La escalada del precio del alquiler se ha contenido en Cataluña y, sobre todo, en la ciudad de Barcelona, ​​en el último año y medio. Eso sí, el tercer trimestre del pasado año repuntó respecto al trimestre anterior –un 1,55% en Barcelona y un 2,59% en Catalunya– y el número de contratos de alquiler que se firman ha descendido, según se desprende de los datos de la Agencia de la Vivienda de Catalunya que se basan en las fianzas depositadas en Incasòl. Unos datos que indican que en el tercer trimestre de 2025 el precio medio del alquiler en Barcelona ciudad se situaba en 1.153,11 euros, mientras que en el conjunto de Catalunya la renta media de alquiler era de 876,83.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca eliminar los anuncios de pisos de alquiler en zonas declaradas tensionadas que infrinjan la normativa vigente de consumo, según ha anunciado este viernes en un comunicado. "Si podemos probar la existencia de prácticas engañosas o desleales, el ministerio actuará con toda contundencia", advirtió el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), en rueda de prensa. Bustinduy no quiso decir cuáles son los portales inmobiliarios investigados, pero señaló que se trata "de los mayores".

En Europa, por término medio, diez de cada cien viviendas principales son viviendas sociales. En países como Dinamarca, Austria, Suecia, Francia o Países Bajos son más de 15. Sin embargo, en España sólo un 2,5% del parque de vivienda es social. Los alquileres de Barcelona se han casi triplicado en lo que va de siglo, y son impagables por unos salarios que no han llegado ni a doblarse en estos años. Ya desde 2009, con la creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se organizaron numerosas manifestaciones por el derecho a la vivienda. Por tanto, no debería sorprendernos que, en menos de 24 horas, tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentaran una serie de medidas que afectan al mercado de la vivienda .

Poco a poco, vamos viendo los efectos de la nueva normativa que, a través de las zonas tensionadas, que contienen a la inmensa mayoría de viviendas, ha puesto límite a los precios de alquiler.

No me imagino la desesperación de Chaymae cuando estaba a punto de ser desahuciada en plena alerta por la DANA. Con su hijo de 4 años, un detalle menor, nunca mejor dicho. En la calle del Rec de Barcelona, ​​como una broma macabra. El operativo policial seguía adelante, inclemente, mientras sonaban las alarmas en los móviles de los activistas, atónitos, concentrados para impedir el lanzamiento. Alguien puso cordura, in extremis, y se detuvo el despropósito. El episodio, grotesco, es ilustrativo del drama que afecta a los más "desfavorecidos". Cuesta encontrar palabras que no sean condescendientes para la población de Cataluña (un 25%) que vive en riesgo de pobreza. Mujeres, la mayoría. Esta brecha de género es la misma que hace visible al Sindicato de Alquiladoras, con femenino genérico, porque la precariedad –no la fragilidad, en la célebre cita de Shakespeare– tiene nombre de mujer.

La regulación del mercado por parte de la administración pública, a fin de que los ciudadanos puedan acceder a bienes y servicios de primera necesidad (la vivienda lo es) no es ninguna idea del socialismo utópico, ni del anarquismo, ni del chavismo bolivariano. Que el mercado, en sí mismo, no tiene mecanismos de autocorrección, o no le basta, y necesita que los poderes públicos intervengan para estimular la economía a través de la demanda es la idea de Keynes en los años treinta, en respuesta a la Gran Depresión iniciada el 29. La aplicación de esta idea ha dado pie a lo que conocemos como socialdemocracia y sociedad del bienestar. No hace desaparecer (tampoco lo busca) las desigualdades inherentes al capitalismo, pero sí que promueve ascensores sociales y el acceso al bienestar de las clases trabajadoras y medias. No impugna el liberalismo, sino que lo corrige. El keynesianismo ha sido contestado por el neoliberalismo, conocido también como turbocapitalismo, del que hacen bandera personajes como Milei, Bolsonaro, Trump o Musk. Por algunas mentes pensantes de las derechas española y catalana, también. Son los que estos días se ponen las manos en la cabeza por las manifestaciones del sábado contra los precios del alquiler. La de Barcelona fue masiva, y dicen que estaba dirigida por la extrema izquierda.

