ERC y JxCat negocian la reacción a posibles inhabilitaciones

BarcelonaUno de los focos de tensión entre los socios del Govern en los últimos años se ha situado en el Parlament por la respuesta a la represión del 1-O. Ahora, ERC y JxCat quieren intentar evitar que se reproduzca pactando ya, con la CUP, la manera de responder a las causas judiciales pendientes. Y es que, si la legislatura anterior estuvo marcada por los tribunales, esta se vuelve a encontrar de inicio con riesgo de múltiples inhabilitaciones. Contando a la nueva presidenta, Laura Borràs, hay hasta seis investigaciones abiertas en los tribunales que afectan a nueve diputados independentistas y que en un momento u otro la mesa puede tener que abordar, ya sea por la apertura de juicio oral o por una primera sentencia de inhabilitación.

La dificultad añadida es que hay causas de diferentes tipos, no todas derivan del 1-O. Borràs (JxCat) tiene abierta una investigación en el Tribunal Supremo -que ahora es probable que vuelva a Catalunya- por el presunto fraccionamiento irregular de contratos durante su época en la Institució de les Lletres Catalanes; el ex presidente del Parlament Roger Torrent (ERC) y el ex secretario de la mesa Eusebi Campdepadrós (JxCat) tienen una querella por desobediencia por haber tramitado resoluciones a favor de la autodeterminación; Meritxell Serret (ERC), recién llegada del exilio, está procesada por malversación y desobediencia por el 1-O; Lluís Puig (JxCat) se podría encontrar igual que Serret si vuelve de Bélgica; los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó también están procesados por malversación a raíz del referéndum. Finalmente, Pau Juvillà, secretario de la mesa por parte de la CUP, tiene pendiente un juicio por desobediencia por no haber descolgado un lazo amarillo de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida durante una campaña electoral, mientras que la jefa de lista, Dolors Sabater, está imputada por haber suspendido la licencia urbanística a una constructora en beneficio de una entidad cultural cuando era alcaldesa de Badalona.

Dos momentos

Puede haber dos momentos complicados que obliguen la mayoría independentista de la mesa a reaccionar. Uno viene dado por el reglamento del Parlament y el otro por el precedente que marcó el caso del ex presidente Quim Torra, a quien la cámara retiró el escaño sin sentencia firme por decisión de la Junta Electoral Central.

Empezamos por el primero. El reglamento especifica que, en el momento en que sea firme la apertura de juicio oral contra un diputado por un caso vinculado a la corrupción, la mesa tiene que acordar la suspensión de sus derechos y deberes. Si hay dudas sobre los delitos -añade- se tiene que pedir un dictamen de la comisión del Estatut de los Diputats. Este artículo (25.4) no se ha aplicado nunca todavía, a pesar de que se introdujo en 2017 en la última reforma del reglamento, impulsada por JxSí y la CUP. Se hizo pensando en el entonces diputado Germà Gordó, investigado por el caso 3%, pero ahora puede generar problemas en las mismas filas independentistas que lo impulsaron. El redactado no especifica cuáles son los delitos vinculados a la corrupción y, por lo tanto, sería el criterio de la mesa el que primaría.

Este artículo podría afectar ahora a Borràs (JxCat), puesto que está investigada, entre otros, por un delito de malversación por su tarea en el ILC. Pero se da el caso que este delito, que se vincula a la corrupción, también se atribuye a otros diputados por una cuestiones muy diferentes: por el 1-O están procesados Jové y Salvadó (ERC), así como Serret -a pesar de que en su caso lo más probable es que se quede solo en desobediencia- o Lluís Puig si volviera a España. En los casos vinculados al 1-O no habrá dificultados para ponerse de acuerdo, pero el caso de Borràs ya se ve que traerá cola: la mesa tendrá que decir si su causa está vinculada a la corrupción o, como defiende ella, se trata de guerra judicial. Las divergencias alrededor de esta cuestión ya se vivieron en el Congreso, cuando ni ERC ni la CUP votaron contra el suplicatorio presentado por el Supremo -decidieron no votar-. Los cupaires, de hecho, ni siquiera han apoyado a Borràs como presidenta de la cámara porque consideran que hay una “sombra de sospecha” sobre ella.

La mesa también puede tener que establecer un criterio sobre la cupaire Sabater, imputada por prevaricación, en caso de que se le abra juicio oral. Borràs defendía ayer en el ARA una reforma del reglamento para “preservar la presunción de inocencia” y que los diputados mantengan los derechos hasta la sentencia firme.

La retirada del acta

El precedente de Torra todavía parece más complicado de resolver, porque no depende solo del Parlament. Al presidente se le retiró el escaño de forma inédita por orden de la JEC, que aplicó la “inelegibilidad” recogida en la ley electoral estatal para los condenados sin sentencia firme por delitos contra la administración pública. Torra estaba sentenciado por desobediencia por no haber retirado a tiempo la pancarta de apoyo a los presos políticos y los exiliados. El Parlament lo aplicó y esto provocó una fuerte crisis entre JxCat y ERC. Ahora todos los parlamentarios investigados por desobediencia, malversación o prevaricación se pueden encontrar en la misma situación si son condenados en primera instancia: que la Junta Electoral -si el PP, Cs o Vox repiten la misma operación que con Torra- ordene al Parlament la retirada de su acta. Borràs ha asegurado que defenderá “los derechos” de los diputados ante las “injerencias” exteriores.

¿Esto quiere decir que la mesa desobedecerá las eventuales resoluciones si van en este sentido? Puede ser importante la decisión que tome el Supremo antes del verano -hay deliberación en mayo- sobre si la Junta Electoral era competente para retirarle el escaño a Torra o si, como defienden los letrados de la cámara ante el tribunal, es el Parlament quien tiene la facultad de decidir sobre las incompatibilidades.

Los otros casos

Hay tres causas más que afectan a diputados, pero la mesa de entrada no tendrá ningún papel. Laia Estrada (CUP) está investigada por desórdenes públicos a raíz de una manifestación en 2018 contra la reunión del consejo de ministros en Barcelona. Y, al lado opuesto del arco parlamentario, Vox tiene dos diputados pendientes de juicio por delitos de odio. Lo que parece evidente es que los tribunales volverán a marcar la legislatura.