Carlos Mazón y Jair Bolsonaro son dos personajes con pocas cosas en común, pero las que comparten son significativas. Ambos se mueven en el magma difuso del populismo, la extrema derecha y el neofascismo militarizado y militarizante. Ambos han sido gobernantes calamitosos para sus países, dejando un rastro de estafa y ladrón, así como una espantosa cantidad de ciudadanos fallecidos. No hablamos exactamente de ejecuciones, sino de muertes evitables. Muchos de los 229 valencianos que murieron durante la dana del 29 de octubre de 2024 podrían haberse salvado si Mazón hubiera estado en el lugar que le correspondía, cumpliendo y haciendo cumplir los protocolos, en vez de pasar toda la tarde en un reservado de El Ventorro. De forma semejante, muchos de los más de 700.000 brasileños que murieron durante la pandemia de la cóvido habrían podido salvarse también si Bolsonaro hubiera hecho caso de la medicina y la ciencia, en vez de salir por televisión imitando, para burlarse, a los enfermos que se ahogaban. Por su dejadez, por su ineptitud, por su negacionismo, Mazón y Bolsonaro son gobernantes que son responsables de las muertes de los ciudadanos de sus países, lo que les convierte en delincuentes: condenado a una pena de 27 años el brasileño (pero no por su gestión de la pandemia, sino por intento de golpe de estado); en una investigación judicial en curso el valenciano.

El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado este martes que el expresidente Jair Bolsonaro empiece a cumplir la pena de 27 años de cárcel por golpe de estado en las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, la comisaría donde estaba en régimen de prisión preventiva desde el pasado sábado. Bolsonaro está recluido en una sala de doce metros cuadrados con cama individual, mesita, televisor y estanterías de madera, según imágenes difundidas por la propia Policía Federal.

Un grupo de agentes de la Policía Federal de Brasil acudió este sábado a casa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que estaba en prisión domiciliaria, y le arrestó de forma preventiva, según medios locales. El líder ultraderechista había sido condenado por el intento de golpe de estado de enero de 2023. Justo ayer, viernes, los abogados de Bolsonaro solicitaron al Supremo que su cliente pudiera cumplir la pena de veintisiete años de cárcel que se le impuso por intento de golpe de estado bajo régimen domiciliario por motivos de salud.

Recientemente el Tribunal Supremo de Brasil ha condenado a Jair Bolsonaro, militar retirado y muy polémico expresidente, a 27 años de cárcel por liderar el intento de golpe de estado del 8 de enero del 2023 y por algunos delitos más, como abolición del estado de derecho y daños a propiedades públicas.

Decíamos ayer que la sentencia contra Bolsonaro, el líder ultraderechista y expresidente brasileño, a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado es un referente internacional importante sobre judicialización de la política, una anomalía que no es exclusiva de España y que constituye un arma preferida por los populismos y las extremas derechas a la hora de desestabilizado. Como sabemos aquí, poner la justicia al servicio de intereses políticos comporta subvertir el principio democrático de la separación de poderes. Pero es una transgresión que algunos perpetran a gusto, si deben sacarles beneficio. Cuando la jugada se les vuelve en contra, les parece entonces una "dictadura judicial", que es lo que Bolsonaro y sus partidarios denuncian ahora.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, pese al apoyo explícito de su amigo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una sentencia histórica ha sido condenado por el Tribunal Supremo brasileño a 27 años y tres meses de cárcel por el intento de golpe de estado contra su rival político y actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. La condena por el asalto a las principales instituciones democráticas del país también afecta a siete aliados de Bolsonaro, de los que cinco son militares. Es la primera vez en 140 años que oficiales militares son castigados por haber intentado derrocar a la democracia.

La injerencia de Donald Trump, que en agosto impuso aranceles del 50% a las importaciones brasileñas, no ha intimidado ni ha hecho claudicar al Supremo brasileño. En una decisión histórica y sin precedentes en el país, ha sentenciado por cuatro votos al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de reclusión por intento de golpe de estado tras perder las presidenciales de octubre de 2022 ante Lula da Silva.

Llega la hora de la verdad para el expresidente Jair Bolsonaro y su núcleo más fiel de colaboradores a lo largo de su mandato entre 2019 y 2022. Este martes la segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, formada por cinco jueces, iniciaba un juicio sin precedentes. Pero lo hizo sin el expresidente brasileño, que alegó motivos de salud para no presentarse ante el juez. Se trata del juicio más trascendente desde la redemocratización del país, por los cargos públicos implicados y porque seis de los juzgados son o han sido militares (hay tres generales y un almirante). Incluso supera al de Lula da Silva, encarcelado por corrupción, lo que le impidió participar en los comicios del 2018, que precisamente llevaron a la extrema derecha al poder, un proceso del que fue absuelto y con la causa archivada.

Cuando el juez Alexandre de Moraes decretó el arresto domiciliario del expresidente brasileño Jair Bolsonaro a principios de ese mes, también ordenó el decomiso de su teléfono móvil. Entre los documentos hallados en el dispositivo, los agentes localizaron un borrador de 2024 en el que Bolsonaro solicitaba asilo político a su aliado de extrema derecha, Javier Milei, jefe del gobierno de Argentina.

El Tribunal Supremo de Justicia de Brasil ha ordenado este lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro por incumplir algunas de las restricciones cautelares que se le habían impuesto ante el riesgo de fuga y en el marco del juicio de intento de golpe de estado. El magistrado Alejandro de Moraes, instructor del proceso contra el líder ultraderechista, ha determinado el régimen de prisión domiciliar para Bolsonaro, a quien también le ha prohibido recibir visitas a su residencia a excepción de la de sus familiares.

