Relieve en la Mesa de Entidades del Tercer Sector. El activista Enric Morist es el nuevo presidente de la gran plataforma de asociaciones sociales y federaciones en sustitución de Francina Alsina, quien ha agotado los dos mandatos máximos. La de Morist ha sido una candidatura única en las elecciones para renovar la junta directiva, que se ha presentado como un órgano continuista con la labor de sus antecesores. Como diferencia, ahora han quedado fuera la Federación Catalana de Entidades Contra el Cáncer y la Fundación Pere Tarrés, mientras que, por el contrario, han conseguido un representante de Cohabitac (dedicada al derecho a la vivienda) y la Asociación San Juan de Dios de Cataluña.

Las prestaciones sociales como la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital no sacan de la pobreza a las pocas familias que llegan a recibirlas. Lo constatan cada día las entidades sociales, que llevan tiempo reclamando un cambio en el modelo de ayudas, primero para que lleguen a todo el mundo simplificando sus criterios y trámites, y después para garantizar su eficiencia. Con uno de cada cinco catalanes en riesgo de exclusión sociales, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña –que reúne a 35 federaciones y grandes organizaciones que representan a 3.000 entidades sociales contra la pobreza– propone aumentar entre 100 y 200 euros el importe mensual de la renta garantizada.

Para el conseller de Economía, Jaume Giró, los presupuestos para 2022 son "los mejores" de la historia de la Generalitat, porque son los más expansivos en ingresos y gastos. Para organizaciones, entidades y sindicatos, en cambio, las previsiones económicas del Govern no son suficientes para garantizar todos los adelantos que necesita el país, especialmente en educación, salud y vivienda.

A Juan (nombre ficticio) la vida le iba bastante bien hasta que el gobierno español le ha denegado el derecho a asilo y se ha convertido de un día para el otro en un inmigrante en situación irregular. Colombiano, llegó a Catalunya hace un par de años como solicitante de asilo y casi desde el principio trabajó en una empresa familiar con contrato y un sueldo que le ha permitido arraigarse. Hasta que ha recibido la noticia de que su demanda de asilo se ha rechazado. Ha perdido el trabajo y lo peor es que todavía no puede iniciar los trámites de regularización porque la ley exige una estancia de tres años de arraigo probado y, por lo tanto, le falta uno, y un contrato laboral de un año a jornada completa. Sin papeles, se queda a la intemperie, en la desprotección, y ni siquiera en los servicios sociales del municipio metropolitano donde reside le pueden dar una solución que no sea que espere un año.