El centro de Barcelona está lleno de locales para hacerse la manicura, algunos incluso a escasos metros de distancia entre ellos, pero siempre es necesario pedir cita con antelación para asegurarse el disparo, ya que hay mucha demanda. A pocas calles de la Sagrada Família se concentran más de una decena, y la mayoría tienen clientela haciendo cola para que la atiendan. Desde esta semana estas tiendas ya no pueden utilizar dos productos que la Unión Europea (UE) considera tóxicos y que están presentes en algunos esmaltes semipermanentes. Aún así, la prohibición de estos químicos parece haber pasado inadvertida entre trabajadores y usuarios de algunos salones de la capital catalana. Ya sea porque el local ya utilizaba esmaltes sin tóxicos o porque hacen como quien siente llover, el cambio de normativa no ha impedido que las agendas de las manicuristas continúen atestadas, independientemente de qué productos utilizan.

Una nueva reforma del reglamento del Parlament se ha aprobado este jueves con el apoyo del PSC, Junts, ERC, los comunes y la CUP. El texto pactado, más allá de las dos enmiendas para permitir el voto de los exiliados con el procedimiento delegado y el voto telemático en general, introduce un mecanismo que permite que los cuperos salgan del grupo mixto que comparten con Aliança Catalana y puedan obtener grupo parlamentario propio a pesar de tener sólo cuatro diputados y no cinco –lo mínimo que hasta ahora se requería–. ¿Cómo? Con un mecanismo similar al del Congreso de los Diputados: se permite la posibilidad de conseguir un diputado cedido de otro grupo y que éste pueda volver a su lugar de origen durante los cinco primeros días de cada período de sesiones. Este viernes ERC ha anunciado que serán ellos quienes cedan el diputado Ruben Wagensberg a los cuperos para que se puedan constituir en grupo propio -luego volverá a ERC-. Pero más allá de este caso, ¿el cambio implica una puerta abierta al transfuguismo?

Hace apenas un mes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pronunciaba las primeras palabras en catalán permitidas en el hemiciclo. Una reivindicación histórica que se ha convertido en realidad en esta legislatura debido a que el PSOE necesitaba todos los votos independentistas para conseguir la presidencia de la cámara baja. Ayer fue en el Senado donde se oyó hablar catalán en la comisión de comunidades autónomas -convocada por el PP- para debatir sobre la amnistía y a la que asistió el presidente del Gobierno, Pere Aragonès. No era la primera vez que se utilizaba, pero esta comisión es uno de los pocos espacios en los que está permitido utilizar el catalán en la cámara alta. ¿Por qué es ahora más fácil hablar en catalán en el Congreso que en el Senado?

Una de las claves de la legislatura será cómo los partidos independentistas actuarán en el Parlament ante las decisiones de los tribunales. Y no solo por las posibles resoluciones relacionadas con el Procés que se puedan tramitar, sino, sobre todo, por la respuesta a las causas judiciales pendientes que pueden acabar en inhabilitaciones. Tal como publica este lunes el ARA, hay varios diputados independentistas que corren el riesgo de perder el escaño como el president, Quim Torra, si son inhabilitados; o que pueden acabar suspendidos cuando se les abra juicio oral si se trata de delitos vinculados a la corrupción por el artículo 25.4 del reglamento. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, se puede ver afectada por los dos casos y, tal como ya avanzó ella el domingo en una entrevista al ARA, este lunes Junts per Catalunya ha asegurado que existe un "preacuerdo" con Esquerra para mantener los derechos de los diputados hasta que no haya sentencia firme. "Como mínimo para poder mantener la presunción de inocencia ante la injusticia española", ha dicho en rueda de prensa la portavoz del partido, Elsa Artadi.