emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los próximos meses puede "avalar la ley de amnistía" y, por tanto, que el exconseller acabe siendo eurodiputado de pleno derecho. "La posibilidad de obtener el acta, a pesar de ser hipotética, no es del todo improbable", apunta el texto.

Ahora bien, la misma Comisión de Garantías admite que esta espera "no puede ser ilimitada" y, por ello, fija un plazo máximo de dejar congelada la investigación interna de entre cuatro y ocho meses. Así, el organismo decidió mantenerla en punto muerto cuatro meses desde que las partes recibieron la notificación de que se paralizaba la investigación, a principios de febrero, pero con "posibilidad de prórroga".

Con respecto a las cautelares, la Comisión de Garantías considera que no están "suficientemente justificadas" y apunta que las conductas denunciadas "no se han reproducido desde junio de 2024". En la misma línea, el informe argumenta que "actualmente no hay ningún tipo de relación laboral, personal o de tipo político, ni tampoco una proximidad personal de tipo físico", entre los denunciantes y Comín.

Respecto a la petición de hacerlo dimitir y obligarle a disculparse, el organismo juntaire apunta que "no es el momento procesal oportuno para entrar al fondo de la cuestión objeto del expediente disciplinario", sino que toca "dirimir la cuestión competencial sobre si el posible procedimiento ante el Parlamento Europeo debe tener o no preferencia sobre el procedimiento interno". La Comisión de Garantías responde lo mismo cuando los denunciantes solicitan que los hechos sean "calificados de muy graves" porque la actitud de Comín "encaja con la descripción de las conductas constitutivas de faltas muy graves" según la normativa del partido, como "atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, y actos o aval a comportamientos violentos, insultantes o vejatorios".

El organismo juntaire tampoco entra a valorar que Comín, según acusan los denunciantes, "invoque, de manera implícita o explícita, su condición de exiliado o represaliado político como elemento justificativo, atenuante o exonerante de sus conductas". Finalmente, el informe concluye asegurando que la "resolución" no es "susceptible de recurso", tanto para las presuntas víctimas como para Comín.