España no tendrá, por ahora, un sistema de pago alternativo en los peajes de las autovías. Este lunes, la Comisión Europea ha confirmado la modificación del punto del plan de recuperación español que incluía "la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales" y que debía implementarse a partir del 2024. Finalmente, este elemento desaparecerá del plan y será sustituido por medidas que incentiven el empleo del transporte sostenible y, en particular, el transporte de mercancías por ferrocarril.

La campaña electoral ha reavivado el histórico debate de los peajes en España. Todo empezó con el frente a frente entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, para las elecciones generales de este 23-J. Feijóo le preguntaba a Sánchez si "cobraría en todas las autovías de España" en el 2024 y el todavía presidente le contestó que no. Sin embargo, desde entonces la pregunta de si el año que viene estas carreteras tendrán o no peajes no ha parado de llenar titulares e, incluso, ha sido comentado por la Comisión Europea.

Todo listo para que lleguen los primeros 9.000 millones de euros de la porción del fondo de recuperación europeos que le corresponden a España. Este martes, los ministros de Finanzas de la Unión Europea han puesto el sello de aprobado en el plan de reformas que presentó el gobierno de Pedro Sánchez en abril, junto con otros 11 planes (entre los cuales están Italia, Grecia, Portugal, Francia y Alemania), cosa que permite abrir el grifo para que llegue la primera entrega, un anticipo del 13% que no va condicionado al cumplimiento de ninguna reforma sino que permite amortizar algunas de las medidas que los gobiernos han ido implementando desde que arrancó la pandemia del coronavirus. A pesar del simbolismo del momento, este martes la vicepresidenta Nadia Calviño no ha estado en Bruselas para recibir la luz verde de sus colegas, sino que la ha sustituido el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio. Calviño está en Madrid, donde se ha producido la foto del nuevo gobierno español que Sánchez ha bautizado como el de la recuperación.

Coincidiendo con la aprobación definitiva prevista para este martes del plan de recuperación y resiliencia español de la Unión Europea, el gobierno español empieza a concretar los grandes proyectos estratégicos –llamados PERTE– que serán financiados con fondos europeos. El primero se aprobará este martes en el consejo de ministros y será el proyecto del sector de la automoción, que servirá para dar un impulso al coche eléctrico. Según los cálculos del ejecutivo de Pedro Sánchez, el PERTE del vehículo eléctrico movilizará entre el 2021 y el 2023 hasta 24.000 millones de euros entre inversión pública y privada. La inversión de las empresas prevista, 19.714 millones, supondrá el grueso de la inversión, mientras que los fondos europeos que se dedicarán llegan a 4.295 millones.

El plan de recuperación y resiliencia recibe este miércoles el visto bueno de la Comisión Europea. La presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, viaja a Madrid para entrevistarse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y anunciar la aprobación del plan. Solo faltará el aval de los ministros de Finanzas de los Veintisiete, que está previsto a mediados de julio, antes de que se empiece a transferir el dinero desde Bruselas. El primer pago será de 9.000 millones y se espera que antes de que acabe el año llegue otro de 10.000 millones.

La maquinaria se ha puesto en marcha y con éxito. La Comisión Europea ha hecho este martes la primera emisión de deuda para conseguir el dinero del fondo de recuperación que se empezará a repartir este agosto. Ha captado 20.000 millones de euros, pero la demanda ha escalado hasta los 142.000 millones. Es un paso clave en el proceso de integración de la Unión Europea, porque implica que, aunque sea de manera extraordinaria y temporal, los países de la Unión (también los más reticentes a la deuda como holandeses y alemanes) acceden a endeudarse en una cantidad sin precedentes y de manera conjunta (es decir junto a los más endeudados, como griegos, españoles e italianos) para financiar la recuperación. Pactar este paso supuso casi cinco días de cumbre en Bruselas hace ahora un año y algunas concesiones a los más ortodoxos.

El plan de recuperación económica de España será uno de los primeros cinco en recibir el visto bueno de Bruselas la semana que viene. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará la semana que viene a Madrid para escenificar junto al presidente español, Pedro Sánchez, la aprobación del plan que permitirá al Estado tener acceso a más de 140.000 millones de euros entre ayudas y préstamos provenientes de las emisiones de deuda que la Comisión empieza este mes de junio. Si todo va bien, la primera remesa de fondo llegará en julio, una vez los ministros de Finanzas hayan dado también su sí a los planes.

El gobierno español lleva meses trabajando a contrarreloj, primero para diseñar el plan de recuperación y el decreto para gestionar los fondos y ahora para poner en marcha un ambicioso plan de 140.000 millones de euros. Es un complejo engranaje en el que España se juega mucho y el ejecutivo no lo ha hecho solo. Con una administración desbordada con el plan, la Moncloa y los diferentes ministerios han contado con ayuda externa para diseñarlo y para contribuir a canalizar las ayudas. Grandes consultoras –como Deloitte, EY, KPMG y PwC, las llamadas Big Four– no solo han ayudado al gobierno de Pedro Sánchez a elaborar el plan, sino que algunas también han firmado contratos para asesorar al ejecutivo a la hora de ejecutar los fondos europeos. Son las mismas consultoras que también asesorarán a muchas empresas para obtener dinero de los fondos para financiar sus proyectos. 

Hacía tiempo que el gobierno central decía que quería imponer el pago por el uso de la red de carreteras de toda España. Ahora ya ha puesto fecha: 2024. Así lo dice el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas y que ha presentado este miércoles Nadia Calviño. En el plan se afirma literalmente que el gobierno "podría implantar" un mecanismo de este estilo a partir de aquel año.

Después de aplazar su aprobación en diferentes ocasiones, el consejo de ministros ha dado su visto bueno definitivo este martes al plan de recuperación y resiliencia. El gobierno de Pedro Sánchez ya lo hizo público el 14 de abril y dio los detalles en una comparecencia en el ongreso de Diputados, pero todavía no lo había aprobado formalmente, el paso previo para enviarlo a Bruselas. El visto bueno de este martes llega después de haber cerrado los últimos detalles con el ejecutivo comunitario: las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz se entrevistaron la semana pasada con el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. "Es un plan de país que abordará los retos más trascendentales, con asignaciones de recursos para conseguir que sea más competitivo y más equitativo", ha destacado la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Desde la Moncloa lo habían repetido en diferentes ocasiones: "El plan de recuperación se presentará antes de que acabe el primer trimestre". Pero acabó el marzo y el gobierno español todavía no había terminado el plan ni lo había enviado a Bruselas. La semana pasada el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció que este martes el consejo de ministros aprobaría el documento que tiene que permitir inyectar a la economía española 140.000 millones de euros de ayudas europeas en seis años, pero este lunes ha revelado que todavía tardará "unos días" en someterlo al consejo de ministros. Un nuevo aplazamiento que retrasa todavía más la llegada del dinero.