Después de que el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, haya cargado gastos personales como el AMPA de sus hijos, tickets de peluquería o peticiones a Glovo a cargo del Parlament, la cámara catalana ha decidido cambiar la forma de controlar el dinero que reparte a los partidos a través de las subvenciones parlamentarias. Tal y como consta en el Boletín Oficial del Parlamento del pasado 28 de mayo, la mesa de la Diputación Permanente, aún presidida por Anna Erra, aprobó unas nuevas instrucciones para que el Oyente de la cámara pueda auditar a fondo las cuentas de los grupos. Hasta ahora, según la interpretación de la mesa, no podía hacerlo, por lo que el Parlament admite que es conveniente "establecer un control más exhaustivo de esta subvención". Un cambio que, oficialmente, justifican porque la pasada legislatura se cambiaron las cantidades de subvención que repartían el Parlament (3,7 millones de euros) y el Govern (hasta 9 millones).

Laura Borràs seguirá suspendida como presidenta del Parlament. Esta ha sido la decisión de este jueves de la mesa del Parlament, la primera que ha presidido la vicepresidenta de la cámara con funciones de presidencia, Alba Vergés (ERC). La mayoría formada por Esquerra, el PSC y la CUP del órgano rector de la cámara ha decidido inadmitir a trámite la petición de reconsideración que había planteado Junts per Catalunya, puesto que consideran que la decisión de suspender a Borràs es una aplicación automática del reglamento del Parlament -que prevé la suspensión inmediata de los diputados a los que se abre juicio oral por delitos vinculados a la corrupción- y que no está sujeto a ningún replanteamiento.

El ex vicepresidente del Parlament Josep Costa ha salido en libertad este miércoles después de ser detenido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para que compareciera en la causa por desobediencia que afecta a la anterior mesa del Parlament. Costa, pues, ha comparecido ante la justicia pero igualmente -como ya había avanzado- no ha declarado porque no reconoce la autoridad del TSJC. Cuando ha salido del edificio ha explicado que ha presentado un habeas corpus por detención "ilegal" y que no ha dicho nada ante la magistrada porque presentará una querella criminal por su actuación y una recusación por "falta de imparcialidad".

Solo hay que haber seguido la política catalana de los últimos años para conocer la importancia que ha cogido la composición de la mesa del Parlament. Debates como los del 6 y 7 de septiembre del 2017 para sacar adelante las leyes de desconexión, o reuniones maratonianas sobre la admisión a trámite o no de una propuesta de resolución bajo la lupa del Tribunal Constitucional, han centrado las crónicas políticas, y han dado todavía más relevancia a una votación –la primera de la legislatura– que durante muchos años fue observada como un mero trámite que tenía más de ceremonioso que de recorrido político. Esta vez no será diferente, y la elección de los miembros de la mesa –que se tendrá que hacer como muy tarde el 12 de marzo– hace días que juega un papel clave en las negociaciones para la investidura. Lo que pase ese día en el Parlament servirá de piedra de toque sobre las posibilidades de éxito del presidenciable de ERC, Pere Aragonès.