El consejero delegado de Redeia –la matriz de Red Eléctrica–, Roberto García Merino, cobró 2,054 millones de euros en 2025, un 165% más respecto a los 774.000 euros de 2024, tras sumar un incentivo a largo plazo, según el informe de retribuciones, según el informe de retribuciones Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. Para Redeia, la compañía que opera la red de transporte eléctrico en el Estado, el año estuvo marcado por el apagón masivo del 28 de abril.

Endesa invertirá un total de 10.600 millones de euros entre 2026 y 2028, según ha comunicado este martes la compañía, que ha presentado su plan estratégico para los próximos dos años. De esa inversión, 5.500 millones de euros irán a la red de distribución (un 52% del total), según indicó la compañía. Este plan inversor es el mayor de la compañía de los últimos doce años (desde que opera sólo en el ámbito de la Península Ibérica), superando en un 10% el anterior plan estratégico, el de 2024-2026, que ascendía a 9.600 millones de euros.

La pugna en los tribunales de Iberdrola contra Redeia, la matriz de Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, por el gran apagón del 28 de abril del pasado año se ha reavivado. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la denuncia por competencia desleal que interpuso la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán por atribuirle, aunque sin citarla expresamente, la responsabilidad por el apagón, según informa El País-Cinco Días y ha podido confirmar el ARA.

Más de 1.000 millones de euros. Es la inversión que el Banco Europeo de Inversión (BEI), el brazo financiador de los proyectos comunitarios, destinó en el 2025 a los ferrocarriles del Estado, que ahora están en el punto de mira a raíz de los trágicos accidentes de Adamuz y Gelida, desencadenantes de una crisis del servicio y reputacional sin apenas precedentes. De esta partida, 250 millones formaban parte de un acuerdo firmado en diciembre para mejorar la flota de trenes de Cercanías (en concreto, 101 trenes), tal y como ha detallado la presidenta del organismo y ex ministra de Economía española, Nadia Calviño, este lunes. De hecho, se trata de un primer tramo de un préstamo de 500 millones que acabará de ejecutarse en un futuro, según detalló.

El 28 de abril del año pasado España y Portugal se quedaron a oscuras en el mayor apagón masivo producido en Europa. Después, con los datos facilitados por las distribuidoras eléctricas, se ha sabido que la saturación de la red eléctrica supera el 80%. Ahora los ingenieros industriales de Catalunya han lanzado la alerta: la "situación crítica" de la red de distribución compromete a la economía, a la industria e, incluso, a la misma transición energética.

El sistema eléctrico ha perdido cerca de 2,8 gigavatios (GW) de capacidad disponible en sólo dos meses –entre octubre y noviembre de 2025–, dejando gran parte del territorio del Estado sin margen técnico para nuevos proyectos, según el análisis realizado por Forum Industria y Energía (FIE) y Opina 360 desde eléctricas, que cifra el grado de saturación en el 85,7%.

Desde el apagón eléctrico masivo del 28 de abril que dejó sin suministro eléctrico a toda la península Ibérica, el operador del sistema, Red Eléctrica, funciona en "modo refuerzo". Este modo consiste, a grandes rasgos, en que más de una veintena de ciclos combinados (centrales de gas) se mantienen encendidos en el ralentí. No generan electricidad, pero están disponibles para activarse en cualquier momento, sobre todo en caso de que la demanda se dispare y las renovables no puedan cubrirla, o se detecten, de nuevo, problemas técnicos en el sistema.

Enric Brazís Caubet (Palma, 1969), ingeniero industrial y con estudios de especialización en Esade, es el director de Endesa en Cataluña, la principal compañía eléctrica del territorio tanto en generación como en distribución y comercialización. La red de distribución, precisamente, está en el punto de mira, tanto por el gran apagón del pasado 28 de abril como por las quejas de usuarios para acceder.

