Ambas trabajan en el mismo negocio, viven en la misma localidad y no se llevan más de diez años. La primera dice que es evidente, innegable, que el paisaje de la ciudad ha cambiado. Como prácticamente el de todas las ciudades. Pero no cree que haya más inseguridad. "Vivo tranquila. Pero quizás mi compañera no te dirá lo mismo", comenta mientras sale del local. Su compañera, de origen extranjero, asegura que hay mucha inseguridad, que a su madre la atracaron hace poco. "¿Y has visto lo que pasa en Ceuta?", dice indignada mientras señala la televisión, que en este preciso momento muestra un primer plano del alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Los registros muestran que los delitos cometidos por menores de edad van a la baja, pero la Fiscalía advierte de lo contrario. Cada vez hay más delitos que no se pueden judicializar porque el infractor tiene menos de 14 años y, por tanto, no llega a la edad penal. Estos casos no constan en los recuentos de condenas a menores, pero cada vez hay más. El último año han subido un 74%, según el recuento de la Fiscalía General del Estado: el año pasado se archivaron 7.749 casos porque el infractor era inimputable, mientras que en 2023 fueron 4.448. Con todo, la Fiscalía advierte que la cifra exacta debe tomarse con reservas por un posible error en los registros de 2024 en Andalucía. En todo el Estado, en 2023 se archivaron 11.143 casos por este motivo, 7.660 en 2022 y 8.433 en 2021. "La edad de comisión de los hechos delictivos está bajando progresivamente", advierte la memoria de la Fiscalía que se ha presentado este jueves.

Ausencia de figuras paternales, falta de supervisión durante la infancia, absentismo escolar, dificultosa gestión emocional, impulsividad, bajo compromiso con la sociedad. Estas fueron algunas de las conclusiones de los psicólogos que habían tratado a los dos menores de 15 y 16 años detenidos la semana pasada en Manresa por el apuñalamiento mortal de un hombre de 45 años. Ambos tenían antecedentes y los dos, tal y como ha podido reconstruir el ARA a partir de diversas fuentes, han tenido una infancia problemática y han causado conflictos constantes en los centros donde se han educado, desde donde se ha advertido repetidamente de esta compleja situación.

Los dos adolescentes de quince y dieciséis años detenidos esta semana por presuntamente matar a un hombre en Manresa en plena fiesta mayor ya habían sido arrestados antes por casos que no tienen relación con el apuñalamiento mortal de esta semana en el Bages. De hecho, uno de ellos –el de quince años– había estado internado hasta hace pocas semanas como medida cautelar en una causa en la que se le investiga por un robo con violencia e intento de homicidio el mes de abril, y en el momento del crimen estaba en libertad vigilada, según han explicado a l'ARA fuentes al corriente del caso.

El juez ha ordenado este miércoles por la tarde el internamiento en régimen cerrado para los dos menores de edad detenidos por la muerte violenta de un hombre en Manresa. Para uno de los adolescentes, además, se ha decretado tratamiento terapéutico. A ambos se les imputa un delito de homicidio. El fiscal de menores ya había pedido esta tarde como medida cautelar el ingreso de los dos arrestados.

Compromiso del Gobierno con la acogida de menores llegados a Ceuta a raíz de la última crisis migratoria. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado este viernes en el encuentro del ejecutivo catalán en Os de Balaguer que Cataluña actuará "con solidaridad, responsabilidad y rigor" ante el drama ceutí y la necesidad de acogida de menores de edad. Precisamente por ello, ha defendido la "capacidad de acogida" de los inmigrantes por la "crisis humanitaria", pero ha hecho énfasis también en la necesidad de que las fronteras sean seguras y las normas claras. La Generalitat ya dejó claro desde el primer día el talante de mano tendida en la acogida, a pesar de que al Principado a priori no le tocaría acoger más menores no acompañados porque la ratio es muy superior a la de la mayoría de autonomías.

