Quim Torra fue el primer president de la Generalitat en activo a ser obligado a abandonar el cargo por la justicia. Su negativa a retirar a tiempo la pancarta en solidaridad con los presos políticos y los exiliados le costó la presidencia en otoño del 2020, y la misma pancarta, pero ahora por un segundo juicio, le lleva a sumar quince meses más de inhabilitación y una multa de 24.000 euros. Torra, que apenas acababa de cumplir la primera condena, tiene ahora diez días para recurrir la decisión judicial a la Audiencia de Barcelona, y sus abogados ya han adelantado que lo hará ahora y sucesivamente hasta llegar a la justicia europea. "Es una sentencia inducida por el afán de venganza de los jueces, que actúan como brazo político del estado español en Catalunya", ha reaccionado el expresident.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a 6 meses de inhabilitación y 1.080 euros de multa por un delito de desobediencia al secretario tercero de la mesa del Parlament y ex concejal de la CUP en Lleida, Pau Juvillà, por no haber descolgado unos lazos amarillos de su despacho municipal la primavera de 2019. Una situación que se parece a la que ya se vivió en el Parlament la pasada legislatura: el TSJC también inhabilitó al president de la Generalitat, Quim Torra, por no descolgar el lazo amarillo del Palau de la Generalitat y, después de un recurso del PP y Cs a la Junta Electoral Central, el presidente del Parlament, Roger Torrent, acabó retirándole el escaño a pesar de que no había todavía una sentencia firme.

El juicio tenía todos los ingredientes para ser un déjà-vu. El diputado y secretario tercero de la mesa, el cupaire Pau Juvillà, se sentaba en el banquillo de los acusados cuando casi hace dos años exactos –cuatro días de diferencia– que el expresidente Quim Torra estaba en el mismo lugar. Los elementos a juzgar eran casi calcados: desobediencia por negarse a retirar lazos amarillos de una institución; en el caso de Torra, de la Generalitat, y Pau Juvillà, del ayuntamiento de Lleida. Decenas de personas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con el independentismo unido –pese a la desunión por los presupuestos– para condenar la represión. Pero dentro de la sala el déjà-vu ha pasado de ser simbólico a táctico. Si el antecedente de Torra y la causa contra Juvillà se podían enmarcar como dos ramas de un mismo árbol, la condena contra el expresident ha servido a la defensa del diputado cupaire para argumentar por qué Juvillà, para quien la Fiscalía pide 8 meses de inhabilitación y 1.440 euros de multa por desobediencia, tendría que ser absuelto.