El camino para que una parte de la industria sustituya a los combustibles fósiles que hoy utiliza implica de lleno la electrificación, o al menos ésta es la apuesta del Estado. Ahora bien, esto requiere que las infraestructuras que posibiliten el consumo de energía eléctrica estén preparadas para este cambio, pero también para la llegada de nuevas actividades industriales que presionarán al alza la demanda eléctrica. Por eso será clave la propuesta de planificación de la red eléctrica 2026-2030, con una inversión de 13.600 millones de euros (aún no hay una distribución por territorios). Este jueves el ministerio para la Transición Ecológica ha puesto el documento a audiencia pública, y estará ahí hasta el 16 de diciembre, y de entrada la Generalitat presentará alegaciones, según confirman fuentes del Govern.

El gobierno español ha aprobado este martes una batería de medidas para aumentar la resiliencia de la red eléctrica en Península, Canarias y Baleares, con una inversión prevista de 750 millones de euros. Según ha informado el ministerio para la Transición Ecológica, el listado incluye 65 actuaciones destinadas a incorporar herramientas adicionales a las redes que faciliten el control de tensión y la estabilidad frente a oscilaciones.

En medio del fuego cruzado por la responsabilidad en el apagón eléctrico masivo del pasado 28 de abril, Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico español, se ha enfrentado a sus accionistas, que este lunes estaban citados a participar en una nueva junta general telemática, y no ha dudado en defenderse: "[El 28 de abril] van [ compañía, Beatriz Corredor, quien durante su intervención inicial de casi una hora ha reiterado que Red Eléctrica cumplió "rigurosamente" con la normativa.

Un día después de hacerse público el informe del comité del gobierno español sobre el apagón eléctrico masivo, quien ha expuesto sus conclusiones ha sido el operador del sistema, Red Eléctrica, sobre quien sigue planeando la sombra de la responsabilidad, o al menos una parte de ésta por lo que ocurrió el 28 de abril. (líneas, transformadores, estaciones de transformación...) también ha publicado un informe en el que desgrana lo ocurrido para que la península Ibérica se quedara sin suministro eléctrico durante tantas horas. Ahora bien, el operador ha dejado claro que la investigación se ha hecho sin tener toda la información y señala, directamente, a las grandes eléctricas toda la información recibida de terceras partes ha tenido la calidad deseada, ni ha sido suficientemente completa", ha afirmado la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en rueda de prensa este miércoles.

Más de un mes después del apagón eléctrico masivo que afectó a la península Ibérica, la incógnita de cuál fue el origen de la incidencia no es la única derivada. Al resolver el rompecabezas de la causa del apagón se ha añadido una batalla por la transparencia, pero también la duda sobre quién asumirá las reclamaciones millonarias que se prevén por la falta de suministro eléctrico que sufrieron empresas y familias durante más de ocho horas. Se trata de dos frentes que en los últimos días no han hecho más que escalar.

Redeia, la empresa matriz de Red Eléctrica de España y controlada en un 20% por el Estado a través de la SEPI, ha propuesto la incorporación de Albert Castellanos, cercano a ERC y ex secretario de Empresa y Competitividad durante el gobierno de Pere Aragonès. Redeia ha convocado junta general de accionistas para el próximo 30 de junio -con el apagón masivo todavía como trasfondo-, en el que se propondrá también, además de Castellanos, la entrada de la exministra de Asuntos Exteriores del primer gobierno de Pedro Sánchez, Arancha González Laya, como consejera dominical (a propuesta Fabra, exconsejera de Enagás hasta la última junta de la empresa, como consejera independiente.