El gobierno español y las comunidades autónomas han acordado dar luz verde a 25 millones de euros extraordinarios para reforzar los recursos de Ceuta para la acogida de los menores migrantes no acompañados. Lo han votado por unanimidad los consejeros de Infancia y Juventud en la conferencia sectorial que se ha celebrado este jueves. Pero no han asistido las comunidades en las que Vox tiene estas competencias después de los acuerdos con el PP; es decir, Aragón, Castilla y León, y Extremadura. De hecho, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha explicado que no solo se han ausentado de la reunión, sino que también han transmitido por escrito que estaban en contra de la partida presupuestaria extra.

La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés de 50 y 45 años en el interior de una casa en la urbanización Cap Blanc de Cullera, en la comarca valenciana de la Ribera Baixa. Fueron sus dos hijos menores de edad, de 14 y 15 años, los que encontraron los cuerpos sin vida este martes por la tarde. Según fuentes cercanas a la investigación y tal como recoge Efe, la pareja presentaba signos aparentes de haber consumido drogas.

El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965) atiende a ARA para explicar la especial protección de los menores inmigrantes que están en Ceuta bajo tutela de las autoridades españolas.

Dieciocho días después de la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta, la Comisión Europea mantiene su posición sobre el futuro de los migrantes que continúan en la ciudad autónoma. El ejecutivo comunitario ha defendido que se retorne a todos, incluidos los más de dos mil menores que han entrado sin familiares adultos y a quienes el derecho comunitario y la misma ley de extranjería española otorgan una protección especial. Bruselas argumenta que el derecho de la Unión Europea también prevé que sean retornados. "Continuamos insistiendo en que la expectativa es que todos los que estén irregularmente en Ceuta sean retornados", ha dicho el portavoz de la comisión de Asuntos Internos, Markus Lammert, este martes en rueda de prensa.

El PP ya pone palos en las ruedas para el reparto de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta. En la reunión técnica con el ministerio de Infancia y Juventud celebrada este jueves se ha acordado que la conferencia sectorial de infancia y adolescencia para abordar este reparto entre las comunidades autónomas se celebre el próximo 27 de agosto, pero los populares han rechazado incluir en el orden del día de esta próxima reunión un punto informativo y de debate sobre, precisamente, la atención de estos menores y su situación en Ceuta, según explican fuentes del ministerio. Se votaría, en cambio, la aprobación del crédito extraordinario de 25 millones de euros para ampliar los recursos para atender a los menores.

Marta Vergés es abogada especialista en menores, pero tiene dos líneas rojas muy claras. La primera es que solo representa a menores a los que tenga que defender, nunca lleva acusaciones, porque dice que se ve "incapaz" de acusar a un adolescente. Eso sí, nunca defiende al mismo adolescente dos veces. Todos los jóvenes a los que atiende saben esta condición, con la que busca animarles a no reincidir: "Defendiendo a un menor hay un grado de esperanza de reinserción social elevadísimo, y eso es lo que me encanta de mi trabajo", explica.

Los abogados de oficio hacen cada vez más atenciones, pero la precariedad hace que cada vez menos profesionales estén dispuestos a participar en este servicio. Al conjunto de Cataluña la fuga se ha reducido a la mitad, coincidiendo con un acuerdo para mejorar las retribuciones, pero los datos no han mejorado en la demarcación de Barcelona, donde el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) alerta que la pérdida de profesionales es de un 20% en la última década. Xavier Batlle y Núria Astorgas son dos de los profesionales que no han querido abandonar esta tarea. A pesar de tener el mismo trabajo, son abogados de oficio de dos especialidades totalmente diferentes: menores, que en el último semestre ha aumentado un 10% su actividad en Barcelona, y segunda oportunidad, un mecanismo que permite cancelar las deudas a los deudores de buena fe y que ha crecido un 23% en el último medio año.

Se hacían llamar Los 300, pero eran muchos menos. Colgaban vídeos cantando canciones sobre la fortaleza de su grupo, unas letras que también buscaban atraer nuevos miembros. También publicaban imágenes de peleas, de agresiones, de armas, de la simbología que los unía. Quedaban en las plazas y parques de Sant Martí, de Sant Andreu o de Nou Barris, primero para hacer actos incívicos, pero, con el paso del tiempo, el nivel de violencia subió, hasta el punto de protagonizar agresiones con machetes o espadas. También de traficar con droga para financiarse como grupo, imponiendo normas y pruebas para convertirse en uno de ellos y captar a menores para convertirlos en su brazo ejecutor. Con los meses se convirtieron en una banda juvenil, una de las más activas de Barcelona.