Ya no hay vuelta atrás. A partir del 6 de agosto se aplicará un 50% de aranceles a todas las importaciones brasileñas en Estados Unidos. Donald Trump ha firmado este miércoles una orden ejecutiva que implementa una cuota adicional del 40% (que se suma al impuesto generalizado del 10% que ya había aplicado en abril) en Brasil, con el objetivo de abordar las "políticas, prácticas y acciones recientes del gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extra" según un comunicado emitido por la Casa Blanca.

El Tribunal Supremo de Brasil ha votado a favor de abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, al que se acusa de liderar el intento de golpe de estado en enero del 2023, una semana después de que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tomara posesión del cargo. Los cinco jueces que debían deliberar sobre la cuestión han votado de forma unánime para procesar a Bolsonaro y otros siete acusados, entre ellos militares de alto rango y antiguos miembros del gobierno de Bolsonaro. El juicio todavía no tiene fecha, pero tendrá lugar en la Sala Primera de la Corte Suprema. En caso de que Bolsonaro sea declarado culpable, debería enfrentarse a una larga pena de prisión.

La policía federal de Brasil ha presentado cargos este jueves contra el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por un presunto intento de golpe de estado que pretendía derrocar, e incluso asesinar, al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que va ganar las elecciones del 2022. El informe policial final cierra casi dos años de especulaciones sobre el papel que tuvo Bolsonaro en la incitación de los disturbios de sus partidarios que asaltaron las sedes de los tres poderes federales, en la capital del país, Brasilia, en enero del 2023, una semana después de que Lula da Silva tomara posesión.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha reunido este domingo, madrugada en Catalunya, a miles de seguidores en São Paulo para darse su primer baño de masas desde que dejó el poder a finales del 2022 y defenderse de las investigaciones por un supuesto intento de golpe de estado. Encima de un camión instalado en plena avenida Paulista, la más emblemática de la ciudad, Bolsonaro ha negado la existencia de una trama golpista y se ha presentado como víctima de una persecución política.

Si, como dicen cada vez más científicos, la historia de la especie humana es una historia exitosa gracias a nuestra capacidad de cooperación y aprendizaje; si es una prueba de nuestra autodomesticación; si, sin renunciar a la individualidad, hemos primado la tolerancia pacífica, el autocontrol, la racionalidad y la disciplina –incluido el castigo, aunque este está cada vez más cuestionado– frente a la agresividad y el egoísmo instintivos; si todo esto es así, la actual irrupción de líderes políticos que llaman a inflamar nuestro ego y a buscar soluciones individuales a los problemas colectivos nos lleva a una involución civilizatoria.

Ocho meses después del asalto violento en las sedes de los tres poderes de Brasil, en Brasilia, este jueves ha llegado la primera condena. El Tribunal Supremo brasileño ha condenado a 17 años de cárcel a Aécio Lúcio Costa Pereira, la primera persona que se ha sentado en el banquillo de los acusados por los hechos del pasado 8 de enero, justo una semana después de la investidura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Ese domingo, miles de seguidores radicalizados del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en la sede de los tres poderes de la república: el Congreso; el Palacio de Planalto, donde despacha al presidente, y al Tribunal Supremo Federal.

La generosidad de la casa de Sanoüd, la dinastía que ocupa el trono de Arabia Saudí con mano de hierro, es muy conocida por todas partes. Pero tiene un límite. Y la opinión pública brasileña se pregunta cuál es la razón que llevó a la monarquía más poderosa del golfo Pérsico a regalar durante su mandato a Jair Bolsonaro como mínimo tres estuches de joyas que no fueron declarados a Hacienda: el primero, en octubre de 2019, valorado en casi 100.000 euros, y en octubre de 2021 dos estuches más, de 3,4 millones de euros. No hay precedentes de obsequios de estado de esta opulencia, al menos en Brasil.

Jair Bolsonaro está abandonando el estado de letargo en el que entró, voluntariamente, después de perder las elecciones de octubre ante Lula da Silva y que mantuvo, estratégicamente, cuando miles de correligionarios protagonizaron un intento de golpe de estado el 8 de enero invadiendo la sede de los tres poderes en Brasilia. Esta madrugada, el expresidente brasileño ha participado en un homenaje organizado por una entidad ultraconservadora brasileña en Orlando (Florida), donde está autoexiliado desde finales de diciembre. El acto se puede considerar el pistoletazo de salida del regreso a la actividad política, ahora con un rol inédito los últimos treinta años como extraparlamentario, y lo que es más determinante, sin aforamiento.

“Detrás de los 1.500 detenidos, que han hecho el trabajo sucio, hay quien pagó las comidas, porque los ideólogos no vinieron a Brasilia. Ahora queremos saber quién financió, quién pagó, quién asumió los gastos para que los acampados estuvieran tanto tiempo en las puertas de los cuarteles”. Lula da Silva expresó, en la reunión histórica con todos los gobernadores, que el nuevo ejecutivo quiere llegar hasta el fondo de la trama empresarial bolsonarista que hacía más de dos meses que patrocinaba cortes de carreteras, miles de acampados en todo el país (se calcula que llegaron a ser cerca de 45.000 en diciembre), y que pusieron toda la infraestructura necesaria para el intento de golpe de estado del domingo.

“Los campamentos que hay ante los cuarteles militares funcionan como una incubadora de terroristas”. El ministro de Justicia, Flávio Dino, que conforma el núcleo duro del gobierno de Lula, llevaba desde que asumió el cargo a principios de mes presionando a su homólogo de Defensa, José Múcio Monteiro (un político conservador de la vieja guardia), para que obligara al ejército a desmantelar los focos de protesta situados dentro de zonas militares.