El apagón del lunes 28 de abril fue un cisne gris. Fue un evento inesperado, que nos hizo conscientes de la enorme dependencia que tenemos de la electricidad, pero que estaba en el radar como posibilidad. El propio operador de la red eléctrica, Red Eléctrica de España (REE), dijo que el apagón era excepcional y totalmente extraordinario, pero en el mes de febrero, en el informe anual de su matriz Redeia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya había advertido a los inversores que la alta penetración de las renovables (en el año 2024) en la red y afectar al suministro eléctrico. Era, según REE, un riesgo probable en el corto y medio plazo que iba a producir una falta de equilibrio entre la generación y la demanda. Además, en 2023, la propia REE y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya advirtieron de que había riesgo de apagón por sobretensión (con un flujo de energía mayor que el que admite la red de transporte). Además, REE había indicado que no disponía de herramientas suficientes para evitar las tensiones en la red. Bien, descartado el ciberataque, parece que esto es lo que se produjo el 28 de abril poco después de las 12.30 h, a partir de la desconexión de plantas fotovoltaicas que provocaron que la frecuencia bajara por debajo de los 50 Hz y la tensión aumentara y desestabilizara la red. No funcionaron los cortafuegos y Francia se desconectó poco después. El resultado fue que "saltaron los plomos" y de repente se perdieron 15 gigavatios de generación (aproximadamente el 60% de la electricidad que se estaba consumiendo).

El laberinto del apagón eléctrico del pasado 28 de abril parece empezar a resolverse. Por un lado, el inicio de la incidencia se delimita ya en las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla –hace unos días, el gobierno español ya puso el foco en el suroeste del Estado–. Por otro, se descarta que el operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica, sufriera un ciberataque. Ambas conclusiones han sido anticipadas este miércoles por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas, precisamente, de la incidencia eléctrica que durante horas dejó sin suministro a toda la península Ibérica.

Más allá del papel que haya podido tener Red Eléctrica de España (REE) en su origen –todavía por descifrar– de el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, el foco sobre el operador del sistema eléctrico español también ha salpicado su estructura: hoy es una empresa privada en la que un 20% del capital está en manos del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero años atrás estuvo bajo control público y la izquierda en el Congreso de los Diputados –desde Sumar, socio minoritario en el ejecutivo español, hasta ERC, EH Bildu y el BNG– no sólo no ha tardado en recordarlo, sino que ya ha planteado que se recupere ese modelo.

El apagón masivo de este lunes ha puesto en el punto de mira a Beatriz Corredor (Madrid, 1968), presidenta de Red Eléctrica. Las redes sociales se han llenado de peticiones de dimisión y mensajes que cuestionan su idoneidad por el hecho de que, cuando el ejecutivo de Sánchez la designó, en el 2020, carecía de experiencia previa en el sector energético. Su trayectoria profesional está relacionada con el sector inmobiliario y, en declaraciones en un programa de radio especializado, antes de dar el salto a la cotizada, se declaraba una "enamorada" de la Casa Batlló de Gaudí y una amante de la ciudad de Nueva York. Corredor es registradora de la propiedad de carrera desde 1993 y fue ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero, de 2008 a 2010, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria.

Red Eléctrica Española (REE), del grupo Redeia, es la empresa que llamamos operadora del sistema, y ​​que ha sido señalada por el apagón masivo del lunes. Dentro del propio gobierno de coalición español, Sumar ha pedido que el Estado tenga un mayor peso en la compañía, pero de hecho ya la controla. Es el primer accionista, con un 20% del capital (el resto de accionistas no tienen más del 5%), a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La presidenta de Red Eléctrica es la exministra socialista Beatriz Corredor.

Los gobiernos español y portugués, la Audiencia Nacional, la Comisión Europea, la Autoridad de la Competencia y la red europea de gestores de transporte eléctrico ya han activado investigaciones para esclarecer qué ocurrió el lunes, cuando toda la península Ibérica se quedó repentinamente sin luz. De momento todos coinciden en que será necesario tiempo para recopilar datos, analizar los hechos y entender por qué el sistema eléctrico español cayó de forma tan masiva e inesperada. El apagón ha vuelto a poner sobre la mesa el debate ideológico entre la energía nuclear y las renovables, pero –más allá de los intereses de los lobis y los discursos políticos– existen razones técnicas que apuntan a las posibles causas de semejante colapso.