Noche de disturbios en Mataró. Los Mossos d'Esquadra ya reforzaron su presencia uniformada en el barrio de Cerdanyola de la capital del Maresme después de que un desahucio este martes acabara con tres menores detenidos por lanzar objetos contundentes, como adoquines, a la línea policial. Estas acciones contra la policía, sin embargo, se han repetido por la noche, según fuentes de los Mossos. Un grupo de jóvenes ha quemado una decena de contenedores y ha lanzado piedras y también artefactos incendiarios a la policía. En total, los Mossos han hecho cinco detenciones, cuatro de las cuales a menores.

El asesino de la Vila Olímpica se ganó este apodo la noche que celebraba los 18 años. Pocas horas marcaron la diferencia entre ser juzgado como menor o como adulto —como sí que pasó con el resto de los implicados en el asesinato a golpes de un chico de 24 años en un aparcamiento. Era el 1 de abril del 2000 y hacía solo cuatro meses que se había aprobado la ley de la responsabilidad penal de los menores, con un modelo menos punitivo y centrado en la educación y la reinserción. Ahora, esta norma ha vuelto a recibir presiones por parte de la extrema derecha y de familias de víctimas para aumentar el castigo penal a los menores que cometen delitos extremadamente violentos, asesinatos o violaciones.

La Silvia Guerrero supo el 21 de agosto que aquella madrugada habían apuñalado a su hijo Juan en una pelea en Tàrrega. Tenía 18 años y se llevaba solo unos meses con el único acusado de su muerte, que tenía 17. Todavía no sabe cuándo será el juicio por la muerte de su hijo, y desde entonces se ha dedicado a reclamar que las consecuencias penales para los menores sean más graves y se parezcan más a las que asumen los adultos. Con los familiares de cuatro víctimas, hace un mes presentaron 130.000 firmas en el Congreso para reclamarlo. La familia de Juan ha pedido que el acusado de matarlo pase ocho años de internamiento, el máximo que prevé la ley.

Un hombre de 47 años se expone a 15 años de prisión por presuntamente agredir sexualmente a una niña de 13 años en Vilanova i la Geltrú. El hombre era consciente de que tenía el VIH y el virus de la hepatitis C y de que podía transmitírselos a la niña, y en el juicio ha pedido que le absuelvan asegurando que creía que la víctima tenía "como mínimo" 18 años. La menor se suicidó ocho meses después de la violación, y en el juicio se ha utilizado como prueba su declaración que se grabó mientras se investigaba el caso. La acusación de la Fiscalía ha apuntado como agravante que era una víctima vulnerable porque tenía un trastorno del espectro autista.

Los Mossos d'Esquadra han localizado en Lloret de Mar a una menor de seis años que figuraba como sustraída según las autoridades judiciales francesas y que llevaba meses desaparecida con su madre y la abuela materna. La investigación comenzó hace un año. La búsqueda se activó a raíz de la emisión de dos órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) por parte de las autoridades francesas contra la madre y la abuela, por un presunto delito de sustracción de menores denunciado por el padre de la niña.

Las apuestas deportivas, las cartas y la ruleta son los juegos de azar con dinero más frecuente entre los jóvenes catalanes, especialmente entre los chicos. De hecho, cada vez es más habitual que los alumnos de secundaria, es decir, adolescentes de entre 14 y 18 años, apuesten dinero. El año pasado, por ejemplo, un 17% de los estudiantes participaron en juegos de apuestas presenciales, si bien el porcentaje entre los chicos sube hasta el 24,5% por la marcada brecha de género que se observa en esta práctica. Éste es uno de los datos destacados en la última encuesta sobre el uso de drogas en la enseñanza secundaria (ESTUDES) que realiza el departamento de Salud para conocer los hábitos de consumo y de las conductas adictivas de los jóvenes catalanes.