En Joan Rocamora, para siempre

La nuestra es una generación que ha crecido dando por sentado que un sueldo debe poder garantizar la cobertura de las necesidades básicas, y de entre estas necesidades, la más costosa: la vivienda. Sin embargo, la realidad en la que nos desarrollamos en la actualidad hace utópica esa aspiración que parecía tan terrenal. Aunque España se mantiene como un país de propietarios –el 64% de los hogares viven en este régimen (2024)–, esta tendencia está en vías de regresión por dos razones principales.

"Edificio destinado a servir de habitación humana". Así define casa el diccionario catalán. Ahora mismo, el problema que define la realidad de un país como la nuestra es la vivienda. Para un ser que nace y crece y vive un siglo como máximo, que tiene la precariedad como su condición, y por mucho que algunos se crean superhombres (e incluso estén gastando dinero en la fantasía de conseguir la inmortalidad), la casa es el lugar en el que todo el mundo tiene derecho a estar. La vida de una persona es un relato que necesita de marcos referenciales para construirse. Y en este sentido la casa es el lugar más evidente: un espacio propio, tejido por uno mismo con los que la comparte, construido a su imagen y semejanza. No es un paraíso, puede ser incluso un infierno. No hay dos personas iguales; en cualquier relación se produce una diferencia de potencial, y el abuso y explotación están al orden del día de la condición humana. Pero sin hogar no hay mundo propio. Ir de rincón en rincón es estar a la intemperie, expuesto a todo y sin poder hacerse un espacio. Por eso la casa es el lugar necesario desde el que desplegarse. Y, de hecho, es sobre esta idea que se construyen marcos ideológicos que dan sentido y dibujan una pertenencia como la patria: la casa de todos los que se reconocen en una nación.

El 21 de diciembre de 2023, el flamante presidente de Argentina, Javier Milei, emitía el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que declaraba “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, provisional , tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Oficialmente, Argentina está en emergencia pública en todas estas áreas, y el DNU da al presidente el poder para instaurar o eliminar, por decreto, normas o leyes sin el consenso del poder legislativo. Aunque los decretos presidenciales no los ha inventado Milei, y de hecho son moneda corriente en Argentina, este DNU en particular fue tan contundente y atravesó tantas áreas de la vida pública de repente, que el impacto ha sido notorio , sobre todo en aquellos aspectos que importan a las mayorías sociales. Milei derogó, entre otras muchas cuestiones, la ley de alquileres 27551, en un principio diseñada para proteger a los inquilinos.

El precio del alquiler, tanto en Barcelona como en el conjunto de Cataluña y especialmente en las zonas más tensionadas, se ha contenido finalmente. Lo ha hecho con un descenso respecto al trimestre anterior, según los datos de las fianzas depositadas en el Incasol de los nuevos alquileres publicadas este martes. Pero mientras las rentas quedan por debajo de su techo histórico, el caso es que el número de contratos de alquiler firmados ha sufrido una caída en picado: cada vez se alquilan menos pisos.

Al final no se convalidó el decreto ley 6/2024 que regulaba los contratos de temporada y de alquiler de habitaciones. Como sabemos, este decreto tenía como objetivo que se aplicara la regulación de los contratos de alquiler de vivienda habitual y permanente a todos aquellos contratos temporales que no tuvieran fines recreativos, vacacionales o de ocio.

El 16 de marzo entraron en vigor los topes de los precios de los contratos de alquiler de vivienda habitual en los 140 municipios declarados de mercado residencial tensionado en Cataluña. Pese a que los inquilinos han aplaudido que por fin se ponga freno a los precios de sus alquileres y así se evite, sobre todo, que puedan subirles los alquileres a la renovación de sus contratos, son muchos los detractores que siguen defendiendo que el mercado no es debe intervenir, y que auguran una caída de la oferta. Es evidente que con las políticas de vivienda llevadas a cabo hasta ahora no se ha logrado destensionar el mercado ni aumentar la oferta de vivienda. Además, hemos visto que es un mercado que, habiendo estado libre todos estos años, no ha logrado equilibrarse por sí mismo, como también se ha visto en todos los países europeos que están imponiendo este tipo de medidas. Ahora bien, está claro que los topes de precios no son un remedio milagroso que va a solucionar en tres años –es el límite inicial de tiempo de las medidas implantadas– lo que no se ha solucionado en décadas. Y lo que está aún más claro es que no se pueden buscar soluciones sencillas a problemas complejos.

El ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por fin ha hecho público el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, que se puede consultar en el enlace https://serpavi.mivau.gob.es/. Ahora se abre un período de diez días en los que se pueden presentar alegaciones y enmiendas antes de su publicación en el BOE, que se ha anunciado para el 13 de marzo.

Nunca había costado tanto pagar el alquiler de una vivienda. El precio del arrendamiento medio en la ciudad de Barcelona y en toda Catalunya se ha disparado en el tercer trimestre hasta lograr un nuevo máximo en la serie histórica. Los datos oficiales de la Generalitat basados en las fianzas depositadas en la Incasòl sitúan en 1.066,68 el alquiler medio en la capital catalana, después de experimentar un crecimiento del 14,41% respecto al mismo periodo del año pasado. El valor del arrendamiento medio de una vivienda en Catalunya también ha tocado techo, con 805,69 euros al mes y un aumento interanual del 9,24%.

La ley de la oferta y la demanda en su máxima expresión: la oferta de pisos de alquiler en Barcelona está en mínimos históricos y, por lo tanto, los precios han vuelto a máximos. Así se desprende del informe semestral elaborado por la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, uno de los estudios más fieles sobre la situación del sector, puesto que utiliza los datos de los contratos y las fianzas depositadas en el Incasòl.

Las tensiones en el mercado del alquiler de vivienda ya hace tiempo que duran, especialmente a partir del 2014, cuando empezó la recuperación después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero si la pandemia trajo cierta tregua al mercado del alquiler, especialmente porque muchos pisos turísticos o de temporada pasaron al mercado de vivienda habitual, con la recuperación ha pasado lo contrario y cada vez es más difícil para las familias encontrar un piso de alquiler asequible.

Vivir en un piso compartido cada vez es una opción más clara para los jóvenes, que tienen muy difícil pagar un alquiler para vivir solos. Pero hay muchas diferencias de precio en las diferentes capitales de provincia españolas. Según un estudio del portal inmobiliario Idealista, Barcelona es la segunda ciudad más cara para vivir en un piso compartido, con un precio de 395 euros mensuales, solo superada por San Sebastián, donde el precio se sitúa en 406 euros mensuales. La ciudad vasca supera este año a la capital catalana en el primer lugar del ranking. La causa del cambio en el primer lugar se produce porque Barcelona es una de las ciudades donde más ha bajado el precio, un 4,9%, mientras que en San Sebastián, a pesar de que también han bajado, la caída ha sido mucho más moderada, del 2,1%.

Los casos son habituales: las presiones de propietarios obligan a inquilinos a marcharse de su casa de manera forzada, sea por aumentos del precio del alquiler, porque no les renuevan el contrato o por las malas condiciones de la vivienda. Es lo que se conoce como desahucios invisibles: aquellos que no se recogen en los datos oficiales porque no se derivan de órdenes judiciales. Un estudio pone cifra a estos procedimientos y recoge que cerca de la mitad (45,8%) de las mudanzas que hubo en el área de Barcelona entre los años 2014 y 2019 fueron consecuencia de un desahucio invisible. El documento atribuye las mudanzas forzadas de los últimos cinco años a la "vulnerabilidad" asociada al alquiler. "La movilidad residencial y el nomadismo, lejos de ser una opción de vida, son una forma de precariedad. Es, en realidad, inseguridad residencial", sentencia.

El soberanismo y las izquierdas del Congreso vuelven a coincidir en la crítica al PSOE, esta vez por el recurso al Tribunal Constitucional contra la ley catalana de regulación del alquiler. El ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya anunció este lunes que el ejecutivo la recurriría sin pedir su suspensión automática, y así se ha confirmado este martes en el consejo de ministros. "No se solicita la suspensión cautelar porque en paralelo se tramitará la ley de vivienda que incorpora muchos de los elementos que se recurren en el Constitucional", ha explicado la portavoz de la Moncloa, María Jesús Montero. Con todo, hace meses que se alargan las negociaciones en el gobierno de coalición.