Más de un año después de la catástrofe natural de la dana y de su cuestionada gestión, el presidente valenciano, Carlos Mazón, dimite. Lo ha anunciado este lunes sin siquiera utilizar esta palabra para dar un paso al lado. "Ya no puedo más", afirmó Mazón en una comparecencia a primera hora de la mañana e íntegramente en español. El presidente valenciano se hace autocrítica, pero también culpabilizando al gobierno español de la gestión de la gota fría. Ahora bien, no convocará elecciones, sino que deja en manos de su partido pactar con Vox a su sucesor. Un escenario que no será sencillo para Alberto Núñez Feijóo, al que la renuncia de Mazón le llega en uno de los peores momentos para el PP, con unas encuestas estancadas y con Vox disparado. De hecho, los de Santiago Abascal dejaron en el aire que estén dispuestos a llegar a un acuerdo con los populares.

Cree que hasta que él no se levanta el sol no sale. Este dicho resume bien el talante de Pedro Sánchez, que ha logrado situar todos los focos sobre él gracias a la insólita performance de la semana pasada, cuando dimitió de sus obligaciones durante cinco días, encerrado en la Moncloa, e hizo ver que meditaba sobre su continuidad como presidente. Fuera, el PSOE aguantaba la respiración fiándolo todo a la única carta que tienen, y el PP tenía el cava en la nevera para celebrar ese desaguisado.

Puede discutirse si el gesto del presidente Sánchez responde a motivos políticos o a una reacción personal; si es el fruto de un cálculo o de una exasperación; si es una finta táctica o una renuncia. A mí me parece que la persona ha mandado sobre el personaje, pero cada uno es libre de hacer su suposición. A Sánchez lo acusarán –ya lo acusan– de victimismo, de hacerse el mártir para suscitar una reacción de apoyo. El lunes, cuando el presidente del gobierno haga pública su decisión, obtendremos una respuesta, o una indicación, que confirmará o no las distintas hipótesis.

De las cosas que dijo Pedro Sánchez durante la jornada del miércoles, tres son clave. La primera no aparece escrita en la carta que publicó a través de las redes sociales, sino que la dijo en la tribuna del Congreso de los Diputados: “Incluso en un día como hoy, sigo creyendo en la justicia de mi país”. Tal vez sea la forma menos elíptica, más clara, que puede tener un presidente de gobierno de expresar que España tiene un problema con su justicia. Un grave problema. Que el juez titular de un juzgado de instrucción admita a trámite una denuncia de una organización ultra como el falso sindicato Manos Limpias es una anomalía, con independencia de si la persona denunciada es Begoña Gómez o cualquier otra. Una anomalía que lo dice todo sobre un poder judicial en el que encontrar magistrados que actúan de parto a favor de la derecha ultranacionalista es frecuente. Un país en el que, en el juicio por el Procés –que se presentó como un test de resistencia de la democracia española–, la acusación particular la ejercía el partido de extrema derecha Vox (con el que el PP gobierna en varias comunidades autónomas, con un estilo confrontativo y autoritario).

La dimisión de Carlos Lesmes ha abierto rápidamente el debate sobre quién tiene que sustituirlo. El todavía presidente del Consejo General del Poder Judicial encargó un informe al gabinete técnico del órgano de gobierno de los jueces, que propuso que el presidente de la sala primera y vicepresidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ocupara los cargos de presidente del CGPJ y del Supremo. Inicialmente, el propio Lesmes había señalado una bicefalia: Marín presidente del Supremo; y el vocal de más edad del CGPJ, Rafael Mozo, presidente de esta institución. Lo avala un informe de 2019 de los letrados del CGPJ, y ahora algunos vocales defienden esta vía. De hecho, han pedido que en el pleno de este jueves se vote quién tiene que relevar a Lesmes. Fuentes consultadas por Europa Press alertan de que si hay un pulso por esta cuestión, podría acabar judicializado en la sala de lo contencioso administrativo del Supremo y se abriría una "crisis constitucional sin precedentes".

Mónica Oltra ha anunciado este martes que dimite como vicepresidenta del gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas a raíz de su imputación en el caso de que investiga el posible encubrimiento de su departamento del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido Luis Eduardo Ramírez. La dirigente de Compromís ha justificado su cambio de posición –el pasado viernes reiteró que no dejaría el cargo– para que los socialistas no cuenten con un argumento para expulsar la coalición del ejecutivo valenciano. "Que quede muy claro, que yo no voy a ser la coartada, y que si echan a Compromís del gobierno, seguro que no será por mí", ha enfatizado. El mismo presidente, Ximo Puig, se había mostrado reticente a la continuidad de Oltra.